Atolladeros

Quería decir "astilleros" pero me ha salido lo otro; no se puede engañar al subconsciente. Porque el asunto este de las subvenciones a la construcción naval en España, a través de intermediarios que han ganado mucho dinero con ellas por la vía de las deducciones fiscales, se ha convertido en un atolladero para, posiblemente, muchas menos entidades e intereses que las que el enorme revuelo que el asunto ha provocado en España parece dar a entender. Permítanme expresar de antemano mi pesimismo sobre salidas "milagrosas" -políticas, como se está reclamando a voz en grito desde España- a este lío; el asunto es feo y está mucho peor que lo que dicen el Gobierno y una cohorte de "comunicadores" (me resisto a denominarlos "periodistas") que habla con poco conocimiento de la materia y menor saber de los procedimientos que se siguen en las instituciones europeas ante este tipo de situaciones. A lo más a lo que la cosa parece orientarse, y quisiera equivocarme, es a una cadena de recursos ante la Justicia europea, (del Gobierno español, de la Comisión, de los interesados, en primera instancia y, después, en la superior) para que quienes realmente tienen que apechugar con el costo ocasionado por el abuso -que no son, desde luego, los astilleros- comiencen a provisionar recursos para hacer frente a la inevitable devolución de las ayudas ilegales, que se producirá, con suerte, dentro de seis, ocho o diez años.

Empecemos por el final: la Comisión europea ha cubierto la práctica totalidad del largo procedimiento que se sigue ante un caso de presuntas ayudas ilegales de Estado.  Los inicios de este procedimiento se sitúan en 2011 pero la Comisión europea había tenido informalmente noticias del caso ya en otoño de 2010. La instrucción del expediente responde al requerimiento de 7 asociaciones europeas del sector naval, no a la petición de un miembro individualizado de la UE.

Nota al margen: España tiene reconocido y autorizado desde 2012 un régimen de ayudas a la construcción naval, plenamente compatible con el Derecho comunitario. El Gobierno no lo aplica y no dice por qué.

Volvamos a los procedimientos, porque son claves. Una denuncia de 7 asociaciones europeas del sector naval contra un Estado miembro, por presuntas ayudas ilegales de Estado a la construcción naval, no se tramita en la Comisión europea bajo los pliegues de una mesa camilla. Recibe un número de registro de entrada y, a continuación, comienza a escalar las alturas del Berlaymont, la sede de la Comisión europea, bajo la atenta vigilancia de quienes lo han promovido. El expediente pasa por el Comité Interservicios, el Comité de Ayudas de Estado, el Servicio Jurídico, el de Jefes de Gabinete y, finalmente, el Colegio de Comisarios, a donde el asunto debería llegar el 17 de julio. Este género de casos tan conflictivos la Comisión se los suele quitar de encima cuando el calor del verano aprieta y la gente anda despistada.

Es sencillamente ridículo personalizar en Joaquín Almunia, a la sazón Comisario de la Competencia, la ejecutoria de la Comisión europea en un asunto de tanta relevancia. Joaquín Almunia, que comenzó su carrera profesional en Bilbao como economista de UGT. No sé si ustedes me siguen: La Naval, Nicolás Redondo, Lalo  y todo eso... Jacques Delors no pudo frenar, en mayo de 1990, una demanda de recuperación de ayudas ilegales de Estado, ni más ni menos, que a Renault, a pesar de una intervención directa de Mitterrand por teléfono ante el presidente de la Comisión, en pleno debate del Colegio de Comisarios sobre el tema. La cantidad requerida finalmente a la Régie fue menor que la demandada de inicios, (63.000 millones de las pesetas de entonces, cuando se le exigían 218.000). Pero la pagó.

España lleva casi 30 años en la Unión Europea como miembro de pleno derecho. ¿Cómo es posible que sus autoridades -las actuales, las que las preceden y aún las que anteceden a aquellas- no hayan comprendido que las ayudas de Estado hay que declararlas en Bruselas, a fin de recibir una autorización que resulta preceptiva, e imprescindible, para garantizar la seguridad jurídica del marco de apoyo a que dan lugar? Las autoridades españolas y el sector en bloque (cuando los intereses que en él se agrupan son muy distintos y, posiblemente, contradictorios a la postre) están invocando el principio de "confianza legítima" para justificar actuaciones financieras e industriales que no habían recibido el visto bueno previo de las instituciones europeas, como es preceptivo. El Derecho europeo prima sobre el nacional en estas cuestiones. ¿No puede apelar el Gobierno a la Abogacía del Estado para que le aclaren las ideas? El mismo principio de "confianza legítima" fue sistemáticamente invocado por los recurrentes (Diputaciones, empresarios, Gobierno vasco) ante la Justicia europea, en el infausto asunto de la incentivación fiscal a la inversión, con los resultados de todos conocidos.

Pero me cuentan, además, que en Bruselas hay una cierta irritación con España en este asunto porque en 2001, se preguntó directamente a las autoridades nacionales, desde Bruselas, si se estaba preparando un marco de apoyo al sector, y la contestación fue negativa.

Por lo demás, el principio de "confianza legítima" es aún más difícil de invocar porque la Comisión condenó en 2006 un régimen equivalente de ayudas a la construcción naval, establecido en Francia. Había conocimiento de que el modelo no era bueno. ¿Y, en fin, qué confianza se puede reivindicar, además, si las sociedades de leasing que firmaron los contratos con los astilleros, impusieron a estos contratos civiles de aceptación de responsabilidad, en el caso de reclamación de las ayudas? Ni ellas mismas parecían confiar en el esquema. ¿Pero cuánto durarían esos contratos civiles ante la Justicia europea? Quedarían invalidados de inmediato, como contrarios al Derecho de la Unión.

Por razones de coherencia jurídica con una decisión previa (2001) sobre Brittany Ferries, la Comisión liberó a Francia de la responsabilidad de reclamar las ayudas previas a 2005. ¿Que las autoridades españolas invoquen este precedente para obtener de Bruselas trato equivalente? Tienen dos hándicaps: el régimen francés estaba declarado y el español no; y , segundo, la decisión de 2006 es clara. Pueden hacerlo, desde luego. A ver si rascan algo. Entre 2002 y 2011 fueron construidos en los astilleros españoles un total de 273 buques, todos ellos, menos uno, al amparo del régimen denominado de "tax lease".

Esto es un laberinto en medio de un atolladero. Para zafarse de este hay que encontrar la salida de aquel, pero no todos los que están dentro tienen la misma prioridad en la fila

Un biombo oscuro

El G8 de de Lough Erne, en Irlanda del Norte, ha concluido esta semana con sonoros llamamientos de las potencias mundiales a la lucha contra la evasión fiscal y el dinero negro que circula por el planeta sin pagar impuestos.  Se dice que la suma total de esos capitales asciende a entre 21 y 32 billones de dólares y que los impuestos defraudados alcanzan los 120.000 millones de euros, sólo para las Administraciones tributarias de la UE, según el ICIJ y Oxfam.

Los planteamientos de la cumbre han sido acogidos, en general, con entusiasmo variable, aunque en todo caso positivo. Yo soy de los escépticos y les voy a decir por qué.

La declaración del G8, como las precedentes de la misma índole del Consejo Europeo, la OCDE o países individualizados, se suscitan en medio del escándalo provocado por las revelaciones, a cada cual más llamativa,  de archivos informáticos secretos con referencias concretas a la amplitud del fraude fiscal y la circulación de dinero negro por los paraísos fiscales del planeta. Tan incómodas verdades están difundiéndose, además, cuando nuestras sociedades se encuentran sometidas a fuertes apreturas presupuestarias por la crisis financiera internacional.

El dinero denominado "negro" obviamente no lo es; exhibe siempre las coloridas plumas que sus creadores le han dado. Si se le califica así es porque, a efectos fiscales, está oculto detrás de un biombo de oscuridad, dispuesto intencionadamente por personas concretas. Y en la "foto de familia" del último G8 yo identifiqué fácilmente a tres personas que están del otro lado del biombo: Barak Obama,  David Cameron y Vladimir Putin. Y otros (Angela Merkel o François Hollande), tienen capacidad para echar de vez en cuando una mirada rápida a lo que pasa tras esa cortina de oscuridad.

Los paraísos fiscales atesoran una historia vieja de décadas (de siglos si nos remontamos a la época de piratas y corsarios), pero sus dimensiones y la trascendencia de su papel en la economía internacional data de las dos últimas décadas, coincidiendo con el elefantiásico desarrollo de la economía financiera. Y muchos de ellos están directamente vinculados a la metrópolis londinense, a Washington o a La Haya, por no decir que a Moscú, aunque sea este último un sistema que nos cae a desmano. La City londinense ha sido públicamente acusada de actuar como una gigantesca "lavadora" para el dinero negro del planeta, operando estrictamente en Londres o a través de la red tentacular que tiene desplegada en las Islas Vírgenes, las Caimán, Bermudas etc.

En el imperio planetario del momento que preside Barak Obama existen territorios como Delaware, Wyoming o Nevada en los que es posible, con poco dinero, emprender una fructuosa y rápida carrera hacia la opacidad fiscal. En Delaware tienen sede social muchas de las compañías del índice "Fortune 500" y la filial de una empresa holandesa, CT Corporation, actúa allí como registro para 278.000 compañías de todo el mundo. Pero hete aquí que todos estos territorios y prácticas quedaron libres de culpa en el G20 de Londres, (abril de 2008) cuando se redactó una lista de países con operativas sospechosas. Lo mismo que las islas británicas. Lo denunció entonces el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, en una intervención ante la Cámara del Gran Ducado. Y lo dijo doliéndose del poco caso que británicos y norteamericanos habían prestado a sus propuestas al G7-Finanzas de 2007, en tanto que presidente del Eurogrupo, para regular la actividad de los Hedge Funds, las agencias de notación y otras instituciones financieras cuya intervención  en las últimas crisis está harto probada.

David Cameron se presentó en la última cumbre de Bruselas, la del 22 de mayo, con una carta dirigida a  10 paraísos o refugios fiscales dependientes de la City, en la que les reclamaba la identificación de los propietarios efectivos del dinero que se esconde tras recursos genuinamente anglosajones como los "trusts", en los que una razón jurídica pagada para ello figura como pantalla, como biombo de oscuridad, para el auténtico dueño del capital. Cameron dijo que tenía el acuerdo de estos enclaves para realizar una lista centralizada de propiedades ocultas tras los "trust", pero Bermuda ya ha dicho que no lo tiene nada claro.

Por otra parte, la armonización de la fiscalidad del ahorro de los no residentes comenzó a ser discutida por la UE  el 14 de febrero de 1989. La Directiva que lo regula, que concierne sólo al ahorro de las personas físicas en imposiciones ordinarias, entró en vigor en 2005, 16 años después. Este jueves pasado, la Comisión europea, reclamó a Italia, Bélgica, Polonia, Grecia y las Islas finlandesas Aland, la trasposición a los ordenamientos interiores respectivos de la legislación en vigor sobre evasión fiscal.

Y las islas anglonormandas del Canal, y otros territorios dependientes del Reino Unido, estaban obligadas por los acuerdos de la cumbre de Feira (Portugal, 2000), a proceder al intercambio automático de información fiscal con los países de la UE. No deben estar haciéndolo porque el G8 de esta semana  ha asegurado que estarán obligados a realizarlo. Y lo ha dicho como un triunfo de la reunión.

La Comisión europea ha anunciado que presentará, en lo que queda de año, un proyecto de directiva para extender el ámbito de ampliación de las disposiciones en vigor sobre fiscalidad del ahorro a otras figuras. Es la misma Comisión que en mayo de 2008, consideraba excesivo extender la aplicación de la norma a las personas jurídicas. Échale hilo a la cometa.

Por todo esto soy escéptico

Un sapo viscoso

El viscoso sapo de la avaricia ha anidado en el charco de petróleo. Reguladores y gobiernos sospechan que en el laberinto del oro negro se ocultan depredadores infinitamente  más letales que el Minotauro de la antigüedad. Aquella criatura mítica, a fin de cuentas, no salía de su prisión pero sus émulos de nuestros días han cubierto el planeta con una red que atrapa lo mismo dólares que euros, yuanes, yenes y rublos, con una eficacia que para ella misma quisiera la flota pesquera de gran altura.

Lo de la eficacia no es ninguna broma: en España ha sido noticia este mes que el margen de las petroleras ha crecido un 31 por ciento desde enero, pero eso apenas son peanuts en comparación con los beneficios de los 10 traders principales que operan en los mercados de materias primas, comprando toneladas lo mismo de petróleo que de cobre o de trigo, reales o de papel.  Esa red les ha permitido “cosechar” la coqueta cifra de 250.000 millones de dólares estos últimos 10 años, según cifras aparecidas el pasado abril. Algo debe estar pasando, se dicen las autoridades públicas, cuando en 2000, los beneficios de ese sector, en el que se cuentan  gigantes como Glencore, Cargill, Vitol, Trafigura, Noble Group o Mitsubishi, “sólo” obtuvieron 2.100 millones de dólares en beneficios. Se trata de sociedades, estas, en su mayoría privadas y no cotizadas. Sus beneficios superan a los de la gran banca norteamericana de inversión.

Mientras tanto, los clásicos del medio, las corporaciones petrolíferas, continúan inflándose los bolsillos. ExxonMobil, la más grande de entre las grandes, la antigua Standard Oil que fundara John D. Rockefeller, volvió el año pasado al primer puesto en el ranking norteamericano de empresas por beneficios que publica Fortune, con 44.880 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 9,3% respecto a la cifra de 2011. El logro, de todos modos, está ligeramente por debajo del récord de 45.220 millones de 2008. Y el mundo, de crisis.

Cito ExxonMobil porque ahora que está de moda la problemática de la evasión fiscal con los casos de Apple, Google, Amazon o Starbucks, resulta que la empresa en cuestión, que es la segunda en la lista de las que registran más beneficios en Bélgica según la clasificación de Trends, en 2011, sobre una cifra de 2.927 millones en beneficios, devengó sólo 30.381 euros en impuestos al fisco local.

Gobiernos y reguladores desconfían. Constatada la escasa voluntad de colaboración del sector a los requerimientos de transparencia del G20, ha llegado la hora de las investigaciones. Las hay para todos los gustos: La norteamericana Commodity Futures Trading Commission (CFCT), el regulador de los mercados de materias primas, está investigando, con gran disgusto del sector, si los contratos de swaps OTC (over the counter, a muy corto) realizados por las empresas del medio no son, en realidad, contratos enmascarados de futuros. El sector no es que niegue la práctica; dice que es cosa del pasado, que desde octubre, prácticamente no se hacen OTCs, que todo pasa al mercado de futuros (el que define las “apuestas” sobre lo que va a pasar con el precio de las materias primas a “equis” plazo).

A título de curiosidad, recordaremos que Suiza acoge los cuarteles generales de algunos de los principales traders del petróleo, pero Chipre es la sede social, a efectos fiscales, de varias de ellas, como Mercuria Energy Group Ltd o Gunvor Group Ltd. Ninguna de ellas parece haberse visto afectada por la crisis financiera chipriota.

La Comisión europea ha entrado también en el baile. Está investigando a Shell, BP y a la noruega Statoil, en busca de acuerdos espurios de fijación de precios, además de a la italiana ENI y, significativamente, a Platt’s, la filial de MacGraw Hill que define a diario los precios para los diferentes tipos de crudos y derivados del planeta. Sus números son determinantes para el precio que, al final, el consumidor paga en la estación de gasolina.

La investigación parece ser una consecuencia del oleaje provocado por el escándalo del Libor, el London Interbank Offered Rate, cuya manipulación por parte de los bancos que lo definían a diario ha sido probada.

Ahora se trata de descubrir si los mercados de petróleo y derivados, físicos o de papel, escasa o nulamente regulados y parcial o totalmente opacos, están siendo manipulados por un puñado de iniciados. La investigación puesta en marcha por Bruselas se retrotrae hasta 2002 y compromete un mercado de 200.000 millones de barriles de crudo al año, evaluado en unos 20 billones de dólares también al año, que determina  sus precios en base a las referencia de Platt’s para el Brent.

Pero la influencia de los precios de Platt’s va aún más lejos, pues son, a su vez, indicadores para los mercados de futuros y de derivados que se utilizan en el sector.

Se trata, obviamente, de un tema mayor y los riesgos están a la altura, porque si las autoridades pierden, los sectores concernidos reforzarán sus blindajes y será aún más difícil meterlos en vereda.

El Estado derrochón

Jacques Chirac solía decir, cuando le preguntaban por el excesivo costo del Estado francés y la (ya durante su doble mandato presidencial) generalizada huida de millonarios galos a territorios fiscalmente más benévolos que el de esa República, un “que se vayan de Francia, que dejen de ser franceses”. Y lo decía con desprecio, como si para él, ser francés fuera la suma de todos los desiderata de este mundo en el que vivimos, y quienes escapaban de sus cargas no resultaran merecedores de la condición.

Me venía esta anécdota a la memoria el otro día, al leer el comentario que un conocido jurista había realizado del trabajo que publiqué días atrás, sobre las cargas fiscales que soportan los individuos en nuestras sociedades desarrolladas. El susodicho comentario era una reacción “visible” a mi trabajo; otras me habían sido hechas constar por correo electrónico. De entre estas últimas, destacaría las que hacían notar la necesidad de “construir” el Estado del bienestar, sobre bases, presumo, de índole igualitaria. Las crecientes cargas fiscales serían imprescindibles en esta aventura, llamada, por lo visto, a consumir los mejores esfuerzos de nuestros dirigentes.

Soy de los que pienso que la función que le corresponde desempeñar al Estado en nuestras sociedades es la de crear las condiciones para que los ciudadanos puedan procurarse su bienestar; no que los interlocutores –por desgracia casi únicos- del Estado con la sociedad, los políticos, definan y establezcan directamente las condiciones de ese bienestar. Demasiadas veces he podido constatar cómo el amplio universo de lo que se denomina, en general, el dinero público, y de las pretendidas “socialmente orientadoras” subvenciones que se nutren de él, conducen demasiado frecuentemente a la perversión de los fundamentos democráticos de la sociedad, a través de la corrupción y de la generalización de las redes políticas clientelares, si no al derroche arbitrario de costosos recursos económicos. Y no sólo en España. Chirac era corrupto y fue condenado por ello, lo que no le impedía menospreciar a quienes huían de la voracidad fiscal de un Estado cuyo costo se había vuelto exorbitante, entre otras cosas, y por ejemplo, porque el propio presidente de la República, en su mandato previo como alcalde de París, se había dedicado a colocar “a dedo” a los amigos en la institución que presidía.

Lo que me lleva a las reflexiones del jurista sobre el costo del Estado y su manera de medirlo. Molesta a ese ensayista la utilización que para ello hago de la figura de los “días trabajados para el Estado”, que considera "falaz en su planteamiento". Argumenta que, en realidad, es para nosotros mismos para quienes trabajamos cuando pagamos nuestros impuestos, pues adquirimos derechos sobre prestaciones del Estado en presente (enseñanza, sanidad, seguridad) y a futuro (pensiones, tratamiento y asistencia en caso de necesidad urgente) etc. Las sociedades, además, crean las condiciones necesarias para que los individuos se desarrollen, en lo económico como en lo intelectual.

Nada que objetar al razonamiento, aunque me suene mucho a aquello de “Hacienda somos todos”, que los malévolos apostillaban con lo de “pero unos más que otros”. Las ideas suelen ser maravillosas, pero la constatación empírica de a lo que conducen suele ofrecer el contraste del que sale la síntesis orientadora para la acción futura. Porque lo que mi crítico no pondera es el costo de las prestaciones del Estado, que es donde está la clave de la cuestión. Cuando el gasto público se dispara, como ha sucedido en España estos últimos 30 años, convendría medir la relación inherente entre costos y beneficios, pero ninguno de nuestros dirigentes está dispuesto a someter los resultados de su acción política a las mismas técnicas de “benchmarking” que se le exigen a la iniciativa privada para evolucionar en nuestro difícil entorno globalizado. Es decir, que no sabemos si lo que se nos ofrece podría lograrse a un menor costo. Que seguro que sí.

Además, nuestra aportación a las necesidades del Estado no nos garantiza unos derechos cuantificados. Quienes acaban de llegar al mercado laboral desconocen si lo que hoy se les descuenta, a fin de subvenir a las necesidades del Estado, servirá para ofrecerles una cobertura de pensiones públicas al término de su vida profesional. Y los que estamos a punto de dejarla no tenemos nada claro lo que vamos a encontrar. ¡Si parece que estuviéramos ante un esquema Ponzi!

Existen maneras para medir la presión fiscal. La más común de ellas es la del porcentaje sobre el PIB. Pero yo he utilizado en dos ocasiones el modelo de “días trabajados para el Estado” buscando un índice comprensible.

Naturalmente, este género de equilibrios serían innecesarios si quienes tienen la información real sobre el conjunto de las cargas fiscales existentes, es decir, los políticos, la divulgaran. Pero no lo hacen, como tampoco dicen, exactamente, a qué responde la monstruosa deuda pública que soportamos. Por ejemplo, el 10 de septiembre de 1997, el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, reconoció públicamente (¿un desliz?) que los compromisos asumidos por la extinta Agencia Industrial del Estado con los 40.000 trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo en los diferentes procesos de reestructuración (siderurgia, carbón, defensa, naval) ascendían a 1,25 billones de las extintas pesetas, o 31,2 millones de pesetas por trabajador. El pasivo resultante no se enjuagaría de todo, dijo, hasta 2065.

Lo dicho: datos y el benchmarking en la Administración, y después filosofamos.

Una burrada de impuestos

Las naciones europeas están saliendo demasiado caras a quienes las pueblan. La voracidad recaudatoria de sus gobiernos parece no tener límites y hasta el propio servicio estadístico de la UE, Eurostat, se ha visto en la tesitura de reconocer, esta semana, que los niveles de tributación existentes en la Europa comunitaria por el trabajo (la suma de impuestos y contribuciones sociales soportados por el trabajador y por quien le contrata), exceden en un 40 por ciento a los que rigen en otras economías desarrolladas, como las de Estados Unidos o Japón. Con un 38,8% del PIB de los 27 Estados miembros, la recaudación total por trabajo de patrones y contratados “no sólo es alta con respecto a esos dos países (Estados Unidos y Japón), sino también si se la compara con otras economías desarrolladas de la OCDE. Sólo Canadá y Nueva Zelanda tienen ratios fiscales que rebasan el 30% del PIB”, dice, contundente, Eurostat (Annual Tax Trends, 2013)

Las ponderaciones del servicio comunitario de estadística han coincidido en el tiempo con un informe bastante curioso de un think tank relativamente nuevo en Bruselas, New Direction, vinculado al Grupo de los Conservadores y Reformistas europeos, de ideología conservadora y euroescéptica británica. Se constituyó tras decidir el premier británico, David Cameron, abandonar el PPE. Cuenta actualmente 55 eurodiputados. Se le considera un outsider en los ámbitos comunitarios de poder.

Pero el susodicho informe está bien hecho. Explora una interpretación de los niveles tributarios que yo mismo utilicé en mayo de 2001, empleando para ello, como soporte documental, los informes periódicos de la OCDE sobre la fiscalidad del trabajo (“Una familia española con dos sueldos y dos hijos trabaja casi hasta agosto para el Estado”, El Correo, 3 de mayo de 2001, está aquí: http://www.scribd.com/doc/138853686/Dias-trabajados-para-pagar-los-impuestos

“New Direction” recorre mi camino de 2001, pero escoge sujetos imponibles diferentes y figuras tributarias ampliadas, para llegar a conclusiones equivalentes. Asegura que en España, un costo salarial bruto de 32.764 reporta al trabajador, en neto, 19.535 euros, los cuales, a su vez, se ven mermados en 1.333 euros por el IVA de los bienes y servicios que adquiere a lo largo del año. Por todo ello, lo que al final le queda en el bolsillo a ese trabajador son 18.201euros. Del bruto total al neto se descuelgan 7.541 euros que paga el patrón por costos sociales, 4.086 en retenciones de IRPF y 1.602 por contribución del trabajador a la Seguridad Social. La presión fiscal real soportada es del 44,45%, lo que significa que esa persona trabaja para el Estado hasta el 12 de junio. El informe no contempla otras figuras tributarias como los impuestos especiales sobre carburantes, tabaco o bebidas alcohólicas, el céntimo sanitario, o la retahíla de tasas que están multiplicando las administraciones locales, con enorme fruición y tenacidad. Les adjunto una tabla y un gráfico con los datos correspondientes al conjunto de los países de la UE, tal y como aparece en el informe que les cito. Esta es la tabla que resulta de sus cálculos

No sin sorpresas, la mayor presión fiscal sobre el trabajo se encuentra en Bélgica (el 60,25%, lo que quiere decir que para que el empleado se embolse 1 euro neto, el patrón tiene que generar 2,5 euros), seguida de Francia, (56,61%) y Austria (55,57%). España se sitúa en el puesto 17 de 27. Gran parte de los costos laborales son desconocidos por los trabajadores, pues se corresponden con las cargas patronales. Y, en fin, el 54,5% de de la población (jubilados, discapacitados, jóvenes) no son productivos.

Los datos barajados por New Direction muestran que la presión fiscal continúa creciendo en Europa, en buena medida por el encarecimiento del IVA.

Esta aproximación a los costos fiscales reales que soportan los trabajadores explica, en el fondo, las razones de que Europa se planteara hace años ya aflojar la presión sobre las rentas del trabajo, y derivar las necesidades recaudatorias hacia la tributación indirecta. Desafortunadamente, la crisis ha entorpecido esos planes que, sin embargo, no explican por qué este continente sale tan caro.

Áspera austeridad

Gráfico: F. Pescador

Se ha instalado sólidamente estos días en nuestro horizonte de certidumbres la idea de que el periodo de restricciones presupuestarias está llegando a su fin. El reciente –inédito e inesperado- llamamiento de José Manuel Durao Barroso a la reconsideración de la austeridad, planteando la necesidad de un refrendo “político y social” para estos sacrificios entre las poblaciones concernidas, se enmarca en un clima de críticas al modelo, fuertemente alentadas por la constatación de que un pretendido soporte intelectual de estas políticas, el célebre informe Reinhard-Rogoff, estaba basado en premisas falsas.

Mucho me temo que la austeridad va a continuar, pues, contra lo que se está escuchando estos días, su enunciado original no es científico sino político y enraíza en el núcleo principal de la Unión Monetaria europea, que no está sometido a revisión o crítica fundamentada.

Los dos elementos centrales de la Unión Monetaria, de la que se deriva el euro, son el déficit presupuestario máximo del 3% del PIB y un nivel de deuda pública que no puede superar el 60% de esa magnitud. Se ha especulado mucho sobre las razones de estos porcentajes. El del déficit presupuestario  tiene una evidente carga ideológica de orden monetarista; el de deuda es más difícil de comprender. Su explicación histórica más plausible es que fue asumido porque Alemania y Francia lo respetaban cuando fueron definidos los criterios de Maastricht y el resto de los candidatos a la moneda única, salvo Bélgica e Italia, no estaban lejos de lograrlo, (España, en 1999, la cifraba en el 62,4% del PIB). Tradicionalmente se ha interpretado esta magnitud con una mayor benevolencia que la del déficit presupuestario. La obligatoriedad de respetar el 60% fue sustituida informalmente, a finales de los 90, por una “tendencia a la reducción de la ratio”, a fin de que, precisamente,  Bélgica e Italia, ambos países fundadores de la CEE, no quedaran fuera de la moneda única

Cuando la Unión Monetaria fue puesta en marcha, en 1999, la deuda media de la Eurozona (a diecisiete) estaba situada en el 71,7 por ciento del PIB.  Bélgica, (113,6%) e Italia (113,1%) tiraban del porcentual hacia arriba. En 2012, tras la crisis financiera, la deuda pública de los 17 socios de la moneda única se sitúa en el  90,6% del PIB y no tiene visos de disminuir, sino acaso de aumentar. A España, las últimas previsiones económicas de la Comisión europea le vaticinan un 101% de deuda en 2014; será del 95,2% en el conjunto de la Eurozona.

Reinhardt y Rogoff promovieron un gran debate internacional al establecer en 2010, sobre la base de una muy larga serie estadística que cubría el periodo 1945-2009, que a partir del 90% de deuda pública, el crecimiento económico de un país se veía afectado por una desaceleración que podía oscilar entre el -0,1% en media y el 1,6 en mediana. Esa “asociación” de circunstancias según los autores del informe, a las que nunca reconocieron como una vinculación de causa y efecto,  fue utilizada profusamente por los promotores de la austeridad presupuestaria, el ministro Schauble y el comisario Rehn entre otros, para justificar las estrecheces impuestas a las economías excesivamente recalentadas antes de la crisis. La desautorización del planteamiento estos días atrás por otros economistas debería llevar a la revisión de las restricciones en curso, dicen los críticos con la política de austeridad, como si esta fuera la consecuencia de aquel.

No es así, como hemos visto más arriba, pero en el orden científico no sólo son Reinhardt y Rogoff los que advierten de los peligros para el crecimiento de la acumulación de deuda pública. Cecchetti, Mohanty y Zampolli, por ejemplo, tres economistas del Banco de Pagos de Basilea, concluyeron en septiembre de 2011, utilizando series estadísticas y metodologías diferentes de las de R-R, que a partir de un determinado nivel, la deuda se convierte en un lastre para el crecimiento. En el caso de la deuda gubernamental, el porcentaje definido es el 85% (“The real effects of debt” , BIS Working Papers nº 352, está aquí: http://www.scribd.com/doc/138317976/The-real-effects-of-debt.).

El hecho, incontestable, de que a partir de determinados niveles de deuda el crecimiento de un país resulta lastrado, aunque los niveles de gradación sean cuestionables, y la evolución que los niveles de esa deuda están siguiendo en España y en la Eurozona, permiten concluir que los esfuerzos para sanear las finanzas públicas españolas no van a concluir en 2016, nueva fecha definida para el retorno del déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.

'Smog' y palmeras

Los acontecimientos de estos últimos días están extendiendo entre la opinión pública la desasosegante sensación de que en nuestras modernas y sofisticadas sociedades la virtud fiscal está reservada a los pobres, pues los ricos cuentan con medios sobrados para escapar al impuesto. Habríamos avanzado poco desde la época feudal, cuando los siervos de la gleba estaban en el mundo para aprovisionar graneros y ejércitos de los poderosos, a los primeros con cosechas y a los segundos con hijos. La profesionalización de los ejércitos nos ha librado de la segunda gabela; la primera sigue plenamente en  vigor.

Me refiero, por supuesto, a esa gigantesca filtración de datos que ha difundido parcialmente un grupo de periódicos, el “Offshore Leaks”, según la cual un buen mazo de supermillonarios, originarios de 170 países, tendría regados por los distintos “paraísos fiscales” del planeta, ocultos al recaudador, entre 21 y 32 billones de dólares (el “trillion” anglosajón). Los activos gestionados por los 50 bancos privados más importantes de esos paraísos fiscales habrían pasado de 5,4 a 12 billones en el corto lapso de cinco años, de 2005 a 2010, es decir, en plena crisis. La Tax Justice Network cifra en 860.000 millones de dólares el beneficio reportado por esos activos, sobre una estimación de 11,5 billones, es decir un retorno del 7,5%.

El “Offshore Leaks” tiene, a falta de concreciones sobre esa masa de defraudadores, el mérito de dar un  contorno actualizado a un problema mayor, que los gobiernos del planeta no han querido resolver: el de los paraísos fiscales. En la Unión Europea se viene hablando del asunto desde comienzos de los años 90, cuando la liberalización de los movimientos de capitales a corto plazo cobró carta de naturaleza, pero los miles de horas dedicados a explorar vías por las que atajar el fenómeno se han estrellado sistemáticamente con la broca oposición del Reino Unido, vinculado a buena parte de esos negocios financieros “offshore”. Luxemburgo y Austria, territorios también parcialmente opacos al flujo de informaciones fiscales, han participado activamente en el boicot (Bélgica hasta 2010) pero su protagonismo en el tinglado descubierto estos días es relativamente menor. Y Suiza y, más encubiertamente Estados Unidos, también.

Lo que se ha podido vislumbrar a través de estas filtraciones es que la City londinense, lugar de graves escándalos y abusos financieros, ha establecido una red tentacular para captar el dinero negro del planeta y gestionarlo a espaldas de las administraciones tributarias concernidas. Las Islas Caimán, por ejemplo, territorio bajo administración británica, administran 1,4 billones de dólares, frente a los 5.670 millones de la City. Lo hace, sin embargo, con 3.650 personas, frente a los 360.000 de la City, según datos del Banco de Pagos de Basilea citados por prensa francesa semanas atrás, lo que lleva a pensar que la verdadera gestión de ese dinero la realiza el núcleo británico de las finanzas londinenses.

Pero en los paraísos fiscales, a la caza del dinero negro del planeta, están todos los que pueden: bancos franceses, alemanes, españoles… Nadie quiere perderse su parte del festín.

Y, puesto que la estructura financiera está ya allí, con toda su disimulación desplegada, de ella no sólo se aprovechan los muy ricos; también lo hacen las empresas, que crean sociedades a través de entidades interpuestas desde las que facturan, por ejemplo, gastos de márquetin y otros, desmesurados, a sus centrales fiscalmente reconocidas, con lo que reducen fraudulentamente el margen de beneficio y el impuesto devengado.

Cualquier aproximación seria al reparto equitativo de las cargas fiscales en nuestras sociedades pasa, necesariamente, por un saneamiento del cáncer financiero internacional que suponen los paraísos fiscales. Europa lleva 20 años diciendo que va a hacerlo y ahora el G20 también, pero los avances son ridículos: atañen sólo a los particulares que perciben intereses de una serie corta de productos financieros.

Como a los siervos de la gleba, los gobiernos europeos podrán continuar exigiendo que les llenen los graneros, pero su autoridad moral no será mucho mayor que la que esgrimía el señor feudal sobre sus súbditos. No, mientras desde el “smog” londinense, del de París o del de Berlín, se salte con tanta despreocupación y alegría a los palmerales caribeños, o las torvas islas anglonormandas del Canal.