W.C.

Me había dicho a mí mismo que no escribiría de la crisis financiera. Hay demasiada gente, y muy buena, hablando de ella como para que yo me considerara capaz de aportar nada útil. Pero si la carne es débil, no vean ustedes el intelecto. La pereza mental está a la orden del día en el periodismo. Quizás por eso la gente pasa de los periódicos. Todos ellos dicen lo mismo, de la misma manera. Aburridísima.

 Pero, en fin, allá voy. Ya saben ustedes que el actual follón está motivado por el abuso de unos pocos, que vendieron por todo el mundo basura envuelta en celofán. Lo de las subprime, espolvoreadas por todo el planeta como azúcar candy por los sinvergüenzas de los bancos norteamericanos de inversión, ha dejado en la ruina a centenares de miles de personas. Pero también ha puesto en evidencia fragilidades del sistema financiero europeo que nadie había descubierto antes, o que, si descubiertas, no habían recibido la atención debida por parte de las autoridades competentes, que han demostrado ser bastante incompetentes.

 Lo uno y lo otro ha sucedido porque a comienzos de los años 90 se crearon las condiciones para el tránsito de dinero sin requisitos previos. Es lo que se conoció como la “liberalización de los movimientos de capitales a corto plazo”, que era, a su vez, un prerrequisito para la dichosa globalización. Que yo recuerde, España allanó todos los obstáculos para el libre tránsito de capitales hacia 1993, quizás un poco antes. Lo que ha venido después ha sido el elefantiásico desarrollo de la economía financiera, de la mano de una llamada desregulación que no era otra cosa que un descontrol intolerable.

Hemos sufrido mucho por este descontrol. Pero están comenzando a pasar cosas interesantes. Hace semana y media hubo un acuerdo del Consejo de ministros de la UE para introducir mayor transparencia en el mercado de derivados, un instrumento financiero opaco extremadamente desarrollado en los actuales mercados financieros. Y acaba de saberse que el Parlamento, la Comisión y los socios de la UE han llegado a un acuerdo para reglamentar la CDS, los Credit Default Swaps, que en sí mismos son unos derivados aunque un poco especiales, que se utilizan como garantía ante la eventualidad de un impago de deuda (de cualquier compromiso de pago, en realidad). A los unos y a los otros se les acusa bien de haber servido para ocultar la realidad (tenebrosa) de la  basura vendida como activos de gran solidez, bien de haber sido utilizados para crear tendencias en el mercado, que han agravado situaciones complicadas como la de la deuda griega hasta extremos difícilmente gestionables.

Yo creo que son estas dos buenas noticias. A pesar de que la presión del Reino Unido haya conseguido diluir la ambición de ambas propuestas. Y a pesar de que estas decisiones llegan muy tarde. Porque, verán, ambas señalan una recuperación objetiva de protagonismo por parte de la política en esta jungla en la que la globalización ha convertido al planeta.

Desde hace ya años me molesta constatar que las esferas de la actividad humana gobernadas por los protocolos y métodos de la  democracia son cada vez menores: el dinero tiene sus propias reglas, lo mismo que la energía, por no hablar de la espiritualidad, para la que, francamente, no imagino un modelo democrático. Al paso que llevaban las cosas, las sacrosantas ceremonias electorales apenas iban a terminar produciendo otra cosa que concejales de urbanismo con un muy limitado margen de endeudamiento.

Ante tan asombroso avasallamiento, los poderes públicos se han limitado a reclamar trasparencia a esas esferas autónomas que, como bien se ha visto en esta crisis, imponen sus modos, ritmos y análisis a la gobiernos de todo el mundo.

No disculpo a los políticos. Su falta de credibilidad se la han ganado a pulso. Pero parece que hay una recuperación del bastón de mando. Tímida porque queda mucho por hacer, y si se hace algo es con una gran cautela, pero el signo de la autoridad se está manifestando del lado de los poderes públicos por primera vez en muchos años.

 Y eso es bueno. Ahora hace falta que los sinvergüenzas no se lleven a casa el dinero que han arrebatado a todos los demás con trampas y engaños.

 No me resisto a formular un juego de palabras. Ustedes saben que un británico ingenioso fue el que bautizó hace años a los socios europeos del área mediterránea con aquel humillante acrónimo PIGS ("cerdos", en inglés) por aquello de Portugal, Italia, Grecia y España (Spain). Pero al juego de los acrónimos podemos jugar todos y se me ocurre que Wall Street y la City londinense dan para construir "W.C.", que todo el mundo globalizado sabe bien lo que significa. Les ofrezco la idea a los "indignados". Seguro que les sirve para alguna pancarta.

Gasóleo

(A día de hoy, esta es la diferencia tributaria de la gasolína sin plomo de 95 NO y el diésel. La Comisión europea quiere que esa diferencia desaparezca y algunos Estados miembros de la UE se están chupando los dedos)
Gráfico: F. Pescador

Hace unos días les revelaba a ustedes que soy bastante escéptico sobre la credibilidad de los argumentos que se nos ofrecen desde las instancias del poder (hay muchísimas, cada día más), para explicar determinadas actuaciones. Hoy tengo que reafirmarme en lo dicho, a cuenta de una historia que está pasando relativamente inadvertida en España: el próximo sartenazo fiscal que se anuncia sobre los carburantes.

La Comisión europea presentó en abril un proyecto de revisión de la Directiva que regula la tributación de los productos energéticos y la gente ha comenzado a echar cuentas. Ayer, por ejemplo, la Federación Belga de Industrias del Automóvil y la Motocicleta,  FEBIAC, denunció que los planes de la Comisión podrían entrañar un sobrecosto de 600 euros al año a los usuarios de vehículos que utilizan gasóleo como carburante. El gasoil sería, de facto, más caro que la gasolina.

Una cosa así sería un disparate económico, porque el gasóleo es más barato de producir que los diferentes tipos de gasolina; requiere menos esfuerzo de refino;  a los fabricantes les cuesta más barato procesar un litro de gasoil que otro de gasolina. Pero hete aquí que las instancias de poder echan mano del argumento ecológico y, bajo su protector manto, hasta la astracanada fiscal más grosera encuentra una justificación. “El efecto principal (de la pretendida reforma de la Directiva) en todos los Estados miembros, decía la Comisión en abril, será que tendrán que poner fin al actual trato fiscal distorsionador de la gasolina y el diesel. Este último paga ahora menos impuestos por litro que la gasolina en todos los Estados miembros salvo uno (el Reino Unido), pese a su mayor contenido energético y de CO2 en volumen. Esto ha llevado a una situación en que las señales de precios ya no pueden desempeñar su función: mientras que el precio del diesel (antes de impuestos) es más alto que el de la gasolina (debido a un exceso de demanda en la UE), esta proporción se invierte en las gasolineras debido a la fiscalidad. Esto se traduce a su vez en una mayor demanda de diesel pese a su penuria en la UE. La propuesta acabará con esta distorsión al aplicar una fiscalidad neutra a la gasolina y el diesel, así como a otros carburantes, tras un período transitorio de diez años para permitir a los agentes del mercado adaptar sus procedimientos industriales. La mayoría de los Estados miembros podrá conseguirlo mediante un aumento del tipo aplicado al diesel o una reducción del aplicado a la gasolina”.

Yves de Partz, especialista del automóvil en un principal periódico belga, abundaba ayer en el argumento “verde”, cuando afirmaba que “El objetivo (perseguido con la subida de impuestos) es uniformizar la tributación de los carburantes en función de la energía y de la contaminación. Suprimir la ventaja de la que, en este sentido, se beneficia hoy el diesel. El diesel consume menos, pero, en cambio, emite partículas para las que se han creado filtros, que no alcanzan a detener las partículas más finas, que son las más peligrosas para la población. Se da una paradoja: gobiernos como el belga incentivan mucho la compra de vehículos diesel, a través de las primas ya conocidas. El objetivo es disminuir las emisiones de CO2, de evitar el calentamiento de la Tierra. Se anima a la gente a comprar vehículos diesel; ahora se les va a tasar”.

¿Se acuerdan ustedes de cuando nuestros gobernantes cantaban las excelencias del diesel? Los coches duran más, consumen menos carburantes y no emiten determinados contaminantes cancerígenos, nos decían, para resaltar a continuación, con un mohín de malicia, que los japoneses no dominaban esa tecnología como los europeos, por lo que comprar un coche de gasoil equivalía a sostener a la industria europea del automóvil.

Lo que quizás ustedes no recuerden, pero yo sí, es que en 1989, cuando se adoptó la normativa sobre emisiones contaminantes de vehículos automóviles luego tantas veces revisada, se calculaba que los coches de cilindrada pequeña verían incrementado su precio en un 5% debido al costo del catalizador y a otras reformas necesarias en el diseño de los vehículos, para cumplir con los requisitos medioambientales entonces establecidos.

¿Y ahora todo eso no vale? ¿La solución está en subir los impuestos? ¿No será  que nuestros gobernantes han visto margen para recaudar más del gasóleo de automoción, por vía de la equiparación tributaria con la gasolina?

Lo dicho, no me creo nada.

Acaba el tumulto de las 'vacaciones fiscales' vascas

(El letrado Sáenz-Cortabarría defendiendo las tesis vascas durante una vista celebrada en 2008)

La historiada polémica de las vacaciones fiscales vascas llega a su fin. Esta semana, el lehendakari Patxi López ha visitado al Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, para hablar, entre otras cosas, de este penoso asunto que se arrastra desde los inicios, en 1986, de la andadura de España en la UE. Alfonso Basagoiti, entonces Consejero de Hacienda, vino ya a Bruselas en 1988 a “explicar” la pretendida “singularidad fiscal vasca”, en base a la cual, José Antonio Ardanza, a la sazón lehendakari, declaraba a la Actualidad Económica en abril de 1993 que las instituciones vascas iban a impulsar todo tipo de medidas, tanto de carácter fiscal como financiero, para terminar haciendo de Euskadi “un paraíso empresarial”.

De aquellas intenciones  no queda más que las ruinas y la desolación que han dejado tras de ellas las múltiples escaramuzas entabladas por la Administración vasca contra la central y contra las instituciones europeas, en defensa de los intereses empresariales vascos pero, también, de una interpretación sobre capacidades fiscales en clave de soberanía que el tiempo, y la Justicia europea, se han encargado de desmontar.

A fecha de hoy, lo que queda por dilucidar -y va a ser el Tribunal de Justicia de la UE quien lo determine-, es si la Administración vasca está procediendo correctamente a la recuperación de las ayudas tantas veces declaradas ilegales por la Comisión y la Corte europea de Justicia. De una lista oficiosa inicial de 300 empresas que llegaron a beneficiarse de los créditos fiscales y las reducciones de cuotas en el Impuesto de Sociedades, arbitrados por las Diputaciones forales a todo lo largo de los años 90, quedan 6 casos por resolver, a razón de dos por cada territorio histórico. El monto de ayudas a revertir ronda los 500 millones, según mis informaciones. Se trata del grueso del paquete, que nunca llegó a contabilizar 600 millones. A ese medio millar  habría que sumar las sanciones pecuniarias que definiría el Tribunal, si concluye este que la Administración autonómica ha incumplido sus obligaciones. Los dos casos pendientes de resolver en Álava son los más costosos.

López no se ha llevado de Bruselas otra certidumbre que la necesidad de que las leyes europeas se cumplan. Las ayudas declaradas ilegales tienen que ser devueltas. Y cuanto antes mejor, para diluir el impacto del que, con certeza, será un nuevo pronunciamiento negativo del Tribunal contra la ejecutoria de las administraciones autonómicas en defensa del  modelo vasco de incentivación fiscal. No existen mecanismos en el ordenamiento español para trasladar automáticamente a las autonomías el costo para el Estado de decisiones adoptadas contra el ordenamiento jurídico internacional exigible (el europeo, en este caso). Mis fuentes informativas señalan, sin ambages, que la Hacienda del Estado no asumirá el costo de la eventual multa que se le imponga a España por las vacaciones fiscales vascas y que el Cupo (el Concierto Económico) será la vía para fijar las compensaciones a que haya lugar.

Me aseguran fuentes no oficiales que la Comunidad Autónoma vasca sigue teniendo abiertas las puertas de la Dirección General de la Competencia, para explorar vías lo menos dolorosas posibles para la ejecución de las restituciones exigidas, lo que hace pensar, al menos a mí, sobre lo que realmente negociaron los diferentes enviados de los sucesivos gobiernos vascos que viajaron a Bruselas para tratar este asunto, con la vice-lehendakari Idoia Zenarruzabeitia al frente. ¿Hablaron de su fuero (la pretendida independencia fiscal de la Comunidad Atonónoma vasca), o del huevo (de las empresas que se habían embarcado en inversiones de talla al amparo de aquellas normativas forales)?

Este asunto de la independencia normativa vasca en materia fiscal, interpretada por los nacionalistas vascos como un camino para constituir en País Vasco el “paraíso empresarial” al que se refería Ardanza en 1993, no ha prosperado. Quienes la formularon se equivocaron. Por completo. 

Ambiciones que no vuelan

La consultora McKinsey ha hecho público un informe según el cual el proyecto de nuevo control de tráfico aéreo en Europa, conocido por el acrónimo SESAR (Single European Sky ATM Research), acrecentaría el PIB conjunto comunitario en un 0,16% (419.000 millones de euros) durante el periodo 2013-2030. El 41% de esos beneficios lo generaría SESAR directamente, mientras que el 59% restante habría de derivarse del impacto del proyecto en proveedores y terceros. La creación de puestos de trabajo la cifra McKinsey en 328.000, 42.000 de ellos en la industria aeronáutica, 116.000 más en empleo indirecto y 170.000 por efectos inducidos.

Para los pasajeros, SESAR supondrá un recorte de los tiempos de vuelo del 10% o 9 minutos en cada uno de ellos, por término medio claro está, así como una reducción a la mitad de las cancelaciones y retrasos actuales, y una mejor predictibilidad de aterrizajes y despegues. La seguridad, en términos globales, se vería acrecentada.

Las estimaciones de McKinsey resultan especialmente llamativas si se contemplan a la luz de la evolución anunciada del tráfico aéreo en el medio y largo plazo. Eurocontrol, el organismo que gestiona los flujos aéreos por Europa, calcula que de ahora a 2030, el tráfico por los cielos europeos aumentará un 70%.

La Unión Europea y sus países asociados ya están gastando dinero en este programa, que fue aprobado en 2004. Se encuentra en ejecución un presupuesto de 2.100 millones de euros, que han sido comprometidos a partes iguales por la Comisión europea, Eurocontrol y los Estados miembros de la UE. Cubre, este presupuesto, hasta 2016. Después se pasa a la velocidad superior, con nuevas aportaciones públicas (otros 3.000 millones que reclama la Comisión en el marco de las nuevas Perspectivas Financieras 2014-2021), así como inversiones públicas y privadas adicionales muy importantes. Sólo la adaptación de la aviación militar de los países miembros de la UE a los nuevos instrumentos de navegación aérea está presupuestada en 7.000 millones. El costo total del programa asciende a 30.000 millones.

La crisis financiera está trastocando todos estos planes. Los Estados miembros intentan conseguir el apoyo de la iniciativa privada, y esta reclama garantías de resarcimiento si, por lo que sea, los rendimientos del sistema no son los esperados a todo lo largo de su implementación. El compromiso con esas garantías y su reparto entre los Estados miembros plantea dificultades mayores en estos momentos.

En el actual clima de restricciones de gasto, las dificultades inherentes a un proyecto de esta complejidad y dimensiones hacen temer a los responsables ejecutivos de SESAR que el proyecto esté en peligro; que termine perdiendo la prioridad que Europa la ha acordado hasta ahora. Un retraso de 10 años en el desarrollo del nuevo ATM europeo le permitiría a los norteamericanos, actualmente embarcados en garantizar la cobertura de radar de larga distancia en todo su territorio, desplegar su potencial tecnológico en el nuevo ATM digital. Con ello, Europa habría perdido su oportunidad. SESAR pretende sustituir a medio plazo, hacia 2020, las técnicas y procedimientos de navegación aérea actuales, basados en muchos casos en tecnologías de datan de mediados del pasado siglo, de género analógico, por otras digitales. Los nuevos equipos permitirán triplicar la capacidad del espacio aéreo y abaratar extraordinariamente los costos operacionales de las compañías aéreas, cuyos aviones no se verán constreñidos a los clásicos corredores aéreos para alcanzar sus destinos.

Las pérdidas que calcula McKinsey para la economía europea si SESAR no evoluciona según lo previsto son considerables. Si las diferentes partes del programa no entran en funcionamiento simultáneamente, las deseconomías serían de 62.000 millones en un menor crecimiento del PIB que el previsto, 72.000 puestos de trabajo menos y un recorte de emisiones de CO2 a la atmósfera 35 millones de toneladas por debajo de los 50 millones previstos.

El retraso del 10 años, en fin, costaría 124 millones en términos de crecimiento de PIB, no se crearían 189.000 puestos de trabajo y las reducciones de CO2 se verían anuladas.

Los políticos tienen la responsabilidad de administrar los recursos disponibles, en función de las prioridades que ellos mismos aciertan a definir, en base a los equilibrios que consideran necesario preservar o imponer  en nuestras sociedades. Hoy les he transmitido un ejemplo de cómo las torpezas (políticas, financieras), de unos pocos, pueden comprometer apreciablemente el bienestar de todos. Y en el largo plazo.

(El informe McKinsey, en inglés, está aquí: http://www.scribd.com/doc/68386623/Sesar-Mckinsey-Full)

Bélgicas

(Mapa del paro en Bélgica, publicado por Le Soir en base a datos del Instituto Federal de Empleo, el Forem)

Una parte de la clase política, no toda pero sí la suficiente para dar curso a sus proyectos con la mayoría necesaria en las Cámaras, ha pactado una nueva reforma del Estado belga, la sexta desde que, en los años 70, las estructuras del Reino comenzaran a adaptarse a las exigencias flamencas y abriera la vía a la federalización del Estado. Ocho partidos políticos del norte y del sur (las familias socialcristiana, socialista, ecologista y liberal, en sus afecciones flamencas y francófonas) se han puesto de acuerdo sobre el final de la singularidad del distrito electoral y judicial bilingüe constituido por Bruselas más los cantones de Hal y Vilvorde. Su pervivencia no era tolerada ya por los flamencos y ningún acuerdo para la reforma del Estado podía soslayar el problema. Otros aspectos del acuerdo comprenden una mayor regionalización del gasto y competencias acrecentadas de Flandes y Valonia en instrumentos básicos del Estado unitario, como la Seguridad Social, además de un cúmulo de cuestiones inextrincables como las competencias sobre seguridad civil y el tráfico rodado, o el reparto de cargos entre los firmantes del acuerdo. Sus detalles últimos no son aún conocidos. Parece ser tan complicado que sus firmantes procederán mañana a releerlo, antes de hacerlo público el martes.
Lo de la relectura tiene su bemol porque si los negociadores necesitan volver sobre un texto para revisarlo es porque la prolijidad del documento ha batido récord estratosféricos en un país donde casi todo está sellado y compartimentado por repartos de competencias precedentes. Les voy a contar un par de ejemplos: la posesión de reptiles e insectos potencialmente peligrosos está prohibida en Bruselas, pero es tolerada en Valonia y en Flandes se hace generalmente la vista gorda en estos temas. Y a los delincuentes juveniles se les encierra en un centro de detención, cuya seguridad la garantiza el Gobierno federal. El seguimiento pedagógico de los detenidos es, sin embargo, competencia de las regiones.
Algún día me extenderé sobre estos asuntos pero no hoy, que esto me está quedando un poco largo.
El elemento más significativo de la nueva horma jurídica belga -me parece- no es que exista y que, con ella, el país vaya a salir, por fin, del largo impasse político (casi 500 días) en el que vivía sumido. Lo más notable es que no la ha firmado la NV-A, los independentistas radícales flamencos que ganaron las últimas elecciones en Flandes y que parecen haberse consolidado como la principal fuerza política del norte del país, con una intención de voto que roza el 35%. Sus otrora mentores y tradicional anclaje político de Flandes desde la inmediata postguerra, los socialcristianos del CD&V, no llegan al 20% y la amenazadora extrema derecha casi desaparece por el foro, en las nuevas encuestas de intención de voto.
¿Qué me sugiere este escenario? Pues que las viejas querellas de flamencos y valones no han encontrado satisfacción en este acuerdo, (que tampoco han aceptado los radicales francófonos, estos minoritarios) Sólo han quedado anestesiadas. Volverán a primera línea de la política en pocos años, seguro.
El principal factor desestabilizador de Bélgica es una masa de población en Flandes que ronda el 40%, que no quiere saber nada con los valones. No es que esos dos millones y pico de personas sea independentistas, no. Salvo una minoría muy ideologizada, de la que el líder de la NV-A, Bart de Weber, forma parte, el resto de los flamencos que apoyan a partidos independentistas lo hacen porque están hartos de la ineficacia del sur del país. No les falta razón. Les diré, por ejemplo, que hasta hace pocos años, cualquier inversión de infraestructura contemplada para Flandes tenía que contar con un reflejo en el Valonia. Si en Amberes se construía un nuevo muelle, en el alguna parte de Valonia había que gastar otro tanto en puentes, autopistas o lo que terciara. En los años 80, un periodista de la RTBF (la televisión pública francófona) se hizo célebre mostrando el resultado de esa política: obras costosísimas que no servían para nada porque no había presupuesto para completarlas debido a desviaciones desmesuradas del gasto o, simplemente, porque en el reparto de prebendas por la inversión flamenca, el gobierno federal, en cuyas filas siempre hay una nutrida representación valona, premiaba a otro proyecto que el ya iniciado por razones no funcionales, sino de mero clientelismo político.
En el Sur, en fin, parece que la corrupción sea endémica y que casi siempre la protagonicen los miembros de una formación política, los socialistas, que en el norte tienen una representación escasa.
Entre los flamencos de la calle ha arraigado el mensaje de que con los del sur no se puede ir a ningún sitio. La culpa de que esto sea así la tienen, por supuesto, los del sur, pero también la gente de orden del norte, no los radicales independentistas sino los socialcristianos, que abandonaron en los 90 las posiciones de moderación para desatar la dialéctica de la insolidaridad. Exactamente la misma que parece haber abrazado Durán i Lleida estos días.
Recuerden ustedes: en los 90, el Partido Nacionalista Vasco, que mantiene relaciones estrechas desde tiempo atrás con los socialcristianos flamencos, inició un proceso de radicalización que le llevó al Pacto de Lizarra, con la mira puesta, según dijo Arzalluz, en un calendario para la independencia del País Vasco.
La independencia de Flandes, que De Weber y Paul Vanden Brande, ex líder socialcristiano flamenco, anticipaban para la primera década de este siglo, vuelve a retrasarse. Pero los réditos electorales de la hosca argumentación puesta en marcha por los que se dicen "moderados" para construir una base social que apoyara sus pretensiones, estructuradas, todo hay que decirlo, desde la "gradualidad" y la "prudencia", los han capitalizado los radicales, que son imprudentes por naturaleza y nada graduales.
Toda una experiencia que no convendría menospreciar.

Familias monoparentales

El Gobierno de Flandes, el norte del país y su parte más rica, ha hecho público un informe de carácter periódico sobre el momento socioeconómico del territorio, en el que se revela que el fenómeno de las familias monoparentales está alcanzando dimensiones preocupantes en las ciudades principales. Alcanza porcentajes del orden del 45 % de las nuevas unidades familiares que se constituyen en Gante y Brujas y se aproxima al 50% en Bruselas. Y el servicio de estudios del Gobierno flamenco advierte que esta práctica tiene aún visos de acentuarse en el futuro.
Las familias monoparentales constituyen un motivo de preocupación para el Ejecutico flamenco porque, dice el informe, quienes las integran "no están satisfechos" con sus niveles de vida, les resulta aún más difícil congeniar la actividad familiar y laboral que a las familias clásicas y tienen contactos sociales menos numerosos que estas últimas.
No hay noticia aún de que el Gobierno flamenco se proponga desarrollar políticas específicas para hacer frente a esta situación.

Cartelones

La Comisión Europea dedica desde hace años uno de los laterales de su rutilante sede central de Bruselas, el celebérrimo Berlaymont, a publicitar mensajes de su ideario que considera útil compartir con los demás. El portacompartas no es cualquier cosa: se trata del lateral del Berlaymont que apunta directamente al Rond Point Schuman, el 'kilómetro 0' de la utopía europea, punto de encuentro obligado para los peregrinos de la caminata comunitaria. Es un lugar que siempre está en obras, como la propia construcción europea. Ahora andan perforando allí una estación subterránea de tren. La simbiosis de ambos descalabros es perfecta.
Bueno, pues lo de los carteles. Son extremadamente aparatosos. El Berlaymont remonta trece niveles, que el 'platillo volante' que ustedes verán en la parte superior del edificio de la fotografía que les adjunto proyecta aún más hacia las estrellas. Exactamente allí, en la confluencia de todas las galaxias que pasan o que vendrán, es donde se reúnen los miembros de la Comisión europea. A mí, la cosa esa me recuerda al platillo del Lingotto, la sede histórica de la Fiat en Turín, desde donde Agnelli veía evolucionar a sus coches sobre la asombrosa pista de carreras del tejado, con sus peraltes y todo. El platillo estaba fijo y todo lo demás bailaba a su alrededor. La astronomía no, pero parece que el hombre siga negando a Galileo.
El caso es que de tiempo en tiempo, al ángulo romo del Berlaymont lo visten con un cartelón que se descuelga 8 o 9 pisos y que, firmemente adherido a la rejilla de la fachada por múltiples amarres, proclama a los cuatro vientos lo que el Gobierno de la UE quiere participar a los peregrinos del camino europeo. El último despliegue habla del gobierno económico de Europa, lo que nos evoca a unos pocos, (a los atontados que seguimos preocupándonos por estas cosas, sin embargo tan importantes), la enorme bronca que hay en Europa sobre quién manda en el dinero de todos.
No se sabe muy bien lo que ese mensaje del cartelón proclama en tres lenguas. ¿La primogenitura que Barroso reclama para la Comisión en el nuevo diseño de la Unión Económiva y Monetaria?. ¿Acaso sabe alguien cuál es ese diseño?. ¿Es que existe ese modelo?.
Antes de este impactante mensaje sobre el gobierno económico europeo hubo otros despliegues igualmente espectaculares sobre la igualdad de sexos, la necesidad de invertir en investigación, la existencia de una Europa de las Regiones... Todos ellos tenían la misma impronta: mensajes blandos, etéreos, de "good will", como dicen los modernos.
¿Y para qué los ponen? Verán, cuando alguien se gasta dinero en un cartel publicitario busca un impacto visual directo. Lo sé porque estudié en su día a los publicistas alemanes que inventaron el mecanismo de la persuasión publicitaria. Midieron, esa gente, el tiempo de reacción cerebral a un estímulo visual concreto, y desarrollaron modelos para sistematizarlo. Color, composición y lenguaje fueron reducidos a migajas y secuenciados para reproducirlos a conveniencia.
A mí, el cartel de la fachada roma del Berlaymont no me dice nada. Es que no dice nada. Y eso que me fijo, que el resto de la gente que pasa por allí anda mirando al suelo, para no tropezarse y caer al abismo de la estación del tren que están construyendo por ahí abajo.
Ese cartel no me dice nada porque no tiene nada que decir. Sus mensajes, en tres idiomas, se pierden por las alturas, el centro de gravedad visual no existe y su "ancla visual" (la moneda del euro y las estrellas amarillas) apuntan hacia el exterior, es decir, hacia las obras de la estación subterránea. La combinación de azul y amarillo es buena, pero los del cartel no son los que la han descubierto. Está documentada hace más de medio siglo.
El Berlaymont es un edificio excepcional que tiene dos "pieles", dos fachadas exteriores. La primera es la que cierra y aísla al edificio y a sus ocupantes de las inclemencias externas. La segunda, la externa, está constituída por una infinidad de láminas de cristal térmico que oscilan automáticamente en función de la radiación solar, para mejorar la iluminación del interior gracias a la luz reflejada. Un amigo a quien echo de menos me dijo en su día: ¿Y por qué conformarnos con una sola fachada, cuando el contribuyente puede pagar dos?
Ahora paga tres