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martes, 29 de noviembre de 2011

Violencia (de género)

 He seguido con curiosidad la avalancha de informaciones que se ha adueñado de la páginas impresas y de los minutados de televisión, estos día atrás, sobre eso que algunos denominan la "violencia de género" y que a mí me parece violencia a secas. Sí, ya sé que en ciertos ámbitos molesta la útilización del sustantivo genérico, sin calificativo,  pero yo soy de los que desconfían de esas doctrinas oficiales que aparecen arrasando desde los cuatro puntos cardinales, como si fueran las nuevas plagas de nuestra moderna modernidad. Y esta lo es.

Si interpretáramos la catarata de noticias de estos días pasados a la luz del viejo -y sabio- principio de Proporcionalidad, tendríamos que concluir que España es un país de machistas violentos. La enorme profusión de estas temáticas en los medios informativos hablaría, a la luz de las provisiones del principio en cuestión, de una sociedad malsana, violenta y despreciativa con las mujeres.

Bueno, pues resulta que no es así. El otro día, coincidiendo con la jornada mundial que el departamento de Naciones Unidas que dirije la actual jefa de Bibiana Aido, Michelle Bachelet, dedicaba a esto de la violencia (de género, igual si la cosa iba de violencia a secas habría que tratarlo como un asunto judicial, y las dos se quedaban sin trabajo), me puse a buscar estadísticas y descubrí cosas asombrosas. Por ejemplo, que en 2010, en Francia, murieron un total de 173 personas (146 mujeres y 28 hombres) por disputas de raíz doméstica cuando en España, las cifras correspondientes ascendieron ese año a 80 personas, 73 de ellas mujeres, según datos del último informe del Observatorio de Violencia de Género. Y si tomamos en cuenta el censo femenino de ambos países ese 2010, (33,4 y 23,3 millones, respectivamente), encontramos que en nuestro vecino murió ese año una de cada 228.000 mujeres, mientras que en España fue una de cada 319.000. A la luz de la estadística, los franceses son mucho más violentos con las mujeres.

Pero es que, además, se sabía (no yo, lo he descubierto buscando estos datos) que España no es un país particularmente machista. Un informe del Instituto Universitario para el estudio de la Violencia del Centro Reina Sofía, que incluye datos hasta 2006, sitúa a nuestro país por detrás de Austria, Finlandia, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Noruega o Italia en este tema. Y si en el cómputo se incluye a países de América Latina, el presunto machismo de los españoles se diluye en los últimos puestos de la lista. Del informe en cuestión viene al gráfico que les adjunto.

La violencia de un hombre contra una mujer es vergonzosa e indignante; no admite paliativos. Se ejerce en un ámbito en el que la mujer se confía. Es una violencia que debe ser combatida a todos los niveles: educativos, preventivos, coercitivos y punitivos. Pero de eso a presentar un día sí y otro también a la sociedad española como una banda de crápulas y sátiros hay un abismo.

Y eso, exactamente, es lo que se está haciendo.

domingo, 27 de noviembre de 2011

Los socios de la UE quieren seguir mangoneando la cohesión



Parece que la crisis de la deuda tenga a toda la actividad comunitaria prendida con alfileres y es posible que la apariencia responda incluso a una realidad objetiva, pero los ríos subterráneos siguen fluyendo y si todo esto no se va al carajo, que no lo creo, terminarán por salir a la superficie.

Es el caso, por ejemplo, de las discusiones en curso sobre las próximas Perspectivas Financieras 2014-2020. Hace ya algún tiempo les contaba (vean el "post" "Bronca en ciernes por el dinero europeo" del 31 de julio, dedicado a este tema) que los Estados miembros que se benefician de estas ayudas estaban tomando posiciones en el debate y que España pretende crear una categoría de  "zonas intermedias", ni en retraso ni en pleno desarrollo, a la que se adherirían aquellas con rentas de entre el 75 y el 90 por ciento de la media comunitaria.

Todo ello, naturalmente, al objeto de no ver muy mermados los ingresos del país por cohesión intracomunitaria durante el nuevo periodo de programación plurianual de gasto.

Otros tienen ideas diferentes. La Comisión, por ejemplo, pretende forzar una concentración del gasto comunitario en tres objetivos específicos, con el propósito, dice, de obtener resultados más aparentes en el desenclavamiento de las "regiones en desarrollo", según la denominación oficial.

La idea -que no es nueva- ha despertado considerables recelos durante una reciente reunión informal de ministros de Desarrollo regional, que ha tenido lugar esta semana en Pozdam, bajo presidencia polaca de la UE. La Comisión quiere que los ejes principales de las inversiones por Cohesión sean la I+D+I (investigación, desarrollo e innovación), el refuerzo de la competitividad de las pymes; y el apoyo a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Los Estados potencialmente beneficiarios de las ayudas, en cambio, discuten el planteamiento y manifiestan que si la agenda de "Europa 2020" consagra 11 objetivos estratégicos, constreñir la cohesión a sólo 3 de estos parece una sinrazón.

Las conclusiones de esta reunión, que les adjunto, reflejan el objetivo de la concentración del gasto pero también, de un modo velado, el malestar que la idea genera entre los beneficiarios, para los que la libertad de acción parece primordial.

Esta actitud no debe extrañar: el interés por concentrar el gasto comunitario, a fin de magnificar sus resultados en una banda estrecha de actuaciones, han estado en el ánimo comunitario desde la formulación del primer "Paquete Delors", en 1988. Contrariamente a los deseos de la Comisión, los Estados miembros dejaron en una relativa indefinición la elegibilidad de objetivos financiables por los fondos estructurales, a fin de atender a las demandas de flexibilidad en las asignaciones de gasto formuladas por los Estados miembros.  Luego, en las discusiones de Edimbrugo que alumbrarían el segundo "paquete Delors", España siguió defendiendo la elegibilidad del conjunto del territorio nacional para el gasto de las ayudas estucturales. De hecho, en 1989 entraron bajo la condición de regiones asistidas (por el entones "Objetivo 2" para las zonas en declive industrial) territorios como Madrid, Barcelona, Gerona o Tarragona, de las que no eran acreedoras pero a las que pudieron asimilarse gracias a que el objetivo porcentual de paro en ellas registrado no fue cifrado en los reglamentos correspondientes.

Se trata, por lo tanto, de una vieja pugna en la que España va a tener un papel de importancia relativa esta vez, porque el grueso de las ayudas va a ir a parar a los adheridos en la última tanda.

El 6 de diciembre, los ministros continuarán discutiendo este asunto en Bruselas, ya en Consejo formal.

Les dejo dos gráficos que tienen un cierto valor: el primero refleja las ayudas recibidas por España por cohesión intracomunitaria desde 1989 (año de entrada en vigor del "Delors-1") hasta 2009, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Comisión europea. El segundo ha sido elaborado a partir de datos propios, y refleja el reparto regional de esas ayudas.

Las conclusiones del Consejo informal de Desarrollo de Pozdam están aquí:

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Alemania tropieza

Alemania ha tenido dificultades hoy para colocar una emisión de deuda pública. La Agencia alemana de la Deuda ha tenido que guardarse casi la mitad de un paquete de 6.000 millones a 10 años, porque no encontraba compradores. Es un factor a tener en cuenta, y muy significativo.

En España se está reclamando de Alemania acciones más determinantes para acabar con la crisis de la deuda, pero los gobernantes germanos tienen que sopesar tanto el apoyo o el rechazo de su opinión pública (¿acaso hay un gobierno en la UE que esté dispuesto a ceder el poder por ayudar a Grecia a salir del embrollo en el que se ha metido?) y de los mercados monetarios. Ni el uno, ni los otros, están garantizados. Ni siquiera para Alemania.

Hoy, la Comisión europea ha presentado sus ideas sobre los anhelados Eurobonos, que no serían otra cosa que emisiones conjuntas de deuda que se beneficiarían del prestigio y de la solidez de las principales economías de la Eurozona, para captar dinero a mejor precio en beneficio de los que, como España o Italia, atraviesan más dificultades para financiarse en los mercados internacionales. Merkel no quiere abrir esa vía ahora. Yo soy de los que piensan que lo hará cuando Italia y España asuman compromisos objetivos de recorte del gasto público que reduzcan las incertidumbres de los mercados. Todo ello para no fragilizar al conjunto de la Eurozona.

Lo que ha pasado hoy es un aldabonazo de primer rango.




martes, 22 de noviembre de 2011

Clientelismo político

Italia, Grecia, una parte de Bélgica, otra de España (¿cuánta?), tienen a la democracia corrompida por el clientelismo, el que han practicado, en casos durante décadas, unos políticos mediocres y acomodaticios, aupados al poder de sus Estados respectivos por otros ideales que el servicio público o las convicciones morales y políticas.

El otro día leía yo con curiosidad un artículo publicado en Le Monde por el escritor y ensayista griego, Takis Teodoropoulos. En él se apuntaba claramente al clientelismo político como responsable de la ingobernabilidad actual de Grecia y de la virulencia de las manifestaciones contra la austeridad exigida por las instancias internacionales para inyectar dinero en la economía helena y sacar al país de la quiebra. "El sindicalismo del sector público, dice Teodoropoulos, que ha vivido durante treinta años bajo la tutela de la clase política, se siente huérfano cuando esa misma clase política le abandona a las arenas movedizas de las privatizaciones necesarias para pagar las deudas del país. Y es lo mismo para el propietario de un taxi o el de la farmacia de la esquina, que han vivido tres décadas bajo la protección de un sistema que les permitía controlar la distribución de licencias".

A la luz de esta realidad, tan crudamente descrita or Teodoropoulos, las acusaciones de fraude lanzadas por los manifestantes en la plaza Syntagma ("los políticos se han forrado"), adquieren una profundidad pavorosa. Es la acusación de quien se siente traicionado por aquellos a los que ha ayudado a prosperar y que, en la crisis, ve huir con las maletas hinchadas de billetes, dejando detrás a los compañeros necesarios para la parte precedente del trayecto. Es una versión trágica de nuestro "¿qué hay de lo mío?".

Hay quienes aseguran que la corrupción es consustancial a la democracia. Yo creo, sin dar por bueno el aserto, que en cualquier caso hay gradaciones. Y estoy convencido de que renunciar a la honestidad en política es suicida.  Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de corregir los abusos del capitalismo, algunos de cuyos mecanismos se han convertido en referentes internos para un modelo que funciona al margen del sistema. "¡Y menos mal que es así!", te espetan sin arrobo alguno los arcángeles de Wall Street y de la City, significándote la escasa credibilidad de los que nos gobiernan y la nula eficacia del tinglado que han creado. Por corrupto, entre otras cosas. Porque basa su legitimidad, dicen, en unas urnas compradas.

Ante imputaciones de estas características, quienes creemos en la democracia no podemos rasgarnos las vestiduras y clamar que las libertades están en peligro que es, más o menos, lo que ha hecho la clase política cuando los mercados monetarios la han arrastrado por el barro, desacreditando sus planteamientos y esfuerzos. 

La "Tangentopolis" italiana, las periódicas acusaciones de corrupción en el sur de Bélgica, los oscuros tejemanejes del poder en Francia con los Bettencourt, las afirmaciones de los republicanos catalanes, citando a Pedro Solbes, de que en Andalucía las exigencias tributarias están muy relajadas, ofrecen una fachada bien poco ejemplar para contraponer a los dictados excéntricos de las agencias de califición o los comportamientos desorbitados de los especuladores financieros, que despluman a sociedades enteras ante la impotencia de quienes les gobiernan.

En la campaña electoral que ha concluido en España se ha oído hasta la saciedad la cantinela de que quienes más tienen están obligados a ayudar a los desposeídos de fortuna. No ha habido, en cambio, ni una sola referencia a la responsabilidad de quienes reciben esa ayuda por dejar de aceptar peces y ponerse a aprender a pescar. Con la disculpa de la redistribución, las sociedades se deslizan con una relativa facilidad hacia el clientelismo político y luego pasa lo que denuncia Teodoropoulos: que bajo las capuchas de los que prendían fuego al mobiliario urbano en Atenas, causando estragos que el Ayuntamiento no tiene dinero para reparar, no había metalúrgicos o mineros salidos de los archivos de la historia,  sino hijos de pequeñoburgueses acostumbrados a un régimen de vida y a unos privilegios facilitados por unos políticos que han endeudado a su país hasta las cejas para seguir facilitandolos.

domingo, 20 de noviembre de 2011

Si el euro se hunde, Europa se hundirá con él


Firma del Tratado de Maastricht, en 1992



Se está dando en España y en otros países miembros de la Unión Europea un debate a mi modo de ver gratuito sobre el impacto que tendría en la construcción comunitaria la caída del euro. Yo soy de los que creen que semejante acontecimiento, de producirse, vaciaría de contenido a la Unión y abriría el camino a enormes tensiones que no solo empobrecerían al continente, sino que resucitarían las peores compulsiones de un pasado que creemos, erróneamente, superado.

Existe un lugar común en esa discusión según el cual el euro, la Unión Monetaria, sería el resultado del Tratado de Maastricht de 1992, que fue aprobado en una cumbre celebrada en esa localidad holandesa en diciembre de 1991. «Prescindimos de él y volvemos a la situación precedente, que no era tan mala», afirman quienes proponen hacer tabla rasa de estas dos últimas décadas.

Es una percepción equivocada. En realidad, la Unión Monetaria ha estado en el núcleo del pensamiento europeo desde sus planteamientos originarios, que no son demasiado ajenos al Zollverein, la unión aduanera germana del siglo XIX. El proceso de integración comunitaria seguiría los pasos de la moderna Alemania, que removió las tarifas internas entre los Estados federados en 1834, dando lugar a un mercado interior que precedería a la unión política de la federación en 1871, cuando se creó el Reichsbank. El marco llegó en 1876.

La construcción europea comenzó a mediados de la pasada década como una unión aduanera, que reclamaba, desde sus muy tempranos momentos, un mecanismo de cambios estables. Ese fue el origen del Sistema Monetario Europeo, creado por una cumbre de jefes de Gobierno de la CE el 5 de diciembre de 1978, a instancias del entonces presidente de Francia, Valery Giscard d"Estaign y el canciller alemán Helmut Schmidt

Subterfugios como el "ecu" -la "cesta monetaria" contra la que se definían las fluctuaciones máximas de las monedas que componían el SME- y el mucho más esotérico "ecu verde", el que se utilizaba para liquidar las ayudas del Fondo de Garantía Agrícola, con sus correspondientes «montantes compensatorios monetarios» negativos o positivos, complicaban la vida de una realidad económica y mercantil común hasta extremos a veces ridículos. El Informe Werner de 1970, en el que se enunciaba abiertamente la necesidad de que Europa construyera, a más tardar para 1980, su unión monetaria, no hizo otra cosa que dar carta de naturaleza a aquellos deseos.

El euro, la moneda única, es la culminación de los enormes esfuerzos acometidos este último medio siglo para dar coherencia económica a la construcción europea. Cuando Kohl y Mitterrand firmaron, en enero de 1988 en París, los protocolos que institucionalizaban el eje francoalemán, en el XXV aniversario del Tratado del Elíseo, lo que Francia esperaba de los nuevos instrumentos creados (el Consejo Económico y Financiero entre ellos, el otro era el Consejo de Defensa y Seguridad) era que se sentaran inmediatamente las bases para la creación del Banco Central Europeo. Alemania, al principio, no quería. Ese año, el ministro germano de finanzas, Gerhard Stoltember, en perfecta sintonía con el presidente del Bundesbank, Karl-Otto Pöhl, ponía el acento en la liberalización de los movimientos de capitales y la cooperación entre bancos centrales en materias fiscales, económicas o regionales, además de monetarias, antes que en una unión monetaria con su correspondiente banco central. Stoltemberg reclamaba, concretamente, una unión política europea, que condujera a la unión monetaria. El Zollverein.

Luego, como siempre pasan las cosas en la UE, las voluntades de unos y otros fueron cuadrando, de manera que en 1999, el euro pudo ver la luz como instrumento fiduciario.

Si el euro cae víctima de las actuales tensiones monetarias, no sucumbirá solo una expresión más de la Europa común; desaparecerá el núcleo central de sus anhelos. El resentimiento contra aquellos a los que se considere culpables de la defunción (lo sean realmente o no, estas cosas siempre son discutibles) y la inestabilidad derivada de la pérdida de los equilibrios continentales de este último medio siglo harán el resto del trabajo. Europa, como proyecto común, dejará de ser una realidad y pasará a los libros de historia.

viernes, 18 de noviembre de 2011

Ver lo invisible

La visualización de datos se está convirtiendo en una disciplina básica en nuestra sociedad de la información. Existen técnicas muy interesantes que ofrecen resultados espectaculares. Yo les traigo aquí hoy una visualización del tráfico de correos electrónicos de Yahoo, que me ha asombrado. Es posible separar las palabras más utilizadas en esos correos electrónicos y rastrear su importancia a lo largo del tiempo. La aplicación la ha desarrollado una sociedad norteamericana, de nombre Periscopic, que ha acometido otros proyectos, como rastrear las palabras utilizadas por los candidatos republicanos de los EE.UU en sus intervenciones.
Les sugiero que echen una ojeada a estos recursos y se pregunten por las técnicas de monitorización y rastreo a las que nos vemos sometidos en nuestros días.


Periscopic está en



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jueves, 17 de noviembre de 2011

Monetarismo de Izquierdas


El debate actual sobre la Europa a dos o más velocidades es conceptualmente abusivo. No se trata ya de que fuentes informativas de muy alto nivel nieguen taxativamente que Francia y Alemania estén preparando un “núcleo duro” de miembros del euro, (que me lo niegan y yo las creo), sino que constituye una contradicción básica pretender a estas alturas una concepción “técnica” de la Unión Monetaria” (los que cumplen los criterios, dentro, los que no, fuera, e inmediatamente), cuando esta es una construcción política, y va a continuar siéndolo.

Si la Unión Monetaria (UEM) se constituía con las monedas de la cuenca del Rin y sus aledaños inmediatos, o no, fue un debate de los años 90. Su momento de máxima relevancia tuvo lugar en torno a 1997, cuando los halcones alemanes del Bundesbank y otros teóricos de la jaez exigían a voz en cuello una concepción ortodoxa de la UEM, para evitar derivas inflacionarias de la futura moneda única que comprometieran la clave estatutaria del Bundesbank: la estabilidad monetaria. En Davos, en 1997, varios banqueros, en su mayoría alemanes, cargaron contra la admisión de los socios mediterráneos en la “primera línea” del euro y se supo que existía un informe que dejaba a España, Portugal e Italia en un “stand by” de la Unión Monetaria, cuando esta comenzara su andadura, en 1999. El propio Kohl tuvo que salir al quite y garantizar que el calendario del euro se cumpliría a rajatabla, rachazando apremios del Bundesbank y de Kenneth Clarke, el canciller del Exchequer británico, que pedían retrasar el lanzamiento de la moneda única.

Antes, a comienzos de década, la idea de que la Unión Monetaria se iba a construir a “dos velocidades” había sido moneda de cambio corriente. Delors no lo recomendaba pero reconocía la necesidad de que las economías “débiles” de la UE aceptaran periodos transitorios antes de asumir plenamente la moneda única y la presidencia holandesa de la UE llegó  a articular el proyecto, durante su mandato de la segunda mitad de 1991. Al final, la idea fue abandonada porque en las múltiples deliberaciones previas a la cumbre de mayo de 1998, en la que se estableció la lista de miembros del euro y el cambio de sus monedas con respecto a la divisa común, quedó claro que el costo político (y posiblemente económico) que soportarían los países que se quedaban fuera sería excesivo. De modo que se alivió ligeramente el criterio de deuda (el 60% del PIB permaneció, pero se decidió dar por bueno que quienes lo superaran mostraran una tendencia de aproximación a él, como claramente había precisado Kohl a Romano Prodi previamente), y la Unión Monetaria comenzó “a 11”, con pie político.

Lo que ha pasado estos últimos meses y años, además de la golfada de los bancos norteamericanos de inversión y sus “subprimes”, es la constatación de que las salvaguardias establecidas en el Pacto de Estabilidad para garantizar la austeridad presupuestaria fueron insuficientes.

Están pasando también otras cosas, como el alto costo que la mayoría de los socios de la Eurozona están soportando para refinanciar sus deudas, pero es lo que cabía esperar después de la suspensión parcial de pagos griega. Los que prestan el dinero tienen razones para desconfiar de los débiles.

Volviendo a las salvaguardias: después de la trapacería de Grecia, está claro que la Unión Monetaria necesita garantías más rigurosas sobre la satisfacción de los criterios de austeridad subyacentes en su filosofía. Nadie debería escandalizarse: la Unión Monetaria es un proyecto monetarista, no colectivista y fue aprobado por todas las izquierdas moderadas del continente. Empezando por los italianos del Partido Democrático de Izquierda (PDS), herederos del PCI e integrados en la coalición de centro izquierda conocida como El Olivo, que tomaron el poder en 1996 con la aquiescencia de las derechas ilustradas del país, católicas como laicas. La otra facción del extinto PCI, los de la Refundación Comunista de Bertinotti, quedó al margen.

El dato (podríamos haber utilizado el de la España de Felipe González, pero es más conocido) sirve para constatar que Maastricht, y su monetarismo ideológico, no sólo fue un resultado de las derechas europeas, sino también de las izquierdas con opciones de gobierno.

El Olivo fracasó en la reforma del Estado italiano que perseguía, como le ha pasado a Berlusconi y el país paga ahora la desconfianza de los mercados.

La reforma del Tratado de Lisboa que se está preparando no busca consagrar una Europa a dos (o más) velocidades. Pretende poner negro sobre blanco lo ya aceptado: que habrá una supervisión presupuestaria de los presupuestos nacionales por parte de las instancias comunitarias antes de que las grandes cuentas sean presentadas a los Parlamentos respectivos; que habrá una amenaza real y efectiva de sanciones pecuniarias para los países que incumplan las limitaciones de gasto público; que se multiplicarán las ocasiones de supervisión macroeconómica entre los socios del euro, etc. Todo ha sido ya aprobado por sucesivas cumbres; ahora hay que ponerlo en aplicación, como está previsto en 2012.

Y es imaginable que los socios del euro pongan en marcha lo que decidieron en la trascendental cumbre del pasado octubre: “a la vez que reforzamos nuestros instrumentos para luchar contra la crisis en la zona del euro, decía la Declaración entonces adoptada, seguiremos avanzando en la integración de las políticas económicas y presupuestarias mediante el refuerzo de la coordinación, la supervisión y la disciplina. Desarrollaremos las políticas necesarias para apoyar el funcionamiento de la zona de la moneda única”.

También cabe prever que los candidatos al euro tendrán que cumplir a rajatabla las condiciones de Maastricht y que, por ello, habrá retrasos en la entrada de nuevos socios.

No son imaginables cambios mayores en el derecho básico de la UE porque estos demandarían revisiones importantes de los Tratados, algo que ha sido expresamente descartado por los principales actores europeos.

Queda abierta, naturalmente, la posibilidad de que grupos pequeños de países avancen más en el proceso de integración, merced al mecanismo de “cooperaciones reforzadas” que prevén los últimos Tratados y que el de Lisboa facilita considerablemente.

Hablaremos de ellas cuando se planteen.

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