He seguido de cerca, como Corresponsal en Bruselas, las peripecias relacionadas con el lanzamiento de la “Operación Atalanta”, en noviembre de 2008, tras la captura por piratas de varios buques en alta mar, entre los que se contó en abril de ese año el atunero “Playa de Bakio”.
Desde el principio me sorprendió la disponibilidad de las autoridades españolas para aprestar medios con los que afrontar esas amenazas: buques de combate y aprovisionamiento, aviones de patrulla y reconocimiento, equipos de apoyo… material todo él sumamente costoso, puesto al servicio de un objetivo aparentemente tan simple como diáfano: mantener la libertad de navegación y las actividades comerciales legítimas en aguas libres. Eran estos, se decía entonces, valores que se hacía necesario defender al costo que fuera, pues el intangible en peligro -la libertad secuestrada- era mucho más valioso que el costo del dispositivo desplegado.
Nunca me creí del todo esas respuestas que, invariablemente, me fueron dadas a mis preguntas constantes sobre el costo de desplegar fragatas, buques de aprovisionamiento y aviones de vigilancia sofisticados y caros (el P3 Orion lo es), a una distancia tan grande de sus bases respectivas.
Por eso me resulta muy difícil de comprender la destemplada contestación de la ministra Chacón cuando, el otro día, contestó abruptamente a los armadores españoles con flota en el Indico que la protección de actividades privadas, de la pesca, le estaba costando 75 millones al erario público español.
¿Para qué están la Marina y el Ejército del Aire españoles en el Indico? ¿Para defender la actividad comercial legítima de los pescadores españoles en aguas libres?. Repasando el texto de la Acción Común del Consejo de la UE, que les adjunto en este ‘post’, se puede constatar, inequívocamente, que el propósito primero y prioritario de “Atalanta” es dar cobertura de seguridad a los buques del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, en su día amenazado por los piratas, además de garantizar la libertad de tránsito por aquellas aguas. La Acción Común habla, (Art. 1.1, página 6) de “la protección de navíos vulnerables que naveguen a lo largo de las costas de Somalia, así como a la disuasión, a la prevención y a la represión de los actos de piratería y de los robos a mano armada a lo largo de las costas de Somalia (…) y (Art. 1.2) que “las fuerzas desplegadas a este efecto operarán hasta 500 millas marinas de las costas de Somalia y de los países vecinos (…).
Viendo por TV los mapas presentados por los militares españoles para explicar que el atunero ahora aprehendido por los piratas estaba fuera de la zona protegida es forzado constatar que el Alakrana estaba fuera de la “zona táctica” de protección definida por los militares en función de sus medios, que, a su vez, se ajustan a unas prioridades. Estaba, sin embargo, dentro de la franja de 500 millas adscrita al mandato de la Acción Común.
Lo que a mi me parece que está sucediendo en aguas del Indico es que la comunidad internacional está garantizando la libertad de tránsito en una zona -el Golfo de Adén y sus inmediaciones- estratégica para los intereses de la navegación mundial. Protege, asimismo, a los buques del ya citado programa de alimentos de Naciones Unidas y a los que, en tránsito hacia estas áreas, navegan por áreas conflictivas. La cosa funciona de la siguiente manera: desde el mando de la operación se comunica a los armadores de buques cuyo tránsito por la zona ha sido señalada, que los navíos de guerra de “Atalanta” darán cobertura de seguridad en unas franjas horaria y geográfica concretas. Hay armadores que se meten en el convoy de seguridad y otros que no lo hacen porque les sale muy caro (en costo de carburante, para adaptarse a la marcha de la fragata, por ejemplo).
Los atuneros están en otra situación: no van en tránsito sino que buscan los bancos de atún, luego su deriva no puede ceñirse al paso de ningún buque de guerra. Y no tienen asignadas patrullas marítimas concretas porque, léase con detenimiento la Acción Común, no se les cita expresamente como un objetivo a defender.
La destemplanza de la ministra Chacón no parece justificada. Cuando su ministerio anunció que desplazaba unidades al Indico, la defensa de los intereses pesqueros estaba claramente sobre la mesa. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que el esfuerzo militar español allí está más centrado en objetivos de interés internacional común que españoles específicos.
Al igual que a J. M. Ruiz Soroa, le he oido y leido a bastantes personas, muchas de ellos militares, desaconsejar el despliegue de personal armado a bordo de los atuneros, precisamente con el fin de evitar un endurecimiento de las acciones piratas, con el incremento del riesgo potencial para el personal civil embarcado.
Como principio general no está mal, pero da la impresión de que tanto esfuerzo militar contra piratas audaces, pero mal equipados, no busca otra cosa que “impedirles equivocarse”. Y sucede que, en cuanto no hay vigilante, se equivocan con gran eficacia, como ha sucedido con el Alakrana.
El dispositivo militar español en el Indico no sirve a los intereses de la flota pesquera española que allí opera. A pesar de que, en su momento, fue presentado como remedio para sus problemas. Hay que buscar otra cosa.
