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martes, 29 de noviembre de 2011

Violencia (de género)

 He seguido con curiosidad la avalancha de informaciones que se ha adueñado de la páginas impresas y de los minutados de televisión, estos día atrás, sobre eso que algunos denominan la "violencia de género" y que a mí me parece violencia a secas. Sí, ya sé que en ciertos ámbitos molesta la útilización del sustantivo genérico, sin calificativo,  pero yo soy de los que desconfían de esas doctrinas oficiales que aparecen arrasando desde los cuatro puntos cardinales, como si fueran las nuevas plagas de nuestra moderna modernidad. Y esta lo es.

Si interpretáramos la catarata de noticias de estos días pasados a la luz del viejo -y sabio- principio de Proporcionalidad, tendríamos que concluir que España es un país de machistas violentos. La enorme profusión de estas temáticas en los medios informativos hablaría, a la luz de las provisiones del principio en cuestión, de una sociedad malsana, violenta y despreciativa con las mujeres.

Bueno, pues resulta que no es así. El otro día, coincidiendo con la jornada mundial que el departamento de Naciones Unidas que dirije la actual jefa de Bibiana Aido, Michelle Bachelet, dedicaba a esto de la violencia (de género, igual si la cosa iba de violencia a secas habría que tratarlo como un asunto judicial, y las dos se quedaban sin trabajo), me puse a buscar estadísticas y descubrí cosas asombrosas. Por ejemplo, que en 2010, en Francia, murieron un total de 173 personas (146 mujeres y 28 hombres) por disputas de raíz doméstica cuando en España, las cifras correspondientes ascendieron ese año a 80 personas, 73 de ellas mujeres, según datos del último informe del Observatorio de Violencia de Género. Y si tomamos en cuenta el censo femenino de ambos países ese 2010, (33,4 y 23,3 millones, respectivamente), encontramos que en nuestro vecino murió ese año una de cada 228.000 mujeres, mientras que en España fue una de cada 319.000. A la luz de la estadística, los franceses son mucho más violentos con las mujeres.

Pero es que, además, se sabía (no yo, lo he descubierto buscando estos datos) que España no es un país particularmente machista. Un informe del Instituto Universitario para el estudio de la Violencia del Centro Reina Sofía, que incluye datos hasta 2006, sitúa a nuestro país por detrás de Austria, Finlandia, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Noruega o Italia en este tema. Y si en el cómputo se incluye a países de América Latina, el presunto machismo de los españoles se diluye en los últimos puestos de la lista. Del informe en cuestión viene al gráfico que les adjunto.

La violencia de un hombre contra una mujer es vergonzosa e indignante; no admite paliativos. Se ejerce en un ámbito en el que la mujer se confía. Es una violencia que debe ser combatida a todos los niveles: educativos, preventivos, coercitivos y punitivos. Pero de eso a presentar un día sí y otro también a la sociedad española como una banda de crápulas y sátiros hay un abismo.

Y eso, exactamente, es lo que se está haciendo.

martes, 20 de septiembre de 2011

Manzanazos

Hoy se ha celebrado en Bruselas un Consejo de Agricultura de la Unión Europea. En la agenda, dos temas centrales: el deseo de Alemania de reducir las dotaciones gratuitas de productos alimentarios a indigentes y colectivos necesitados y, a instancias de España y Francia, un debate sobre la crisis del sector de frutas y hortalizas. Del primero de estos temas se han ocupado profusamente ya los medios informativos clásicos. Yo voy a centrarme el segundo, que tiene un montón de miga.
Puesto así, eso de la "crisis de las frutas y hortalizas" no dice gran cosa. Con la que está cayendo, que peras, manzanas, melones, melocotones y otros productos del campo atraviesen dificultades parece consustancial a los tiempos que corren.
No es así. Tras tan pomposo enunciado, lo que en realidad se esconde es el retorno a la violencia en Francia contra las exportaciones españolas de productos hortofrutícolas, por la vía del asalto a camiones y la destrucción de la mercancía, a mano de agricultores galos airados.
Es verdad que el sector está en crisis y que los precios andan por los suelos, pero de eso a que bandas de incontrolados tomen las carreteras y arremetan contra lo que les venga en gana hay un trecho.
Pues es lo que pasa: varios camiones españoles han sido asaltados este mes de agosto en Francia, con las consecuencias ya mencionadas.
¿Cúal ha sido la reacción del Gobierno español a estas tropelías? Pues aliarse con Francia para que la Comisión europea tome cartas en el asunto. Pero no para que se tomen medidas contra los agresores, sino para venir en auxilio del sector, propiciando una reorganización de la oferta para que los productores tengan más peso, una reducción del precio de la mano de obra y la disposición de fondos europeos cuando haya lugar.
Simultáneamente, el ministro francés de Agricultura se ha comprometido a librar unos cuantos millones de euros a sus agricultores, a pedir condiciones de crédito ventajosas para ellos y a actuar con enegía contra quienes transgredan la legalidad vigente, por transportar productos sin contrato de compraventa que terminan echando los precios por tierra. El ministro asume, en este último sentido, los argumentos de sus agricultores asilvestrados, que acusan a los españoles exactamente de eso: de transportar productos hortofrutícolas sin destinatario definido que, una vez en el mercado europeo, se colocan a cualquier precio.
La ministra Aguilar ha asistido al Consejo. No ha concedido rueda de prensa y las frases que circulan de ella proceden de unas declaraciones de 5 minutos escasos, pronunciadas a su llegada al Consejo.
A mí, que llevo un cuarto de siglo escribiendo de estos temas, el discurrir de los acontecimientos me sugiere varias cosas:
1.- La propuesta pretendidamente franco española para auxiliar al sector de frutas y hortalizas es originalmente francesa y a ella se ha sumado España de manera, por lo que parece, bastante acrítica: soluciona directamente los problemas franceses y los españoles de refilón.
2.- Los productores hortofrutícolas franceses, que son menos competitivos que los españoles, van a ver mejorada su posición relativa en el mercado con ayudas posiblemente ilegales, que nadie parece dispuesto a denunciar.
3.- Los autores de las agresiones a los camiones españoles no serán perseguidos y sus argumentos han sido plenamente por la primera instancia ejecutiva de la República.
Me pregunto yo si el Ejecutivo español no podía presentar, en este lamentable asunto, una posición, digamos, más enérgica. Sobre todo porque lo de las agresiones a los camiones españoles en las carreteras francesas es un asunto viejo. Tanto que en junio de 2000, el 16 de aquel mes, la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas española (Fepex) le ganó un pleito a tres agricultores franceses en el Tribunal de Montpellier, por asuntos de la misma índole acaecidos en mayo de 1997.
En diciembre de ese mismo año, 1997, la Corte europea de Justicia había condenado a Francia por inacción en los constantes ataques contra las exportaciones hortofrutícolas españolas, que habían costado 25.000 millones de las antiguas pesetas (150 millones de euros) al sector.
Frutas y hortalizas fueron uno de los motivos de disputa más encarnizados durante las negociaciones para la adhesión de España a la entonces CEE. Las discusiones se zanjaron con la imposición al sector de un larguísimo periodo transitorio, que Francia reclamó como condición sine qua non para franquear el acceso de España al club.
A pesar de todo, las arremetidas francesas contra las frutas y las hortalizas españolas se han venido sucediendo a todo lo largo de la década pasada. Con especial intensidad entre 1993, año en que cocluyó dicho periodo transitorio y 1997, cuando tuvo lugar la sentencia del Tribunal.
Que a ministra Rosa Aguilar vaya de la mano de Bruno le Maire, su homólogo galo, en este asunto de las nuevas agresiones es extremadamente ventajoso para Francia, porque significa que España no va a demandar a París ante la Justicia europea. Las disposiciones comunitarias en vigor estipulan que una segunda condena en Luxemburgo por cuestiones similares lleva emparejada la imposición de sanciones.
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