Un sapo viscoso

El viscoso sapo de la avaricia ha anidado en el charco de petróleo. Reguladores y gobiernos sospechan que en el laberinto del oro negro se ocultan depredadores infinitamente  más letales que el Minotauro de la antigüedad. Aquella criatura mítica, a fin de cuentas, no salía de su prisión pero sus émulos de nuestros días han cubierto el planeta con una red que atrapa lo mismo dólares que euros, yuanes, yenes y rublos, con una eficacia que para ella misma quisiera la flota pesquera de gran altura.

Lo de la eficacia no es ninguna broma: en España ha sido noticia este mes que el margen de las petroleras ha crecido un 31 por ciento desde enero, pero eso apenas son peanuts en comparación con los beneficios de los 10 traders principales que operan en los mercados de materias primas, comprando toneladas lo mismo de petróleo que de cobre o de trigo, reales o de papel.  Esa red les ha permitido “cosechar” la coqueta cifra de 250.000 millones de dólares estos últimos 10 años, según cifras aparecidas el pasado abril. Algo debe estar pasando, se dicen las autoridades públicas, cuando en 2000, los beneficios de ese sector, en el que se cuentan  gigantes como Glencore, Cargill, Vitol, Trafigura, Noble Group o Mitsubishi, “sólo” obtuvieron 2.100 millones de dólares en beneficios. Se trata de sociedades, estas, en su mayoría privadas y no cotizadas. Sus beneficios superan a los de la gran banca norteamericana de inversión.

Mientras tanto, los clásicos del medio, las corporaciones petrolíferas, continúan inflándose los bolsillos. ExxonMobil, la más grande de entre las grandes, la antigua Standard Oil que fundara John D. Rockefeller, volvió el año pasado al primer puesto en el ranking norteamericano de empresas por beneficios que publica Fortune, con 44.880 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 9,3% respecto a la cifra de 2011. El logro, de todos modos, está ligeramente por debajo del récord de 45.220 millones de 2008. Y el mundo, de crisis.

Cito ExxonMobil porque ahora que está de moda la problemática de la evasión fiscal con los casos de Apple, Google, Amazon o Starbucks, resulta que la empresa en cuestión, que es la segunda en la lista de las que registran más beneficios en Bélgica según la clasificación de Trends, en 2011, sobre una cifra de 2.927 millones en beneficios, devengó sólo 30.381 euros en impuestos al fisco local.

Gobiernos y reguladores desconfían. Constatada la escasa voluntad de colaboración del sector a los requerimientos de transparencia del G20, ha llegado la hora de las investigaciones. Las hay para todos los gustos: La norteamericana Commodity Futures Trading Commission (CFCT), el regulador de los mercados de materias primas, está investigando, con gran disgusto del sector, si los contratos de swaps OTC (over the counter, a muy corto) realizados por las empresas del medio no son, en realidad, contratos enmascarados de futuros. El sector no es que niegue la práctica; dice que es cosa del pasado, que desde octubre, prácticamente no se hacen OTCs, que todo pasa al mercado de futuros (el que define las “apuestas” sobre lo que va a pasar con el precio de las materias primas a “equis” plazo).

A título de curiosidad, recordaremos que Suiza acoge los cuarteles generales de algunos de los principales traders del petróleo, pero Chipre es la sede social, a efectos fiscales, de varias de ellas, como Mercuria Energy Group Ltd o Gunvor Group Ltd. Ninguna de ellas parece haberse visto afectada por la crisis financiera chipriota.

La Comisión europea ha entrado también en el baile. Está investigando a Shell, BP y a la noruega Statoil, en busca de acuerdos espurios de fijación de precios, además de a la italiana ENI y, significativamente, a Platt’s, la filial de MacGraw Hill que define a diario los precios para los diferentes tipos de crudos y derivados del planeta. Sus números son determinantes para el precio que, al final, el consumidor paga en la estación de gasolina.

La investigación parece ser una consecuencia del oleaje provocado por el escándalo del Libor, el London Interbank Offered Rate, cuya manipulación por parte de los bancos que lo definían a diario ha sido probada.

Ahora se trata de descubrir si los mercados de petróleo y derivados, físicos o de papel, escasa o nulamente regulados y parcial o totalmente opacos, están siendo manipulados por un puñado de iniciados. La investigación puesta en marcha por Bruselas se retrotrae hasta 2002 y compromete un mercado de 200.000 millones de barriles de crudo al año, evaluado en unos 20 billones de dólares también al año, que determina  sus precios en base a las referencia de Platt’s para el Brent.

Pero la influencia de los precios de Platt’s va aún más lejos, pues son, a su vez, indicadores para los mercados de futuros y de derivados que se utilizan en el sector.

Se trata, obviamente, de un tema mayor y los riesgos están a la altura, porque si las autoridades pierden, los sectores concernidos reforzarán sus blindajes y será aún más difícil meterlos en vereda.

El Estado derrochón

Jacques Chirac solía decir, cuando le preguntaban por el excesivo costo del Estado francés y la (ya durante su doble mandato presidencial) generalizada huida de millonarios galos a territorios fiscalmente más benévolos que el de esa República, un “que se vayan de Francia, que dejen de ser franceses”. Y lo decía con desprecio, como si para él, ser francés fuera la suma de todos los desiderata de este mundo en el que vivimos, y quienes escapaban de sus cargas no resultaran merecedores de la condición.

Me venía esta anécdota a la memoria el otro día, al leer el comentario que un conocido jurista había realizado del trabajo que publiqué días atrás, sobre las cargas fiscales que soportan los individuos en nuestras sociedades desarrolladas. El susodicho comentario era una reacción “visible” a mi trabajo; otras me habían sido hechas constar por correo electrónico. De entre estas últimas, destacaría las que hacían notar la necesidad de “construir” el Estado del bienestar, sobre bases, presumo, de índole igualitaria. Las crecientes cargas fiscales serían imprescindibles en esta aventura, llamada, por lo visto, a consumir los mejores esfuerzos de nuestros dirigentes.

Soy de los que pienso que la función que le corresponde desempeñar al Estado en nuestras sociedades es la de crear las condiciones para que los ciudadanos puedan procurarse su bienestar; no que los interlocutores –por desgracia casi únicos- del Estado con la sociedad, los políticos, definan y establezcan directamente las condiciones de ese bienestar. Demasiadas veces he podido constatar cómo el amplio universo de lo que se denomina, en general, el dinero público, y de las pretendidas “socialmente orientadoras” subvenciones que se nutren de él, conducen demasiado frecuentemente a la perversión de los fundamentos democráticos de la sociedad, a través de la corrupción y de la generalización de las redes políticas clientelares, si no al derroche arbitrario de costosos recursos económicos. Y no sólo en España. Chirac era corrupto y fue condenado por ello, lo que no le impedía menospreciar a quienes huían de la voracidad fiscal de un Estado cuyo costo se había vuelto exorbitante, entre otras cosas, y por ejemplo, porque el propio presidente de la República, en su mandato previo como alcalde de París, se había dedicado a colocar “a dedo” a los amigos en la institución que presidía.

Lo que me lleva a las reflexiones del jurista sobre el costo del Estado y su manera de medirlo. Molesta a ese ensayista la utilización que para ello hago de la figura de los “días trabajados para el Estado”, que considera "falaz en su planteamiento". Argumenta que, en realidad, es para nosotros mismos para quienes trabajamos cuando pagamos nuestros impuestos, pues adquirimos derechos sobre prestaciones del Estado en presente (enseñanza, sanidad, seguridad) y a futuro (pensiones, tratamiento y asistencia en caso de necesidad urgente) etc. Las sociedades, además, crean las condiciones necesarias para que los individuos se desarrollen, en lo económico como en lo intelectual.

Nada que objetar al razonamiento, aunque me suene mucho a aquello de “Hacienda somos todos”, que los malévolos apostillaban con lo de “pero unos más que otros”. Las ideas suelen ser maravillosas, pero la constatación empírica de a lo que conducen suele ofrecer el contraste del que sale la síntesis orientadora para la acción futura. Porque lo que mi crítico no pondera es el costo de las prestaciones del Estado, que es donde está la clave de la cuestión. Cuando el gasto público se dispara, como ha sucedido en España estos últimos 30 años, convendría medir la relación inherente entre costos y beneficios, pero ninguno de nuestros dirigentes está dispuesto a someter los resultados de su acción política a las mismas técnicas de “benchmarking” que se le exigen a la iniciativa privada para evolucionar en nuestro difícil entorno globalizado. Es decir, que no sabemos si lo que se nos ofrece podría lograrse a un menor costo. Que seguro que sí.

Además, nuestra aportación a las necesidades del Estado no nos garantiza unos derechos cuantificados. Quienes acaban de llegar al mercado laboral desconocen si lo que hoy se les descuenta, a fin de subvenir a las necesidades del Estado, servirá para ofrecerles una cobertura de pensiones públicas al término de su vida profesional. Y los que estamos a punto de dejarla no tenemos nada claro lo que vamos a encontrar. ¡Si parece que estuviéramos ante un esquema Ponzi!

Existen maneras para medir la presión fiscal. La más común de ellas es la del porcentaje sobre el PIB. Pero yo he utilizado en dos ocasiones el modelo de “días trabajados para el Estado” buscando un índice comprensible.

Naturalmente, este género de equilibrios serían innecesarios si quienes tienen la información real sobre el conjunto de las cargas fiscales existentes, es decir, los políticos, la divulgaran. Pero no lo hacen, como tampoco dicen, exactamente, a qué responde la monstruosa deuda pública que soportamos. Por ejemplo, el 10 de septiembre de 1997, el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, reconoció públicamente (¿un desliz?) que los compromisos asumidos por la extinta Agencia Industrial del Estado con los 40.000 trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo en los diferentes procesos de reestructuración (siderurgia, carbón, defensa, naval) ascendían a 1,25 billones de las extintas pesetas, o 31,2 millones de pesetas por trabajador. El pasivo resultante no se enjuagaría de todo, dijo, hasta 2065.

Lo dicho: datos y el benchmarking en la Administración, y después filosofamos.

Una burrada de impuestos

Las naciones europeas están saliendo demasiado caras a quienes las pueblan. La voracidad recaudatoria de sus gobiernos parece no tener límites y hasta el propio servicio estadístico de la UE, Eurostat, se ha visto en la tesitura de reconocer, esta semana, que los niveles de tributación existentes en la Europa comunitaria por el trabajo (la suma de impuestos y contribuciones sociales soportados por el trabajador y por quien le contrata), exceden en un 40 por ciento a los que rigen en otras economías desarrolladas, como las de Estados Unidos o Japón. Con un 38,8% del PIB de los 27 Estados miembros, la recaudación total por trabajo de patrones y contratados “no sólo es alta con respecto a esos dos países (Estados Unidos y Japón), sino también si se la compara con otras economías desarrolladas de la OCDE. Sólo Canadá y Nueva Zelanda tienen ratios fiscales que rebasan el 30% del PIB”, dice, contundente, Eurostat (Annual Tax Trends, 2013)

Las ponderaciones del servicio comunitario de estadística han coincidido en el tiempo con un informe bastante curioso de un think tank relativamente nuevo en Bruselas, New Direction, vinculado al Grupo de los Conservadores y Reformistas europeos, de ideología conservadora y euroescéptica británica. Se constituyó tras decidir el premier británico, David Cameron, abandonar el PPE. Cuenta actualmente 55 eurodiputados. Se le considera un outsider en los ámbitos comunitarios de poder.

Pero el susodicho informe está bien hecho. Explora una interpretación de los niveles tributarios que yo mismo utilicé en mayo de 2001, empleando para ello, como soporte documental, los informes periódicos de la OCDE sobre la fiscalidad del trabajo (“Una familia española con dos sueldos y dos hijos trabaja casi hasta agosto para el Estado”, El Correo, 3 de mayo de 2001, está aquí: http://www.scribd.com/doc/138853686/Dias-trabajados-para-pagar-los-impuestos

“New Direction” recorre mi camino de 2001, pero escoge sujetos imponibles diferentes y figuras tributarias ampliadas, para llegar a conclusiones equivalentes. Asegura que en España, un costo salarial bruto de 32.764 reporta al trabajador, en neto, 19.535 euros, los cuales, a su vez, se ven mermados en 1.333 euros por el IVA de los bienes y servicios que adquiere a lo largo del año. Por todo ello, lo que al final le queda en el bolsillo a ese trabajador son 18.201euros. Del bruto total al neto se descuelgan 7.541 euros que paga el patrón por costos sociales, 4.086 en retenciones de IRPF y 1.602 por contribución del trabajador a la Seguridad Social. La presión fiscal real soportada es del 44,45%, lo que significa que esa persona trabaja para el Estado hasta el 12 de junio. El informe no contempla otras figuras tributarias como los impuestos especiales sobre carburantes, tabaco o bebidas alcohólicas, el céntimo sanitario, o la retahíla de tasas que están multiplicando las administraciones locales, con enorme fruición y tenacidad. Les adjunto una tabla y un gráfico con los datos correspondientes al conjunto de los países de la UE, tal y como aparece en el informe que les cito. Esta es la tabla que resulta de sus cálculos

No sin sorpresas, la mayor presión fiscal sobre el trabajo se encuentra en Bélgica (el 60,25%, lo que quiere decir que para que el empleado se embolse 1 euro neto, el patrón tiene que generar 2,5 euros), seguida de Francia, (56,61%) y Austria (55,57%). España se sitúa en el puesto 17 de 27. Gran parte de los costos laborales son desconocidos por los trabajadores, pues se corresponden con las cargas patronales. Y, en fin, el 54,5% de de la población (jubilados, discapacitados, jóvenes) no son productivos.

Los datos barajados por New Direction muestran que la presión fiscal continúa creciendo en Europa, en buena medida por el encarecimiento del IVA.

Esta aproximación a los costos fiscales reales que soportan los trabajadores explica, en el fondo, las razones de que Europa se planteara hace años ya aflojar la presión sobre las rentas del trabajo, y derivar las necesidades recaudatorias hacia la tributación indirecta. Desafortunadamente, la crisis ha entorpecido esos planes que, sin embargo, no explican por qué este continente sale tan caro.