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lunes, 30 de enero de 2012

Sobrevolando los problemas

Helicóptero militar belga de la clase "Agusta"
Nueva cumbre hoy en Bruselas y perspectivas, una vez más, de ruido y nueces en cantidades inversamente proporcionales. Europa es un tambor amortiguado que bate a destiempo. Desde el divorcio de Obama y la UE en la cumbre del G-20 de Toronto, en junio de 2010, donde el americano reclamaba estímulos adicionales para la economía que la Europa de Angela Merkel negó, por subordinar esta todos los esfuerzos a la contención del déficit entre los países del euro, las reuniones europeas de máximo nivel se suceden para jalonar esfuerzos hercúleos de poblaciones enteras que, sin embargo, no producen los resultados esperados. Es decir, que no sirven para aliviar la presión sobre nuestras sociedades del enorme desbarajuste causado por los abusos de la que se denomina “economía financiera” en países gobernados por frívolos o inconsistentes.


Pocas veces como hoy va a ser posible visualizar el abismo que separa a la calle de quienes deciden, o, si se quiere, a Wall Street de Main Street, por apelar a la socorrida definición norteamericana de las inquietudes cotidianas de la gente común, frente a las cábalas financieras de las camarillas de iniciados. La cumbre se reúne después de una jornada de protestas organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) contra las políticas de austeridad y en medio de una huelga general convocada en Bélgica contra los recortes en las pensiones y, en general, contra la pérdida de beneficios del Estado del Bienestar. La cosa se presenta tan enconada que estaba prevista la llegada de los líderes europeos a un aeropuerto de Flandes bajo control  aéreo militar, desde donde serían trasladados al lugar de la reunión, el edificio central del Consejo, en el Rond Point Schuman, a bordo de helicópteros del Ejército belga. Una muestra más de la proximidad de nuestros políticos con la gente y sus problemas...

¿Y de qué van a hablar en esa “cumbre” que se celebra sólo cinco plantas por encima del nivel de la calle, (fortificada, a los efectos)? Pues de las dificultades que encuentran Grecia y sus acreedores privados para pactar los términos de la quita acordada en julio del año pasado por otra cumbre (economía financiera), de los nuevos ajustes para el saneamiento y la estabilidad  presupuestarias (economía financiera) y de algunas iniciativas para favorecer el empleo a través del apoyo a la contratación mediante un aligeramiento de la carga tributaria del trabajo. Una idea que ya se barajó en los 90, cuando otra crisis de desempleo. Acuérdense de las cumbres de Luxemburgo (1997) y Viena (1998). El problema estriba en que de lo que se trata es transferir la carga de la recaudación que se perdería por este camino hacia otras fuentes de ingresos. Holanda, por ejemplo, lleva lustros sobretasando el diesel de automoción para aligerar la fiscalidad que gravita sobre los puestos de trabajo de menos cualificación y todos los holandeses que pueden pasan a Bélgica a cargar el depósito.

Es obvio que la cumbre y la calle van a vivir en momentos políticos diferentes y desde posiciones físicas bien distintas: los manifestantes gruñendo en la calle por los sacrificios que se les exige en el presente y quienes se los imponen soñando con un futuro mejor, sobrevolando los problemas  a bordo de helicópteros militares. Y ese futuro sólo comenzará a visualizarse como una posibilidad real cuando la canciller alemana, Angela Merkel, tenga garantías suficientes de que la unión monetaria no peligra por comportamientos manirrotos de sus integrantes. A eso responde el Tratado de Unión Fiscal que pasará un primer examen de la cumbre, en el tránsito a su aprobación definitiva en marzo.

martes, 17 de enero de 2012

Poder presupuestario



La Europa desvertebrada, tal y como la vio la presidencia euroescéptica checa en 2009. Foto: F. Pescador

En Bruselas están pasando cosas muy interesantes que los focos de la actualidad no alcanzan a resaltar porque están demasiado concentrados en el brillo del dinero. Se trata de la reforma de los Tratados de la UE para dar cabida a la que ahora se llama la 'regla de oro' de la Unión Monetaria: la obligación -exigible- de no presupuestar por encima de un déficit del 3% del PIB, y todo lo que esa exigencia llevaría emparejado: judicialización de la acción presupuestaria nacional, mecanismos automáticos de corrección de la tendencia, intervención de las instancias supranacionales (Comisión europea) en el proceso, etc.

Recuerden: en diciembre pasado, una cumbre de jefes de Estado o de Gobierno decidió ir adelante con lo que se denomina la 'unión fiscal' de la UE. Su traducción más aparente es la 'constitucionalización' del rigor presupuestario, a cambio de lo cual las principales economías de la UE -luego la alemana-, ampliaban un poco más la liquidez del Fondo Monetario Internacional y Draghi obtenía más margen para inyectar dinero en el sistema financiero. Los cambios tendrían que verse reflejados en un nuevo Tratado, que será aprobado antes de marzo. El Reino Unido se opuso y boicoteó inicialmente la refinanciación del FMI, pero ahora está reconsiderando su negativa, entre otras razones porque la proyectada revisión del Tratado, que supervisa de cerca a pesar de haberse declarado oficialmente al margen, no le va mal.

Las negociaciones las están protagonizando personal esencialmente técnico, representantes de los Tesoros nacionales y altos diplomáticos, que han avanzado mucho en la definición del nuevo texto. Se ha llegado, sin embargo, al núcleo de la cuestión, que no es otro, una vez más, que la soberanía nacional. El problema se enuncia en estos términos: ¿cómo admitir que una institución de raíces no democráticas, tal que la Comisión europea, pueda llevar a un país de gobernantes elegidos democráticamente ante la Justicia europea porque interprete esta que la traducción constitucional de la 'regla de oro' no se atiene al Tratado?

No es una discusión fútil. Sintetiza las posiciones más antagonistas de la construcción europea, en torno a Francia (que se niega a la judicialización del proceso) y a Alemania (que quiere las cosas simples y a la Comisión europea interviniendo de oficio). Se trata, a fin de cuentas, de ceder la soberanía presupuestaria (que nada tiene que ver con la monetaria, ya concedida al BCE por los países del euro) o no.

La bronca amenaza con devenir monumental, a poco que las posiciones se enconen y terminen saliendo a la luz. Hasta ahora, con el lío de los mercados monetarios de por medio, la han puesto sordina para que la cosa no llame demasiado la atención, pero está a punto de saltar a la palestra. A fin de cuentas, la cumbre europea prevista para el 30 de este mes debería dar un primer visto bueno al proyecto de nuevo Tratado.

Entre tanta dificultad, la irrupción de las autonomías españolas en el debate, aunque a escala nacional, no deja de sorprender. Los Estados de la UE están discutiendo la cesión de la soberanía presupuestaria, pero las autonomías quieren preservar las suyas propias (o las que interpretan como propias).

A mí, el debate me recuerda a aquello de la independencia fiscal vasca y su autonomía normativa. Miren en lo que quedó. Como quedará éste cuando se asuma que las potencialidades presupuestarias autonómicas se enmarcan en la general del Estado, quien responde constitucionalmente ante Bruselas.

Y eso de que sea Bruselas quien supervise directamente las cuentas de las autonomías suena a broma. Pues sí que está la Comisión para recibir más papeles que los que jurídicamente está obligada a digerir.

lunes, 5 de diciembre de 2011

Dromedarios, camellos y caballos

La reforma del Tratado podría incluirse en el Tratado de Adhesión de Croacia 
Creo haberles dicho ya alguna vez que un camello es un dromedario pasado por una negociación europea, de modo que el resultado de las negociaciones entre Sarkozy y Merkel es, efectivamente, un dromedario de una giba que proyecta la sombra de dos. Pero, como en la caverna de Platón, la aparencia puede ser engañosa y de lo que se trata ahora es de ver si eso no va de caballos de Troya.

Ayer, el presidente francés y la canciller alemana revelaron en París las líneas generales de lo que pretenden hacer aprobar en la cumbre europea del jueves y el viernes. Fiel a mi tesis de "euro o chovinismo", voy a comenzar por la cuestión de la soberanía, diciéndoles que Francia no ha soltado del todo las riendas: será el Consejo, y no la Comisión, quien tendrá la última palabra sobre la imposición de sanciones a los países que incumplan la obligación básica del Pacto de Estabilidad, el conocido límite del 3% del PIB en déficit fiscal. Es verdad que, en el esquema que proponen a los demás Francia y Alemania, el Consejo tendrá que construir una "mayoría supercualificada" para rechazar una eventual propuesta de sanciones de la Comisión, lo que quiere decir que serán al menos 18 de los 27 socios de la UE los que deberán nutrir esa mayoría especial  y no los 14 al uso. Y no podrán ser cualesquiera de entre los socios europeos: deberán reunir al menos 255 votos de los 345 existentes en el Consejo, y tendrán que estar respaldados por no menos del 62% de la población del la UE.

El Tribunal Europeo de Justicia, por otra parte, no tendrá poderes para echar atrás presupuestos nacionales que no respeten la norma del 3%. Estará facultado para decir que la incumplen, pero no podrá tomar medidas judiciales en contra.

El acuerdo endurece extraordinariamente las condiciones del Pacto de Estabilidad vigente. Va más allá, incluso, que lo acordado por el grupo de trabajo que dirigió Van Rompuy para mejorar la operativa del Pacto. Pero no llega a los extremos propugnados por Angela Merkel, que quería que las instituciones comunes actuaran de oficio en estos asuntos, y sin interferencia de los poderes nacionales. La canciller alemana ha decidido asumir este planteamiento; cree que ofrece garantías suficientes para frenar derivas irresponsables de los socios del euro.

El resto de la historia se refiere a la determinación por sacar adelante todo este asunto. Dicen Merkel y Sarkozy que se va a proponer una reforma de los Tratados para encuadrar los nuevos planteaientos. Se intentará que la reforma la aprueben los 27; si no (si los británicos incordian), la reforma se acordará entre los socios del euro, 17 a la fecha, sobre una base bilateral. A mí se me ocurren varios obstáculos de oden jurídico para que un planteamiento así prospere sin reformas constitucionales en varios Estados miembros, España entre ellos. Por ejemplo, la cesión de soberanía presupuestaria no se puede pactar en un Tratado bilateral, aunque ese Tratado sea el de adhesión de Croacia, que se aprueba el viernes. Tengo curiosidad por ver en qué termina esto, y si la adhesión de Croacia no es utilizada como caballo de Troya para un cambio jurídico mayor. Los ingleses van a estar más atentos que yo.


jueves, 17 de noviembre de 2011

Monetarismo de Izquierdas


El debate actual sobre la Europa a dos o más velocidades es conceptualmente abusivo. No se trata ya de que fuentes informativas de muy alto nivel nieguen taxativamente que Francia y Alemania estén preparando un “núcleo duro” de miembros del euro, (que me lo niegan y yo las creo), sino que constituye una contradicción básica pretender a estas alturas una concepción “técnica” de la Unión Monetaria” (los que cumplen los criterios, dentro, los que no, fuera, e inmediatamente), cuando esta es una construcción política, y va a continuar siéndolo.

Si la Unión Monetaria (UEM) se constituía con las monedas de la cuenca del Rin y sus aledaños inmediatos, o no, fue un debate de los años 90. Su momento de máxima relevancia tuvo lugar en torno a 1997, cuando los halcones alemanes del Bundesbank y otros teóricos de la jaez exigían a voz en cuello una concepción ortodoxa de la UEM, para evitar derivas inflacionarias de la futura moneda única que comprometieran la clave estatutaria del Bundesbank: la estabilidad monetaria. En Davos, en 1997, varios banqueros, en su mayoría alemanes, cargaron contra la admisión de los socios mediterráneos en la “primera línea” del euro y se supo que existía un informe que dejaba a España, Portugal e Italia en un “stand by” de la Unión Monetaria, cuando esta comenzara su andadura, en 1999. El propio Kohl tuvo que salir al quite y garantizar que el calendario del euro se cumpliría a rajatabla, rachazando apremios del Bundesbank y de Kenneth Clarke, el canciller del Exchequer británico, que pedían retrasar el lanzamiento de la moneda única.

Antes, a comienzos de década, la idea de que la Unión Monetaria se iba a construir a “dos velocidades” había sido moneda de cambio corriente. Delors no lo recomendaba pero reconocía la necesidad de que las economías “débiles” de la UE aceptaran periodos transitorios antes de asumir plenamente la moneda única y la presidencia holandesa de la UE llegó  a articular el proyecto, durante su mandato de la segunda mitad de 1991. Al final, la idea fue abandonada porque en las múltiples deliberaciones previas a la cumbre de mayo de 1998, en la que se estableció la lista de miembros del euro y el cambio de sus monedas con respecto a la divisa común, quedó claro que el costo político (y posiblemente económico) que soportarían los países que se quedaban fuera sería excesivo. De modo que se alivió ligeramente el criterio de deuda (el 60% del PIB permaneció, pero se decidió dar por bueno que quienes lo superaran mostraran una tendencia de aproximación a él, como claramente había precisado Kohl a Romano Prodi previamente), y la Unión Monetaria comenzó “a 11”, con pie político.

Lo que ha pasado estos últimos meses y años, además de la golfada de los bancos norteamericanos de inversión y sus “subprimes”, es la constatación de que las salvaguardias establecidas en el Pacto de Estabilidad para garantizar la austeridad presupuestaria fueron insuficientes.

Están pasando también otras cosas, como el alto costo que la mayoría de los socios de la Eurozona están soportando para refinanciar sus deudas, pero es lo que cabía esperar después de la suspensión parcial de pagos griega. Los que prestan el dinero tienen razones para desconfiar de los débiles.

Volviendo a las salvaguardias: después de la trapacería de Grecia, está claro que la Unión Monetaria necesita garantías más rigurosas sobre la satisfacción de los criterios de austeridad subyacentes en su filosofía. Nadie debería escandalizarse: la Unión Monetaria es un proyecto monetarista, no colectivista y fue aprobado por todas las izquierdas moderadas del continente. Empezando por los italianos del Partido Democrático de Izquierda (PDS), herederos del PCI e integrados en la coalición de centro izquierda conocida como El Olivo, que tomaron el poder en 1996 con la aquiescencia de las derechas ilustradas del país, católicas como laicas. La otra facción del extinto PCI, los de la Refundación Comunista de Bertinotti, quedó al margen.

El dato (podríamos haber utilizado el de la España de Felipe González, pero es más conocido) sirve para constatar que Maastricht, y su monetarismo ideológico, no sólo fue un resultado de las derechas europeas, sino también de las izquierdas con opciones de gobierno.

El Olivo fracasó en la reforma del Estado italiano que perseguía, como le ha pasado a Berlusconi y el país paga ahora la desconfianza de los mercados.

La reforma del Tratado de Lisboa que se está preparando no busca consagrar una Europa a dos (o más) velocidades. Pretende poner negro sobre blanco lo ya aceptado: que habrá una supervisión presupuestaria de los presupuestos nacionales por parte de las instancias comunitarias antes de que las grandes cuentas sean presentadas a los Parlamentos respectivos; que habrá una amenaza real y efectiva de sanciones pecuniarias para los países que incumplan las limitaciones de gasto público; que se multiplicarán las ocasiones de supervisión macroeconómica entre los socios del euro, etc. Todo ha sido ya aprobado por sucesivas cumbres; ahora hay que ponerlo en aplicación, como está previsto en 2012.

Y es imaginable que los socios del euro pongan en marcha lo que decidieron en la trascendental cumbre del pasado octubre: “a la vez que reforzamos nuestros instrumentos para luchar contra la crisis en la zona del euro, decía la Declaración entonces adoptada, seguiremos avanzando en la integración de las políticas económicas y presupuestarias mediante el refuerzo de la coordinación, la supervisión y la disciplina. Desarrollaremos las políticas necesarias para apoyar el funcionamiento de la zona de la moneda única”.

También cabe prever que los candidatos al euro tendrán que cumplir a rajatabla las condiciones de Maastricht y que, por ello, habrá retrasos en la entrada de nuevos socios.

No son imaginables cambios mayores en el derecho básico de la UE porque estos demandarían revisiones importantes de los Tratados, algo que ha sido expresamente descartado por los principales actores europeos.

Queda abierta, naturalmente, la posibilidad de que grupos pequeños de países avancen más en el proceso de integración, merced al mecanismo de “cooperaciones reforzadas” que prevén los últimos Tratados y que el de Lisboa facilita considerablemente.

Hablaremos de ellas cuando se planteen.

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miércoles, 26 de octubre de 2011

Que se vayan



El premier británico David Cameron parece estar encarando una rebelión interna en su grupo parlamentario, en el que un número significativo de diputados de la facción euroescéptica está reclamando un referéndum sobre la conveniencia de mantener la adhesión de Gran Bretaña a la Unión Europea. Que se vayan.

Comprendo que suena fuerte, pero que se vayan.

Lo que pasa es que no se van a ir; no pueden. Pero entre una cosa y otra, los británicos van a ser, nuevamente, un obstáculo inoportuno en los difíciles tiempos que se anuncian para la construcción europea, una vez concluya la crisis de la deuda y se haga balance de todo lo pasado, que es mucho y muy desagradable.

La historia reciente del Reino Unido en la Europa comunitaria hay que analizarla en clave de egoísmo. Verdad es que la Unión Europea se levanta sobre intereses nacionales totalmente insolidarios, a los que se les busca un denominador común para articular sobre él una cooperación multinacional, pero lo del Reino Unido es demasiado. Desde el “I want my money back” de Margaret Thatcher en la cumbre de Fontainebleau (1984) hasta esta última algarada de los tories, pasando por la negación de Schengen, los esfuerzos por renacionalizar los recursos pesqueros o la epidemia de las “vacas locas”, Londres, en Bruselas, es un dolor de muelas. Por no decir otra cosa, en la que seguro que usted está pensando.

Los británicos llegaron a la UE (entonces CEE) el 1 de enero de 1973, una vez constatado el fracaso de la Asociación Europea de Libre Cambio, que ellos mismos pusieron en marcha como réplica al lanzamiento, a finales de los años 50, de la Comunidad Económica Europea. Su objetivo confesado desde entonces ha sido sacar todo el partido posible del proyecto común al menor costo, impidiendo, al tiempo, que Europa se les vaya de las manos o acometa proyectos que le resulten inconvenientes. El paradigma es el euro: los británicos están fuera, pero forman parte de elementos clave de la estructura operacional de la moneda única, como TARGET, (acrónimo de "transferencias exprés automatizadas transeuropeas en pago bruto y tiempo real”), que facilita los pagos inmediatos (en uno o dos minutos) en euros entre bancos nacionales. Londres negociaba esa participación desde 1996, aunque ya se sabía que el Reino Unido no formaría parte de la moneda única. En 1998 se le concedió el acceso al negocio, que permite al Banco de Inglaterra ofrecer liquidez en euros a las instituciones financieras que lo necesitan, en base a un depósito en euros establecido en el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El límite fijado para el banco susodicho asciende a 3.000 millones, mientras que los bancos de Dinamarca y Suecia, también admitidos en TARGET, lo tienen fijado en 1.000 millones.

El Reino Unido quiere que Europa sea poco más que una zona de libre cambio perfeccionada, para mejor vender sus mercancías. Así,  y por ejemplo, nos vendieron, a los españoles, entre otros, carne de reses contaminadas con la Encefalopatía Espongiforme Bovina (ESB) cuando estaba impuesto un embargo a sus exportaciones de vacuno.

Y vendieron, también, harinas de vacuno para engorde de ganado cuando no podían exportarlas.

El comportamiento del Reino Unido en la crisis de la ESB no debería ser olvidado. La epidemia se desató porque el lobby ganadero del país, que gozaba (y se le presupone aún ahora) una gran capacidad de presión sobre el gobierno conservador en la época, el de Margaret Thatcher, ahora lo lidera David Cameron, logró que se aliviaran las exigencias establecidas para la fabricación de harinas con despojos de animales. Consiguieron, los que fabricaban ese producto, que la temperatura de tratamiento bajara de 160 a 130 grados, lo mismo que la presión (inicialmente de 2 o 3 atmósferas) y el tiempo de cocción, que de una hora y media pasó a menos de una. ¿Consecuencias? Pues que el prión infeccioso, aquella famosa proteína mal plegada, no quedaba neutralizado. Se reactivaba al ser ingerido por las reses que comían el pienso envenenado y comenzaron a morir, de una muerte horrible, personas que habían ingerido vacuno contaminado.

Los adjunto al final de este blog un vínculo a un informe parlamentario de 1996, realizado por el socialista Manuel Medina, para que se les refresque la memoria sobre aquellos asombrosos acontecimientos.

La historia de las “vacas locas” es bastante conocida. Lo que no lo es tanto es que por aquella época, los británicos pusieron en marcha una agresiva campaña propagandística en la UE, que buscaba justificar el sacrificio en sus propios mataderos del ganado destinado a la exportación. La campaña se vistió con el mantra de la protección de los animales y uno de sus objetivos fue España: el Financial Times publicó el 11 de noviembre de 1993 un artículo de Deborah Hargreaves, en el que el ministro de Agricultura británico, Nicholas Soames, anunciaba una denuncia en toda regla contra los mataderos españoles, por crueldad en el sacrificio de los animales.

Aquello fue un enorme escándalo. Afectó también a Italia y Grecia. Lo que había detrás era, sencillamente, que los británicos, después de haber alimentado a sus reses con basura venenosa, querían sacrificarlas ellos mismos, despiezarlas y enviarlas a los países del sur, para quedarse con el beneficio del proceso.

El ala euroescéptica de los conservadores británicos quiere ahora que se pregunte a la población, en un referéndum, si el Reino Unido debe continuar siendo miembro de la UE. William Hague, el ministro de Exteriores, les ha venido a llamar poco menos que tontos, al declarar que Europa está en tránsito hacia un cambio mayor, y que la gente a la que se formularía la pregunta querría saber hacia dónde se dirige ese cambio, antes de pronunciarse.

Pero el más claro ha sido el propio Cameron quien, en campaña electoral, ya advirtió que intentaría revisar las transferencias de soberanía efectuadas a Bruselas. Ahora, ante la rebelión de sus pares, ha dicho que el Reino Unido no debe descabalgarse de Europa, porque el 50 por ciento de sus exportaciones vienen aquí “y son muchos millones de puestos de trabajo” los que dependen de ello.

Pero también ha precisado que, como Alemania reclama una reforma del Tratado, “ya sabré sacarle partido” a la situación.

Lo dicho: que se vayan.

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