Europa chirría en las curvas

En octubre de 1997, la Comisión europea que presidía Jacques Santer contribuyó al debate, entonces muy malcarado, sobre el presupuesto de la Unión Europea, con un estudio de su comisario de Economía Erkki Liikanen, en el que se desmontaba, punto por punto, la argumentación alemana sobre el "Justo Retorno". Era este un principio que Berlín quería imponer en los flujos financieros entre los Estados miembros de la UE y las instituciones comunes, a fin de reducir el nivel de sus contribuciones al erario común. Los nacionalistas catalanes y los flamencos belgas han hecho propio el principio en sus disputas con las autoridades centrales respectivas.

Aquel informe ("Contribuciones presupuestarias, gastos de la UE, saldos presupuestarios y prosperidad relativa de los Estados miembros") era taxativo en sus descalificaciones, muy bien argumentadas, sobre la validez de los flujos de caja para evaluar la posición financiera de un Estado miembro en la UE. Negaba la pretendida objetividad de dichos flujos porque ese género de cálculos se basa, decía, en factores y variables que arbitrariamente, alguien concreto elige en un momento determinado. Citaba, como ejemplo, el muy famoso "Cheque Inglés". Equivale este a las dos terceras partes del saldo presupuestario del Reino Unido con la UE, que da siempre negativo porque para calcularlo se utilizan argumentos sesgados, y que se define como la diferencia entre la aportación del país al erario común por IVA y PNB y lo que Londres recupera a través de los "gastos repartidos". Hecha la cuenta, el saldo se multiplica por el total de gastos operacionales y de ese mejunje contable sale el dichoso cheque. ¿Y los intangibles? ¿Y los beneficios de la Unión Aduanera? «No hay -concluía aquel documento- una definición única de la noción de saldo presupuestario. Esta ambigüedad facilita el establecimiento de métodos diferentes para determinar las ventajas presupuestarias que comporta la adhesión a la UE. La elección de un método particular refleja a menudo el propósito de resaltar un punto de vista particular, o de defender aspectos específicos».

Como comprenderán, el debate intelectual y ético subyacente en las discusiones previas y posteriores al informe de 1997 que hoy les traigo a estas páginas, no tiene absolutamente nada que ver con el colorido espectáculo que los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE, y sus utilleros Van Rompuy y Barroso, nos depararon en la larga noche del jueves al viernes pasados. De lo que allí se trataba era de buscar un punto de encuentro entre las posiciones del Reino Unido, muy por debajo de las pretensiones de la Comisión europea (de por sí desmejoradas por Van Rompuy) y las que Alemania era capaz de asumir sin perjudicar a sus territorios asistidos de la ex RDA, ni humillar excesivamente, y de paso, a Francia, co-timonel del proyecto común. Lo demás era paja, y como tal ardió en la hoguera de las cansinas conferencias de prensa en las que los actores de la comedia se envanecieron por lo bien que lo habían hecho o dieron muestras inequívocas de resignación o confomidad con los resultados, según el orgullo de cada cual.

Supongo que ese punto de encuentro lo conocen: está en los 908.500 millones de euros que la UE podrá efectivamente gastar durante el próximo septenio. Cameron quería 886 y la Comisión 988. Las cifras finales son, en grueso, 960 en compromisos (la cantidad más publicitada en las conferencias de prensa, por ser la más abultada) y los ya referidos 908 en gastos, que son los que de verdad cuentan. Es una diferencia enorme la que separa a "compromisos" de "pagos", que el Parlamento europeo se prepara a contestar. Los "compromisos" se corresponden con el margen financiero máximo de la UE para actuaciones programables durante el periodo de referencia, pero los pagos no pueden exceder el margen establecido ni para cada ejercicio, ni para el conjunto del septenio. Sí, en cambio, pueden hacerlo los "compromisos", lo que quiere decir que la UE podrá programar gasto más allá de 2020 con cargo a las actuales Perspectivas Financieras, a las que ahora se denomina Marco Financiero Plurianual. Se trata de un subterfugio contable convertido en trampa retórica, porque el margen financiero no suele ser explotado nunca hasta sus límites extremos. Tampoco el de gastos, y si no, recuerden las apreturas últimas del Erasmus.

Toda esta discusión, farragosa, poblada de sobreentendidos, oscura y equívoca, se explica, única y exclusivamente, porque Europa ha perdido el dibujo de sus neumáticos y chirría en las curvas. Es absurdo que, a estas alturas, tres cuartas partes del presupuesto común se gasten en agricultura y políticas denominadas "de cohesión" (de asistencia a socios con un desarrollo inferior a la media). El "Cheque Inglés" tiene su origen en que el Reino Unido, en épocas de Margaret Thatcher, consideraba que Europa le salía cara y extraía poco de ella. Se trata, como hemos visto antes en este artículo, de un argumento ramplón, fácilmente cuestionable, pero fue moralmente difícil de contrarrestar cuando la primera ministra británica lo puso sobre la mesa del Consejo Europeo porque no pocos consideraban, aquel junio de 1984, en Fontainebleau, que la Política Agrícola Común, era el "Cheque Francés", cuando no un mecanismo encubierto de reparaciones de guerra entre Alemania y Francia. Y la Política de la Cohesión, que negoció Felipe González y por la que todavía hoy se le honra, los mismos malpensados podrían entenderla como un modelo imaginativo de compensaciones directas por libre acceso a un mercado. A los primorosos olivares de Jaén la PAC, y la cohesión, les ha venido de perlas, pero al tejido industrial español de los 80, la competencia europea le sentó como una patada. Es verdad que los que se sobrepusieron alcanzaron a sacar la cabeza pero quedaron muchos cadáveres por el camino. Y nadie parece acordarse de ellos.

Lo que de verdad los acuerdos del viernes enseñan es que Europa tiene que hacer un esfuerzo para ponerse de acuerdo sobre sus objetivos comunes. Los heredados de la postguerra y el mundo bipolar no sirven ya. Hay que buscar otros. Y financiarlos adecuadamente. Desde nuevas bases. Sin chequeras, ni verdades a medias.

Cobrar pero no pagar

Herman van Rompuy, presentando en rueda de prensa los resultados del Consejo

Las Perspectivas Financieras dan cada siete años lugar a una negociación complicadísima, en la que se discute cuánto dinero van a asignar los Estados miembros a las políticas comunes de la Unión y por qué vías va a resarcirse cada uno de ellos de esas inversiones, en el horizonte temporal de un septenio. En algunos casos, el saldo resultante es negativo y se dice entonces que los países en esa situación son “contribuyentes netos” al presupuesto común. Cuando sucede al revés, nos encontramos ante “beneficiarios netos” del erario europeo. España, que ha formado parte de estos últimos hasta ahora, pasará, en el nuevo periodo de  programación presupuestaria, a la condición de contribuyente neto, debido a su nivel relativo de riqueza.

El hecho de que el MFP (por Marco Financiero Plurianual) se articule a lo largo de 7 años no es un tributo a la extinta hegemonía francesa sobre las cosas de Bruselas, que haría coincidir la programación del gasto europeo con la antigua duración del mandato de su Presidente. Resulta de la época, años 80, en la que Alemania pagaba sin chistar. Cuando le plantearon al entonces canciller Helmut Kohl las necesidades existentes, contestó diciendo que no podía darles encaje en cinco años, el periodo inicialmente contemplado; que prefería hacerlo en siete. Y así se acordó.

Las discusiones a las que asistimos estas últimas semanas sobre el tema, de las que la fracasada cumbre del viernes es una referencia más, no guardan ninguna relación con las de finales de los 80 y mediados de los 90, cuando se aprobaron los primeros “paquetes” de gasto que fueron denominados ,”Delors-1” y “Delors-2”. Contrariamente a lo que entonces sucedía, ahora no se pretende dar satisfacción a ningún listado de necesidades, ni mucho menos ampliar el existente. Lo que se busca es encajar las políticas ya enumeradas en el pasado dentro de un corsé presupuestario que no ha sido diseñado para ellas. El jueves y el viernes, los líderes europeos pelearon por algunas de las opciones sobre la mesa, a cada cual más restrictiva: los 200.000 millones en que Cameron quería recortar la propuesta de la Comisión, de 1,03 billones, y que hubiera llevado a la congelación del gasto europeo, en términos reales, con respecto al programa 2007-2013; los 160.000 o 180.000 de ahorro pretendido por los suecos; los 150.000 de los holandeses; los 130.000 de franceses, checos, finlandeses, austriacos y daneses y los 81.000 de Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo.

Por ende todos los mencionados, España también, pretendían limitar su aportación al presupuesto común, a través de alguna de las vías existentes: los británicos mediante su cheque, los alemanes con la limitación vigente a su contribución al erario común (no puede rebasar un porcentaje del PIB, en función de los acuerdos de la cumbre de Berlín de 1999), los holandeses por el mismo camino, etc. etc. etc. De lo que se trataba, y aún se trata, es de cobrar, pero no pagar. Lo mismo que sucede con el AVE: todo el mundo quiere que pare, pero no que pase.

En semejante escenario, los arreglos eran imposibles. Van Rompuy, que ha asumido todo el protagonismo de la negociación en detrimento de Barroso, se pasó la cumbre moviendo dinero de una partida a otra solamente para constatar que unas veces molestaba a unos, y otras a otros.

Al final, constatada la tacañería de quienes más deberían aportar a las cuentas comunes, a lo que nos encaminamos es a un acuerdo “a la carta”, cuando vuelva a convocarse la cumbre: una solución “especial” para el problema español (una especie de cheque), otra para el francés, y así hasta contabilizar a la totalidad de los contribuyentes netos. No debería extrañar: el MFP en vigor acumula un centenar largo de excepciones y matices.

Lo que pasa es que esto no es Europa sino un mercadillo del peor jaez. La solución pasa por reformular el presupuesto desde sus orígenes, haciéndolo más funcional y eficaz para afrontar las necesidades de los tiempos que corren. Curiosamente eso es algo que vienen reclamando desde hace años el Reino Unido y otros países desarrollados de la UE con escaso peso agrícola e imperativos de cohesión bajos.

Tenía que haberse acometido, ese trabajo de rediseño, en 2008 o, a más tardar, en 2009, según acuerdos del Consejo Europeo, pero primaron los intereses agrícolas y ahora estamos buscando acomodo a traseros demasiado distintos para los dos únicos modelos de sillas disponibles, la agrícola y la de la cohesión. Y España pierde en las dos: un 30% en la PAC y un 17% en Fondos Estructurales según las cifras de la propuesta de Van Rompuy, con respecto al actual MFP, lo que equivale a casi 20.000 millones (13.200 de la PAC y 6.120 de los Fondos Estructurales y el de Cohesión.

En el periodo de programación presupuestaria que vencerá el año próximo, el 2007-2013, España fue ya el país europeo que sufrió una mayor pérdida relativa de ingresos, según reconoció en su día Pedro Solbes.

A ver lo que Rajoy consigue rascar en la próxima reunión del Consejo Europeo. Pero va a ser poco. ¿Qué se apuestan?

A Perro Flaco...

Reparto de fondos de la UE para Cohesión por Estado miembro entre 2007 y 2013.
Fuente: Comisión Europea 

Silenciada por el fragor de la batalla que se libra en Europa contra los déficits públicos, la negociación sobre las Perspectivas Financieras 2014-2020, a las que se denomina ahora “Marco Financiero Plurianual 2014-2020”, discurre estos días con sordina, aunque haya producido múltiples víctimas. Por desangramiento. Tantas que hasta se cuestiona ya la capacidad de la propia Comisión europea para programar correctamente la acción comunitaria durante todo un septenio. Sus arcas están  exangües bajo los esquemas de las actuales Perspectivas Financieras, que concluyen a finales del año que viene y las que vienen a sustituirlas se anuncian aún más estrechas.

El calendario establecido determina  que, en teoría, los líderes de la UE deberían estar en condiciones de dar el visto bueno al nuevo marco presupuestario plurianual durante una cumbre extraordinaria, que ha sido convocada para 22 y 23 de noviembre próximos por el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy. En la práctica, todavía no hay cifras solventes sobre las que discutir. La Comisión presentó las suyas hace un año, las corrigió el pasado julio y el Parlamento ha hecho lo propio esta semana, aprobando un informe de dos eurodiputados, uno alemán y otro búlgaro, que critica severamente las posiciones de la Comisión. Pero el Consejo, donde se sientan quienes deben nutrir con sus aportaciones el 85% de ese presupuesto común (el modesto 15% restante se acopia a partir con los recursos propios específicos de la UE), no ha puesto ni una sola cifra sobre la mesa. La presidencia chipriota y Van Rompuy habían prometido una primera negociating box para este fin de semana, pero no han cumplido su palabra.

Un mensaje nítido emerge del Consejo  e impregna el debate: estamos en crisis y hay que ahorrar. Se trata de una nada novedosa tacañería entre los socios europeos más ricos, con el Reino Unido al frente pero a quien siguen estrechamente Alemania, Holanda y, en general, la Europa de los contribuyentes netos, que es como se conoce a los que aportan al presupuesto común más que lo que reciben de él, en términos estrictos de caja (un mal método de cálculo). El mensaje ha generalizado en las instituciones europeas la certidumbre de que se avecinan siete años de grandes estrecheces para Europa. En su informe, la Eurocámara destaca que los 1,03 billones de euros previstos por la Comisión en compromisos para el próximo septenio, tras la revisión de julio, representan el 1,08% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros, Croacia incluida, y se traducen en 988.000 millones en gastos (el 1,03% de la RNB). Apenas dan, dice la Eurocámara, para hacer frente a las políticas establecidas por la Unión Europea, en especial la Agrícola Común, es decir, la PAC, y las derivadas de la Cohesión. Las estrecheces del Programa Erasmus, detectadas estas semanas atrás, corren camino de generalizarse.

El techo europeo de gasto está situado, teóricamente, en el 1,24% de la RNB, o el 1,27% del PIB de los Estados miembros definido en 1991 en Edimburgo; el tránsito a la magnitud de la Renta Bruta desde el previamente utilizado del PIB se produjo a comienzos de la pasada década, a fin de armonizar las referencias contables europeas.

Nos econtramos, en cualquier caso, muy lejos de los techos presupuestarios máximos. El 1% de la RNB fue juzgado escaso para afrontar las necesidades europeas en las negociaciones de 2006 y las nuevas Perspectivas anticipan recortes sustanciales, del orden de 5.500 millones sólo en cohesión, con respecto a la programación de gasto propuesta por la Comisión en 2011. 

Y todo ello aún antes de que el Consejo haya puesto sus cifras sobre la mesa. ¿La clave?: la Comisión computa ahora a Croacia, que entrará en la UE a mediados de 2013 y para la que hay ya asignados 8.728 millones de gasto en cohesión. Pero el monto total de los programas de solidaridad intracomunitaria sólo sube 3.000 millones en la propuesta de julio, con respecto a las cifras de 2011: 339.000 millones frente a los 336.000 contemplados hace un año largo. Es decir que Bruselas, aún sin las cifras del Consejo sobre la mesa, recorta ya casi un billón de las antiguas pesetas en cohesión, respecto a sus documentos originales de 2011.

La negociación va a ser muy dura. Las regiones españolas que rebasen el 75% de la renta media (Castilla La Mancha, Andalucía, Murcia, Melilla y Canarias, que pierden la condición de "Regiones en Convergencia" por el nivel de sus respectivas riquezas regionales) van a perder muchos ingresos de la UE. Precisamente cuando más los necesitan.