Propuesta de cuotas pesqueras para 2014

La Comisión europea ha hecho pública hoy su propuesta de TAC y cuotas pesqueras para 2014. Destacan en ella, por lo que concierne a España, fuertes incrementos en los derechos de pesca de merluza, gallo (en parte del 'stock' norte, en otras hay descensos) y del 'stock' sur y caídas del chicharro en aguas de la UE.

Siguiendo con las prácticas de años precedentes, les incluyo aquí un cuadro con las principales cifras y los porcentajes resultantes. Antes de la negociación de diciembre, me propongo publicar otro con los totales.

(Clickando sobre la tabla se amplía. La versión pdf está aquí: http://www.scribd.com/doc/180185789/Espana-TAC-CUOTAs-2014-pdf)

¡A la una, a las dos...!

¿Y a las tres? El personal está conteniendo el aliento. A ver si es verdad que esta es la buena. 

Los últimos datos de Eurostat, conocidos esta semana, no es que muestren una realidad inequívoca de cambio de ciclo, pero sí confirman una tendencia a la mejoría (vean el gráfico que les adjunto) que tiene esperanza a casi toda la gente que espera el advenimiento de tiempos mejores. 

Es un término, este del  “advenimiento”, de connotaciones bíblicas, poco grato a quienes, por razones de oportunismo político o de descreimiento estructural, están instalados en el derrotismo, el fracaso y la negatividad, reales o fingidos. Lo que pasa es que el Adviento llega en la liturgia eclesial para facilitar el despertar espiritual de los creyentes, como el cambio de ciclo lo hace en la economía para la salud del PIB, de la actividad empresarial y el sosiego de los bolsillos. 

Y esta vez parece que sí es la buena porque no sólo lo dice Eurostat, sino también la Bolsa, la situación política en Alemania y Francia que son, ellas solas, casi la mitad de la economía de la Eurozona y hasta las previsiones de inversión de, por ejemplo, los industriales alemanes, un 54% de los cuales aseguran, según recientes encuestas, que se proponen invertir en 2013 más aún que en 2012, a pesar de que la infrautilización de instalaciones aumentó en 2012 por la crisis de la UE. Eso quiere decir que los industriales alemanes están convencidos de que van a vender más; en toda Europa. Lo que anticipa un resurgir del consumo interno, cuya contracción es el mal de nuestros días.

Se han dicho tantas cosas estos últimos cinco años de lo que nos ha pasado que resulta difícil encontrar un hilo conductor coherente para los acontecimientos que han tenido lugar en nuestra economía. Yo me quedo con la idea de una coalición de la Alemania de Merkel y la Francia de Sarkozy, secundada a regañadientes por Hollande, para limpiar la Eurozona de situaciones viciadas que pudieran comprometer la supervivencia de la moneda única, cuya pérdida hubiera sido extremadamente costosa para todos. El caos provocado en los mercados financieros por el hundimiento de una manera tóxica de hacer negocio, con la caída de Lehman Brothers, Fannie  Mae et alter, y las exigencias establecidas por las autoridades financieras internacionales para evitar la repetición de esos acontecimientos, precipitaron la insolvencia de una parte muy significativa del sistema bancario español, de sí seriamente debilitado por una acción política irresponsable, si no delictiva. Su salvamento ha consumido recursos ingentes, menores, en cualquier caso, que los dedicados a reflotar otras instituciones del género en Alemania, Francia, Bélgica o el Reino Unido, pero ha dejado de ser un problema mayor para la supervivencia de la economía, la cual, y a su vez, se ha visto expurgada de otros vicios que la lastraban, disparando el gasto público por encima de los potenciales de recaudación. El proceso, en España, no ha concluido –y ahí está la ingente tasa de paro para recordárnoslo- pero la viveza de la respuesta al cambio de tendencia en Alemania y Francia de los tres últimos trimestres muestran una agilidad de la que la economía española carecía hasta mediados del año pasado.

Es cierto que la vitalidad de Alemania responde a una política salarial menos restrictiva, promovida por una Angela Merkel en periodo electoral y que François Hollande necesitaba de resultados económicos positivos para recuperar su deprimida credibilidad política, pero ni aquella, ni estos, habrían podido llevarse a cabo con España o Italia en posición económica incierta. Angela Merkel no hubiera relajado su política salarial (lleva años negándose a hacerlo, desatendiendo las peticiones en este sentido formuladas por países como España) no Hollande se hubiera visto compelido a acometer las reformas estructurales de la viciada economía de su país.

Los tiempos, por lo tanto, cuadran, y el remonte de la economía europea anunciada por el BCE y la Comisión europea para este otoño, y por el Gobierno nacional para la española en particular en esa misma ventana temporal, comienza a vislumbrarse.

Buenas noticias, por lo tanto, para todos.

Una tormenta de verano

Los salarios en España crecieron por encima de la media de la UE hasta bien entrado el año pasado. Gráfico: Fernando Pescador

El Fondo Monetario Internacional ha sido una vez más piedra de escándalo, al recomendar estos días atrás para España una caída salarial del 10 por ciento en dos años, a cambio de un compromiso empresarial de oferta de empleo.

A la receta le han caído críticas en tromba, como si de una tormenta de verano se tratara. Y es que, en realidad, lo del FMI no es más que eso: una tormenta de verano, motivada por un sobrecalentamiento de la borrasca de la crisis y por el empecinamiento de unos cuantos funcionarios, los del Fondo, en justificar su sueldo.

Todo el mundo sabe que una economía mejora su competitividad si el costo por unidad producida se rebaja. En una unión monetaria como la que tenemos hay dos caminos para lograrlo: aumentar la productividad por empleado (con máquinas mejores, con una organización del trabajo más eficaz) o rebajando directamente el costo de los factores que intervienen en su elaboración, en el caso que nos ocupa el sueldo del trabajador.

El problema –para el FMI, para nosotros-, es que los sesudos analistas de Washington suelen tirar del librillo que escribieron sus predecesores, cuando lo de Bretton Woods, en plena Guerra Mundial, y aplican sus recetas desde la distancia, con una pretendida neutralidad que dista de ser real pues viene impregnada con los aceites de una ideología económica: la liberal (ahora ‘neo’)

Qué duda cabe de que una reducción generalizada de salarios, acompañada de una mayor oferta de empleo, mejoraría la competitividad de la economía española y reduciría el paro, pero mucho me temo que en España ni los sindicatos, ni los empresarios, ni el Gobierno, ni la oposición están en condiciones de cerrar un gran pacto nacional de calado semejante.

¿Y los trabajadores? ¿Aceptarían de grado una mutilación salarial de tanta importancia, en beneficio de las conveniencias de la mayoría? De ninguna manera. En un contexto de restricciones como el que vivimos, con incrementos abultados y mal justificados de costos en infinidad de servicios, y de la fiscalidad, la medida sería percibida como una imposición arbitraria, que tendría traducción inmediata, e inequívoca, en las urnas.

La propuesta del FMI va a ser ignorada, por lo tanto, en el corto plazo. ¿Y en el largo, cuando salgamos de la crisis? La verdad es que ni el Gobierno (sea el que fuere), ni los interlocutores sociales, deberían echar en saco roto la idea de que las mejoras salariales deben estar basadas en parámetros realistas, como la productividad. Dicho lo cual, y de paso, habrá que recordarles a los defensores de este último modelo que, para suscribirlo, un país como España tiene que situar su inflación en línea con la media de los de la UE. No es posible mantener diferenciales de dos puntos con ellos, como en las últimas épocas de bonanza.

Porque la verdad es que vincular salarios e inflación, como se viene haciendo en España tradicionalmente, provoca efectos contradictorios con el interés del país, como lo es el hecho de que a pesar de la crisis, los salarios en España hayan seguido creciendo por encima de la media europea y de la Eurozona hasta el segundo trimestre de 2012 (ver gráfico). En el último trimestre del año pasado, las remuneraciones laborales en España experimentaron una fuerte contracción, pero el primero de 2013 volvían a subir.

Lo del FMI es una tormenta de verano. Las realidades sobre las que sustenta su razonamiento tienen mucho más enjundia para el medio y el largo plazo

La City sigue pescando en Gibraltar

Hace ya bastantes años, durante uno de esos episodios periódicos en los que Gibraltar calienta los ánimos en Madrid y Londres, le pregunté a un ministro español de Exteriores, con el que mantenía una relación de confianza, si el Reino Unido quería sinceramente acabar con el problema de Gibraltar. “¡Qué va!, me contestó. Van a por todas”.

Nunca traicioné aquella confidencia que hoy se me antoja desbordada por los acontecimientos, pues es obvio que Londres, en lo de Gibraltar, sigue yendo a por todas. Me parece ocioso seguir actuando como guardián de un secreto que los hechos cotidianos han expuesto al crudo sol del sur peninsular.

El Reino Unido no tiene voluntad alguna de solucionar el problema de Gibraltar. En realidad, no lo percibe como un problema, sino como una oportunidad que está explotando a conciencia.

El Peñón, en el siglo XIX y aún durante una parte del XX, era un baluarte de valor militar estratégico: le ayudaba al poder británico a controlar el Estrecho de Gibraltar, es decir, el acceso al Mediterráneo. Hoy, la moderna tecnología militar ha reducido el valor de esa plaza a una condición puramente testimonial que, sin embargo, rinde algunos servicios logísticos ocasionales, como la reparación de un submarino nuclear averiado, o propagandísticos, como la próxima visita de varias unidades de la Navy. De tiempo en tiempo, y nada más que por incordiar, algún miembro que otro de la familia real británica se deja caer por el lugar, provocando arreboles en la camarilla de caraduras que gestionan el enclave, en su condición de relés del auténtico poder que manda en el lugar: la City londinense.

No se llamen ustedes a engaño. Gibraltar no es un atavismo evocado de tiempo en tiempo por el nacionalismo español, como espantajo para distraer la atención pública de asuntos más enjundiosos. No. Gibraltar forma parte, con las Islas Vírgenes, Guernesey, Jersey, Caimán y demás, de esa tupida telaraña que la City londinense ha tejido para atrapar el dinero negro del planeta que escapa a las demás fuerzas centrípetas concentradas en el mismo afán: Rusia, China, los paraísos fiscales estadounidenses, Singapur (que fue colonia británica) Macao… El Peñón ayuda al dinero negro del sur español y, muy probablemente, al de otras zonas del territorio nacional, a escapar del Fisco. Y lo hace con la misma combinación de sociedades - pantalla, cuentas opacas, intermediarios de confianza y demás parafernalia al uso en los paraísos fiscales que están esparcidos por el planeta, y que la reciente investigación del Offshore Leaks ha ayudado a delimitar.

Muy por encima de las periódicas provocaciones que esa camarilla de descarados que se autoproclaman “autoridades legítimas” del Peñón, como la invasión de espacios marítimos sobre los que en Reino Unido no tiene jurisdicción, la exhibición impúdica de tráficos ilegítimos y otras actividades directamente ligadas a la delincuencia pura y dura, para lo que Gibraltar les sirve a los británicos es para captar dinero negro español.

La talla del envite merece una consideración sosegada. Este país, su diplomacia, no puede quedar a merced de las pequeñas maldades que los apéndices de Londres fabrican de vez en cuando para poner a las autoridades españolas contra las cuerdas de una opinión pública desorientada. Y esa opinión pública debe ser consciente de que las autoridades legítimas españolas han puesto toda la carne en el asador para resolver el problema en democracia: buscaron, por ejemplo, el formato de soberanía compartida, como contrapartida a la inclusión de Gibraltar en la Directiva de Liberalización del transporte aéreo. Otro tanto sucedió cuando llegó la hora de definir las fronteras exteriores de la UE.

No se produjeron las contrapartidas esperadas. Básicamente porque las autoridades del Peñón se negaron a cumplir con su parte, alegando que no estaban presentes cuando aquellas fueron asumidas. No tenían que estarlo porque Gibraltar es un territorio sin estatuto jurídico internacional, bajo administración británica, sometido a las cláusulas del Tratado de Utrech. El Gobierno de Zapatero, en un ejercicio de ingenuidad pasmosa, decidió darles cabida en lo que se denominaría Diálogo Tripartito (de Londres y Madrid más Gibraltar), en un intento de rara generosidad para salvar esas objeciones.

Lo esfuerzos no han servido de nada, y Gibraltar sigue siendo un agujero negro cada vez más grande para los intereses españoles.

Confianza temeraria

Estamos viendo las consecuencias de tanta emotividad desatada con el accidente del tren Alvia en Santiago: el conductor es el villano nacional. Se trata, además, de un villano muy conveniente, porque aleja cualquier sombra de sospecha sobre la idoneidad de la Alta Velocidad española, que compite en complicadas pujas por la adjudicación de muy jugosos contratos internacionales. La culpa de la catástrofe es íntegramente atribuible al factor humano. ¡Qué suerte!, se deben estar diciendo nuestros industriles.

Yo no voy a decir que la culpa de este terrible siniestro no le sea exigible al conductor. No tengo tan clara, sin embargo, la exclusividad de esa imputación.

Los responsables de las infraestructuras ferroviarias del país y de Renfe nos han dicho que el Tren Alvia descarrillado tendría que haber frenado 4 kilómetros antes de la curva fatídica. Bien. ¿Saben usted cuánto tiempo un tren lanzado a 200 kilómetros por hora tarda en recorrer 4 kilómetros? 80 segundos. Nada más.

Un avión aterriza a unos 250 kilómetros por hora. Los pilotos pueden ser guiados , en condiciones de visibilidad reducida o nula, hasta pocos metros antes de la cabecera de pista y abandonan la secuecia instrumental a una altura variable, según la precisión de los sistemas que le asisten, tanto dentro del avión como desde el exterior: sesenta metros, treinta, o cero. Normalmente, el piloto, si el sistema de aterrizaje por instrumentos le deja margen, levanta los ojos del cockpit unos pocos segundos antes de tomar tierra, para constatar que ve la pista o sus luces. Si no es así, retoma vuelo. Lleva el avión preparado para hacerlo: no necesita más que cambiar el perfil del vuelo, pues los motores están trabajando, en esos momentos, a plena potencia.

Pero para llegar a esa situación, el comandante de un avión ha contado no sólo con su magnífica preparación, sino con el apoyo de una muy compleja instrumentación.

A mí me parece -es una opinión- que dejar la responsabilidad de tres centenares de vidas  y de un convoy que valdrá algo así como 20 o 30 millones a la capacidad de respuesta y control de un solo hombre, que tiene 80 segundos para salvar el todo o la nada, es un ejercicio de confianza temeraria. No me cabe duda de que el maquinista conocía el problema que tenía delante, como lo saben los pilotos que aterrizan aviones. Pero al hombre solo de la cabina del tren le faltaban apoyos que le ayudaran a no equivocarse. Y en este género de circunstancias, hace falta que a uno le ayuden a no equivocarse.

He viajado varias veces en cabinas de mando de alta velocidad ferroviaria. A 300 kilómetros por hora, el tajo de la vía parece un tunel borroso que se precipita hacia ti. Por eso, esos trenes necesitan un sistema especial de seguridad: porque el maquinista no tiene tiempo material de reparar en las señales que jalonan su recorrido. Hace falta que el sistema "meta" la señal en la cabina, que el conductor la vea en su instrumentación y, eventualmente, que tome el control del convoy si la pieza humana falla.


No sé, ni me interesa, si en la curva maldita antes de Santiago debería estar desplegado un sistema ERMTS III (hay tres categorías diferentes, esta es la más completa pero plantea muchos problemas técnicos de despliegue, lo mismo que sucede con los sistemas de aterrizaje instrumental tipo ILS, que tiene tres categorías, la I, la II y la III, la cual, y su vez, se subdivide en otras tres categorías).


Pero lo que tengo meridianamente claro es que cuando hay tantos huevos en una misma cesta hay que tomar muchas precauciones. Muchas más que las que se habían tomado en la aproximación ferroviaria de alta velocidad a Santiago de Compostela. De otro modo, se incurre en una falta de confianza temeraria, que ni Adif ni Renfe deberían permitirse.

Aeropuertos

Estos días, las compañías aéreas se inflan a ganar dinero pero los aeropuertos, que son empresas públicas en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión, también.

Les ofrezco aquí un gráfico, en el que se recogen las tarifas de los principales aeropuertos europeos, Barajas (MAD) incluido, en el que se refleja la evolución que han sufrido estos últimos años. Barajas, que figuraba como una de las instalaciones aeroportuarias más baratas, está aproximándose rápidamente a las más caras (Heathrow en Londres, Charles De Gaulle en Paris y Schiphol, en Amsterdam.

Los datos que les presento corresponden al total de costos de utilización del aeropuerto (aterrizaje y despegue, costos por emisiones contaminantes y ruido, navegación por el terminal, otros costos por uso de la infraestructura, aparcamiento, pasajeros, seguridad etc.) y resultan clarificadoras del malestar de las compañías aéreas, que se quejan de que los precios son excesivos.

La Asociación Europea de Líneas Aéreas, AEA, tiene recurrida ante la Comisión europea la subida de tarifas impuesta por el Gobierno español hace ahora un año, que suponía, en la práctica, su duplicación, pero hay precedentes que hacen pensar que la demanda no prosperará, porque Francia hizo lo mismo, aunque en subidas escalonadas del 25%..

Intrahistorias

Hay una serie de episodios en la historia de España como miembro de la UE que han marcado las conciencias de generaciones, como ejemplo de agravios profundos de Europa al derecho y los intereses nacionales. Yo voy a hablar aquí hoy de tres: la denominada "guerra del fletán" negro con Canadá , los incentivos fiscales a la inversión en el País Vasco y Navarra y el "tax lease" de ayudas al Naval.

De estos casos, en los dos primeros hay aspectos de la historia que no han trascendido nunca y que ayudan a comprender los porqués últimos de una cadencia de acontecimientos que sirvió para fundamentar la impresión de que Europa nos maltrata. En el tercero, hay cosas que están por ver. El fletán primero.

Contraviniendo las indicaciones sobre la evidente sobrecapacidad de la flota pesquera española, la Galicia presidida por el socialista González-Laxe promovió, en los años 80 del siglo pasado, la construcción de una flota congeladora de arrastre formada por cuatro decenas de grandes buques, concebida para faenar en caladeros distantes. En 1977 había sido adoptado el principio de la exclusividad de las 200 millas, luego el panorama no parecía el más propicio para la encomienda, pero fue acometida.

En virtud de unos acuerdos con Sudáfrica, esa flota se fue a Namibia, donde, según contaban los ojeadores, "había merluzas grandes como hombres". Cuando el país se independizó de su metrópolis, el 31 de marzo de 1990, el primer acto del nuevo gobierno soberano fue expulsar a aquella flota y a los demás barcos extranjeros -173 en total, 110 españoles- que habían esquilmado el caladero hasta extremos alarmantes. Si a comienzos de los 80, las capturas de los alevines de merluza representaban el 5 o el 6 por ciento del total, antes de la expulsión de la flota se situaban en el 80 por ciento.

Los buques, tras una corta estancia en Malvinas, se quedaron finalmente sin cardumen con el que llenar sus grandes bodegas y tuvieron que volver a Vigo, a amarrar, donde sobrevivieron con ayudas de la Unión Europea. Pero pronto encontraron sustituto a la merluza surafricana: el fletán. Una serie de trabajos exploratorios realizados con fondos públicos y privados en el Atlántico norte, fuera de los 200 millas canadienses, y  otros ensayos técnicos en grandes pesqueros nacionales, habían revelado la existencia de un caladero gigantesco de la especie, a grandes profundidades (1.000 y más metros). Cuando todo cuadró, desde el ministerio se le dijo a la flota: "no vayáis todos juntos, que los canadienses se van a mosquear". Aparejaron y se fueron. Todos juntos.

Incentivos fiscales vascos. Todo el mundo coincide en que hay un antes y un después en este farragoso expediente, que ha consumido recursos sin cuento de las administraciones públicas vascas y central, además de esfuerzos diplomáticos a todos los niveles. El "antes" es todo lo que ocurre hasta el verano de 1999, cuando las actuaciones de Bruselas contra la incentivación fiscal vasca se limitaban a casos individualizados (Daewoo-Demesa, Ramondín). Aquel verano, en cambio, Karel Van Miert, comisario de la Competencia, realizó un giro copernicano y  cargó directamente contra el mecanismo en sí de las ayudas, acción esta de la que se han sucedido las ulteriores condenas del mecanismo, la cadena de recursos interpuestos y la obligatoriedad de recuperar las ayudas. ¿Qué hizo cambiar de opinión a Van Miert?: pues un cabrero monumental con Marcelino Oreja, firme defensor de las ayudas fiscales vascas en la Comisión. El comisario español, responsable de Cultura,  incomodó profundamente a su compañero de la Competencia, en una asunto de fijación de precios de libros entre el Börsenverein des deutschen Buchhandels germano y los austriacos Hauptverband des österreichischen Buchhandels y Bundesgremium des Handels mit Büchern. Y se vengó abriendo el malhadado expediente.

Y llegamos al naval. Imagínense ustedes un sector industrial sumamente competitivo, en el que los actores se cuentan, casi, con los dedos de la mano, que lucha por contratos en todo el mundo frente a países de extremo oriente, en los que se ejerce el dumping sin ningún rubor. Milagrosamente, tras un largo periodo de reestructuraciones muy problemáticas, el sector vive, a escala europea, un largo periodo de calma y estabilidad. ¿Milagrosamente? Vamos a seguir imaginando. ¿Y si la paz en este sector, de ordinario convulso, responde a que sus actores se han repartido el mercado, mediante prácticas y acuerdos completamente ilegales pero que permanecen ocultos? ¿Y si un miembro de ese pacto hubiera decidido saltárselo a la torera, y hubiera invadido territorio ajeno? El agredido se revolvería, ¿no?

 Más preguntas: ¿cómo es posible que un régimen de ayudas de Estado, de cuya inminente entrada en aplicación se tenía noticias en Bruselas desde 2001, (la Decisión de la Comisión de esta semana habla de una carta enviada con requerimientos de información al respecto ese año) haya permanecido completamente operacional desde 2002 hasta su denuncia en Bruselas por una parte significativa del sector naval europeo, en 2011, después de que a su amparo se hayan construido 273 buques? ¿No es mucha  tardanza en la reacción de un sector donde se sabe absolutamente todo lo que está haciendo la competencia? ¿Qué justifica semejante retraso, cuando la invalidación del régimen en cuestión habría de reportar pingües beneficios a la competencia de los astilleros españoles?

El runrún este atruena en los corredores de la Comisión europea. Me consta.

¿La intrahistoria unamuniana? Dedúzcala usted mismo

Las ayudas que tienen que recuperarse del Naval.-Método de Cálculo

Como constato que hay todavía en España un cierto desasosiego sobre la manera de calcular las ayudas del Naval que deberán recuperarse, me permito terciar en el debate, incluyéndoles a continuación, en este post, el método de cálculo que ha definido la Comisión europea al respecto, en su decisión del miércoles. Antepongan estas páginas a las que les ofrecí ayer en este mismo sitio y tendrán un cuadro más completo de lo que se ha decidido en Bruselas.

La Decisión

Hay una enorme curiosidad en España por los términos en los que la Comisión europea ha basado su posición contraria al régimen de ayudas al Naval. El documento final, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la UE dentro de unas semanas, no existe aún en su versión definitiva, pero sí hay una versión provisional, de la que yo he podido hacerme con algunas páginas, que les adjunto. 

Me llama la atención el hecho de que que sea la Administración tributaria española la que tenga que definir el "corte" (lo que es legal de lo que no lo es) y que sólo "la parte de la ayuda que supere el importe de la ayuda compatible debe recuperarse de los beneficiarios, es decir, las AIE y sus inversores, sin que exista la posibilidad de que dichos beneficiarios transfieran la carga de la recuperación a otras personas". 

Con certeza, las cifras comprometidas no alcanzan las anunciadas en España

La alegre muchachada

La Comisión europea ha convalidado, como cabía esperar, el nudo central del expediente contra España por ayudas de Estado en el sector Naval. El comisario Almunia, que es, al tiempo, vicepresidente de la Comisión, lo ha confirmado en la sala de prensa del Ejecutivo comunitario sin dar muestras de duda alguna o confusión, y sin dejar de contestar a ninguna de las preguntas que le han sido formuladas.

Los medios informativos habituales estarán ofreciendo la noticia en todos sus detalles; yo voy a centrarme en un aspecto que me parece importante, aunque lateral al caso: el ridículo que han hecho autoridades y medios del sector, en su aproximación al problema.

Nunca, y "nunca" quiere decir exactamente eso: nunca, un país tiene que hacer presión sobre las autoridades comunitarias como lo han hecho España y los sectores industriales y financieros concernidos en este asunto del Naval. Constituye un error de bulto más que respetable situar a un comisario europeo bajo el foco de la interpelación pública, en plan de alegre muchachada "porque este es de los nuestros". La Comisión europea no es un reino de taifas, donde cada cual es el único responsable de su esfera de responsabilidad, y puede hacer con ella lo que le da la gana. El marcaje de unos comisarios sobre los demás es constante y profundo y nadie que pretenda mantener su credibilidad puede presentarse ante los demás con medidas arbitrarias de apoyo a "los amigos". Una pretensión tal es absurda, ridícula y contraproducente, pues el comisario sometido a interpelación necesita distanciarse más de esa presión. Posiblemente en ese abuso del foco haya que buscar la explicación de comportamientos que chocaron en España días atrás, como el hecho de que Almunia no recibiera a enviados del sector en mayo pasado.

Esa estrategia se ha revelado desastrosa. Apuntar con la reprobación pública y escandalosa a un comisario europeo, cuando el expediente discutido tiene todos los parabienes de las instancias secundarias de la Comisión, incluido el dictamen preceptivo del Servicio Jurídico, no sirve para la nada. A las muestras me remito.

A veces tengo la impresión de que España, sus estructuras de poder y de gobierno, tanto políticas como económicas, viven todavía en los años ochenta. Los gabinetes de los comisarios, entre otros, tienen acceso, en tiempo real, a todo lo que se está diciendo o ha sido publicado sobre un tema concreto en todos los países miembros, más Japón y los Estados Unidos. Después de años de ensayos, se han desarrollado aplicaciones informáticas de complejidad enorme y capacidades asombrosas, que permiten a Bruselas tener una imagen exacta, en tiempo real, del clima de opinión nacional e internacional sobre cualquier asunto. Y son procesos de recogida de información automáticos, que jerarquizan, incluso, entre los temas presentados, pues han sido desarrollados con la última tecnología de inteligencia artificial. ¿Pero acaso ha pensado nadie que semejante alboroto por las ayudas al Naval español  iba a pasar inadvertida entre los enemigos de los astilleros españoles, que los hay, en el seno del Ejecutivo comunitario?

Les voy a contar una anécdota: las discusiones sobre la liberalización de los servicios postales europeos no comenzaron en las instituciones de la UE hasta que la Deutsche Post estuvo preparada para afrontarla. Ese es el lobby que hay que hacer en Bruselas; no lo de la alegre muchachada.

Naval

Tengo curiosidad por conocer lo que la Comisión europea va a decir mañana sobre las ayudas al Naval español. Por lo visto, hasta el propio presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, le ha llamado a Barroso, presidente de la Comisión, pidiéndole clemencia, quizás sin tener en cuenta que el presidente de la Comisión no es el presidente bananero de una república bananera. Esto es, que las reglas, en Europa, están para ser cumplidas y que la Comisión tiene la obligación de aplicarlas.

Me cuentan que el asunto va mañana al Colegio de Comisarios clasificado como "a debatir". No sé qué esperan en España del Comisario de la Competencia, Almunia. ¿Que se olvide de las normas de la Competencia comunitaria, que ha jurado (o prometido, esto no sé muy bien cómo va aquí, no creo que le concedan tanta importancia en Europa a la forma como al fondo ) hacer respetar? ¿ y de Barroso? ¿Acaso quieren que borre de un plumazo las demandas de otros astilleros europeos, negándoles el derecho de cuestionamiento y la satisfacción de sus demandas, sin juzgar su adecuación a derecho comunitario?

No sé a quién se la ha ocurrido este disparate de confrontación con Bruselas por las ayudas al Naval, que barrunto como "de comunicación estratégica", el concepto de moda en esto del "agit pro" nacional, a lo que parece, para sacar adelante un trasunto que, simplemente, no cabe por el coladero.

Creo que Rajoy no ha leído lo que le pasó a Delors con Renault.

Hace años, cuando un comisario se veía muy afectado por un asunto complejo que le atañía directamente, invocaba un artículo del reglamento interno el Colegio de Comisarios y conseguía retrasar la decisión unos pocos días, una semana a lo más. Pero la decisión caía.  Como la maza del juez.

Mañana veremos la eficacia de tanto alboroto
 

Atolladeros

Quería decir "astilleros" pero me ha salido lo otro; no se puede engañar al subconsciente. Porque el asunto este de las subvenciones a la construcción naval en España, a través de intermediarios que han ganado mucho dinero con ellas por la vía de las deducciones fiscales, se ha convertido en un atolladero para, posiblemente, muchas menos entidades e intereses que las que el enorme revuelo que el asunto ha provocado en España parece dar a entender. Permítanme expresar de antemano mi pesimismo sobre salidas "milagrosas" -políticas, como se está reclamando a voz en grito desde España- a este lío; el asunto es feo y está mucho peor que lo que dicen el Gobierno y una cohorte de "comunicadores" (me resisto a denominarlos "periodistas") que habla con poco conocimiento de la materia y menor saber de los procedimientos que se siguen en las instituciones europeas ante este tipo de situaciones. A lo más a lo que la cosa parece orientarse, y quisiera equivocarme, es a una cadena de recursos ante la Justicia europea, (del Gobierno español, de la Comisión, de los interesados, en primera instancia y, después, en la superior) para que quienes realmente tienen que apechugar con el costo ocasionado por el abuso -que no son, desde luego, los astilleros- comiencen a provisionar recursos para hacer frente a la inevitable devolución de las ayudas ilegales, que se producirá, con suerte, dentro de seis, ocho o diez años.

Empecemos por el final: la Comisión europea ha cubierto la práctica totalidad del largo procedimiento que se sigue ante un caso de presuntas ayudas ilegales de Estado.  Los inicios de este procedimiento se sitúan en 2011 pero la Comisión europea había tenido informalmente noticias del caso ya en otoño de 2010. La instrucción del expediente responde al requerimiento de 7 asociaciones europeas del sector naval, no a la petición de un miembro individualizado de la UE.

Nota al margen: España tiene reconocido y autorizado desde 2012 un régimen de ayudas a la construcción naval, plenamente compatible con el Derecho comunitario. El Gobierno no lo aplica y no dice por qué.

Volvamos a los procedimientos, porque son claves. Una denuncia de 7 asociaciones europeas del sector naval contra un Estado miembro, por presuntas ayudas ilegales de Estado a la construcción naval, no se tramita en la Comisión europea bajo los pliegues de una mesa camilla. Recibe un número de registro de entrada y, a continuación, comienza a escalar las alturas del Berlaymont, la sede de la Comisión europea, bajo la atenta vigilancia de quienes lo han promovido. El expediente pasa por el Comité Interservicios, el Comité de Ayudas de Estado, el Servicio Jurídico, el de Jefes de Gabinete y, finalmente, el Colegio de Comisarios, a donde el asunto debería llegar el 17 de julio. Este género de casos tan conflictivos la Comisión se los suele quitar de encima cuando el calor del verano aprieta y la gente anda despistada.

Es sencillamente ridículo personalizar en Joaquín Almunia, a la sazón Comisario de la Competencia, la ejecutoria de la Comisión europea en un asunto de tanta relevancia. Joaquín Almunia, que comenzó su carrera profesional en Bilbao como economista de UGT. No sé si ustedes me siguen: La Naval, Nicolás Redondo, Lalo  y todo eso... Jacques Delors no pudo frenar, en mayo de 1990, una demanda de recuperación de ayudas ilegales de Estado, ni más ni menos, que a Renault, a pesar de una intervención directa de Mitterrand por teléfono ante el presidente de la Comisión, en pleno debate del Colegio de Comisarios sobre el tema. La cantidad requerida finalmente a la Régie fue menor que la demandada de inicios, (63.000 millones de las pesetas de entonces, cuando se le exigían 218.000). Pero la pagó.

España lleva casi 30 años en la Unión Europea como miembro de pleno derecho. ¿Cómo es posible que sus autoridades -las actuales, las que las preceden y aún las que anteceden a aquellas- no hayan comprendido que las ayudas de Estado hay que declararlas en Bruselas, a fin de recibir una autorización que resulta preceptiva, e imprescindible, para garantizar la seguridad jurídica del marco de apoyo a que dan lugar? Las autoridades españolas y el sector en bloque (cuando los intereses que en él se agrupan son muy distintos y, posiblemente, contradictorios a la postre) están invocando el principio de "confianza legítima" para justificar actuaciones financieras e industriales que no habían recibido el visto bueno previo de las instituciones europeas, como es preceptivo. El Derecho europeo prima sobre el nacional en estas cuestiones. ¿No puede apelar el Gobierno a la Abogacía del Estado para que le aclaren las ideas? El mismo principio de "confianza legítima" fue sistemáticamente invocado por los recurrentes (Diputaciones, empresarios, Gobierno vasco) ante la Justicia europea, en el infausto asunto de la incentivación fiscal a la inversión, con los resultados de todos conocidos.

Pero me cuentan, además, que en Bruselas hay una cierta irritación con España en este asunto porque en 2001, se preguntó directamente a las autoridades nacionales, desde Bruselas, si se estaba preparando un marco de apoyo al sector, y la contestación fue negativa.

Por lo demás, el principio de "confianza legítima" es aún más difícil de invocar porque la Comisión condenó en 2006 un régimen equivalente de ayudas a la construcción naval, establecido en Francia. Había conocimiento de que el modelo no era bueno. ¿Y, en fin, qué confianza se puede reivindicar, además, si las sociedades de leasing que firmaron los contratos con los astilleros, impusieron a estos contratos civiles de aceptación de responsabilidad, en el caso de reclamación de las ayudas? Ni ellas mismas parecían confiar en el esquema. ¿Pero cuánto durarían esos contratos civiles ante la Justicia europea? Quedarían invalidados de inmediato, como contrarios al Derecho de la Unión.

Por razones de coherencia jurídica con una decisión previa (2001) sobre Brittany Ferries, la Comisión liberó a Francia de la responsabilidad de reclamar las ayudas previas a 2005. ¿Que las autoridades españolas invoquen este precedente para obtener de Bruselas trato equivalente? Tienen dos hándicaps: el régimen francés estaba declarado y el español no; y , segundo, la decisión de 2006 es clara. Pueden hacerlo, desde luego. A ver si rascan algo. Entre 2002 y 2011 fueron construidos en los astilleros españoles un total de 273 buques, todos ellos, menos uno, al amparo del régimen denominado de "tax lease".

Esto es un laberinto en medio de un atolladero. Para zafarse de este hay que encontrar la salida de aquel, pero no todos los que están dentro tienen la misma prioridad en la fila

El Estado derrochón

Jacques Chirac solía decir, cuando le preguntaban por el excesivo costo del Estado francés y la (ya durante su doble mandato presidencial) generalizada huida de millonarios galos a territorios fiscalmente más benévolos que el de esa República, un “que se vayan de Francia, que dejen de ser franceses”. Y lo decía con desprecio, como si para él, ser francés fuera la suma de todos los desiderata de este mundo en el que vivimos, y quienes escapaban de sus cargas no resultaran merecedores de la condición.

Me venía esta anécdota a la memoria el otro día, al leer el comentario que un conocido jurista había realizado del trabajo que publiqué días atrás, sobre las cargas fiscales que soportan los individuos en nuestras sociedades desarrolladas. El susodicho comentario era una reacción “visible” a mi trabajo; otras me habían sido hechas constar por correo electrónico. De entre estas últimas, destacaría las que hacían notar la necesidad de “construir” el Estado del bienestar, sobre bases, presumo, de índole igualitaria. Las crecientes cargas fiscales serían imprescindibles en esta aventura, llamada, por lo visto, a consumir los mejores esfuerzos de nuestros dirigentes.

Soy de los que pienso que la función que le corresponde desempeñar al Estado en nuestras sociedades es la de crear las condiciones para que los ciudadanos puedan procurarse su bienestar; no que los interlocutores –por desgracia casi únicos- del Estado con la sociedad, los políticos, definan y establezcan directamente las condiciones de ese bienestar. Demasiadas veces he podido constatar cómo el amplio universo de lo que se denomina, en general, el dinero público, y de las pretendidas “socialmente orientadoras” subvenciones que se nutren de él, conducen demasiado frecuentemente a la perversión de los fundamentos democráticos de la sociedad, a través de la corrupción y de la generalización de las redes políticas clientelares, si no al derroche arbitrario de costosos recursos económicos. Y no sólo en España. Chirac era corrupto y fue condenado por ello, lo que no le impedía menospreciar a quienes huían de la voracidad fiscal de un Estado cuyo costo se había vuelto exorbitante, entre otras cosas, y por ejemplo, porque el propio presidente de la República, en su mandato previo como alcalde de París, se había dedicado a colocar “a dedo” a los amigos en la institución que presidía.

Lo que me lleva a las reflexiones del jurista sobre el costo del Estado y su manera de medirlo. Molesta a ese ensayista la utilización que para ello hago de la figura de los “días trabajados para el Estado”, que considera "falaz en su planteamiento". Argumenta que, en realidad, es para nosotros mismos para quienes trabajamos cuando pagamos nuestros impuestos, pues adquirimos derechos sobre prestaciones del Estado en presente (enseñanza, sanidad, seguridad) y a futuro (pensiones, tratamiento y asistencia en caso de necesidad urgente) etc. Las sociedades, además, crean las condiciones necesarias para que los individuos se desarrollen, en lo económico como en lo intelectual.

Nada que objetar al razonamiento, aunque me suene mucho a aquello de “Hacienda somos todos”, que los malévolos apostillaban con lo de “pero unos más que otros”. Las ideas suelen ser maravillosas, pero la constatación empírica de a lo que conducen suele ofrecer el contraste del que sale la síntesis orientadora para la acción futura. Porque lo que mi crítico no pondera es el costo de las prestaciones del Estado, que es donde está la clave de la cuestión. Cuando el gasto público se dispara, como ha sucedido en España estos últimos 30 años, convendría medir la relación inherente entre costos y beneficios, pero ninguno de nuestros dirigentes está dispuesto a someter los resultados de su acción política a las mismas técnicas de “benchmarking” que se le exigen a la iniciativa privada para evolucionar en nuestro difícil entorno globalizado. Es decir, que no sabemos si lo que se nos ofrece podría lograrse a un menor costo. Que seguro que sí.

Además, nuestra aportación a las necesidades del Estado no nos garantiza unos derechos cuantificados. Quienes acaban de llegar al mercado laboral desconocen si lo que hoy se les descuenta, a fin de subvenir a las necesidades del Estado, servirá para ofrecerles una cobertura de pensiones públicas al término de su vida profesional. Y los que estamos a punto de dejarla no tenemos nada claro lo que vamos a encontrar. ¡Si parece que estuviéramos ante un esquema Ponzi!

Existen maneras para medir la presión fiscal. La más común de ellas es la del porcentaje sobre el PIB. Pero yo he utilizado en dos ocasiones el modelo de “días trabajados para el Estado” buscando un índice comprensible.

Naturalmente, este género de equilibrios serían innecesarios si quienes tienen la información real sobre el conjunto de las cargas fiscales existentes, es decir, los políticos, la divulgaran. Pero no lo hacen, como tampoco dicen, exactamente, a qué responde la monstruosa deuda pública que soportamos. Por ejemplo, el 10 de septiembre de 1997, el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, reconoció públicamente (¿un desliz?) que los compromisos asumidos por la extinta Agencia Industrial del Estado con los 40.000 trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo en los diferentes procesos de reestructuración (siderurgia, carbón, defensa, naval) ascendían a 1,25 billones de las extintas pesetas, o 31,2 millones de pesetas por trabajador. El pasivo resultante no se enjuagaría de todo, dijo, hasta 2065.

Lo dicho: datos y el benchmarking en la Administración, y después filosofamos.

Áspera austeridad

Gráfico: F. Pescador

Se ha instalado sólidamente estos días en nuestro horizonte de certidumbres la idea de que el periodo de restricciones presupuestarias está llegando a su fin. El reciente –inédito e inesperado- llamamiento de José Manuel Durao Barroso a la reconsideración de la austeridad, planteando la necesidad de un refrendo “político y social” para estos sacrificios entre las poblaciones concernidas, se enmarca en un clima de críticas al modelo, fuertemente alentadas por la constatación de que un pretendido soporte intelectual de estas políticas, el célebre informe Reinhard-Rogoff, estaba basado en premisas falsas.

Mucho me temo que la austeridad va a continuar, pues, contra lo que se está escuchando estos días, su enunciado original no es científico sino político y enraíza en el núcleo principal de la Unión Monetaria europea, que no está sometido a revisión o crítica fundamentada.

Los dos elementos centrales de la Unión Monetaria, de la que se deriva el euro, son el déficit presupuestario máximo del 3% del PIB y un nivel de deuda pública que no puede superar el 60% de esa magnitud. Se ha especulado mucho sobre las razones de estos porcentajes. El del déficit presupuestario  tiene una evidente carga ideológica de orden monetarista; el de deuda es más difícil de comprender. Su explicación histórica más plausible es que fue asumido porque Alemania y Francia lo respetaban cuando fueron definidos los criterios de Maastricht y el resto de los candidatos a la moneda única, salvo Bélgica e Italia, no estaban lejos de lograrlo, (España, en 1999, la cifraba en el 62,4% del PIB). Tradicionalmente se ha interpretado esta magnitud con una mayor benevolencia que la del déficit presupuestario. La obligatoriedad de respetar el 60% fue sustituida informalmente, a finales de los 90, por una “tendencia a la reducción de la ratio”, a fin de que, precisamente,  Bélgica e Italia, ambos países fundadores de la CEE, no quedaran fuera de la moneda única

Cuando la Unión Monetaria fue puesta en marcha, en 1999, la deuda media de la Eurozona (a diecisiete) estaba situada en el 71,7 por ciento del PIB.  Bélgica, (113,6%) e Italia (113,1%) tiraban del porcentual hacia arriba. En 2012, tras la crisis financiera, la deuda pública de los 17 socios de la moneda única se sitúa en el  90,6% del PIB y no tiene visos de disminuir, sino acaso de aumentar. A España, las últimas previsiones económicas de la Comisión europea le vaticinan un 101% de deuda en 2014; será del 95,2% en el conjunto de la Eurozona.

Reinhardt y Rogoff promovieron un gran debate internacional al establecer en 2010, sobre la base de una muy larga serie estadística que cubría el periodo 1945-2009, que a partir del 90% de deuda pública, el crecimiento económico de un país se veía afectado por una desaceleración que podía oscilar entre el -0,1% en media y el 1,6 en mediana. Esa “asociación” de circunstancias según los autores del informe, a las que nunca reconocieron como una vinculación de causa y efecto,  fue utilizada profusamente por los promotores de la austeridad presupuestaria, el ministro Schauble y el comisario Rehn entre otros, para justificar las estrecheces impuestas a las economías excesivamente recalentadas antes de la crisis. La desautorización del planteamiento estos días atrás por otros economistas debería llevar a la revisión de las restricciones en curso, dicen los críticos con la política de austeridad, como si esta fuera la consecuencia de aquel.

No es así, como hemos visto más arriba, pero en el orden científico no sólo son Reinhardt y Rogoff los que advierten de los peligros para el crecimiento de la acumulación de deuda pública. Cecchetti, Mohanty y Zampolli, por ejemplo, tres economistas del Banco de Pagos de Basilea, concluyeron en septiembre de 2011, utilizando series estadísticas y metodologías diferentes de las de R-R, que a partir de un determinado nivel, la deuda se convierte en un lastre para el crecimiento. En el caso de la deuda gubernamental, el porcentaje definido es el 85% (“The real effects of debt” , BIS Working Papers nº 352, está aquí: http://www.scribd.com/doc/138317976/The-real-effects-of-debt.).

El hecho, incontestable, de que a partir de determinados niveles de deuda el crecimiento de un país resulta lastrado, aunque los niveles de gradación sean cuestionables, y la evolución que los niveles de esa deuda están siguiendo en España y en la Eurozona, permiten concluir que los esfuerzos para sanear las finanzas públicas españolas no van a concluir en 2016, nueva fecha definida para el retorno del déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.

Más chanchullos

El prestigio de España en la Unión Europea está por los suelos. En momentos duros como los que vivimos, la gente tiende a pensar que son injustos con nosotros quienes someten a tan duros trances a una población de por sí castigada por procesos, como el cambio de modelo económico, cuya resolución exigiría el apoyo y la comprensión de nuestros socios comunitarios y no su desafecto. Pero la realidad es que tenemos, en estos tiempos, escasa autoridad moral para presentarnos en Europa y reclamar un trato diferencial.

Hace pocos días, la Justicia europea pronunció una sentencia demoledora para España, en un ámbito, el de las ayudas por cohesión, en el que la UE mostró en su día una amplia comprensión que, por lo visto, hemos defraudado.

La sentencia ratifica tres decisiones de la Comisión Europea de 1999 por las que se exigió a las autoridades españolas la devolución de 363 millones de euros invertidos por la Unión Europea en las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y el País Vasco, durante el periodo de programación de gasto que fue de 1994 hasta 1999. Esos 363 millones corresponden a un modesto 7,3% de los casi 5.000 asignados por los fondos estructurales a esas regiones españolas durante el citado periodo, pero no es la cuantía de lo reclamado el aspecto relevante de la cuestión, sino sus porqués. Y estos son que las autoridades regionales hicieron caso omiso de las normas europeas que se aplican al caso, como las condiciones para las licitaciones públicas, la inalterabilidad de los proyectos originales, la adjudicación directa de obras complementarias sin licitación previa, o su atribución en base a criterios cuestionables, como los del precio medio, la implantación local o la experiencia de la empresa adjudicataria.

Además la Comisión, siguiendo un criterio humillante para España que el Tribunal ha respetado, no verificó todos los proyectos contemplados en los Programas Operativos correspondientes, sino sólo unos pocos. Una vez constatada la recurrencia de esos fallos, aplicó un baremo reductor al conjunto de las actuaciones acometidas, lo que significa, lisa y llanamente, la abrogación de la garantía jurídica de la presunción de inocencia.

Creo haberles dicho alguna vez que el excepcional desarrollo español de finales del XX y los primeros años del XXI estuvo directamente vinculado con nuestra adhesión a la UE y a su moneda única. La liquidez extraordinaria facilitada por los mercados internacionales al país se vio complementada por otro chorro de dinero, este europeo, que llegó a través de los fondos estructurales y el de cohesión, así como por la PAC. 

Yo soy de los que piensan que ese dinero fácil actuó sobre nuestro ordenamiento político y administrativo igual que el oro de las Indias: multiplicándolo hasta la náusea y generalizando la ineficacia y la corrupción. Relean las causas de las devoluciones reclamadas. ¿No tienen todas ellas un cierto tufillo a chanchullo?

Europa nos ve como un país de políticos acomodaticios, que no aprovecharon los momentos de prosperidad para sembrar un porvenir económicamente consolidado y estable y prefirieron seguir tirando de la construcción, como si no pudiera fallar; que abusó de estructuras bancarias concebidas para fines modestos, convirtiéndolas en remedos de bancas públicas regionales, a las que se sometió después a todo género de arbitrariedades y rapiñas sin que el Banco de España, independiente según los acuerdos de Maastricht sobre la Unión Monetaria, hiciera nada para impedirlo; que desoyó los consejos europeos sobre la excesiva dependencia de la banca que tenía la población a través del crédito privado; y que, en fin, malversó parte de las ayudas europeas para el desarrollo y la reestructuración del país. A santo de qué esos majestuosos palacios de la cultura en poblaciones que no los justificarán nunca.

Es verdad que otros países (Italia, Francia) no están mucho mejor, pero disfrutan de más credibilidad. Tienen más peso en Europa. Nosotros hemos perdido el que teníamos.

Comprendo bien a Javier Solana cuando, a mediados del mes pasado, pidió a sus correligionarios que no se dejaran llevar por una retórica antieuropea a todas luces injusta. Los problemas de España son, primero, españoles, y es a nosotros a quien nos incumbe resolverlos.

El chiringuito del petróleo

Los automovilistas españoles están indignados por el precio de los carburantes. El Gobierno dice estarlo también, pero su posición es menos, digamos, diáfana. Anda enredado el ministro Soria con los márgenes de los refineros y los de la distribución, que es el hueso del asunto, pero no va al magro, que es la estructura de precios del mercado. Quizás porque no pueda, todo hay que decirlo. En realidad, parece que nadie sea capaz de domeñar a las grandes corporaciones petrolíferas. Su comportamiento, chulesco, es aún más irritante que el de la gran banca de inversiones. No puede con ellas ni siquiera el G20, ese que se autodenomina, pomposamente, el “Gobierno económico del mundo”.

Volveremos a esas grandes corporaciones un poco más adelante en este artículo. Ahora voy a detallarles lo que he encontrado rastreando los precios de gasolinas y gasóleos en Europa a todo lo largo del año pasado. Para hacerlo, he utilizado las series de Boletín Petrolero de la UE (varios miles de cifras, estas cosas no las ponen fáciles) que edita la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, el Oil Market Report de la Agencia Internacional de la Energía y las referencias del costo del aprovisionamiento de crudo de los países de la OCDE, (CIF, es decir, costo del producto más seguro y flete), que también compila la referida Agencia. 

El detalle de estos datos está aquí: http://www.scribd.com/doc/123458965/Precio-gasolina-Premium-antes-de-impuestos

Y aquí: http://www.scribd.com/doc/123461071/Precios-del-gasoleo-y-la-gasolina-en-la-UE-2012

De entrada, una constatación: España es, entre los principales socios de la UE, uno de a los que menos le cuesta el petróleo que adquiere (IEA supply cost CIF Jan-Sep 2012). Hasta septiembre de este año pasado año (últimos datos disponibles), la curva de costos (ver gráfico) estuvo casi todos los meses por debajo de las demás contempladas.

El detalle de estos datos está aquí: http://www.scribd.com/doc/123460695/Costo-aprovisionamiento-crudo

En cambio, cuando analizamos la evolución de los precios en España después del refino y antes de gravar los productos respectivos con la fiscalidad que les corresponde, observamos que son de los más altos. Constátenlo en el segundo gráfico que les adjunto. Las curvas corresponden a la gasolina Premium de 95 NO, que es la que he escogido para simplificar este trabajo. La pregunta es obvia: ¿cómo es posible que lo que se compra tan barato salga de los serpentines y crackers de nuestras refinerías tan caro? ¿Es que nuestros industriales son torpes? ¿O demasiado listos?

El jeroglífico, por muy aparente que resulte, no guarda entre sus pliegues la respuesta a la incógnita de los precios del crudo. Esa clave está más lejos, mucho más; se esconde en las salas privadas y cerradas en las que unas pocas personas deciden el precio de los diferentes tipos de petróleoo. De lo que pasa en esas salas no sabe nadie nada, salvo los que están dentro. En 2011, el G20 reclamó transparencia a las grandes corporaciones que manejan el mercado para introducir alguna garantía de que las cosas no se hacen mal, y esas grandes corporaciones le han contestado al G20 que nanay del Paraguay; y que como el “Gobierno económico del mundo” insista en lo de la transparencia, dejarán de prestar la escasa colaboración que ofrecen para dar una estructura medianamente coherente al mercado de crudo y refinados. Y que en la jungla que resulte, salga ganador el más fuerte. El pasado mes de septiembre, el Financial Times daba noticia de que los grandes organismos reguladores mundiales, como IOSCO (International Organisation of Securities Commission, la agrupación que integra a los grandes reguladores financieros) habían abandonado la idea de introducir los controles estándar en el sector y promovían, en cambio, el mantenimiento del statu quo. Y ello a pesar de que en el borrador del informe que se pretendía enviar al G20, citado por el referido medio, se señalaba que el statu quo “crea oportunidades para manipular los mercados de materias primas” y el riesgo de conductas deshonestas “no es una mera conjetura”. Estamos hablando de los grandes actores mundiales en el mercado del crudo físico, como BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total o Glencore, el gigantesto trader que extiende sus tentáculos por todos los mercados de materias primas.

Que el riesgo de fraude  “no es una mera conjetura” lo demuestran los casos probados, como los de Energy Transfer Partners y Marathon Petroleum, dos empresas norteamericanas que fueron pilladas in fraganti cuando manipulaban los precios del gas natural o del crudo ligero tejano.

El statu quo que parece vaya a mantenerse no sólo es el que permite ese género de abusos sino también aquel en el que unas muy pocas empresas, de entre las que es principal la neoyorquina Platt’s, una filial de McGraw Hill como también Standard & Poor’s lo es, definen a diario los precios del crudo y los derivados para los diferentes mercados del planeta. Platt’s fue  la que determinó, en base a sus propios cálculos, que el precio del Brent dated del pasado marzo en Rotterdam fuera de 125.28 dólares por barril. Ese mes, el costo medio de aprovisionamiento de España estuvo casi tres dólares por debajo de la referencia de Platt’s (122,76 dólares, ver gráfico), pero la cifra utilizada por el sector para fijar los precios al consumo, los que nos cobran a usted y a mí, es la de Platt’s, no la otra. Y ahí sí que está el margen de beneficio. El gordo.

El precio de aprovisionamiento de España es normalmente inferior al que ofrece el mercado 'spot' de Rotterdam

Platt’s está en el ojo del huracán porque si bien su metodología de fijación de precios es conocida, no sucede lo mismo con el procedimiento en sí, que es calificado de no transparente por los reguladores. Tanto la composición como las deliberaciones del comité que se ocupa de fijar los precios son secretos. Igual que el sistema de verificaciones.

A Platt’s no le han podido probar ninguna manipulación de precios, pero sobre todos estos grandes chiringuitos desde los que se definen los precios finales para productos de consumo masivo, a escala planetaria, pesan grandes interrogantes desde el escándalo del Libor. Los bancos implicados han pagado multas, en general nimias para la materia comprometida en la manipulación del Libor, porque han robado a todo el que pedía una hipoteca o usaba una tarjeta de crédito. Pero a mí nadie me ha venido a devolver un euro por lo que he pagado de más. ¿Y a usted?

Menos arrogancia y más ayuda

La Puerta de Brandeburgo, corazón de la Alemania unificada

En los primeros momentos de la unificación alemana, cuando Mitterrand no se callaba su “no”, y Felipe González acertaba al decir que “sí”, la mayor parte de los políticos y los empresarios alemanes tenía muy claro que el restablecimiento de una hegemonía germana de corte intransigente sobre  Europa terminaría siendo contraproducente, a plazo, para los propios intereses alemanes. La talla del sistema financiero, de sus compañías de seguros, de su industria, comenzarían generando desconfianza entre sus socios. Y de ella, de la desconfianza, vendrían después las renuencias y las suspicacias, exactamente el limus en el que no puede prosperar un proyecto de integración como el definido por el Tratado de Lisboa.

Cuando comenzamos el quinto año de crisis desde el hundimiento de Lehman Brothers, viene al caso preguntarse si las élites alemanas guardan todavía aquella percepción. El desarrollo de acontecimientos recientes lleva a pensar que no.

Empecemos por España. El 16, miércoles, nos desayunábamos con una entrevista del Financial Times a Mariano Rajoy. Por lo visto, también el mensaje nacional, no ya los pasivos de nuestro sistema financiero, tiene que ser auditado en el exterior para resultar creíble. En fin. El presidente español decía lo que le es propio. Sucintamente, que lo está haciendo bien y que quien tiene que tirar del carro ahora es Alemania, que es la que puede, porque la economía necesita una inyección de optimismo. Le contestaron inmediatamente desde Berlín con la martingala de siempre: no es momento para incentivar la economía porque eso entrañaría un incremento del déficit público y de lo que se trata, precisamente, es de lo contrario, de reducirlo.

Simultáneamente a las demandas de Rajoy, que yo creo justificadas, saltaba al primer plano la noticia de que Alemania ha decidido repatriar una parte significativa de las reservas de oro que tiene depositadas en París y Nueva York. Se trata de 674 toneladas métricas en total, 374 de las cuales están protegidas por las cámaras acorazadas del Banco de Francia, a las que se suman otras 300 (un 20%), de las que reposan en los sótanos de la Reserva Federal de Nueva York, con un valor en su conjunto de 27.000 millones de euros. La migración durará hasta 2020. La decisión no concierne al oro que el Bundesbank tiene guardado en el Banco de Inglaterra (500 Tm) ni a la parte restante, 1.200 Tm, del que se encuentra en los EE.UU. La medida responde, según el Banco Central alemán, a la “necesidad de reforzar la credibilidad de las reservas alemanas”. Curiosa razón cuando ese mismo día, el Süddeutsche Zeitung revelaba, basándose en el último informe de la Oficina Federal de Estadísticas germana, que el Estado federal, sus länder y los ayuntamientos de todo el país cerraron 2012 con superávit presupuestario. Alemania se está financiando a costo cero desde hace meses pero repatría parte de su oro. Y el que deja fuera, lo confía a países que nada tienen que ver con la zona euro. Curioso, ¿no?

Un cambio de escenario nos sitúa en el Londres de David Cameron, que conserva el oro alemán pero a quien se le ha recomendado desde Berlín, a lo que se ve muy vivamente, que no pronuncie su muy esperado discurso sobre la visión británica de la integración europea el 22 de enero, como estaba previsto. En Berlín incomodaba, y mucho, que Cameron dejara entrever la posibilidad de un descuelgue británico parcial de Europa precisamente el día en el que se conmemora el 50 aniversario del Tratado del Eliseo, con el que Alemania y Francia dieron por zanjados dos siglos de disputas sangrientas. Al final, Cameron optó por el 18 para lanzar su speech pero la crisis argelina le dio la oportunidad de posponer una vez más su tan esperada comparecencia.

Un tercer apunte: las discusiones para la fijación del marco financiero plurianual, tras el fracaso de la cumbre de noviembre, no muestran grandes avances, a pesar de que las diferencias de competitividad de la Eurozona apuntan la necesidad de transferir 250.000 millones de euros a los países del sur (tesis de Jacques Sapir, Patrick Artus, el economista jefe de Natixis, habla de 320.000) cada año y durante toda una década, para acabar con los desequilibrios de competitividad. Esos que Berlín quiere que se corrijan sólo con austeridad. Lo que se discute actualmente en  el MFP no llega al 1 por ciento de la Renta Nacional Bruta ¡de toda la UE!

No puede pretenderse con ecuanimidad que Alemania destine un 8 por ciento de su PIB a las economías más débiles de la Eurozona, y durante toda una década, cuando a la absorción de los 18 millones de habitantes de la República Democrática Alemana asignó, en los momentos de mayor costo, un 4,5 por ciento de su PIB. Pero Berlín tampoco debería ignorar que, aún sin haberlo pretendido, la corrección de los desequilibrios financieros básicos de la Eurozona le está reportando pingües beneficios, muchos más que los que objetivamente está dedicando a auxiliar a sus socios en caída libre.

Alemania no puede seguir pretendiendo que los "holgazanes"  del sur soporten plenamente el costo de sus redenciones. Primero, porque el esfuerzo que han (hemos) realizado en este afán es muy importante y, segundo, porque Berlín está extrayendo un cuantioso rendimiento económico de la operación. Podría pensarse que Alemania está aprovechando la situación para captar recursos con los que financiar el presupuestariamente muy peligroso envejecimiento de su población, y eso, inevitablemente, generaría desconfianza, y recelos, y suspicacias. ¿Verdad?

Ha llegado el momento de dejar atrás la arrogancia y arrimar el hombro. Por eso Rajoy tiene razón.

Pronósticos que se lleva el viento

En tiempos de descrédito como los que vivimos la gente, que necesita certidumbres, suele abrazar creencias asombrosas. La de la Econometría  parece ser una de ellas. Se trata, esta, de una ciencia que intenta desvelar el futuro económico que nos espera a partir de cálculos complejos sobre referencias del presente. La disciplina tiene diferentes sectas que la interpretan a su manera y no garantiza el acierto, pero ya se sabe desde la antigua Grecia que abrir ventanas al futuro es siempre problemático.

Nuestra sociedad, tan crítica con unas verdades reveladas, inclina mansamente la testuz ante otras que aterrizan por sorpresa sobre nuestros quehaceres cotidianos. Es el caso de las Previsiones Económicas de la Comisión europea, que esta semana ha vuelto a pintar un futuro siniestro para nuestro país en el corto plazo. El año que viene, han dicho desde Bruselas, el Producto Interior Bruto español va a caer un 1,4% y a la gente, aquí, se les han abierto las carnes porque el Gobierno, oficiante de esa misma fe econometra y en pretendida condición de sumo sacerdote, además, había anticipado que la caída sería mucho menor: del 0,5 por ciento. Políticos de esos que en nuestro país hay tantos, sindicalistas y profesionales del dinero, también del subsidio, se han lanzado al ruedo para criticar a diestra o siniestra las cifras de unos u otros.

Nadie, sin embargo, ha criticado a las fuentes, es decir a la fe econometra o, por mejor hablar, a la Econometría expresada en términos de fe o dogma. Porque, ¿son creíbles las Previsiones económicas de Bruselas, tal y como nos las presentan cada año? Por el enorme ruido que las acompaña siempre habría que decir que sí, pero es que no. Es que no dan ni una, oiga.

Me he tomado el trabajo de recopilar los documentos que la Comisión europea ha ido haciendo públicos a lo largo de los años, todos los otoños, con sus estimaciones sobre la evolución que habría de seguir la economía en los diferentes estados miembros. La estructura del capítulo del PIB, en esas Previsiones Económicas, es casi siempre la misma: presenta, primero, las cifras de los dos años precedentes (en algunos casos tres) al de la publicación de los datos. Son estas cifras que, a pesar de pertenecer al pasado, cambian a medida que las contabilidades nacionales consolidan sus propios números y se los pasan a la Dirección General de Economía del Ejecutivo comunitario. Vienen a continuación las “Estimaciones”, que son dos, una para el año de publicación de los datos y otra para el siguiente y, finalmente, las “Previsiones en caso de políticas económicas inalteradas”, que marcan una cifra para dos años después.

Con los números correspondientes a España les he construido la tabla que les adjunto. Todo está ahí: las “Estimaciones” y las “Previsiones”, desde otoño de 1994 hasta la fecha, expresadas en Volumen, (valores constantes), porque el PIB también se puede medir a precios de mercado, o a costo de los factores. En ellas se ve, por ejemplo, cómo para 2009, cuando la economía española cayó un 3,7%, la Comisión le vaticinaba a nuestro país un modesto descenso del PIB del -0,2% sólo un año antes.

No es el único desajuste constatado en esta secuencia. Para 2010, la Comisión le anunciaba a España un descenso del PIB del -0,8% y se quedó en el -0,3%. O en 1995, cuando el producto interior bruto español creció el 5%, a pesar de que la Comisión le pronosticaba un más modesto 2,8%.

Con estas cifras y las oficiales de crecimiento del PIB que ofrece Eurostat, el servicio estadístico de la UE, les he construido el segundo cuadro que les adjunto. En él se ve que las estimaciones de la Comisión y la evolución final de la economía española no han coincidido nunca en el periodo contemplado, es decir, desde 1994 hasta 2012. El primero de esos años sólo dos décimas de punto separaron la verdad anticipada por el Oráculo de la que constató la realidad cuando cumplió el tiempo. Otro tanto pasó en 2001 y en 2007 sólo una décima separó la previsión de la realidad.

Se observa, además, una clara tendencia en la Comisión a tirar por debajo en sus estimaciones sobre lo que va a suceder con el PIB español, salvo en 2008, cuando anunció un crecimiento del 3% que se quedó en el 0,9%.

A la Comisión le preocupa, naturalmente, la fiabilidad de sus predicciones. En el número 291 de los Economic Papers de la Dirección General de Economía (The track record of the Commission’s Forecast – an update, 10/2007), se señala que “el error en las predicciones del PIB para la UE en su conjunto, medidas por la ME (error medio) ha crecido desde 0,08 puntos porcentuales para el año corriente a 0,11 pp (mientras que) para el año siguiente la ME ha crecido marginalmente, al 0,34 desde 0,32 pp”. El ME para España el mismo año de la emisión de las previsiones está en el -0.20 y en el -0.13 para el siguiente, pero el MAE, el (error medio absoluto) está en el 0.55 (mismo año) y 0.79 (año siguiente).

¿Qué significa el párrafo anterior? Pues que la Econometría no es una ciencia exacta, entre otras razones porque la valoración subjetiva de quien trabaja con ella influye en el resultado que se presenta tanto o más que las cifras en sí.

Pero en  España, donde hay infinidad de conversos a la nueva fe que generalmente vienen de Letras (como yo), a los números se les concede valores catárticos y la gente despotrica sobre ellos como si fueran nuevos dogmas de Solón.

No lo son. En ningún otro país de la Unión Europea se les concede tanta importancia.