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miércoles, 1 de mayo de 2013

Una burrada de impuestos


Las naciones europeas están saliendo demasiado caras a quienes las pueblan. La voracidad recaudatoria de sus gobiernos parece no tener límites y hasta el propio servicio estadístico de la UE, Eurostat, se ha visto en la tesitura de reconocer, esta semana, que los niveles de tributación existentes en la Europa comunitaria por el trabajo (la suma de impuestos y contribuciones sociales soportados por el trabajador y por quien le contrata), exceden en un 40 por ciento a los que rigen en otras economías desarrolladas, como las de Estados Unidos o Japón. Con un 38,8% del PIB de los 27 Estados miembros, la recaudación total por trabajo de patrones y contratados “no sólo es alta con respecto a esos dos países (Estados Unidos y Japón), sino también si se la compara con otras economías desarrolladas de la OCDE. Sólo Canadá y Nueva Zelanda tienen ratios fiscales que rebasan el 30% del PIB”, dice, contundente, Eurostat (Annual Tax Trends, 2013)

Las ponderaciones del servicio comunitario de estadística han coincidido en el tiempo con un informe bastante curioso de un think tank relativamente nuevo en Bruselas, New Direction, vinculado al Grupo de los Conservadores y Reformistas europeos, de ideología conservadora y euroescéptica británica. Se constituyó tras decidir el premier británico, David Cameron, abandonar el PPE. Cuenta actualmente 55 eurodiputados. Se le considera un outsider en los ámbitos comunitarios de poder.

Pero el susodicho informe está bien hecho. Explora una interpretación de los niveles tributarios que yo mismo utilicé en mayo de 2001, empleando para ello, como soporte documental, los informes periódicos de la OCDE sobre la fiscalidad del trabajo (“Una familia española con dos sueldos y dos hijos trabaja casi hasta agosto para el Estado”, El Correo, 3 de mayo de 2001, está aquí: http://www.scribd.com/doc/138853686/Dias-trabajados-para-pagar-los-impuestos

“New Direction” recorre mi camino de 2001, pero escoge sujetos imponibles diferentes y figuras tributarias ampliadas, para llegar a conclusiones equivalentes. Asegura que en España, un costo salarial bruto de 32.764 reporta al trabajador, en neto, 19.535 euros, los cuales, a su vez, se ven mermados en 1.333 euros por el IVA de los bienes y servicios que adquiere a lo largo del año. Por todo ello, lo que al final le queda en el bolsillo a ese trabajador son 18.201euros. Del bruto total al neto se descuelgan 7.541 euros que paga el patrón por costos sociales, 4.086 en retenciones de IRPF y 1.602 por contribución del trabajador a la Seguridad Social. La presión fiscal real soportada es del 44,45%, lo que significa que esa persona trabaja para el Estado hasta el 12 de junio. El informe no contempla otras figuras tributarias como los impuestos especiales sobre carburantes, tabaco o bebidas alcohólicas, el céntimo sanitario, o la retahíla de tasas que están multiplicando las administraciones locales, con enorme fruición y tenacidad. Les adjunto una tabla y un gráfico con los datos correspondientes al conjunto de los países de la UE, tal y como aparece en el informe que les cito. Esta es la tabla que resulta de sus cálculos


No sin sorpresas, la mayor presión fiscal sobre el trabajo se encuentra en Bélgica (el 60,25%, lo que quiere decir que para que el empleado se embolse 1 euro neto, el patrón tiene que generar 2,5 euros), seguida de Francia, (56,61%) y Austria (55,57%). España se sitúa en el puesto 17 de 27. Gran parte de los costos laborales son desconocidos por los trabajadores, pues se corresponden con las cargas patronales. Y, en fin, el 54,5% de de la población (jubilados, discapacitados, jóvenes) no son productivos.

Los datos barajados por New Direction muestran que la presión fiscal continúa creciendo en Europa, en buena medida por el encarecimiento del IVA.

Esta aproximación a los costos fiscales reales que soportan los trabajadores explica, en el fondo, las razones de que Europa se planteara hace años ya aflojar la presión sobre las rentas del trabajo, y derivar las necesidades recaudatorias hacia la tributación indirecta. Desafortunadamente, la crisis ha entorpecido esos planes que, sin embargo, no explican por qué este continente sale tan caro.

sábado, 13 de abril de 2013

'Smog' y palmeras



Los acontecimientos de estos últimos días están extendiendo entre la opinión pública la desasosegante sensación de que en nuestras modernas y sofisticadas sociedades la virtud fiscal está reservada a los pobres, pues los ricos cuentan con medios sobrados para escapar al impuesto. Habríamos avanzado poco desde la época feudal, cuando los siervos de la gleba estaban en el mundo para aprovisionar graneros y ejércitos de los poderosos, a los primeros con cosechas y a los segundos con hijos. La profesionalización de los ejércitos nos ha librado de la segunda gabela; la primera sigue plenamente en  vigor.

Me refiero, por supuesto, a esa gigantesca filtración de datos que ha difundido parcialmente un grupo de periódicos, el “Offshore Leaks”, según la cual un buen mazo de supermillonarios, originarios de 170 países, tendría regados por los distintos “paraísos fiscales” del planeta, ocultos al recaudador, entre 21 y 32 billones de dólares (el “trillion” anglosajón). Los activos gestionados por los 50 bancos privados más importantes de esos paraísos fiscales habrían pasado de 5,4 a 12 billones en el corto lapso de cinco años, de 2005 a 2010, es decir, en plena crisis. La Tax Justice Network cifra en 860.000 millones de dólares el beneficio reportado por esos activos, sobre una estimación de 11,5 billones, es decir un retorno del 7,5%.

El “Offshore Leaks” tiene, a falta de concreciones sobre esa masa de defraudadores, el mérito de dar un  contorno actualizado a un problema mayor, que los gobiernos del planeta no han querido resolver: el de los paraísos fiscales. En la Unión Europea se viene hablando del asunto desde comienzos de los años 90, cuando la liberalización de los movimientos de capitales a corto plazo cobró carta de naturaleza, pero los miles de horas dedicados a explorar vías por las que atajar el fenómeno se han estrellado sistemáticamente con la broca oposición del Reino Unido, vinculado a buena parte de esos negocios financieros “offshore”. Luxemburgo y Austria, territorios también parcialmente opacos al flujo de informaciones fiscales, han participado activamente en el boicot (Bélgica hasta 2010) pero su protagonismo en el tinglado descubierto estos días es relativamente menor. Y Suiza y, más encubiertamente Estados Unidos, también.

Lo que se ha podido vislumbrar a través de estas filtraciones es que la City londinense, lugar de graves escándalos y abusos financieros, ha establecido una red tentacular para captar el dinero negro del planeta y gestionarlo a espaldas de las administraciones tributarias concernidas. Las Islas Caimán, por ejemplo, territorio bajo administración británica, administran 1,4 billones de dólares, frente a los 5.670 millones de la City. Lo hace, sin embargo, con 3.650 personas, frente a los 360.000 de la City, según datos del Banco de Pagos de Basilea citados por prensa francesa semanas atrás, lo que lleva a pensar que la verdadera gestión de ese dinero la realiza el núcleo británico de las finanzas londinenses.

Pero en los paraísos fiscales, a la caza del dinero negro del planeta, están todos los que pueden: bancos franceses, alemanes, españoles… Nadie quiere perderse su parte del festín.

Y, puesto que la estructura financiera está ya allí, con toda su disimulación desplegada, de ella no sólo se aprovechan los muy ricos; también lo hacen las empresas, que crean sociedades a través de entidades interpuestas desde las que facturan, por ejemplo, gastos de márquetin y otros, desmesurados, a sus centrales fiscalmente reconocidas, con lo que reducen fraudulentamente el margen de beneficio y el impuesto devengado.

Cualquier aproximación seria al reparto equitativo de las cargas fiscales en nuestras sociedades pasa, necesariamente, por un saneamiento del cáncer financiero internacional que suponen los paraísos fiscales. Europa lleva 20 años diciendo que va a hacerlo y ahora el G20 también, pero los avances son ridículos: atañen sólo a los particulares que perciben intereses de una serie corta de productos financieros.

Como a los siervos de la gleba, los gobiernos europeos podrán continuar exigiendo que les llenen los graneros, pero su autoridad moral no será mucho mayor que la que esgrimía el señor feudal sobre sus súbditos. No, mientras desde el “smog” londinense, del de París o del de Berlín, se salte con tanta despreocupación y alegría a los palmerales caribeños, o las torvas islas anglonormandas del Canal.

lunes, 30 de enero de 2012

Sobrevolando los problemas

Helicóptero militar belga de la clase "Agusta"
Nueva cumbre hoy en Bruselas y perspectivas, una vez más, de ruido y nueces en cantidades inversamente proporcionales. Europa es un tambor amortiguado que bate a destiempo. Desde el divorcio de Obama y la UE en la cumbre del G-20 de Toronto, en junio de 2010, donde el americano reclamaba estímulos adicionales para la economía que la Europa de Angela Merkel negó, por subordinar esta todos los esfuerzos a la contención del déficit entre los países del euro, las reuniones europeas de máximo nivel se suceden para jalonar esfuerzos hercúleos de poblaciones enteras que, sin embargo, no producen los resultados esperados. Es decir, que no sirven para aliviar la presión sobre nuestras sociedades del enorme desbarajuste causado por los abusos de la que se denomina “economía financiera” en países gobernados por frívolos o inconsistentes.


Pocas veces como hoy va a ser posible visualizar el abismo que separa a la calle de quienes deciden, o, si se quiere, a Wall Street de Main Street, por apelar a la socorrida definición norteamericana de las inquietudes cotidianas de la gente común, frente a las cábalas financieras de las camarillas de iniciados. La cumbre se reúne después de una jornada de protestas organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) contra las políticas de austeridad y en medio de una huelga general convocada en Bélgica contra los recortes en las pensiones y, en general, contra la pérdida de beneficios del Estado del Bienestar. La cosa se presenta tan enconada que estaba prevista la llegada de los líderes europeos a un aeropuerto de Flandes bajo control  aéreo militar, desde donde serían trasladados al lugar de la reunión, el edificio central del Consejo, en el Rond Point Schuman, a bordo de helicópteros del Ejército belga. Una muestra más de la proximidad de nuestros políticos con la gente y sus problemas...

¿Y de qué van a hablar en esa “cumbre” que se celebra sólo cinco plantas por encima del nivel de la calle, (fortificada, a los efectos)? Pues de las dificultades que encuentran Grecia y sus acreedores privados para pactar los términos de la quita acordada en julio del año pasado por otra cumbre (economía financiera), de los nuevos ajustes para el saneamiento y la estabilidad  presupuestarias (economía financiera) y de algunas iniciativas para favorecer el empleo a través del apoyo a la contratación mediante un aligeramiento de la carga tributaria del trabajo. Una idea que ya se barajó en los 90, cuando otra crisis de desempleo. Acuérdense de las cumbres de Luxemburgo (1997) y Viena (1998). El problema estriba en que de lo que se trata es transferir la carga de la recaudación que se perdería por este camino hacia otras fuentes de ingresos. Holanda, por ejemplo, lleva lustros sobretasando el diesel de automoción para aligerar la fiscalidad que gravita sobre los puestos de trabajo de menos cualificación y todos los holandeses que pueden pasan a Bélgica a cargar el depósito.

Es obvio que la cumbre y la calle van a vivir en momentos políticos diferentes y desde posiciones físicas bien distintas: los manifestantes gruñendo en la calle por los sacrificios que se les exige en el presente y quienes se los imponen soñando con un futuro mejor, sobrevolando los problemas  a bordo de helicópteros militares. Y ese futuro sólo comenzará a visualizarse como una posibilidad real cuando la canciller alemana, Angela Merkel, tenga garantías suficientes de que la unión monetaria no peligra por comportamientos manirrotos de sus integrantes. A eso responde el Tratado de Unión Fiscal que pasará un primer examen de la cumbre, en el tránsito a su aprobación definitiva en marzo.

miércoles, 12 de octubre de 2011

Acaba el tumulto de las 'vacaciones fiscales' vascas


(El letrado Sáenz-Cortabarría defendiendo las tesis vascas durante una vista celebrada en 2008)

La historiada polémica de las vacaciones fiscales vascas llega a su fin. Esta semana, el lehendakari Patxi López ha visitado al Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, para hablar, entre otras cosas, de este penoso asunto que se arrastra desde los inicios, en 1986, de la andadura de España en la UE. Alfonso Basagoiti, entonces Consejero de Hacienda, vino ya a Bruselas en 1988 a “explicar” la pretendida “singularidad fiscal vasca”, en base a la cual, José Antonio Ardanza, a la sazón lehendakari, declaraba a la Actualidad Económica en abril de 1993 que las instituciones vascas iban a impulsar todo tipo de medidas, tanto de carácter fiscal como financiero, para terminar haciendo de Euskadi “un paraíso empresarial”.

De aquellas intenciones  no queda más que las ruinas y la desolación que han dejado tras de ellas las múltiples escaramuzas entabladas por la Administración vasca contra la central y contra las instituciones europeas, en defensa de los intereses empresariales vascos pero, también, de una interpretación sobre capacidades fiscales en clave de soberanía que el tiempo, y la Justicia europea, se han encargado de desmontar.

A fecha de hoy, lo que queda por dilucidar -y va a ser el Tribunal de Justicia de la UE quien lo determine-, es si la Administración vasca está procediendo correctamente a la recuperación de las ayudas tantas veces declaradas ilegales por la Comisión y la Corte europea de Justicia. De una lista oficiosa inicial de 300 empresas que llegaron a beneficiarse de los créditos fiscales y las reducciones de cuotas en el Impuesto de Sociedades, arbitrados por las Diputaciones forales a todo lo largo de los años 90, quedan 6 casos por resolver, a razón de dos por cada territorio histórico. El monto de ayudas a revertir ronda los 500 millones, según mis informaciones. Se trata del grueso del paquete, que nunca llegó a contabilizar 600 millones. A ese medio millar  habría que sumar las sanciones pecuniarias que definiría el Tribunal, si concluye este que la Administración autonómica ha incumplido sus obligaciones. Los dos casos pendientes de resolver en Álava son los más costosos.

López no se ha llevado de Bruselas otra certidumbre que la necesidad de que las leyes europeas se cumplan. Las ayudas declaradas ilegales tienen que ser devueltas. Y cuanto antes mejor, para diluir el impacto del que, con certeza, será un nuevo pronunciamiento negativo del Tribunal contra la ejecutoria de las administraciones autonómicas en defensa del  modelo vasco de incentivación fiscal. No existen mecanismos en el ordenamiento español para trasladar automáticamente a las autonomías el costo para el Estado de decisiones adoptadas contra el ordenamiento jurídico internacional exigible (el europeo, en este caso). Mis fuentes informativas señalan, sin ambages, que la Hacienda del Estado no asumirá el costo de la eventual multa que se le imponga a España por las vacaciones fiscales vascas y que el Cupo (el Concierto Económico) será la vía para fijar las compensaciones a que haya lugar.

Me aseguran fuentes no oficiales que la Comunidad Autónoma vasca sigue teniendo abiertas las puertas de la Dirección General de la Competencia, para explorar vías lo menos dolorosas posibles para la ejecución de las restituciones exigidas, lo que hace pensar, al menos a mí, sobre lo que realmente negociaron los diferentes enviados de los sucesivos gobiernos vascos que viajaron a Bruselas para tratar este asunto, con la vice-lehendakari Idoia Zenarruzabeitia al frente. ¿Hablaron de su fuero (la pretendida independencia fiscal de la Comunidad Atonónoma vasca), o del huevo (de las empresas que se habían embarcado en inversiones de talla al amparo de aquellas normativas forales)?

Este asunto de la independencia normativa vasca en materia fiscal, interpretada por los nacionalistas vascos como un camino para constituir en País Vasco el “paraíso empresarial” al que se refería Ardanza en 1993, no ha prosperado. Quienes la formularon se equivocaron. Por completo. 
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