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sábado, 9 de marzo de 2013
Más chanchullos
El prestigio de España en la Unión Europea está por los suelos. En momentos duros como los que vivimos, la gente tiende a pensar que son injustos con nosotros quienes someten a tan duros trances a una población de por sí castigada por procesos, como el cambio de modelo económico, cuya resolución exigiría el apoyo y la comprensión de nuestros socios comunitarios y no su desafecto. Pero la realidad es que tenemos, en estos tiempos, escasa autoridad moral para presentarnos en Europa y reclamar un trato diferencial.
Hace pocos días, la Justicia europea pronunció una sentencia demoledora para España, en un ámbito, el de las ayudas por cohesión, en el que la UE mostró en su día una amplia comprensión que, por lo visto, hemos defraudado.
La sentencia ratifica tres decisiones de la Comisión Europea de 1999 por las que se exigió a las autoridades españolas la devolución de 363 millones de euros invertidos por la Unión Europea en las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y el País Vasco, durante el periodo de programación de gasto que fue de 1994 hasta 1999. Esos 363 millones corresponden a un modesto 7,3% de los casi 5.000 asignados por los fondos estructurales a esas regiones españolas durante el citado periodo, pero no es la cuantía de lo reclamado el aspecto relevante de la cuestión, sino sus porqués. Y estos son que las autoridades regionales hicieron caso omiso de las normas europeas que se aplican al caso, como las condiciones para las licitaciones públicas, la inalterabilidad de los proyectos originales, la adjudicación directa de obras complementarias sin licitación previa, o su atribución en base a criterios cuestionables, como los del precio medio, la implantación local o la experiencia de la empresa adjudicataria.
Además la Comisión, siguiendo un criterio humillante para España que el Tribunal ha respetado, no verificó todos los proyectos contemplados en los Programas Operativos correspondientes, sino sólo unos pocos. Una vez constatada la recurrencia de esos fallos, aplicó un baremo reductor al conjunto de las actuaciones acometidas, lo que significa, lisa y llanamente, la abrogación de la garantía jurídica de la presunción de inocencia.
Creo haberles dicho alguna vez que el excepcional desarrollo español de finales del XX y los primeros años del XXI estuvo directamente vinculado con nuestra adhesión a la UE y a su moneda única. La liquidez extraordinaria facilitada por los mercados internacionales al país se vio complementada por otro chorro de dinero, este europeo, que llegó a través de los fondos estructurales y el de cohesión, así como por la PAC.
Yo soy de los que piensan que ese dinero fácil actuó sobre nuestro ordenamiento político y administrativo igual que el oro de las Indias: multiplicándolo hasta la náusea y generalizando la ineficacia y la corrupción. Relean las causas de las devoluciones reclamadas. ¿No tienen todas ellas un cierto tufillo a chanchullo?
Europa nos ve como un país de políticos acomodaticios, que no aprovecharon los momentos de prosperidad para sembrar un porvenir económicamente consolidado y estable y prefirieron seguir tirando de la construcción, como si no pudiera fallar; que abusó de estructuras bancarias concebidas para fines modestos, convirtiéndolas en remedos de bancas públicas regionales, a las que se sometió después a todo género de arbitrariedades y rapiñas sin que el Banco de España, independiente según los acuerdos de Maastricht sobre la Unión Monetaria, hiciera nada para impedirlo; que desoyó los consejos europeos sobre la excesiva dependencia de la banca que tenía la población a través del crédito privado; y que, en fin, malversó parte de las ayudas europeas para el desarrollo y la reestructuración del país. A santo de qué esos majestuosos palacios de la cultura en poblaciones que no los justificarán nunca.
Es verdad que otros países (Italia, Francia) no están mucho mejor, pero disfrutan de más credibilidad. Tienen más peso en Europa. Nosotros hemos perdido el que teníamos.
Comprendo bien a Javier Solana cuando, a mediados del mes pasado, pidió a sus correligionarios que no se dejaran llevar por una retórica antieuropea a todas luces injusta. Los problemas de España son, primero, españoles, y es a nosotros a quien nos incumbe resolverlos.
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domingo, 25 de noviembre de 2012
Cobrar pero no pagar
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| Herman van Rompuy, presentando en rueda de prensa los resultados del Consejo |
Las Perspectivas
Financieras dan cada siete años lugar a una negociación complicadísima, en la
que se discute cuánto dinero van a asignar los Estados miembros a las políticas
comunes de la Unión y por qué vías va a resarcirse cada uno de ellos de esas
inversiones, en el horizonte temporal de un septenio. En algunos casos, el
saldo resultante es negativo y se dice entonces que los países en esa situación
son “contribuyentes netos” al presupuesto común. Cuando sucede al revés, nos
encontramos ante “beneficiarios netos” del erario europeo. España, que ha
formado parte de estos últimos hasta ahora, pasará, en el nuevo periodo de programación presupuestaria, a la condición de
contribuyente neto, debido a su nivel relativo de riqueza.
El
hecho de que el MFP (por Marco Financiero Plurianual) se articule a lo largo de
7 años no es un tributo a la extinta hegemonía francesa sobre las cosas de
Bruselas, que haría coincidir la programación del gasto europeo con la antigua
duración del mandato de su Presidente. Resulta de la época, años 80, en la que
Alemania pagaba sin chistar. Cuando le plantearon al entonces canciller Helmut
Kohl las necesidades existentes, contestó diciendo que no podía darles encaje
en cinco años, el periodo inicialmente contemplado; que prefería hacerlo en
siete. Y así se acordó.
Las
discusiones a las que asistimos estas últimas semanas sobre el tema, de las que
la fracasada cumbre del viernes es una referencia más, no guardan ninguna
relación con las de finales de los 80 y mediados de los 90, cuando se aprobaron
los primeros “paquetes” de gasto que fueron denominados ,”Delors-1” y
“Delors-2”. Contrariamente a lo que entonces sucedía, ahora no se pretende dar
satisfacción a ningún listado de necesidades, ni mucho menos ampliar el
existente. Lo que se busca es encajar las políticas ya enumeradas en el pasado
dentro de un corsé presupuestario que no ha sido diseñado para ellas. El jueves
y el viernes, los líderes europeos pelearon por algunas de las opciones sobre
la mesa, a cada cual más restrictiva: los 200.000 millones en que Cameron
quería recortar la propuesta de la Comisión, de 1,03 billones, y que hubiera
llevado a la congelación del gasto europeo, en términos reales, con respecto al
programa 2007-2013; los 160.000 o 180.000 de ahorro pretendido por los suecos;
los 150.000 de los holandeses; los 130.000 de franceses, checos, finlandeses,
austriacos y daneses y los 81.000 de Van Rompuy, el presidente del Consejo
Europeo.
Por ende
todos los mencionados, España también, pretendían limitar su aportación al
presupuesto común, a través de alguna de las vías existentes: los británicos mediante
su cheque, los alemanes con la limitación vigente a su contribución al erario
común (no puede rebasar un porcentaje del PIB, en función de los acuerdos de
la cumbre de Berlín de 1999), los holandeses por el mismo camino, etc. etc.
etc. De lo que se trataba, y aún se trata, es de cobrar, pero no pagar. Lo
mismo que sucede con el AVE: todo el mundo quiere que pare, pero no que pase.
En
semejante escenario, los arreglos eran imposibles. Van Rompuy, que ha asumido
todo el protagonismo de la negociación en detrimento de Barroso, se pasó la
cumbre moviendo dinero de una partida a otra solamente para constatar que unas
veces molestaba a unos, y otras a otros.
Al
final, constatada la tacañería de quienes más deberían aportar a las cuentas
comunes, a lo que nos encaminamos es a un acuerdo “a la carta”, cuando vuelva a
convocarse la cumbre: una solución “especial” para el problema español (una
especie de cheque), otra para el francés, y así hasta contabilizar a la
totalidad de los contribuyentes netos. No debería extrañar: el MFP en vigor
acumula un centenar largo de excepciones y matices.
Lo que
pasa es que esto no es Europa sino un mercadillo del peor jaez. La solución
pasa por reformular el presupuesto desde sus orígenes, haciéndolo más funcional
y eficaz para afrontar las necesidades de los tiempos que corren. Curiosamente eso
es algo que vienen reclamando desde hace años el Reino Unido y otros países
desarrollados de la UE con escaso peso agrícola e imperativos de cohesión bajos.
Tenía
que haberse acometido, ese trabajo de rediseño, en 2008 o, a más tardar, en
2009, según acuerdos del Consejo Europeo, pero primaron los intereses agrícolas
y ahora estamos buscando acomodo a traseros demasiado distintos para los dos
únicos modelos de sillas disponibles, la agrícola y la de la cohesión. Y España
pierde en las dos: un 30% en la PAC y un 17% en Fondos Estructurales según las
cifras de la propuesta de Van Rompuy, con respecto al actual MFP, lo que
equivale a casi 20.000 millones (13.200 de la PAC y 6.120 de los Fondos
Estructurales y el de Cohesión.
En el
periodo de programación presupuestaria que vencerá el año próximo, el
2007-2013, España fue ya el país europeo que sufrió una mayor pérdida relativa de
ingresos, según reconoció en su día Pedro Solbes.
A ver
lo que Rajoy consigue rascar en la próxima reunión del Consejo Europeo. Pero va
a ser poco. ¿Qué se apuestan?
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Perspectivas
domingo, 27 de noviembre de 2011
Los socios de la UE quieren seguir mangoneando la cohesión
Parece que la crisis de
la deuda tenga a toda la actividad comunitaria prendida con alfileres y es
posible que la apariencia responda incluso a una realidad objetiva, pero los
ríos subterráneos siguen fluyendo y si todo esto no se va al carajo, que no lo creo,
terminarán por salir a la superficie.
Es el caso, por ejemplo,
de las discusiones en curso sobre las próximas Perspectivas Financieras
2014-2020. Hace ya algún tiempo les contaba (vean el "post"
"Bronca en ciernes por el dinero europeo" del 31 de julio, dedicado a
este tema) que los Estados miembros que se benefician de estas ayudas estaban
tomando posiciones en el debate y que España pretende crear una categoría
de "zonas intermedias", ni en
retraso ni en pleno desarrollo, a la que se adherirían aquellas con rentas de
entre el 75 y el 90 por ciento de la media comunitaria.
Todo ello, naturalmente,
al objeto de no ver muy mermados los ingresos del país por cohesión
intracomunitaria durante el nuevo periodo de programación plurianual de gasto.
Otros tienen ideas
diferentes. La Comisión, por ejemplo, pretende forzar una concentración del
gasto comunitario en tres objetivos específicos, con el propósito, dice, de
obtener resultados más aparentes en el desenclavamiento de las "regiones
en desarrollo", según la denominación oficial.
La idea -que no es nueva-
ha despertado considerables recelos durante una reciente reunión informal de
ministros de Desarrollo regional, que ha tenido lugar esta semana en Pozdam,
bajo presidencia polaca de la UE. La Comisión quiere que los ejes principales
de las inversiones por Cohesión sean la I+D+I (investigación, desarrollo e
innovación), el refuerzo de la competitividad de las pymes; y el apoyo a la
transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Los Estados potencialmente
beneficiarios de las ayudas, en cambio, discuten el planteamiento y manifiestan
que si la agenda de "Europa 2020" consagra 11 objetivos estratégicos,
constreñir la cohesión a sólo 3 de estos parece una sinrazón.
Las conclusiones de esta
reunión, que les adjunto, reflejan el objetivo de la concentración del gasto
pero también, de un modo velado, el malestar que la idea genera entre los
beneficiarios, para los que la libertad de acción parece primordial.
Esta actitud no debe
extrañar: el interés por concentrar el gasto comunitario, a fin de magnificar
sus resultados en una banda estrecha de actuaciones, han estado en el ánimo
comunitario desde la formulación del primer "Paquete Delors", en
1988. Contrariamente a los deseos de la Comisión, los Estados miembros dejaron
en una relativa indefinición la elegibilidad de objetivos financiables por los
fondos estructurales, a fin de atender a las demandas de flexibilidad en las
asignaciones de gasto formuladas por los Estados miembros. Luego, en las discusiones de Edimbrugo que
alumbrarían el segundo "paquete Delors", España siguió defendiendo la
elegibilidad del conjunto del territorio nacional para el gasto de las ayudas
estucturales. De hecho, en 1989 entraron bajo la condición de regiones
asistidas (por el entones "Objetivo 2" para las zonas en declive
industrial) territorios como Madrid, Barcelona, Gerona o Tarragona, de las que
no eran acreedoras pero a las que pudieron asimilarse gracias a que el objetivo
porcentual de paro en ellas registrado no fue cifrado en los reglamentos
correspondientes.
Se trata, por lo tanto,
de una vieja pugna en la que España va a tener un papel de importancia relativa
esta vez, porque el grueso de las ayudas va a ir a parar a los adheridos en la
última tanda.
El 6 de diciembre, los
ministros continuarán discutiendo este asunto en Bruselas, ya en Consejo
formal.
Les dejo dos gráficos que
tienen un cierto valor: el primero refleja las ayudas recibidas por España por
cohesión intracomunitaria desde 1989 (año de entrada en vigor del
"Delors-1") hasta 2009, de acuerdo con cifras proporcionadas por la
Comisión europea. El segundo ha sido elaborado a partir de datos propios, y
refleja el reparto regional de esas ayudas.
Las conclusiones del
Consejo informal de Desarrollo de Pozdam están aquí:
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