Menos arrogancia y más ayuda

La Puerta de Brandeburgo, corazón de la Alemania unificada

En los primeros momentos de la unificación alemana, cuando Mitterrand no se callaba su “no”, y Felipe González acertaba al decir que “sí”, la mayor parte de los políticos y los empresarios alemanes tenía muy claro que el restablecimiento de una hegemonía germana de corte intransigente sobre  Europa terminaría siendo contraproducente, a plazo, para los propios intereses alemanes. La talla del sistema financiero, de sus compañías de seguros, de su industria, comenzarían generando desconfianza entre sus socios. Y de ella, de la desconfianza, vendrían después las renuencias y las suspicacias, exactamente el limus en el que no puede prosperar un proyecto de integración como el definido por el Tratado de Lisboa.

Cuando comenzamos el quinto año de crisis desde el hundimiento de Lehman Brothers, viene al caso preguntarse si las élites alemanas guardan todavía aquella percepción. El desarrollo de acontecimientos recientes lleva a pensar que no.

Empecemos por España. El 16, miércoles, nos desayunábamos con una entrevista del Financial Times a Mariano Rajoy. Por lo visto, también el mensaje nacional, no ya los pasivos de nuestro sistema financiero, tiene que ser auditado en el exterior para resultar creíble. En fin. El presidente español decía lo que le es propio. Sucintamente, que lo está haciendo bien y que quien tiene que tirar del carro ahora es Alemania, que es la que puede, porque la economía necesita una inyección de optimismo. Le contestaron inmediatamente desde Berlín con la martingala de siempre: no es momento para incentivar la economía porque eso entrañaría un incremento del déficit público y de lo que se trata, precisamente, es de lo contrario, de reducirlo.

Simultáneamente a las demandas de Rajoy, que yo creo justificadas, saltaba al primer plano la noticia de que Alemania ha decidido repatriar una parte significativa de las reservas de oro que tiene depositadas en París y Nueva York. Se trata de 674 toneladas métricas en total, 374 de las cuales están protegidas por las cámaras acorazadas del Banco de Francia, a las que se suman otras 300 (un 20%), de las que reposan en los sótanos de la Reserva Federal de Nueva York, con un valor en su conjunto de 27.000 millones de euros. La migración durará hasta 2020. La decisión no concierne al oro que el Bundesbank tiene guardado en el Banco de Inglaterra (500 Tm) ni a la parte restante, 1.200 Tm, del que se encuentra en los EE.UU. La medida responde, según el Banco Central alemán, a la “necesidad de reforzar la credibilidad de las reservas alemanas”. Curiosa razón cuando ese mismo día, el Süddeutsche Zeitung revelaba, basándose en el último informe de la Oficina Federal de Estadísticas germana, que el Estado federal, sus länder y los ayuntamientos de todo el país cerraron 2012 con superávit presupuestario. Alemania se está financiando a costo cero desde hace meses pero repatría parte de su oro. Y el que deja fuera, lo confía a países que nada tienen que ver con la zona euro. Curioso, ¿no?

Un cambio de escenario nos sitúa en el Londres de David Cameron, que conserva el oro alemán pero a quien se le ha recomendado desde Berlín, a lo que se ve muy vivamente, que no pronuncie su muy esperado discurso sobre la visión británica de la integración europea el 22 de enero, como estaba previsto. En Berlín incomodaba, y mucho, que Cameron dejara entrever la posibilidad de un descuelgue británico parcial de Europa precisamente el día en el que se conmemora el 50 aniversario del Tratado del Eliseo, con el que Alemania y Francia dieron por zanjados dos siglos de disputas sangrientas. Al final, Cameron optó por el 18 para lanzar su speech pero la crisis argelina le dio la oportunidad de posponer una vez más su tan esperada comparecencia.

Un tercer apunte: las discusiones para la fijación del marco financiero plurianual, tras el fracaso de la cumbre de noviembre, no muestran grandes avances, a pesar de que las diferencias de competitividad de la Eurozona apuntan la necesidad de transferir 250.000 millones de euros a los países del sur (tesis de Jacques Sapir, Patrick Artus, el economista jefe de Natixis, habla de 320.000) cada año y durante toda una década, para acabar con los desequilibrios de competitividad. Esos que Berlín quiere que se corrijan sólo con austeridad. Lo que se discute actualmente en  el MFP no llega al 1 por ciento de la Renta Nacional Bruta ¡de toda la UE!

No puede pretenderse con ecuanimidad que Alemania destine un 8 por ciento de su PIB a las economías más débiles de la Eurozona, y durante toda una década, cuando a la absorción de los 18 millones de habitantes de la República Democrática Alemana asignó, en los momentos de mayor costo, un 4,5 por ciento de su PIB. Pero Berlín tampoco debería ignorar que, aún sin haberlo pretendido, la corrección de los desequilibrios financieros básicos de la Eurozona le está reportando pingües beneficios, muchos más que los que objetivamente está dedicando a auxiliar a sus socios en caída libre.

Alemania no puede seguir pretendiendo que los "holgazanes"  del sur soporten plenamente el costo de sus redenciones. Primero, porque el esfuerzo que han (hemos) realizado en este afán es muy importante y, segundo, porque Berlín está extrayendo un cuantioso rendimiento económico de la operación. Podría pensarse que Alemania está aprovechando la situación para captar recursos con los que financiar el presupuestariamente muy peligroso envejecimiento de su población, y eso, inevitablemente, generaría desconfianza, y recelos, y suspicacias. ¿Verdad?

Ha llegado el momento de dejar atrás la arrogancia y arrimar el hombro. Por eso Rajoy tiene razón.

Iberia otra vez

Iberia atraviesa por dificultades graves una vez más. Por enésima vez desde la liberalización del sector, en los 90, la dirección de la empresa y los sindicatos andan enfrentados a cuenta del futuro de la sociedad y las consecuencias de la confrontación las van a pagar los clientes. Como siempre. Porque los derrapes de Iberia los pagan siempre los clientes... o los contribuyentes, que vienen a ser los mismos. No conviene olvidar que esta prodigiosa empresa, hoy privada, alcanzó la independencia del papá Estado después de varias inyecciones cuantiosísimas de capital y de negociaciones muy difíciles con las autoridades europeas, a fin de situarla en condiciones de competitividad que le permitieran desenvolverse en el mercado libre con holgura. Antes, ese papá Estado y su régimen de privilegios y monopolios le había permitido a Iberia, y a sus empleados, vivir muy largos años cómodamente  instalados muy por encima del arco iris, donde los cielos son azules como bien cantaba Judy Garland.

Hoy, lo mismo que en los 90, la supervivencia de Iberia es invocada por la Dirección para justificar recortes de envergadura en la empresa que, sólo en lo que a personal se refiere, implican 4.500 despidos. “Si no lo hacemos, Iberia desaparecerá”, dice estos días la Dirección, al tiempo que deja entrever su empeño en “corregir deficiencias estructurales” que la empresa viene arrastrando desde tiempos pretéritos.

A mí, que Iberia arrastre, a estas alturas, “deficiencias estructurales”, me suena a broma mala, además de cara. Porque se supone que las tales deficiencias habían quedado detrás, muy detrás, allá a comienzos de la última década del siglo XX, cuando esta compañía recibió del Estado unos coquetos 120.000 millones (de pesetas) para poner sus cuentas en orden y comprar aviones con los que lanzarse a la jungla salvaje de la libre competencia. En 1992, viene al caso recordarlo, Iberia se comprometió, para hacerse merecedora de aquel dinero, a recortar una plantilla considerada entonces como “largamente sobredimensionada”.Contaba con 120 aviones y 24.000 trabajadores y la Comisión europea, que era la que tenía que autorizar la inyección de capital, le reprochaba a la empresa una muy baja productividad por empleado. 

Por ello, Iberia tuvo que comprometerse a licenciar a 3.300 trabajadores y a recolocar a otros 8.000, con un objetivo confesado en los papeles que circularon por aquel entonces: mejorar la productividad un 50 por ciento. Manuel Rodrigo Jimeno, presidente de Viva Air por aquel entonces y objeto frecuentes de las iras del Sepla, el sindicato de pilotos, denunciaba que la ratio de personal de Iberia por cada avión de la compañía era de 91,88 personas, 31,88 más de las necesarias si se excluía para el cómputo al personal de handling y al de mantenimiento pesado.

Aquel chorro de dinero no fue suficiente y en 1994 la Dirección, igual que ahora, advertía del riesgo de extinción de la sociedad si no mediaba un acuerdo con los sindicatos para ejecutar las reformas comprometidas con Bruselas. A finales de año, las pérdidas acumuladas por la Iberia ascendían a 214.000 millones y la deuda se le había duplicado. Por ello se hizo imperativo  negociar otra recapitalización de la compañía aérea con Bruselas, y se hizo en medio de un clima muy hostil pues la Comisión había advertido que la del 92 sería la última ayuda de Estado que toleraría en Iberia.

La advertencia quedó en papel mojado y en 1996 Bruselas autorizó dos nuevos tramos de ayudas de Estado para la empresa, el primero de 87.000 millones y el segundo de 20.000.

La reestructuración de la sociedad iba a facilitar la corrección de aquellas “deficiencias estructurales” pero a día de hoy las cosas siguen igual. La plantilla de Iberia, según los datos ofrecidos ahora por su Dirección, ronda aún los 20.000 trabajadores de los que le sobran 4.500. Y es que a pesar de las ayudas de Estado de los 80 y los 90, de las promesas de mejora de la productividad por empleado y de todo el esfuerzo desplegado para que esa compañía funcione, Iberia sigue siendo un problema. Y una ruina, lo que, dada su historia, debe preocupar a alguien más que a sus accionistas. 

Si la inmensa tarea de recomponer los equilibrios financieros básicos del país no nublara nuestra percepción, nos sería fácil convenir en nuestra sociedad que lo de Iberia no es admisible. Un país de 46 millones de personas instalado en la élite internacional no se puede permitir –no puede consentir- que una empresa de la talla de Iberia plantee problemas de supervivencia una década tras otra. En medio del debate internacional sobre la desindustrialización de las economías desarrolladas, estas fragilidades no son tolerables. Ni España puede prescindir de un activo de la importancia de Iberia,ni los españoles nos merecemos el permanente chantaje de una empresa que ha demostrado ser tan arrogante como incapaz de subsistir por sus propios medios, después de haber dilapidado los nuestros. Alguien tendría que rendir cuentas.

  En Bélgica, en 2001, quebró la iberia local, que se llamaba Sabena. Un análisis desapasionado de aquel desastre industrial demostró que las responsabilidades del fracaso fueron imputables lo mismo al accionista de referencia (Swissair, que también quebró) que a los directivos de la propia compañía, promotores de una expansión de servicios sin bases financieras suficientes y a los sindicatos, que no habían cedido un ápice en sus reivindicaciones a todo lo largo de la vida de una compañía que sólo había sido capaz de generar beneficios en 2 de sus últimos 40 años de existencia.

¿Veremos en España una sabena-bis?

Cobrar pero no pagar

Herman van Rompuy, presentando en rueda de prensa los resultados del Consejo

Las Perspectivas Financieras dan cada siete años lugar a una negociación complicadísima, en la que se discute cuánto dinero van a asignar los Estados miembros a las políticas comunes de la Unión y por qué vías va a resarcirse cada uno de ellos de esas inversiones, en el horizonte temporal de un septenio. En algunos casos, el saldo resultante es negativo y se dice entonces que los países en esa situación son “contribuyentes netos” al presupuesto común. Cuando sucede al revés, nos encontramos ante “beneficiarios netos” del erario europeo. España, que ha formado parte de estos últimos hasta ahora, pasará, en el nuevo periodo de  programación presupuestaria, a la condición de contribuyente neto, debido a su nivel relativo de riqueza.

El hecho de que el MFP (por Marco Financiero Plurianual) se articule a lo largo de 7 años no es un tributo a la extinta hegemonía francesa sobre las cosas de Bruselas, que haría coincidir la programación del gasto europeo con la antigua duración del mandato de su Presidente. Resulta de la época, años 80, en la que Alemania pagaba sin chistar. Cuando le plantearon al entonces canciller Helmut Kohl las necesidades existentes, contestó diciendo que no podía darles encaje en cinco años, el periodo inicialmente contemplado; que prefería hacerlo en siete. Y así se acordó.

Las discusiones a las que asistimos estas últimas semanas sobre el tema, de las que la fracasada cumbre del viernes es una referencia más, no guardan ninguna relación con las de finales de los 80 y mediados de los 90, cuando se aprobaron los primeros “paquetes” de gasto que fueron denominados ,”Delors-1” y “Delors-2”. Contrariamente a lo que entonces sucedía, ahora no se pretende dar satisfacción a ningún listado de necesidades, ni mucho menos ampliar el existente. Lo que se busca es encajar las políticas ya enumeradas en el pasado dentro de un corsé presupuestario que no ha sido diseñado para ellas. El jueves y el viernes, los líderes europeos pelearon por algunas de las opciones sobre la mesa, a cada cual más restrictiva: los 200.000 millones en que Cameron quería recortar la propuesta de la Comisión, de 1,03 billones, y que hubiera llevado a la congelación del gasto europeo, en términos reales, con respecto al programa 2007-2013; los 160.000 o 180.000 de ahorro pretendido por los suecos; los 150.000 de los holandeses; los 130.000 de franceses, checos, finlandeses, austriacos y daneses y los 81.000 de Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo.

Por ende todos los mencionados, España también, pretendían limitar su aportación al presupuesto común, a través de alguna de las vías existentes: los británicos mediante su cheque, los alemanes con la limitación vigente a su contribución al erario común (no puede rebasar un porcentaje del PIB, en función de los acuerdos de la cumbre de Berlín de 1999), los holandeses por el mismo camino, etc. etc. etc. De lo que se trataba, y aún se trata, es de cobrar, pero no pagar. Lo mismo que sucede con el AVE: todo el mundo quiere que pare, pero no que pase.

En semejante escenario, los arreglos eran imposibles. Van Rompuy, que ha asumido todo el protagonismo de la negociación en detrimento de Barroso, se pasó la cumbre moviendo dinero de una partida a otra solamente para constatar que unas veces molestaba a unos, y otras a otros.

Al final, constatada la tacañería de quienes más deberían aportar a las cuentas comunes, a lo que nos encaminamos es a un acuerdo “a la carta”, cuando vuelva a convocarse la cumbre: una solución “especial” para el problema español (una especie de cheque), otra para el francés, y así hasta contabilizar a la totalidad de los contribuyentes netos. No debería extrañar: el MFP en vigor acumula un centenar largo de excepciones y matices.

Lo que pasa es que esto no es Europa sino un mercadillo del peor jaez. La solución pasa por reformular el presupuesto desde sus orígenes, haciéndolo más funcional y eficaz para afrontar las necesidades de los tiempos que corren. Curiosamente eso es algo que vienen reclamando desde hace años el Reino Unido y otros países desarrollados de la UE con escaso peso agrícola e imperativos de cohesión bajos.

Tenía que haberse acometido, ese trabajo de rediseño, en 2008 o, a más tardar, en 2009, según acuerdos del Consejo Europeo, pero primaron los intereses agrícolas y ahora estamos buscando acomodo a traseros demasiado distintos para los dos únicos modelos de sillas disponibles, la agrícola y la de la cohesión. Y España pierde en las dos: un 30% en la PAC y un 17% en Fondos Estructurales según las cifras de la propuesta de Van Rompuy, con respecto al actual MFP, lo que equivale a casi 20.000 millones (13.200 de la PAC y 6.120 de los Fondos Estructurales y el de Cohesión.

En el periodo de programación presupuestaria que vencerá el año próximo, el 2007-2013, España fue ya el país europeo que sufrió una mayor pérdida relativa de ingresos, según reconoció en su día Pedro Solbes.

A ver lo que Rajoy consigue rascar en la próxima reunión del Consejo Europeo. Pero va a ser poco. ¿Qué se apuestan?

Pronósticos que se lleva el viento

En tiempos de descrédito como los que vivimos la gente, que necesita certidumbres, suele abrazar creencias asombrosas. La de la Econometría  parece ser una de ellas. Se trata, esta, de una ciencia que intenta desvelar el futuro económico que nos espera a partir de cálculos complejos sobre referencias del presente. La disciplina tiene diferentes sectas que la interpretan a su manera y no garantiza el acierto, pero ya se sabe desde la antigua Grecia que abrir ventanas al futuro es siempre problemático.

Nuestra sociedad, tan crítica con unas verdades reveladas, inclina mansamente la testuz ante otras que aterrizan por sorpresa sobre nuestros quehaceres cotidianos. Es el caso de las Previsiones Económicas de la Comisión europea, que esta semana ha vuelto a pintar un futuro siniestro para nuestro país en el corto plazo. El año que viene, han dicho desde Bruselas, el Producto Interior Bruto español va a caer un 1,4% y a la gente, aquí, se les han abierto las carnes porque el Gobierno, oficiante de esa misma fe econometra y en pretendida condición de sumo sacerdote, además, había anticipado que la caída sería mucho menor: del 0,5 por ciento. Políticos de esos que en nuestro país hay tantos, sindicalistas y profesionales del dinero, también del subsidio, se han lanzado al ruedo para criticar a diestra o siniestra las cifras de unos u otros.

Nadie, sin embargo, ha criticado a las fuentes, es decir a la fe econometra o, por mejor hablar, a la Econometría expresada en términos de fe o dogma. Porque, ¿son creíbles las Previsiones económicas de Bruselas, tal y como nos las presentan cada año? Por el enorme ruido que las acompaña siempre habría que decir que sí, pero es que no. Es que no dan ni una, oiga.

Me he tomado el trabajo de recopilar los documentos que la Comisión europea ha ido haciendo públicos a lo largo de los años, todos los otoños, con sus estimaciones sobre la evolución que habría de seguir la economía en los diferentes estados miembros. La estructura del capítulo del PIB, en esas Previsiones Económicas, es casi siempre la misma: presenta, primero, las cifras de los dos años precedentes (en algunos casos tres) al de la publicación de los datos. Son estas cifras que, a pesar de pertenecer al pasado, cambian a medida que las contabilidades nacionales consolidan sus propios números y se los pasan a la Dirección General de Economía del Ejecutivo comunitario. Vienen a continuación las “Estimaciones”, que son dos, una para el año de publicación de los datos y otra para el siguiente y, finalmente, las “Previsiones en caso de políticas económicas inalteradas”, que marcan una cifra para dos años después.

Con los números correspondientes a España les he construido la tabla que les adjunto. Todo está ahí: las “Estimaciones” y las “Previsiones”, desde otoño de 1994 hasta la fecha, expresadas en Volumen, (valores constantes), porque el PIB también se puede medir a precios de mercado, o a costo de los factores. En ellas se ve, por ejemplo, cómo para 2009, cuando la economía española cayó un 3,7%, la Comisión le vaticinaba a nuestro país un modesto descenso del PIB del -0,2% sólo un año antes.

No es el único desajuste constatado en esta secuencia. Para 2010, la Comisión le anunciaba a España un descenso del PIB del -0,8% y se quedó en el -0,3%. O en 1995, cuando el producto interior bruto español creció el 5%, a pesar de que la Comisión le pronosticaba un más modesto 2,8%.

Con estas cifras y las oficiales de crecimiento del PIB que ofrece Eurostat, el servicio estadístico de la UE, les he construido el segundo cuadro que les adjunto. En él se ve que las estimaciones de la Comisión y la evolución final de la economía española no han coincidido nunca en el periodo contemplado, es decir, desde 1994 hasta 2012. El primero de esos años sólo dos décimas de punto separaron la verdad anticipada por el Oráculo de la que constató la realidad cuando cumplió el tiempo. Otro tanto pasó en 2001 y en 2007 sólo una décima separó la previsión de la realidad.

Se observa, además, una clara tendencia en la Comisión a tirar por debajo en sus estimaciones sobre lo que va a suceder con el PIB español, salvo en 2008, cuando anunció un crecimiento del 3% que se quedó en el 0,9%.

A la Comisión le preocupa, naturalmente, la fiabilidad de sus predicciones. En el número 291 de los Economic Papers de la Dirección General de Economía (The track record of the Commission’s Forecast – an update, 10/2007), se señala que “el error en las predicciones del PIB para la UE en su conjunto, medidas por la ME (error medio) ha crecido desde 0,08 puntos porcentuales para el año corriente a 0,11 pp (mientras que) para el año siguiente la ME ha crecido marginalmente, al 0,34 desde 0,32 pp”. El ME para España el mismo año de la emisión de las previsiones está en el -0.20 y en el -0.13 para el siguiente, pero el MAE, el (error medio absoluto) está en el 0.55 (mismo año) y 0.79 (año siguiente).

¿Qué significa el párrafo anterior? Pues que la Econometría no es una ciencia exacta, entre otras razones porque la valoración subjetiva de quien trabaja con ella influye en el resultado que se presenta tanto o más que las cifras en sí.

Pero en  España, donde hay infinidad de conversos a la nueva fe que generalmente vienen de Letras (como yo), a los números se les concede valores catárticos y la gente despotrica sobre ellos como si fueran nuevos dogmas de Solón.

No lo son. En ningún otro país de la Unión Europea se les concede tanta importancia.  

A Berlín le gusta hablar en inglés

El 27 de julio de 1990 Jacques Delors, entonces en la cúspide de su prestigio internacional, se permitió un desahogo retórico espectacular para la época: “Si Dios, dijo, hubiera tenido tantas dificultades para crear a Adán como nosotros estamos encontrando en la Comunidad Europea con Margaret Thatcher, el ser humano no estaría en este mundo”.

Delors estaba cansado de la británica. En 1988 (febrero) se habían cerrado las primeras Perspectivas Financieras que consolidaban el principio de la Cohesión intracomunitaria. Con ese muy complicado asunto encauzado, el presidente de la Comisión encaraba la aún más compleja negociación de lo que después serían la Unión Económica y Monetaria y el euro y la Thatcher enredaba todo lo que podía, e incluso lo que no, para impedirlo.

Cuando llevan transcurridos 23 años desde aquel momento de sinceridad de Delors y están a punto de cumplirse los 40 de la adhesión del Reino Unido a la UE, hoy puede decirse que Europa es, sin duda, más británica que hace medio siglo, como pretendía Margaret Thatcher, pero el Reino Unido no es más europeo que cuando se adhirió a la Comunidad, como posiblemente nadie, al otro lado del Canal, osaba entonces vaticinar. El mestizaje ha seguido una trayectoria unilateral. Los británicos no han sido nunca más euroescépticos que ahora ni sus élites, intelectuales, sociales o políticas, expresado tan generalizada y abiertamente su animadversión o desdén hacia lo comunitario.

Hoy, los británicos se preguntan si el muy reglamentado mercado común europeo no está agotado, como en su día le sucediera a sus antiguas plazas coloniales, y si las obligaciones de su pertenencia a la UE no les están recortando el margen de maniobra y la cintura que creen tener para desenvolverse en el universo de la globalización y de sus mercados emergentes.

Posiblemente esas percepciones sean infundadas, pero el debate sobre lo europeo en el Reino Unido nunca ha tenido mucho de racional.  

La diferencia entre el pasado de Margaret Thatcher y el presente de David Cameron radica en que el actual premier británico ha roto con la estrategia aprestada por los gobiernos británicos, laboristas o conservadores, a lo largo de las cuatro décadas de permanencia de Gran Bretaña en la UE. David Rennie  menciona en un reciente trabajo (The Continent or de Open Sea.- Does Britain have a European Future, Centre for European Reform) cómo Edward McMillan Scott, un antiguo líder de los tories en el Parlamento europeo, recibió el encargo personal de Margaret Thatcher de mantener a sus diputados “donde estén los alemanes”. John Major, tras la retirada de la Dama de Hierro, se encargaría de consolidar aquella estrategia, anclando a los tories en el PPE, el grupo parlamentario del que Cameron les ha sacado ahora, en cumplimiento de una promesa electoral suya posiblemente innecesaria e irreflexivamente formulada. ¿Consecuencia? Los eurodiputados conservadores británicos viven  alejados de su entorno ideológico natural en la Eurocámara. Están ausentes de las cocinas donde se elaboran los platos y los condimentos que terminarán en las mesas europeas.

Casi nadie, en las esferas británicas de poder, cuestiona estos hechos ni el discurso oficial, abiertamente antieuropeo y salteado de órdagos. Esta semana, Angela Merkel emprende el camino de Londres para desactivar tanta animosidad. La canciller quiere que Cameron se avenga a discutir un marco presupuestario para la UE menos austero que el que ambicionan los británicos. Pretenden un recorte de 200.000 millones con respecto a las pretensiones de la Comisión, de por sí ya modestas y el premier ha amenazado con vetar todo lo que no respete esa pretensión.

Pero Merkel va a Londres, además, buscando introducir algo de racionalidad en el debate Europa-sí/ Europa-no que promocionan  las autoridades británicas desde el 10 de Downing Street con gran  desparpajo. “Desde una perspectivas alemana, desde el punto de vista de nuestros intereses, (el Reino Unido) es un miembro importante de la UE. Favorecen el libre comercio y son partidarios de una mayor competitividad, luego son un buen socio” dijo Angela Merkel el pasado 29 durante una reunión de su partido, la CDU.

Lo que la canciller no dijo, pero se sabe que lo piensa, es que el Reino Unido es un contrapeso para Francia en el equilibrio europeo de poderes. Luego es Berlín, y no Suecia ni Holanda o Dinamarca, el aliado natural de Londres en el pretendido (por Cameron) pero no acordado proceso de renegociación de las condiciones para la permanencia británica en la UE.

A Perro Flaco...

Reparto de fondos de la UE para Cohesión por Estado miembro entre 2007 y 2013.
Fuente: Comisión Europea 

Silenciada por el fragor de la batalla que se libra en Europa contra los déficits públicos, la negociación sobre las Perspectivas Financieras 2014-2020, a las que se denomina ahora “Marco Financiero Plurianual 2014-2020”, discurre estos días con sordina, aunque haya producido múltiples víctimas. Por desangramiento. Tantas que hasta se cuestiona ya la capacidad de la propia Comisión europea para programar correctamente la acción comunitaria durante todo un septenio. Sus arcas están  exangües bajo los esquemas de las actuales Perspectivas Financieras, que concluyen a finales del año que viene y las que vienen a sustituirlas se anuncian aún más estrechas.

El calendario establecido determina  que, en teoría, los líderes de la UE deberían estar en condiciones de dar el visto bueno al nuevo marco presupuestario plurianual durante una cumbre extraordinaria, que ha sido convocada para 22 y 23 de noviembre próximos por el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy. En la práctica, todavía no hay cifras solventes sobre las que discutir. La Comisión presentó las suyas hace un año, las corrigió el pasado julio y el Parlamento ha hecho lo propio esta semana, aprobando un informe de dos eurodiputados, uno alemán y otro búlgaro, que critica severamente las posiciones de la Comisión. Pero el Consejo, donde se sientan quienes deben nutrir con sus aportaciones el 85% de ese presupuesto común (el modesto 15% restante se acopia a partir con los recursos propios específicos de la UE), no ha puesto ni una sola cifra sobre la mesa. La presidencia chipriota y Van Rompuy habían prometido una primera negociating box para este fin de semana, pero no han cumplido su palabra.

Un mensaje nítido emerge del Consejo  e impregna el debate: estamos en crisis y hay que ahorrar. Se trata de una nada novedosa tacañería entre los socios europeos más ricos, con el Reino Unido al frente pero a quien siguen estrechamente Alemania, Holanda y, en general, la Europa de los contribuyentes netos, que es como se conoce a los que aportan al presupuesto común más que lo que reciben de él, en términos estrictos de caja (un mal método de cálculo). El mensaje ha generalizado en las instituciones europeas la certidumbre de que se avecinan siete años de grandes estrecheces para Europa. En su informe, la Eurocámara destaca que los 1,03 billones de euros previstos por la Comisión en compromisos para el próximo septenio, tras la revisión de julio, representan el 1,08% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros, Croacia incluida, y se traducen en 988.000 millones en gastos (el 1,03% de la RNB). Apenas dan, dice la Eurocámara, para hacer frente a las políticas establecidas por la Unión Europea, en especial la Agrícola Común, es decir, la PAC, y las derivadas de la Cohesión. Las estrecheces del Programa Erasmus, detectadas estas semanas atrás, corren camino de generalizarse.

El techo europeo de gasto está situado, teóricamente, en el 1,24% de la RNB, o el 1,27% del PIB de los Estados miembros definido en 1991 en Edimburgo; el tránsito a la magnitud de la Renta Bruta desde el previamente utilizado del PIB se produjo a comienzos de la pasada década, a fin de armonizar las referencias contables europeas.

Nos econtramos, en cualquier caso, muy lejos de los techos presupuestarios máximos. El 1% de la RNB fue juzgado escaso para afrontar las necesidades europeas en las negociaciones de 2006 y las nuevas Perspectivas anticipan recortes sustanciales, del orden de 5.500 millones sólo en cohesión, con respecto a la programación de gasto propuesta por la Comisión en 2011. 

Y todo ello aún antes de que el Consejo haya puesto sus cifras sobre la mesa. ¿La clave?: la Comisión computa ahora a Croacia, que entrará en la UE a mediados de 2013 y para la que hay ya asignados 8.728 millones de gasto en cohesión. Pero el monto total de los programas de solidaridad intracomunitaria sólo sube 3.000 millones en la propuesta de julio, con respecto a las cifras de 2011: 339.000 millones frente a los 336.000 contemplados hace un año largo. Es decir que Bruselas, aún sin las cifras del Consejo sobre la mesa, recorta ya casi un billón de las antiguas pesetas en cohesión, respecto a sus documentos originales de 2011.

La negociación va a ser muy dura. Las regiones españolas que rebasen el 75% de la renta media (Castilla La Mancha, Andalucía, Murcia, Melilla y Canarias, que pierden la condición de "Regiones en Convergencia" por el nivel de sus respectivas riquezas regionales) van a perder muchos ingresos de la UE. Precisamente cuando más los necesitan.

Todo el poder para Merkel

 

La primera lectura que se extrae de la última cumbre europea, la que tuvo lugar los pasados jueves y viernes, es que Angela Merkel no tiene contrapeso real en Europa. La Francia de François Hollande, que tantas esperanzas había despertado en ciertos ambientes, principalmente de izquierdas, no es capaz de introducir cambios sustanciales en el orden de prioridades de la canciller germana. Tampoco en su calendario.

 

Porque si por algo se caracterizan los acuerdos del último Consejo Europeo es por el limpio trazado que le dejan a Angela Merkel en el proceso electoral que se le anticipan para el próximo año (habrá elecciones federales el 27 de octubre) y por el plazo que la banca regional alemana gana con ellos para poner a punto sus comprometidos balances, ante la eventualidad de una supervisión bancaria exterior, la que acometerá en su momento, hacia 2014 en todas sus vertientes, el BCE en su condición de supervisor único de los 6.000 los bancos de la Eurozona, según los pactos de la cumbre.

 

Tampoco el documento que han realizado los presidentes del Consejo Europeo, la Comisión, el BCE y el Eurogrupo (“Hacia una Unión Económica y Monetaria Genuina”) cuya versión provisional aprobó la cumbre el viernes, plantea ninguna dificultad relevante a Berlín.

 

La crisis de la deuda ha consolidado el poder alemán en Europa. A finales de la década pasada, hacia 2008-2009, Alemania era la referencia obligada de todo acuerdo de entidad en la Europa comunitaria. Pero su poder se ejercía habitualmente desde la sombra, en el núcleo de las discusiones a puerta cerrada de las que sólo emergía el consenso alcanzado. Porque la UE nunca habla de sus disensos. Ahora eso ha cambiado; ya sea porque François Hollande ha cortado los puentes tendidos por su predecesor, Nicolas Sarkozy con Berlín, ya porque la arrogancia alemana no soporta simulaciones, lo cierto es que se pretenda y diga lo que se quiera, lo que se hace es lo que acepta la canciller alemana.

 

Angela Merkel no quiere una Unión Bancaria (y su supervisor único) para comienzos de año. Dice que es un tema complicado, que hay que preparar bien y a partir de un marco jurídico concreto. En la práctica, la dilación establecida esta semana con respecto a las declaraciones de la cumbre de junio, permitirá a los bancos regionales alemanes sanear posiciones porque, esta vez sí, ha quedado establecido en la cumbre que la supervisión bancaria europea alcanzará a los 6.000 bancos de la Eurozona. Ya lo apuntó la Comisión europea el pasado mayo, al señalarle a Berlín que sus planes para la mejora de la situación de sus landenbanken adolecían de falta de ambición. Antes, en febrero de 2011, el vicepresidente Almunia había recordado en la capital alemana, durante unas jornadas organizadas por el diario Handelsblatt que los bancos regionales alemanes necesitaban ser reestructurados ya antes de la crisis de los activos tóxicos y que esta exigencia, con aquella, había devenido imperativa. Citó Almunia al WestLB, al HSH Nordbank, al BayernLB, así como al Hypo Real Estate, la gran caja hipotecaria germana ya rescatada en los primeros momentos de la crisis.

 

No debe extrañar, por lo dicho, que en su primera propuesta para la supervisión bancaria europea, Alemania pretendiera circunscribir las competencias del nuevo gendarme a los bancos de alcance sistémico, es decir y por lo que a la RFA respecta, al Deutschebank y al Commerzbank.

 

La pretensión no ha prosperado porque ahí está el triste caso de las cajas españolas, que sin ser sistémicas han llevado a las capacidades financieras del Estado español al límite en esta crisis.

 

A España, el cambio de calendario le viene mal, pero nada puede hacer. De ahí que Mariano Rajoy, en la conferencia de prensa con la que concluyó su presencia en Bruselas, enfatizara la determinación de Alemania en resolver los problemas de la Unión Monetaria.

 

Al ritmo alemán, claro.