El guirigay del mercado eléctrico

El gráfico de demanda real, previsiones y emisiones de CO2 en España que ofrece en tiempo real Red Eléctrica Española 

El Mercado Común de la Energía se tambalea. La semana pasada les contaba en estas páginas cómo los esfuerzos europeos en favor de las "energías verdes" y la consecuente promoción a ultranza de las fuentes renovables, habían provocado un encarecimiento desorbitado de la factura eléctrica. El problema (y eso es lo que vengo a exponerles hoy) es que la situación es penosa y que, salvo acciones enérgicas -y acertadas- en los muy próximos meses, el daño ya causado se multiplicará exponencialmente y durará décadas.

En estos momentos, el sector de la energía, en Europa, es un guirigay. Los alemanes andan a la greña entre ellos mismos desde que Angela Merkel decidiera, de la noche a la mañana, poner término a la energía nuclear en el país a plazo fijo. La financiación que la principal economía europea asigna a las renovables asciende a unos coquetos 20.000 millones de euros cada año, pero la cifra es considerada demasiado alta y las negociaciones en curso para reinstaurar una gran coalición en Berlín apuntan a una reconsideración a la baja de los números. Mientras tanto, las grandes del sector contestan ante la Competencia de Bruselas las primas a las renovables, las pequeñas generadoras hacen lo mismo con las ayudas que las grandes reciben cuando tienen que competir en entornos no sometidos a las constricciones medioambientales europeas (lo que llaman el "carbon leaked") y todos, menos los que las perciben, protestan por la sobretasa para las energías verdes.

Al otro lado del Canal, y por cambiar de escenario pero no de tema, los británicos están echando por la calle del medio: dicen que van a construir un par de grupos nucleares en el suroeste del país, porque las renovables no les garantizan la cobertura de la demanda. Andan hablando con los franceses sobre el diseño de las nuevas plantas y pretenden, ni más ni menos, que Bruselas les autorice un precio al kilowatio/hora, una feeding tariff,  para toda la vida de las nuevas centrales, es decir, unos 35 años. Como lo de la prima a las renovables, pero a lo bestia.

Y por todas partes, la limitación de las interconexiones se deja sentir pesadamente en lo que podría denominarse la "optimización" de la inversión en renovables: los alemanes no pueden vender fuera el excedente puntual que generan con estos medios porque la red no se lo permite; los británicos necesitan los nuevos grupos nucleares porque sus interconexiones con el continente tienen aún menos capacidad que las de España con Francia, y viceversa, y estas últimas dan de sí lo que dan, que es más bien poco. Las nuevas interconexiones requieren de un apoyo público masivo pero la economía no está para milagros, con lo que, y dicho sea de paso, los mercados nacionales continúan quedando reservados, básicamente, para los generadores nacionales. Todos ellos quieren guardarse el mercado propio y vender en el ajeno.

En el ínterin, en fin, costosas infraestructuras de generación están siendo abandonadas, porque no generan los retornos contemplados en las programaciones de inversión que las hicieran posible y su mantenimiento resulta demasiado oneroso. ¿La causa?: las renovables, que han provocado una sobrecapacidad y que, en virtud de las disposiciones que bridan los mercados, ven garantizada la salida de su producción, en detrimento de las restantes. La carta remitida el mes pasado al comisario Oettinger por 10 de las principales empresas eléctricas europeas apuntaba que esa sobrecapacidad les ha obligado a cerrar 51 gigawatios de producción, es decir, el equivalente a las capacidades combinadas de Bélgica, Portugal y la República Checa.

O sea que, mientras de un lado se sigue pintando un futuro venturoso y verde, del otro se resalta la muy complicada realidad del empobrecido presente en el que la angustia se adueña de los centros europeos de decisión, porque la competitividad de las industrias europeas se está resintiendo profundamente, ante el boom energético que experimenta Estados Unidos con sus extracciones de gas y petróleo de esquisto.

La Comisión europea, por supuesto, tiene que dar una salida airosa a todas estas tensiones. Se propone hacerlo, con nuevas normativas y con la definición de prioridades a quince años vista.

Pero no lo tiene nada fácil porque las decisiones que los Estados miembros de la UE están adoptando a nivel interno condicionan las posibilidades comunes para el futuro. 

Grandilocuencias ruinosas

Una de las mayores grandilocuencias de la década de los 90, con las que los dirigentes del país nos regalaban el oído a los españoles, fue aquella de que la liberalización de la energía iba a resultar beneficiosa para el consumidor, pues la competencia haría bajar los precios.
Después, en los años 2000, los políticos cambiaron de martingala y comenzaron a cantar la excelencia de la energía verde y de las renovables para «descarbonizar» (eliminar los residuos de carbono) a la economía europea y quebrar la tendencia ascendente de la dependencia del exterior para la generación de electricidad. La energía producida por los molinos de viento, el sol o las mareas iba a ser necesariamente barata. Incluso una cumbre europea, la de marzo de 2007, consagró aquel canon mágico de los tres veintes por ciento: un 20% de generación de energía en Europa a partir de fuentes renovables, otro 20% de ahorros en consumos mediante medidas de eficiencia energética y un 20% de reducción de vertidos de gases causantes del «efecto invernadero», todo ello en el horizonte de 2020.
Nadie, ni en los 90 ni en los 2000, se atrevió a aventurar que estos objetivos estratégicos podrían tener un costo, y mucho menos abultado, pero no cabe ninguna duda ya de que la operación ha sido ruinosa para los bolsillos de los ciudadanos, los cuales, además, no han llegado a disfrutar de ninguna de las ventajas prometidas: los precios máximos de los derivados del petróleo desaparecieron y los consumidores españoles quedamos a merced de los abusos de las grandes corporaciones petrolíferas y de los mercados financieros. Y como el Gobierno nada o poco puede contra estos o aquellas, ha optado por ignorarlas: el IPC, en el que el precio de la energía tiene una influencia acusada, no es ya el referente para la revalorización de las pensiones, ni para los sueldos. Y para qué hablar de la electricidad, cuya rampante tarifa está estrangulando los esfuerzos de competitividad del menguante tejido industrial del país, además de asfixiar aún más a la tambaleante economía de las familias. Para defender su reforma, la de julio, el Gobierno viene a decir que no hacer nada hubiera sido mucho peor para todos. Algunos no compartimos ni sus estimaciones ni la orientación de su esfuerzo legislativo, que no ha profundizado en el factor central pendiente de clarificación: los costos imputados por los grandes del sector a la energía que facturan.
Estos días nos encontramos a las puertas de un cambio de estrategia. No es que Bruselas se prepare para arrinconar el canon del «triple 20», que figura ahí, escrito en bronce en el frontispicio de los desiderata europeos, pero sí está considerando cambios de énfasis, vamos a llamarlos así, en la política energética europea, que pondría más en valor las necesidades de los mercados y de la eficiencia energética que hasta ahora.
Lo saben bien las grandes eléctricas europeas, que han desembarcado en tromba en las instituciones comunitarias para defender la tesis de que la energía barata pasa por el abandono de la promoción de nuevas tecnologías que ya han alcanzado la madurez (eólica, solar) y por el apoyo financiero a otras maneras de generar electricidad, cuyo desarrollo es incipiente y que no pueden subsistir en un mercado de contratación ordinaria.
El comisario Oettinger, (Energía) se ha comprometido a dar respuesta a las demandas que, en este sentido, le formularon los grandes del sector el pasado día 11, algunas de las cuales considera «justas».
Pero la Comisión, que reconoce en pasillos la necesidad de compensar de alguna manera a las empresas que mantienen una capacidad de generación suficiente para hacer frente a las necesidades del mercado cuando fallan el viento o el sol (lo que llaman «energía de backup», en España ya reciben primas por ello), tampoco está muy interesada en mantener un statu quo que beneficia única y exclusivamente a los grandes generadores de energía, que configuran en Europa un oligopolio de facto. De aquí a finales de año habrá propuestas comunitarias para compensar económicamente a quienes disponen de estas grandes fuentes de generación, pero la remuneración de capacidades no es la única fórmula que considera la Comisión: se barajan también la integración de mercados y la ampliación de plazo de los contratos de suministro, para acomodar mejor la oferta de energía procedente de fuentes diversas.
Esperemos que el sector no encuentre en la nueva regulación motivos de agravio que le lleven a exigir al Gobierno nuevas compensaciones, vía tarifa. Sería el colmo.

¡A la una, a las dos...!

¿Y a las tres? El personal está conteniendo el aliento. A ver si es verdad que esta es la buena. 

Los últimos datos de Eurostat, conocidos esta semana, no es que muestren una realidad inequívoca de cambio de ciclo, pero sí confirman una tendencia a la mejoría (vean el gráfico que les adjunto) que tiene esperanza a casi toda la gente que espera el advenimiento de tiempos mejores. 

Es un término, este del  “advenimiento”, de connotaciones bíblicas, poco grato a quienes, por razones de oportunismo político o de descreimiento estructural, están instalados en el derrotismo, el fracaso y la negatividad, reales o fingidos. Lo que pasa es que el Adviento llega en la liturgia eclesial para facilitar el despertar espiritual de los creyentes, como el cambio de ciclo lo hace en la economía para la salud del PIB, de la actividad empresarial y el sosiego de los bolsillos. 

Y esta vez parece que sí es la buena porque no sólo lo dice Eurostat, sino también la Bolsa, la situación política en Alemania y Francia que son, ellas solas, casi la mitad de la economía de la Eurozona y hasta las previsiones de inversión de, por ejemplo, los industriales alemanes, un 54% de los cuales aseguran, según recientes encuestas, que se proponen invertir en 2013 más aún que en 2012, a pesar de que la infrautilización de instalaciones aumentó en 2012 por la crisis de la UE. Eso quiere decir que los industriales alemanes están convencidos de que van a vender más; en toda Europa. Lo que anticipa un resurgir del consumo interno, cuya contracción es el mal de nuestros días.

Se han dicho tantas cosas estos últimos cinco años de lo que nos ha pasado que resulta difícil encontrar un hilo conductor coherente para los acontecimientos que han tenido lugar en nuestra economía. Yo me quedo con la idea de una coalición de la Alemania de Merkel y la Francia de Sarkozy, secundada a regañadientes por Hollande, para limpiar la Eurozona de situaciones viciadas que pudieran comprometer la supervivencia de la moneda única, cuya pérdida hubiera sido extremadamente costosa para todos. El caos provocado en los mercados financieros por el hundimiento de una manera tóxica de hacer negocio, con la caída de Lehman Brothers, Fannie  Mae et alter, y las exigencias establecidas por las autoridades financieras internacionales para evitar la repetición de esos acontecimientos, precipitaron la insolvencia de una parte muy significativa del sistema bancario español, de sí seriamente debilitado por una acción política irresponsable, si no delictiva. Su salvamento ha consumido recursos ingentes, menores, en cualquier caso, que los dedicados a reflotar otras instituciones del género en Alemania, Francia, Bélgica o el Reino Unido, pero ha dejado de ser un problema mayor para la supervivencia de la economía, la cual, y a su vez, se ha visto expurgada de otros vicios que la lastraban, disparando el gasto público por encima de los potenciales de recaudación. El proceso, en España, no ha concluido –y ahí está la ingente tasa de paro para recordárnoslo- pero la viveza de la respuesta al cambio de tendencia en Alemania y Francia de los tres últimos trimestres muestran una agilidad de la que la economía española carecía hasta mediados del año pasado.

Es cierto que la vitalidad de Alemania responde a una política salarial menos restrictiva, promovida por una Angela Merkel en periodo electoral y que François Hollande necesitaba de resultados económicos positivos para recuperar su deprimida credibilidad política, pero ni aquella, ni estos, habrían podido llevarse a cabo con España o Italia en posición económica incierta. Angela Merkel no hubiera relajado su política salarial (lleva años negándose a hacerlo, desatendiendo las peticiones en este sentido formuladas por países como España) no Hollande se hubiera visto compelido a acometer las reformas estructurales de la viciada economía de su país.

Los tiempos, por lo tanto, cuadran, y el remonte de la economía europea anunciada por el BCE y la Comisión europea para este otoño, y por el Gobierno nacional para la española en particular en esa misma ventana temporal, comienza a vislumbrarse.

Buenas noticias, por lo tanto, para todos.

Una burrada de impuestos

Las naciones europeas están saliendo demasiado caras a quienes las pueblan. La voracidad recaudatoria de sus gobiernos parece no tener límites y hasta el propio servicio estadístico de la UE, Eurostat, se ha visto en la tesitura de reconocer, esta semana, que los niveles de tributación existentes en la Europa comunitaria por el trabajo (la suma de impuestos y contribuciones sociales soportados por el trabajador y por quien le contrata), exceden en un 40 por ciento a los que rigen en otras economías desarrolladas, como las de Estados Unidos o Japón. Con un 38,8% del PIB de los 27 Estados miembros, la recaudación total por trabajo de patrones y contratados “no sólo es alta con respecto a esos dos países (Estados Unidos y Japón), sino también si se la compara con otras economías desarrolladas de la OCDE. Sólo Canadá y Nueva Zelanda tienen ratios fiscales que rebasan el 30% del PIB”, dice, contundente, Eurostat (Annual Tax Trends, 2013)

Las ponderaciones del servicio comunitario de estadística han coincidido en el tiempo con un informe bastante curioso de un think tank relativamente nuevo en Bruselas, New Direction, vinculado al Grupo de los Conservadores y Reformistas europeos, de ideología conservadora y euroescéptica británica. Se constituyó tras decidir el premier británico, David Cameron, abandonar el PPE. Cuenta actualmente 55 eurodiputados. Se le considera un outsider en los ámbitos comunitarios de poder.

Pero el susodicho informe está bien hecho. Explora una interpretación de los niveles tributarios que yo mismo utilicé en mayo de 2001, empleando para ello, como soporte documental, los informes periódicos de la OCDE sobre la fiscalidad del trabajo (“Una familia española con dos sueldos y dos hijos trabaja casi hasta agosto para el Estado”, El Correo, 3 de mayo de 2001, está aquí: http://www.scribd.com/doc/138853686/Dias-trabajados-para-pagar-los-impuestos

“New Direction” recorre mi camino de 2001, pero escoge sujetos imponibles diferentes y figuras tributarias ampliadas, para llegar a conclusiones equivalentes. Asegura que en España, un costo salarial bruto de 32.764 reporta al trabajador, en neto, 19.535 euros, los cuales, a su vez, se ven mermados en 1.333 euros por el IVA de los bienes y servicios que adquiere a lo largo del año. Por todo ello, lo que al final le queda en el bolsillo a ese trabajador son 18.201euros. Del bruto total al neto se descuelgan 7.541 euros que paga el patrón por costos sociales, 4.086 en retenciones de IRPF y 1.602 por contribución del trabajador a la Seguridad Social. La presión fiscal real soportada es del 44,45%, lo que significa que esa persona trabaja para el Estado hasta el 12 de junio. El informe no contempla otras figuras tributarias como los impuestos especiales sobre carburantes, tabaco o bebidas alcohólicas, el céntimo sanitario, o la retahíla de tasas que están multiplicando las administraciones locales, con enorme fruición y tenacidad. Les adjunto una tabla y un gráfico con los datos correspondientes al conjunto de los países de la UE, tal y como aparece en el informe que les cito. Esta es la tabla que resulta de sus cálculos

No sin sorpresas, la mayor presión fiscal sobre el trabajo se encuentra en Bélgica (el 60,25%, lo que quiere decir que para que el empleado se embolse 1 euro neto, el patrón tiene que generar 2,5 euros), seguida de Francia, (56,61%) y Austria (55,57%). España se sitúa en el puesto 17 de 27. Gran parte de los costos laborales son desconocidos por los trabajadores, pues se corresponden con las cargas patronales. Y, en fin, el 54,5% de de la población (jubilados, discapacitados, jóvenes) no son productivos.

Los datos barajados por New Direction muestran que la presión fiscal continúa creciendo en Europa, en buena medida por el encarecimiento del IVA.

Esta aproximación a los costos fiscales reales que soportan los trabajadores explica, en el fondo, las razones de que Europa se planteara hace años ya aflojar la presión sobre las rentas del trabajo, y derivar las necesidades recaudatorias hacia la tributación indirecta. Desafortunadamente, la crisis ha entorpecido esos planes que, sin embargo, no explican por qué este continente sale tan caro.

Áspera austeridad

Gráfico: F. Pescador

Se ha instalado sólidamente estos días en nuestro horizonte de certidumbres la idea de que el periodo de restricciones presupuestarias está llegando a su fin. El reciente –inédito e inesperado- llamamiento de José Manuel Durao Barroso a la reconsideración de la austeridad, planteando la necesidad de un refrendo “político y social” para estos sacrificios entre las poblaciones concernidas, se enmarca en un clima de críticas al modelo, fuertemente alentadas por la constatación de que un pretendido soporte intelectual de estas políticas, el célebre informe Reinhard-Rogoff, estaba basado en premisas falsas.

Mucho me temo que la austeridad va a continuar, pues, contra lo que se está escuchando estos días, su enunciado original no es científico sino político y enraíza en el núcleo principal de la Unión Monetaria europea, que no está sometido a revisión o crítica fundamentada.

Los dos elementos centrales de la Unión Monetaria, de la que se deriva el euro, son el déficit presupuestario máximo del 3% del PIB y un nivel de deuda pública que no puede superar el 60% de esa magnitud. Se ha especulado mucho sobre las razones de estos porcentajes. El del déficit presupuestario  tiene una evidente carga ideológica de orden monetarista; el de deuda es más difícil de comprender. Su explicación histórica más plausible es que fue asumido porque Alemania y Francia lo respetaban cuando fueron definidos los criterios de Maastricht y el resto de los candidatos a la moneda única, salvo Bélgica e Italia, no estaban lejos de lograrlo, (España, en 1999, la cifraba en el 62,4% del PIB). Tradicionalmente se ha interpretado esta magnitud con una mayor benevolencia que la del déficit presupuestario. La obligatoriedad de respetar el 60% fue sustituida informalmente, a finales de los 90, por una “tendencia a la reducción de la ratio”, a fin de que, precisamente,  Bélgica e Italia, ambos países fundadores de la CEE, no quedaran fuera de la moneda única

Cuando la Unión Monetaria fue puesta en marcha, en 1999, la deuda media de la Eurozona (a diecisiete) estaba situada en el 71,7 por ciento del PIB.  Bélgica, (113,6%) e Italia (113,1%) tiraban del porcentual hacia arriba. En 2012, tras la crisis financiera, la deuda pública de los 17 socios de la moneda única se sitúa en el  90,6% del PIB y no tiene visos de disminuir, sino acaso de aumentar. A España, las últimas previsiones económicas de la Comisión europea le vaticinan un 101% de deuda en 2014; será del 95,2% en el conjunto de la Eurozona.

Reinhardt y Rogoff promovieron un gran debate internacional al establecer en 2010, sobre la base de una muy larga serie estadística que cubría el periodo 1945-2009, que a partir del 90% de deuda pública, el crecimiento económico de un país se veía afectado por una desaceleración que podía oscilar entre el -0,1% en media y el 1,6 en mediana. Esa “asociación” de circunstancias según los autores del informe, a las que nunca reconocieron como una vinculación de causa y efecto,  fue utilizada profusamente por los promotores de la austeridad presupuestaria, el ministro Schauble y el comisario Rehn entre otros, para justificar las estrecheces impuestas a las economías excesivamente recalentadas antes de la crisis. La desautorización del planteamiento estos días atrás por otros economistas debería llevar a la revisión de las restricciones en curso, dicen los críticos con la política de austeridad, como si esta fuera la consecuencia de aquel.

No es así, como hemos visto más arriba, pero en el orden científico no sólo son Reinhardt y Rogoff los que advierten de los peligros para el crecimiento de la acumulación de deuda pública. Cecchetti, Mohanty y Zampolli, por ejemplo, tres economistas del Banco de Pagos de Basilea, concluyeron en septiembre de 2011, utilizando series estadísticas y metodologías diferentes de las de R-R, que a partir de un determinado nivel, la deuda se convierte en un lastre para el crecimiento. En el caso de la deuda gubernamental, el porcentaje definido es el 85% (“The real effects of debt” , BIS Working Papers nº 352, está aquí: http://www.scribd.com/doc/138317976/The-real-effects-of-debt.).

El hecho, incontestable, de que a partir de determinados niveles de deuda el crecimiento de un país resulta lastrado, aunque los niveles de gradación sean cuestionables, y la evolución que los niveles de esa deuda están siguiendo en España y en la Eurozona, permiten concluir que los esfuerzos para sanear las finanzas públicas españolas no van a concluir en 2016, nueva fecha definida para el retorno del déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.

'Smog' y palmeras

Los acontecimientos de estos últimos días están extendiendo entre la opinión pública la desasosegante sensación de que en nuestras modernas y sofisticadas sociedades la virtud fiscal está reservada a los pobres, pues los ricos cuentan con medios sobrados para escapar al impuesto. Habríamos avanzado poco desde la época feudal, cuando los siervos de la gleba estaban en el mundo para aprovisionar graneros y ejércitos de los poderosos, a los primeros con cosechas y a los segundos con hijos. La profesionalización de los ejércitos nos ha librado de la segunda gabela; la primera sigue plenamente en  vigor.

Me refiero, por supuesto, a esa gigantesca filtración de datos que ha difundido parcialmente un grupo de periódicos, el “Offshore Leaks”, según la cual un buen mazo de supermillonarios, originarios de 170 países, tendría regados por los distintos “paraísos fiscales” del planeta, ocultos al recaudador, entre 21 y 32 billones de dólares (el “trillion” anglosajón). Los activos gestionados por los 50 bancos privados más importantes de esos paraísos fiscales habrían pasado de 5,4 a 12 billones en el corto lapso de cinco años, de 2005 a 2010, es decir, en plena crisis. La Tax Justice Network cifra en 860.000 millones de dólares el beneficio reportado por esos activos, sobre una estimación de 11,5 billones, es decir un retorno del 7,5%.

El “Offshore Leaks” tiene, a falta de concreciones sobre esa masa de defraudadores, el mérito de dar un  contorno actualizado a un problema mayor, que los gobiernos del planeta no han querido resolver: el de los paraísos fiscales. En la Unión Europea se viene hablando del asunto desde comienzos de los años 90, cuando la liberalización de los movimientos de capitales a corto plazo cobró carta de naturaleza, pero los miles de horas dedicados a explorar vías por las que atajar el fenómeno se han estrellado sistemáticamente con la broca oposición del Reino Unido, vinculado a buena parte de esos negocios financieros “offshore”. Luxemburgo y Austria, territorios también parcialmente opacos al flujo de informaciones fiscales, han participado activamente en el boicot (Bélgica hasta 2010) pero su protagonismo en el tinglado descubierto estos días es relativamente menor. Y Suiza y, más encubiertamente Estados Unidos, también.

Lo que se ha podido vislumbrar a través de estas filtraciones es que la City londinense, lugar de graves escándalos y abusos financieros, ha establecido una red tentacular para captar el dinero negro del planeta y gestionarlo a espaldas de las administraciones tributarias concernidas. Las Islas Caimán, por ejemplo, territorio bajo administración británica, administran 1,4 billones de dólares, frente a los 5.670 millones de la City. Lo hace, sin embargo, con 3.650 personas, frente a los 360.000 de la City, según datos del Banco de Pagos de Basilea citados por prensa francesa semanas atrás, lo que lleva a pensar que la verdadera gestión de ese dinero la realiza el núcleo británico de las finanzas londinenses.

Pero en los paraísos fiscales, a la caza del dinero negro del planeta, están todos los que pueden: bancos franceses, alemanes, españoles… Nadie quiere perderse su parte del festín.

Y, puesto que la estructura financiera está ya allí, con toda su disimulación desplegada, de ella no sólo se aprovechan los muy ricos; también lo hacen las empresas, que crean sociedades a través de entidades interpuestas desde las que facturan, por ejemplo, gastos de márquetin y otros, desmesurados, a sus centrales fiscalmente reconocidas, con lo que reducen fraudulentamente el margen de beneficio y el impuesto devengado.

Cualquier aproximación seria al reparto equitativo de las cargas fiscales en nuestras sociedades pasa, necesariamente, por un saneamiento del cáncer financiero internacional que suponen los paraísos fiscales. Europa lleva 20 años diciendo que va a hacerlo y ahora el G20 también, pero los avances son ridículos: atañen sólo a los particulares que perciben intereses de una serie corta de productos financieros.

Como a los siervos de la gleba, los gobiernos europeos podrán continuar exigiendo que les llenen los graneros, pero su autoridad moral no será mucho mayor que la que esgrimía el señor feudal sobre sus súbditos. No, mientras desde el “smog” londinense, del de París o del de Berlín, se salte con tanta despreocupación y alegría a los palmerales caribeños, o las torvas islas anglonormandas del Canal.

Turquía se sale

En diciembre de 2004, una cumbre de la Unión Europea acordó ofrecer a Turquía la apertura de negociaciones de adhesión a partir de octubre de 2005, con la vista puesta en una entrada del problemático candidato en la estructura de la UE no antes de 2015.

Recuerdo las justificaciones que alguno de los que habían urdido aquel extraño acuerdo (una “patada hacia adelante” de más de una década no es cualquier cosa) daba para explicarlo. Quién sabe cómo será la Unión Europea en 2015, decía con aire enigmático, fuera de micrófonos, aquella gente.

Había suficiencia en aquellas previsiones. La suficiencia propia de quien se siente tocado por la gracia de los dioses. Cuando se le dijo a Turquía aquel “sí, pero más tarde”,  el euro llevaba un par de años en la calle y era ya percibido como un éxito, la Eurozona crecía al 2,2% (España al 3,3), su deuda conjunta andaba por el 69%, los déficits presupuestarios se situaban en un cómodo 2,9 del PIB y el desempleo rozaba el 9% (el 10,6 en España). Había motivos para pensar que el tiempo, y los esfuerzos combinados de unos y otros, permitirían a Turquía allanar las distancias que aún la separaban de la UE y a esta misma a diluir desconfianzas y otras prevenciones.

No podemos menos que sorprendernos por los resultados de esta mirada atrás. Las cosas han evolucionado, ciertamente, pero a peor. Europa no se reconoce a sí misma en el duro proceso de ajuste presupuestario acometido para reconducir los déficits públicos y sus consecuencias más aparentes ofuscan la capacidad de percepción de políticos y ciudadanía: el PIB de la UE27 cayó en 2012 un 0,6%, el paro rondaba ese año el 12% -el 26% en España- y la deuda pública en la Eurozona se situaba en el 90% del PIB. 

Mientras, Turquía sigue ahí, esperando que suene la campana prometida, pero el tañido sigue sin dejarse oír. Alemania y Francia, los dos socios comunitarios que, junto con Austria, más se oponían a la entrada del país euro-asiático en la UE, ha hecho gestos estos últimos días hacia Ankara. Angela Merkel, que actúa, de facto, como presidenta de la UE, viajó a finales de febrero a la capital turca y se declaró partidaria de reanudar las negociaciones, interrumpidas en ocho capítulos fundamentales desde diciembre de 2006, aunque dejara claro de que la perspectiva de una adhesión plena del país a la UE no está garantizada; que ella prefiere el acuerdo preferencial.

Francia por su parte, había declarado a mediados estar dispuesta a retomar las negociaciones en uno de los capítulos bloqueados, el de las ayudas a las regiones menos favorecidas. Hollande se distanciaba así de la política obstruccionista de su predecesor, Nicolas Sarkozy.

Es muy probable que esos esfuerzos, nimios, resulten insuficientes para satisfacer a las autoridades turcas. En el país, según sondeos recientes, las actitudes pro europeas han caído significativamente. Encuestas llevadas a cabo a finales de enero mostraban que sólo el 33% de la población es actualmente partidaria de continuar las negociaciones de adhesión, mientras que casi el 60% prefería olvidar la perspectiva europea. Y el gobierno islamista de Erdogán, por su parte, da señales de estar mirando ya a otro lado, a la Organización de Cooperación de Shanghái, creada en 2011  y de la que forman parte  Rusia, China, Kazajstán, Kirguizistán, Uzbekistán y Tayikistán. Turquía forma parte de ella desde 2012 como “asociado para el diálogo”.

Erdogán ha dicho que el grupo de Shanghái le conviene a Turquía y que si se adhiere formalmente a él, su país dirá formalmente adiós a la UE. En Europa no se concede gran crédito a esas balandronadas pero si Turquía continúa con su desenganche, ese candidato problemático a la adhesión se irá por su propio pie y voluntad. Un desprestigio adicional para la renqueante Unión Europea del esplendor perdido.

El chiringuito del petróleo

Los automovilistas españoles están indignados por el precio de los carburantes. El Gobierno dice estarlo también, pero su posición es menos, digamos, diáfana. Anda enredado el ministro Soria con los márgenes de los refineros y los de la distribución, que es el hueso del asunto, pero no va al magro, que es la estructura de precios del mercado. Quizás porque no pueda, todo hay que decirlo. En realidad, parece que nadie sea capaz de domeñar a las grandes corporaciones petrolíferas. Su comportamiento, chulesco, es aún más irritante que el de la gran banca de inversiones. No puede con ellas ni siquiera el G20, ese que se autodenomina, pomposamente, el “Gobierno económico del mundo”.

Volveremos a esas grandes corporaciones un poco más adelante en este artículo. Ahora voy a detallarles lo que he encontrado rastreando los precios de gasolinas y gasóleos en Europa a todo lo largo del año pasado. Para hacerlo, he utilizado las series de Boletín Petrolero de la UE (varios miles de cifras, estas cosas no las ponen fáciles) que edita la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, el Oil Market Report de la Agencia Internacional de la Energía y las referencias del costo del aprovisionamiento de crudo de los países de la OCDE, (CIF, es decir, costo del producto más seguro y flete), que también compila la referida Agencia. 

El detalle de estos datos está aquí: http://www.scribd.com/doc/123458965/Precio-gasolina-Premium-antes-de-impuestos

Y aquí: http://www.scribd.com/doc/123461071/Precios-del-gasoleo-y-la-gasolina-en-la-UE-2012

De entrada, una constatación: España es, entre los principales socios de la UE, uno de a los que menos le cuesta el petróleo que adquiere (IEA supply cost CIF Jan-Sep 2012). Hasta septiembre de este año pasado año (últimos datos disponibles), la curva de costos (ver gráfico) estuvo casi todos los meses por debajo de las demás contempladas.

El detalle de estos datos está aquí: http://www.scribd.com/doc/123460695/Costo-aprovisionamiento-crudo

En cambio, cuando analizamos la evolución de los precios en España después del refino y antes de gravar los productos respectivos con la fiscalidad que les corresponde, observamos que son de los más altos. Constátenlo en el segundo gráfico que les adjunto. Las curvas corresponden a la gasolina Premium de 95 NO, que es la que he escogido para simplificar este trabajo. La pregunta es obvia: ¿cómo es posible que lo que se compra tan barato salga de los serpentines y crackers de nuestras refinerías tan caro? ¿Es que nuestros industriales son torpes? ¿O demasiado listos?

El jeroglífico, por muy aparente que resulte, no guarda entre sus pliegues la respuesta a la incógnita de los precios del crudo. Esa clave está más lejos, mucho más; se esconde en las salas privadas y cerradas en las que unas pocas personas deciden el precio de los diferentes tipos de petróleoo. De lo que pasa en esas salas no sabe nadie nada, salvo los que están dentro. En 2011, el G20 reclamó transparencia a las grandes corporaciones que manejan el mercado para introducir alguna garantía de que las cosas no se hacen mal, y esas grandes corporaciones le han contestado al G20 que nanay del Paraguay; y que como el “Gobierno económico del mundo” insista en lo de la transparencia, dejarán de prestar la escasa colaboración que ofrecen para dar una estructura medianamente coherente al mercado de crudo y refinados. Y que en la jungla que resulte, salga ganador el más fuerte. El pasado mes de septiembre, el Financial Times daba noticia de que los grandes organismos reguladores mundiales, como IOSCO (International Organisation of Securities Commission, la agrupación que integra a los grandes reguladores financieros) habían abandonado la idea de introducir los controles estándar en el sector y promovían, en cambio, el mantenimiento del statu quo. Y ello a pesar de que en el borrador del informe que se pretendía enviar al G20, citado por el referido medio, se señalaba que el statu quo “crea oportunidades para manipular los mercados de materias primas” y el riesgo de conductas deshonestas “no es una mera conjetura”. Estamos hablando de los grandes actores mundiales en el mercado del crudo físico, como BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total o Glencore, el gigantesto trader que extiende sus tentáculos por todos los mercados de materias primas.

Que el riesgo de fraude  “no es una mera conjetura” lo demuestran los casos probados, como los de Energy Transfer Partners y Marathon Petroleum, dos empresas norteamericanas que fueron pilladas in fraganti cuando manipulaban los precios del gas natural o del crudo ligero tejano.

El statu quo que parece vaya a mantenerse no sólo es el que permite ese género de abusos sino también aquel en el que unas muy pocas empresas, de entre las que es principal la neoyorquina Platt’s, una filial de McGraw Hill como también Standard & Poor’s lo es, definen a diario los precios del crudo y los derivados para los diferentes mercados del planeta. Platt’s fue  la que determinó, en base a sus propios cálculos, que el precio del Brent dated del pasado marzo en Rotterdam fuera de 125.28 dólares por barril. Ese mes, el costo medio de aprovisionamiento de España estuvo casi tres dólares por debajo de la referencia de Platt’s (122,76 dólares, ver gráfico), pero la cifra utilizada por el sector para fijar los precios al consumo, los que nos cobran a usted y a mí, es la de Platt’s, no la otra. Y ahí sí que está el margen de beneficio. El gordo.

El precio de aprovisionamiento de España es normalmente inferior al que ofrece el mercado 'spot' de Rotterdam

Platt’s está en el ojo del huracán porque si bien su metodología de fijación de precios es conocida, no sucede lo mismo con el procedimiento en sí, que es calificado de no transparente por los reguladores. Tanto la composición como las deliberaciones del comité que se ocupa de fijar los precios son secretos. Igual que el sistema de verificaciones.

A Platt’s no le han podido probar ninguna manipulación de precios, pero sobre todos estos grandes chiringuitos desde los que se definen los precios finales para productos de consumo masivo, a escala planetaria, pesan grandes interrogantes desde el escándalo del Libor. Los bancos implicados han pagado multas, en general nimias para la materia comprometida en la manipulación del Libor, porque han robado a todo el que pedía una hipoteca o usaba una tarjeta de crédito. Pero a mí nadie me ha venido a devolver un euro por lo que he pagado de más. ¿Y a usted?

A Berlín le gusta hablar en inglés

El 27 de julio de 1990 Jacques Delors, entonces en la cúspide de su prestigio internacional, se permitió un desahogo retórico espectacular para la época: “Si Dios, dijo, hubiera tenido tantas dificultades para crear a Adán como nosotros estamos encontrando en la Comunidad Europea con Margaret Thatcher, el ser humano no estaría en este mundo”.

Delors estaba cansado de la británica. En 1988 (febrero) se habían cerrado las primeras Perspectivas Financieras que consolidaban el principio de la Cohesión intracomunitaria. Con ese muy complicado asunto encauzado, el presidente de la Comisión encaraba la aún más compleja negociación de lo que después serían la Unión Económica y Monetaria y el euro y la Thatcher enredaba todo lo que podía, e incluso lo que no, para impedirlo.

Cuando llevan transcurridos 23 años desde aquel momento de sinceridad de Delors y están a punto de cumplirse los 40 de la adhesión del Reino Unido a la UE, hoy puede decirse que Europa es, sin duda, más británica que hace medio siglo, como pretendía Margaret Thatcher, pero el Reino Unido no es más europeo que cuando se adhirió a la Comunidad, como posiblemente nadie, al otro lado del Canal, osaba entonces vaticinar. El mestizaje ha seguido una trayectoria unilateral. Los británicos no han sido nunca más euroescépticos que ahora ni sus élites, intelectuales, sociales o políticas, expresado tan generalizada y abiertamente su animadversión o desdén hacia lo comunitario.

Hoy, los británicos se preguntan si el muy reglamentado mercado común europeo no está agotado, como en su día le sucediera a sus antiguas plazas coloniales, y si las obligaciones de su pertenencia a la UE no les están recortando el margen de maniobra y la cintura que creen tener para desenvolverse en el universo de la globalización y de sus mercados emergentes.

Posiblemente esas percepciones sean infundadas, pero el debate sobre lo europeo en el Reino Unido nunca ha tenido mucho de racional.  

La diferencia entre el pasado de Margaret Thatcher y el presente de David Cameron radica en que el actual premier británico ha roto con la estrategia aprestada por los gobiernos británicos, laboristas o conservadores, a lo largo de las cuatro décadas de permanencia de Gran Bretaña en la UE. David Rennie  menciona en un reciente trabajo (The Continent or de Open Sea.- Does Britain have a European Future, Centre for European Reform) cómo Edward McMillan Scott, un antiguo líder de los tories en el Parlamento europeo, recibió el encargo personal de Margaret Thatcher de mantener a sus diputados “donde estén los alemanes”. John Major, tras la retirada de la Dama de Hierro, se encargaría de consolidar aquella estrategia, anclando a los tories en el PPE, el grupo parlamentario del que Cameron les ha sacado ahora, en cumplimiento de una promesa electoral suya posiblemente innecesaria e irreflexivamente formulada. ¿Consecuencia? Los eurodiputados conservadores británicos viven  alejados de su entorno ideológico natural en la Eurocámara. Están ausentes de las cocinas donde se elaboran los platos y los condimentos que terminarán en las mesas europeas.

Casi nadie, en las esferas británicas de poder, cuestiona estos hechos ni el discurso oficial, abiertamente antieuropeo y salteado de órdagos. Esta semana, Angela Merkel emprende el camino de Londres para desactivar tanta animosidad. La canciller quiere que Cameron se avenga a discutir un marco presupuestario para la UE menos austero que el que ambicionan los británicos. Pretenden un recorte de 200.000 millones con respecto a las pretensiones de la Comisión, de por sí ya modestas y el premier ha amenazado con vetar todo lo que no respete esa pretensión.

Pero Merkel va a Londres, además, buscando introducir algo de racionalidad en el debate Europa-sí/ Europa-no que promocionan  las autoridades británicas desde el 10 de Downing Street con gran  desparpajo. “Desde una perspectivas alemana, desde el punto de vista de nuestros intereses, (el Reino Unido) es un miembro importante de la UE. Favorecen el libre comercio y son partidarios de una mayor competitividad, luego son un buen socio” dijo Angela Merkel el pasado 29 durante una reunión de su partido, la CDU.

Lo que la canciller no dijo, pero se sabe que lo piensa, es que el Reino Unido es un contrapeso para Francia en el equilibrio europeo de poderes. Luego es Berlín, y no Suecia ni Holanda o Dinamarca, el aliado natural de Londres en el pretendido (por Cameron) pero no acordado proceso de renegociación de las condiciones para la permanencia británica en la UE.

A Perro Flaco...

Reparto de fondos de la UE para Cohesión por Estado miembro entre 2007 y 2013.
Fuente: Comisión Europea 

Silenciada por el fragor de la batalla que se libra en Europa contra los déficits públicos, la negociación sobre las Perspectivas Financieras 2014-2020, a las que se denomina ahora “Marco Financiero Plurianual 2014-2020”, discurre estos días con sordina, aunque haya producido múltiples víctimas. Por desangramiento. Tantas que hasta se cuestiona ya la capacidad de la propia Comisión europea para programar correctamente la acción comunitaria durante todo un septenio. Sus arcas están  exangües bajo los esquemas de las actuales Perspectivas Financieras, que concluyen a finales del año que viene y las que vienen a sustituirlas se anuncian aún más estrechas.

El calendario establecido determina  que, en teoría, los líderes de la UE deberían estar en condiciones de dar el visto bueno al nuevo marco presupuestario plurianual durante una cumbre extraordinaria, que ha sido convocada para 22 y 23 de noviembre próximos por el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy. En la práctica, todavía no hay cifras solventes sobre las que discutir. La Comisión presentó las suyas hace un año, las corrigió el pasado julio y el Parlamento ha hecho lo propio esta semana, aprobando un informe de dos eurodiputados, uno alemán y otro búlgaro, que critica severamente las posiciones de la Comisión. Pero el Consejo, donde se sientan quienes deben nutrir con sus aportaciones el 85% de ese presupuesto común (el modesto 15% restante se acopia a partir con los recursos propios específicos de la UE), no ha puesto ni una sola cifra sobre la mesa. La presidencia chipriota y Van Rompuy habían prometido una primera negociating box para este fin de semana, pero no han cumplido su palabra.

Un mensaje nítido emerge del Consejo  e impregna el debate: estamos en crisis y hay que ahorrar. Se trata de una nada novedosa tacañería entre los socios europeos más ricos, con el Reino Unido al frente pero a quien siguen estrechamente Alemania, Holanda y, en general, la Europa de los contribuyentes netos, que es como se conoce a los que aportan al presupuesto común más que lo que reciben de él, en términos estrictos de caja (un mal método de cálculo). El mensaje ha generalizado en las instituciones europeas la certidumbre de que se avecinan siete años de grandes estrecheces para Europa. En su informe, la Eurocámara destaca que los 1,03 billones de euros previstos por la Comisión en compromisos para el próximo septenio, tras la revisión de julio, representan el 1,08% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros, Croacia incluida, y se traducen en 988.000 millones en gastos (el 1,03% de la RNB). Apenas dan, dice la Eurocámara, para hacer frente a las políticas establecidas por la Unión Europea, en especial la Agrícola Común, es decir, la PAC, y las derivadas de la Cohesión. Las estrecheces del Programa Erasmus, detectadas estas semanas atrás, corren camino de generalizarse.

El techo europeo de gasto está situado, teóricamente, en el 1,24% de la RNB, o el 1,27% del PIB de los Estados miembros definido en 1991 en Edimburgo; el tránsito a la magnitud de la Renta Bruta desde el previamente utilizado del PIB se produjo a comienzos de la pasada década, a fin de armonizar las referencias contables europeas.

Nos econtramos, en cualquier caso, muy lejos de los techos presupuestarios máximos. El 1% de la RNB fue juzgado escaso para afrontar las necesidades europeas en las negociaciones de 2006 y las nuevas Perspectivas anticipan recortes sustanciales, del orden de 5.500 millones sólo en cohesión, con respecto a la programación de gasto propuesta por la Comisión en 2011. 

Y todo ello aún antes de que el Consejo haya puesto sus cifras sobre la mesa. ¿La clave?: la Comisión computa ahora a Croacia, que entrará en la UE a mediados de 2013 y para la que hay ya asignados 8.728 millones de gasto en cohesión. Pero el monto total de los programas de solidaridad intracomunitaria sólo sube 3.000 millones en la propuesta de julio, con respecto a las cifras de 2011: 339.000 millones frente a los 336.000 contemplados hace un año largo. Es decir que Bruselas, aún sin las cifras del Consejo sobre la mesa, recorta ya casi un billón de las antiguas pesetas en cohesión, respecto a sus documentos originales de 2011.

La negociación va a ser muy dura. Las regiones españolas que rebasen el 75% de la renta media (Castilla La Mancha, Andalucía, Murcia, Melilla y Canarias, que pierden la condición de "Regiones en Convergencia" por el nivel de sus respectivas riquezas regionales) van a perder muchos ingresos de la UE. Precisamente cuando más los necesitan.

La pregunta equivocada

Demasiada gente está formulándose estos días la pregunta equivocada. ¿Qué pasaría, se dicen, si Grecia abandonara el euro? Yo creo que lo que hay que preguntarse es, más bien, lo que sucedería si Alemania firmara la defunción de la moneda única.

La llegada de François Hollande al poder en Francia ha sido interpretada por amplios sectores de opinión como la quiebra de tándem franco-alemán y la relajación de las políticas de austeridad en la eurozona. Tal percepción resulta de un análisis de la situación erróneo y de otro de cálculo aún más importante.

Las políticas de austeridad que Berlín está imponiendo a los miembros de la moneda única son el estricto resultado de los equilibrios básicos sobre los que se sustenta el euro. Es historia ya sabida que la moneda única la reclamaron los franceses y los alemanes sólo asumieron la demanda cuando les fueron aceptadas las estrictas condiciones que exigían para ponerla en marcha. Buena parte de ellas estaban relacionadas con las prioridades del instituto emisor de dicha moneda, el Banco Central Europeo.

En la idiosincrasia del pueblo alemán, y de sus estamentos dirigentes, está profundamente arraigado el rechazo a la hiperinflación de los años 20 del pasado siglo, que tuvo una expresión más moderada al término de la Segunda Guerra Mundial. Ambas arruinaron a los alemanes que habían sobrevivido a las dos grandes guerras. Cuando Angela Merkel, en el riguroso cumplimiento de las normas  definidas para el funcionamiento del euro, se opone a políticas monetarias expansivas, en un entorno inflacionario por la evolución de los precios energéticos, no está haciendo otra cosa que defender el Deutsche Mark, al que, en Alemania llaman euro y cada una de cuyas unidades vale, exactamente, dos marcos.

De la misma manera, cuando Alemania exige a Grecia un rigor en políticas y comportamientos que nunca se han encontrado presentes en los hábitos de aquél país, está defendiendo la solvencia del marco alemán.

Francia arrastra un pecado original en la Unión Monetaria que nunca ha reconocido y que con Hollande pasará aún más inadvertido: que vive por encima de sus posibilidades y que no tiene intención de renunciar a ello. Una simple mirada a las curvas que les adjunto les permitirá constatar que los presupuestos franceses han mostrado siempre déficit y que el objetivo central del Pacto de Estabilidad, el equilibrio presupuestario, no ha entrado nunca en los cálculos de París. Salvo quizás en los meramente retóricos. No así en los de Madrid, que desde el lanzamiento del euro, y hasta 2007, ha mantenido sus cuentas en franca proximidad con el déficit “cero”, si no abiertamente en superávit.

El nuevo presidente francés parece tener una cosa clara: que con la austeridad del Pacto de Estabilidad (al que precisamente Francia ya le añadió la “C” de “Crecimiento”, por lo que su acrónimo se escribe “PEC”) no puede mantener los niveles de gasto que necesita para que su electorado no perciba mermas significativas en el denominado “Estado del bienestar”. De ahí que haya hablado en campaña de paquetes de inversión fresca de 30.000 millones, entre otras alegrías.

El problema es que Francia  no tiene ese dinero, ni posibilidad de presupuestarlo a déficit por las limitaciones del PEC.

O sea que, una de dos: o François Hollande incumple sus compromisos electorales –lo más probable-, o Alemania termina viéndose abocada a elegir entre el euro y el marco alemán, que es el escenario al que invariablemente nos conduciría una Francia alineada con la “volatilidad” (dichosa palabreja) del sur europeo. Esa es la pregunta correcta: si Francia pondrá a los alemanes en esa disyuntiva.

Los españoles nos comemos el ahorro para capear la crisis

Y de entre los principales países europeos, somos los únicos en hacerlo

La crisis está haciendo estragos en Europa, eso ya lo sabemos, pero la procesión va por barrios y en todas partes no cuecen las mismas habas. Ese es, por ejemplo, el caso del ahorro: España es, de los grandes países europeos, (Bélgica incluida aunque no reúna esa condición), el único en el que el incremento de los ingresos nominales de las familias se ha quedado por detrás de la inflación en 2011, lo que quiere decir, lisa y llanamente, que los españoles han perdido poder adquisitivo este año pasado, frente a sus compañeros de viaje europeos de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido o Bélgica. Lo dice una asociación francesa, el Observatoire de L’Epargne Européenne, que publica análisis muy documentados sobre los comportamientos de los ahorradores en ciertos países clave, y que acaba de hacer público su Tableau de Bord número 21, que cubre el segundo semestre de 2011.

Dice el OEE que de los seis países analizados (los más arriba citados) uno, España, se distingue de la media europea, porque en él, "las familias ven bajar su poder de compra y se encuentran ahora en fase de ‘desacumulación’ financiera”, lo que quiere decir que los españoles nos estamos comiendo los ahorros para capear la crisis; retiramos más dinero ahorrado que el que le asignamos. Y somos los únicos en hacerlo, de entre los países analizados en el trabajo sobre el que se basa este “post”.

En España, el índice de ahorro de las familias (el ahorro bruto expresado en porcentaje de los ingresos brutos disponibles ajustados), ha ido cayendo desde el 14,5% del tercer trimestre de 2010 hasta el 11,9% que se registraba en ese mismo periodo, pero un año después. “El índice de depósitos financieros aumentó durante el segundo trimestre de 2011 en Francia y en el Reino Unido, mientras que descendió en Alemania, en Italia y en España. Devino incluso negativo en este último país, lo que constituye un fenómeno excepcional pues la conversión a liquidez del ahorro financiero de las familias españolas superó a los nuevos depósitos”, dice el informe que revela, además, que salvo en Italia y en Bélgica, las inversiones directas de los europeos en el mercado obligatario son más restringidas que antes de la debacle financiera actual. A pesar de ello, “la crisis de la deuda no ha suscitado movimientos desestabilizadores” (en el ahorro privado europeo).

  

Ya saben ustedes que Irlanda es, con Grecia y Portugal, el trío de países miembros de la Eurozona que se encuentran sometidos a supervisión financiera por parte de la UE y del FMI. Pero hete aquí que los irlandeses, que no están contemplados en la parte del informe que les comento dedicada específicamente al ahorro familiar, están captando recursos financieros a tope, al igual que Suiza, en detrimento de Francia y de Luxemburgo, que son las dos plazas principales europeas de domiciliación de fondos de inversión. La participación del Reino Unido en este mercado ha bajado, dice el informe, debido a su fuerte exposición a la renta variable.

Les traigo estos datos a mi Blog porque no los he visto publicados estos días en España y me parecen interesantes. Revelan un comportamiento de los españoles sospechado pero no cuantificado públicamente hasta la fecha, esto es que las familias españolas se están comiendo los ahorros para sobrevivir en estos duros tiempos, y que entre nuestros socios europeos principales, el caso no se suscita.

Desearía poderles “colgar” el estudio completo, pero el copyright del OEE no me lo permite. Por si les interesa, les diré que la suscripción sale por 3.000 euros al año, o 900 sólo el último informe.

Método comunitario

¿Comunitario frente a intergubernamental? No según Merkel

José Manuel  Durao Barroso se ha reunido esta semana con Jacques Delors, una leyenda andante de lo que se denomina “la construcción europea”, en el vigésimo aniversario del Tratado de Maastricht. 

La ocasión le ha valido a Barroso, un presidente contestado bajo cuyo mandato la Comisión está siendo relegada a la condición de mero "secretariado de lujo” de la UE, para manifestar que “sólo juntos, con una soberanía compartida, y respetando el método comunitario en un trabajo en cooperación, las instituciones europeas y los Estados miembros podrán hacer avanzar nuestros objetivos, - objetivos a los cuales Jacques Delors aportó una gran contribución cuando era Presidente de la Comisión”.

Les confieso a ustedes que para entender el párrafo precedente, he tenido que echar mano de toda mi experiencia en la interpretación de mensajes crípticos. “Soberanía compartida” no es incompatible con “método comunitario” pero lo de “trabajo en cooperación” y la referencia a las “instituciones europeas” y a los “Estados miembros” introduce variables aparentemente contradictorias. Porque lo del “método comunitario” suele ser la antítesis de lo intergubernamental y Barroso lo ha puesto todo junto.

La Comisión europea es un valor menguante en los quehaceres comunitarios. Es verdad que, sin ella, las cosas no saldrían adelante porque lo que se suele denominar -no del todo ajustadamente- "el Ejecutivo de la UE" sigue detentando la “capacidad de iniciativa” legislativa de la Europa comunitaria, es decir, que es ella la que, principalmente, determina la agenda legislativa, aquello sobre lo que luego debaten el Consejo y el Parlamento europeo, sobre la base de propuestas que ella misma elabora.

Un reciente informe de un grupo de reflexión, Notre Europe, que fundó precisamente Jacques Delors y del que sigue siendo presidente, acaba de decir, en un trabajo que firman  Paolo Ponzano, Constanza Hermanin y Daniela Corona, y que lleva por título "The Power of Initiative of the European Commission: A Progressive Erosion?": "el ejercicio (del poder de iniciativa legislativa) por parte de la Comisión no ha cambiado formalmente  (...) pero, en la práctica, se ha visto progresivamente erosionado por la expansión y la normalización del procedimiento de codecisión” (en el que el Parlamento europeo actúa como órgano colegislador con plenitud de derechos).

Insisten Ponzano, Hermanin y Corona, atribuyendo a “la práctica de negociaciones directas entre el Parlamento europeo y el Consejo”, desde los primeros estadios del proceso de codecisión una menor capacidad de la Comisión a la hora de definir el contenido de las propuestas legislativas, o incluso su “grado de ambición”, que se vería muchas veces subordinado al mero seguimiento de las “conclusiones” del Consejo Europeo.

Esta situación no responde ni a la casualidad, ni al talante de Barroso, que no es un estratega pero tampoco es que le falte nervio. Los cambios institucionales promovidos incesantemente en las estructuras europeas desde hace ahora 20 años, cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, han ido socavando el protagonismo de la Comisión, hasta los extremos actuales, de acuerdo con una filosofía de la construcción europea que Angela Merkel resumió muy precisamente en el Colegio Europa, de Brujas, en su discurso de apertura del curso 2010-2011: “No es sólo el Parlamento el que delibera sobre la legislación (europea), sino también el Consejo. Luego el Consejo forma parte del proceso legislativo europeo y está compuesto por representantes de los Estados miembros, así como de la Comisión”

La canciller alemana decía, ante un auditorio académico pero también institucional, sentirse “escéptica” sobre la tesis de quienes manifiestan defender el método comunitario. “Me pregunto, decía con cierta ironía, si los diputados del Parlamento y los miembros de la Comisión no se consideran como los únicos y verdaderos ‘campeones’ del método comunitario”, para recordar, inmediatamente después, que las instituciones europeas comunes son competentes exclusivamente en cuestiones de soberanía compartida, y no en el resto.

Barroso, en su intervención de esta semana, ha evidenciado mejor que nadie la poquedad de la institución que preside. Ha dicho lo mismo que Merkel, pero confusamente.

Quienes en España reclaman estos días el “retorno al método comunitario” para combatir el protagonismo de Merkozy, harían bien en leerle a Merkel. Porque, irónicamente, la canciller es un personaje pro europeo.


Los documentos a los que más arriba me refiero están aquí
http://www.scribd.com/doc/81482956
y aquí
http://www.scribd.com/doc/81482967