Turquía se sale

En diciembre de 2004, una cumbre de la Unión Europea acordó ofrecer a Turquía la apertura de negociaciones de adhesión a partir de octubre de 2005, con la vista puesta en una entrada del problemático candidato en la estructura de la UE no antes de 2015.

Recuerdo las justificaciones que alguno de los que habían urdido aquel extraño acuerdo (una “patada hacia adelante” de más de una década no es cualquier cosa) daba para explicarlo. Quién sabe cómo será la Unión Europea en 2015, decía con aire enigmático, fuera de micrófonos, aquella gente.

Había suficiencia en aquellas previsiones. La suficiencia propia de quien se siente tocado por la gracia de los dioses. Cuando se le dijo a Turquía aquel “sí, pero más tarde”,  el euro llevaba un par de años en la calle y era ya percibido como un éxito, la Eurozona crecía al 2,2% (España al 3,3), su deuda conjunta andaba por el 69%, los déficits presupuestarios se situaban en un cómodo 2,9 del PIB y el desempleo rozaba el 9% (el 10,6 en España). Había motivos para pensar que el tiempo, y los esfuerzos combinados de unos y otros, permitirían a Turquía allanar las distancias que aún la separaban de la UE y a esta misma a diluir desconfianzas y otras prevenciones.

No podemos menos que sorprendernos por los resultados de esta mirada atrás. Las cosas han evolucionado, ciertamente, pero a peor. Europa no se reconoce a sí misma en el duro proceso de ajuste presupuestario acometido para reconducir los déficits públicos y sus consecuencias más aparentes ofuscan la capacidad de percepción de políticos y ciudadanía: el PIB de la UE27 cayó en 2012 un 0,6%, el paro rondaba ese año el 12% -el 26% en España- y la deuda pública en la Eurozona se situaba en el 90% del PIB. 

Mientras, Turquía sigue ahí, esperando que suene la campana prometida, pero el tañido sigue sin dejarse oír. Alemania y Francia, los dos socios comunitarios que, junto con Austria, más se oponían a la entrada del país euro-asiático en la UE, ha hecho gestos estos últimos días hacia Ankara. Angela Merkel, que actúa, de facto, como presidenta de la UE, viajó a finales de febrero a la capital turca y se declaró partidaria de reanudar las negociaciones, interrumpidas en ocho capítulos fundamentales desde diciembre de 2006, aunque dejara claro de que la perspectiva de una adhesión plena del país a la UE no está garantizada; que ella prefiere el acuerdo preferencial.

Francia por su parte, había declarado a mediados estar dispuesta a retomar las negociaciones en uno de los capítulos bloqueados, el de las ayudas a las regiones menos favorecidas. Hollande se distanciaba así de la política obstruccionista de su predecesor, Nicolas Sarkozy.

Es muy probable que esos esfuerzos, nimios, resulten insuficientes para satisfacer a las autoridades turcas. En el país, según sondeos recientes, las actitudes pro europeas han caído significativamente. Encuestas llevadas a cabo a finales de enero mostraban que sólo el 33% de la población es actualmente partidaria de continuar las negociaciones de adhesión, mientras que casi el 60% prefería olvidar la perspectiva europea. Y el gobierno islamista de Erdogán, por su parte, da señales de estar mirando ya a otro lado, a la Organización de Cooperación de Shanghái, creada en 2011  y de la que forman parte  Rusia, China, Kazajstán, Kirguizistán, Uzbekistán y Tayikistán. Turquía forma parte de ella desde 2012 como “asociado para el diálogo”.

Erdogán ha dicho que el grupo de Shanghái le conviene a Turquía y que si se adhiere formalmente a él, su país dirá formalmente adiós a la UE. En Europa no se concede gran crédito a esas balandronadas pero si Turquía continúa con su desenganche, ese candidato problemático a la adhesión se irá por su propio pie y voluntad. Un desprestigio adicional para la renqueante Unión Europea del esplendor perdido.

Más chanchullos

El prestigio de España en la Unión Europea está por los suelos. En momentos duros como los que vivimos, la gente tiende a pensar que son injustos con nosotros quienes someten a tan duros trances a una población de por sí castigada por procesos, como el cambio de modelo económico, cuya resolución exigiría el apoyo y la comprensión de nuestros socios comunitarios y no su desafecto. Pero la realidad es que tenemos, en estos tiempos, escasa autoridad moral para presentarnos en Europa y reclamar un trato diferencial.

Hace pocos días, la Justicia europea pronunció una sentencia demoledora para España, en un ámbito, el de las ayudas por cohesión, en el que la UE mostró en su día una amplia comprensión que, por lo visto, hemos defraudado.

La sentencia ratifica tres decisiones de la Comisión Europea de 1999 por las que se exigió a las autoridades españolas la devolución de 363 millones de euros invertidos por la Unión Europea en las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y el País Vasco, durante el periodo de programación de gasto que fue de 1994 hasta 1999. Esos 363 millones corresponden a un modesto 7,3% de los casi 5.000 asignados por los fondos estructurales a esas regiones españolas durante el citado periodo, pero no es la cuantía de lo reclamado el aspecto relevante de la cuestión, sino sus porqués. Y estos son que las autoridades regionales hicieron caso omiso de las normas europeas que se aplican al caso, como las condiciones para las licitaciones públicas, la inalterabilidad de los proyectos originales, la adjudicación directa de obras complementarias sin licitación previa, o su atribución en base a criterios cuestionables, como los del precio medio, la implantación local o la experiencia de la empresa adjudicataria.

Además la Comisión, siguiendo un criterio humillante para España que el Tribunal ha respetado, no verificó todos los proyectos contemplados en los Programas Operativos correspondientes, sino sólo unos pocos. Una vez constatada la recurrencia de esos fallos, aplicó un baremo reductor al conjunto de las actuaciones acometidas, lo que significa, lisa y llanamente, la abrogación de la garantía jurídica de la presunción de inocencia.

Creo haberles dicho alguna vez que el excepcional desarrollo español de finales del XX y los primeros años del XXI estuvo directamente vinculado con nuestra adhesión a la UE y a su moneda única. La liquidez extraordinaria facilitada por los mercados internacionales al país se vio complementada por otro chorro de dinero, este europeo, que llegó a través de los fondos estructurales y el de cohesión, así como por la PAC. 

Yo soy de los que piensan que ese dinero fácil actuó sobre nuestro ordenamiento político y administrativo igual que el oro de las Indias: multiplicándolo hasta la náusea y generalizando la ineficacia y la corrupción. Relean las causas de las devoluciones reclamadas. ¿No tienen todas ellas un cierto tufillo a chanchullo?

Europa nos ve como un país de políticos acomodaticios, que no aprovecharon los momentos de prosperidad para sembrar un porvenir económicamente consolidado y estable y prefirieron seguir tirando de la construcción, como si no pudiera fallar; que abusó de estructuras bancarias concebidas para fines modestos, convirtiéndolas en remedos de bancas públicas regionales, a las que se sometió después a todo género de arbitrariedades y rapiñas sin que el Banco de España, independiente según los acuerdos de Maastricht sobre la Unión Monetaria, hiciera nada para impedirlo; que desoyó los consejos europeos sobre la excesiva dependencia de la banca que tenía la población a través del crédito privado; y que, en fin, malversó parte de las ayudas europeas para el desarrollo y la reestructuración del país. A santo de qué esos majestuosos palacios de la cultura en poblaciones que no los justificarán nunca.

Es verdad que otros países (Italia, Francia) no están mucho mejor, pero disfrutan de más credibilidad. Tienen más peso en Europa. Nosotros hemos perdido el que teníamos.

Comprendo bien a Javier Solana cuando, a mediados del mes pasado, pidió a sus correligionarios que no se dejaran llevar por una retórica antieuropea a todas luces injusta. Los problemas de España son, primero, españoles, y es a nosotros a quien nos incumbe resolverlos.

Confusión de espíritus

En la Comisión europea, quienes defienden a ultranza la confusión en los espíritus que conlleva la publicación de las "Previsiones Económicas", un fenómeno que ahora acontece cuatro veces al año, suelen incidir en la referencia al «escenario en caso de políticas inalteradas» que suele acompañar a sus cifras. Dice esta gente (me lo han dicho a mí, después de haber demostrado en estas columnas que estas previsiones no han acertado nunca con España, supongo que con los demás tampoco) que las desviaciones entre lo anunciado y la realidad se explican, en parte, porque los gobiernos nacionales «se ven incentivados» a tomar medidas para no llegar a la situación que desde Bruselas se les anticipa.

No hace ese argumento un gran favor a la solvencia del análisis econométrico comunitario. Reduce los esfuerzos de anticipación que realiza la Comisión europea en sus "Previsiones" a la condición de mero instrumento político para la consecución de objetivos político-económicos, lo que le desposeería, llevado el razonamiento a sus extremos, de fundamento científico y de credibilidad.

Verdad es, entre otras cosas porque así lo reconocen ellos abiertamente, que los países del Norte europeo están apretando a los del Sur, Francia incluida, a proceder con reformas estructurales profundas, en el convencimiento de que sin presión, esas reformas, entre las que merece consideración primordial el cambio de mentalidad sobre los déficits públicos, no serían nunca acometidas. Las apreturas de Grecia responderían no tanto a la escala del problema (pequeño en su momento) planteado por la minúscula economía helena, o la portuguesa, o la irlandesa, o las tres juntas, sino por el riesgo de contagio de esa laxitud a otros socios mucho más problemáticos, léase España, Italia o, en fin, Francia. Las "Previsiones Económicas", y los sobresaltos que ocasionan, serían un instrumento más de esta estrategia, que la vicepresidenta española del Gobierno parecía ayer asumir, cuando apuntaba en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Gobierno hará lo necesario para que los malos números anunciados en Bruselas no se cumplan.

De modo que todo parece apuntar a una efectiva instrumentalización política de las "Previsiones Económicas" europeas. Dan, a los gobiernos que las necesitan, razones para profundizar aún más en sus políticas de austeridad, ante sus opiniones públicas respectivas.

Pero el temor a la presunta evolución negativa de las cuentas nacionales no debería distraer la atención de otros problemas mucho más reales que las posiblemente fantasiosas cifras comunitarias. Como la apreciación del euro en los mercados cambiarios. Ahí está la verdadera amenaza para la recuperación de la economía española, y Alemania no quiere arrimar el hombro.

En 1999, poco después de lanzado el euro, la moneda única sufrió una devaluación del 14% con respecto a sus tipos de salida. La quimera 1€=1$=100¥ se desvanecía ya entonces y hoy asistimos a maniobras japonesas, estadounidenses y chinas para mejorar la competitividad de sus economías mediante la devaluación, más o menos artificial, de sus divisas respectivas. Y el euro sube; ayer rondaba los 1,32 dólares.

A las autoridades españolas, un euro fuerte les ayuda a vender la idea de que la recuperación económica está en marcha. Evidencia que los capitales internacionales vuelven a confiar en la moneda única. No deja de ser cierto, sin embargo, que un euro a 1,4 dólares borraría del balance las mejoras de competitividad logradas por su economía con tantos esfuerzos.

No hay que dejarse confundir: es ahí, al tipo de cambio del euro, a donde hay que mirar; no a unos números aireados por la Comisión que nunca terminan correspondiéndose con la realidad.

Ante la cantidad de mensajes recibidos, quiero aclarar que el Post en el que comento los fallos enlas Previsiones Económicas de la Comisión europea está aquí: http://bruselas10.blogspot.be/2012/11/pronosticos-que-se-lleva-el-viento.html

Un euro a 1,4 dólares borraría la mejora de la competitividad española lograda con tantos esfuerzos

Europa chirría en las curvas

En octubre de 1997, la Comisión europea que presidía Jacques Santer contribuyó al debate, entonces muy malcarado, sobre el presupuesto de la Unión Europea, con un estudio de su comisario de Economía Erkki Liikanen, en el que se desmontaba, punto por punto, la argumentación alemana sobre el "Justo Retorno". Era este un principio que Berlín quería imponer en los flujos financieros entre los Estados miembros de la UE y las instituciones comunes, a fin de reducir el nivel de sus contribuciones al erario común. Los nacionalistas catalanes y los flamencos belgas han hecho propio el principio en sus disputas con las autoridades centrales respectivas.

Aquel informe ("Contribuciones presupuestarias, gastos de la UE, saldos presupuestarios y prosperidad relativa de los Estados miembros") era taxativo en sus descalificaciones, muy bien argumentadas, sobre la validez de los flujos de caja para evaluar la posición financiera de un Estado miembro en la UE. Negaba la pretendida objetividad de dichos flujos porque ese género de cálculos se basa, decía, en factores y variables que arbitrariamente, alguien concreto elige en un momento determinado. Citaba, como ejemplo, el muy famoso "Cheque Inglés". Equivale este a las dos terceras partes del saldo presupuestario del Reino Unido con la UE, que da siempre negativo porque para calcularlo se utilizan argumentos sesgados, y que se define como la diferencia entre la aportación del país al erario común por IVA y PNB y lo que Londres recupera a través de los "gastos repartidos". Hecha la cuenta, el saldo se multiplica por el total de gastos operacionales y de ese mejunje contable sale el dichoso cheque. ¿Y los intangibles? ¿Y los beneficios de la Unión Aduanera? «No hay -concluía aquel documento- una definición única de la noción de saldo presupuestario. Esta ambigüedad facilita el establecimiento de métodos diferentes para determinar las ventajas presupuestarias que comporta la adhesión a la UE. La elección de un método particular refleja a menudo el propósito de resaltar un punto de vista particular, o de defender aspectos específicos».

Como comprenderán, el debate intelectual y ético subyacente en las discusiones previas y posteriores al informe de 1997 que hoy les traigo a estas páginas, no tiene absolutamente nada que ver con el colorido espectáculo que los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE, y sus utilleros Van Rompuy y Barroso, nos depararon en la larga noche del jueves al viernes pasados. De lo que allí se trataba era de buscar un punto de encuentro entre las posiciones del Reino Unido, muy por debajo de las pretensiones de la Comisión europea (de por sí desmejoradas por Van Rompuy) y las que Alemania era capaz de asumir sin perjudicar a sus territorios asistidos de la ex RDA, ni humillar excesivamente, y de paso, a Francia, co-timonel del proyecto común. Lo demás era paja, y como tal ardió en la hoguera de las cansinas conferencias de prensa en las que los actores de la comedia se envanecieron por lo bien que lo habían hecho o dieron muestras inequívocas de resignación o confomidad con los resultados, según el orgullo de cada cual.

Supongo que ese punto de encuentro lo conocen: está en los 908.500 millones de euros que la UE podrá efectivamente gastar durante el próximo septenio. Cameron quería 886 y la Comisión 988. Las cifras finales son, en grueso, 960 en compromisos (la cantidad más publicitada en las conferencias de prensa, por ser la más abultada) y los ya referidos 908 en gastos, que son los que de verdad cuentan. Es una diferencia enorme la que separa a "compromisos" de "pagos", que el Parlamento europeo se prepara a contestar. Los "compromisos" se corresponden con el margen financiero máximo de la UE para actuaciones programables durante el periodo de referencia, pero los pagos no pueden exceder el margen establecido ni para cada ejercicio, ni para el conjunto del septenio. Sí, en cambio, pueden hacerlo los "compromisos", lo que quiere decir que la UE podrá programar gasto más allá de 2020 con cargo a las actuales Perspectivas Financieras, a las que ahora se denomina Marco Financiero Plurianual. Se trata de un subterfugio contable convertido en trampa retórica, porque el margen financiero no suele ser explotado nunca hasta sus límites extremos. Tampoco el de gastos, y si no, recuerden las apreturas últimas del Erasmus.

Toda esta discusión, farragosa, poblada de sobreentendidos, oscura y equívoca, se explica, única y exclusivamente, porque Europa ha perdido el dibujo de sus neumáticos y chirría en las curvas. Es absurdo que, a estas alturas, tres cuartas partes del presupuesto común se gasten en agricultura y políticas denominadas "de cohesión" (de asistencia a socios con un desarrollo inferior a la media). El "Cheque Inglés" tiene su origen en que el Reino Unido, en épocas de Margaret Thatcher, consideraba que Europa le salía cara y extraía poco de ella. Se trata, como hemos visto antes en este artículo, de un argumento ramplón, fácilmente cuestionable, pero fue moralmente difícil de contrarrestar cuando la primera ministra británica lo puso sobre la mesa del Consejo Europeo porque no pocos consideraban, aquel junio de 1984, en Fontainebleau, que la Política Agrícola Común, era el "Cheque Francés", cuando no un mecanismo encubierto de reparaciones de guerra entre Alemania y Francia. Y la Política de la Cohesión, que negoció Felipe González y por la que todavía hoy se le honra, los mismos malpensados podrían entenderla como un modelo imaginativo de compensaciones directas por libre acceso a un mercado. A los primorosos olivares de Jaén la PAC, y la cohesión, les ha venido de perlas, pero al tejido industrial español de los 80, la competencia europea le sentó como una patada. Es verdad que los que se sobrepusieron alcanzaron a sacar la cabeza pero quedaron muchos cadáveres por el camino. Y nadie parece acordarse de ellos.

Lo que de verdad los acuerdos del viernes enseñan es que Europa tiene que hacer un esfuerzo para ponerse de acuerdo sobre sus objetivos comunes. Los heredados de la postguerra y el mundo bipolar no sirven ya. Hay que buscar otros. Y financiarlos adecuadamente. Desde nuevas bases. Sin chequeras, ni verdades a medias.

El chiringuito del petróleo

Los automovilistas españoles están indignados por el precio de los carburantes. El Gobierno dice estarlo también, pero su posición es menos, digamos, diáfana. Anda enredado el ministro Soria con los márgenes de los refineros y los de la distribución, que es el hueso del asunto, pero no va al magro, que es la estructura de precios del mercado. Quizás porque no pueda, todo hay que decirlo. En realidad, parece que nadie sea capaz de domeñar a las grandes corporaciones petrolíferas. Su comportamiento, chulesco, es aún más irritante que el de la gran banca de inversiones. No puede con ellas ni siquiera el G20, ese que se autodenomina, pomposamente, el “Gobierno económico del mundo”.

Volveremos a esas grandes corporaciones un poco más adelante en este artículo. Ahora voy a detallarles lo que he encontrado rastreando los precios de gasolinas y gasóleos en Europa a todo lo largo del año pasado. Para hacerlo, he utilizado las series de Boletín Petrolero de la UE (varios miles de cifras, estas cosas no las ponen fáciles) que edita la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, el Oil Market Report de la Agencia Internacional de la Energía y las referencias del costo del aprovisionamiento de crudo de los países de la OCDE, (CIF, es decir, costo del producto más seguro y flete), que también compila la referida Agencia. 

El detalle de estos datos está aquí: http://www.scribd.com/doc/123458965/Precio-gasolina-Premium-antes-de-impuestos

Y aquí: http://www.scribd.com/doc/123461071/Precios-del-gasoleo-y-la-gasolina-en-la-UE-2012

De entrada, una constatación: España es, entre los principales socios de la UE, uno de a los que menos le cuesta el petróleo que adquiere (IEA supply cost CIF Jan-Sep 2012). Hasta septiembre de este año pasado año (últimos datos disponibles), la curva de costos (ver gráfico) estuvo casi todos los meses por debajo de las demás contempladas.

El detalle de estos datos está aquí: http://www.scribd.com/doc/123460695/Costo-aprovisionamiento-crudo

En cambio, cuando analizamos la evolución de los precios en España después del refino y antes de gravar los productos respectivos con la fiscalidad que les corresponde, observamos que son de los más altos. Constátenlo en el segundo gráfico que les adjunto. Las curvas corresponden a la gasolina Premium de 95 NO, que es la que he escogido para simplificar este trabajo. La pregunta es obvia: ¿cómo es posible que lo que se compra tan barato salga de los serpentines y crackers de nuestras refinerías tan caro? ¿Es que nuestros industriales son torpes? ¿O demasiado listos?

El jeroglífico, por muy aparente que resulte, no guarda entre sus pliegues la respuesta a la incógnita de los precios del crudo. Esa clave está más lejos, mucho más; se esconde en las salas privadas y cerradas en las que unas pocas personas deciden el precio de los diferentes tipos de petróleoo. De lo que pasa en esas salas no sabe nadie nada, salvo los que están dentro. En 2011, el G20 reclamó transparencia a las grandes corporaciones que manejan el mercado para introducir alguna garantía de que las cosas no se hacen mal, y esas grandes corporaciones le han contestado al G20 que nanay del Paraguay; y que como el “Gobierno económico del mundo” insista en lo de la transparencia, dejarán de prestar la escasa colaboración que ofrecen para dar una estructura medianamente coherente al mercado de crudo y refinados. Y que en la jungla que resulte, salga ganador el más fuerte. El pasado mes de septiembre, el Financial Times daba noticia de que los grandes organismos reguladores mundiales, como IOSCO (International Organisation of Securities Commission, la agrupación que integra a los grandes reguladores financieros) habían abandonado la idea de introducir los controles estándar en el sector y promovían, en cambio, el mantenimiento del statu quo. Y ello a pesar de que en el borrador del informe que se pretendía enviar al G20, citado por el referido medio, se señalaba que el statu quo “crea oportunidades para manipular los mercados de materias primas” y el riesgo de conductas deshonestas “no es una mera conjetura”. Estamos hablando de los grandes actores mundiales en el mercado del crudo físico, como BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total o Glencore, el gigantesto trader que extiende sus tentáculos por todos los mercados de materias primas.

Que el riesgo de fraude  “no es una mera conjetura” lo demuestran los casos probados, como los de Energy Transfer Partners y Marathon Petroleum, dos empresas norteamericanas que fueron pilladas in fraganti cuando manipulaban los precios del gas natural o del crudo ligero tejano.

El statu quo que parece vaya a mantenerse no sólo es el que permite ese género de abusos sino también aquel en el que unas muy pocas empresas, de entre las que es principal la neoyorquina Platt’s, una filial de McGraw Hill como también Standard & Poor’s lo es, definen a diario los precios del crudo y los derivados para los diferentes mercados del planeta. Platt’s fue  la que determinó, en base a sus propios cálculos, que el precio del Brent dated del pasado marzo en Rotterdam fuera de 125.28 dólares por barril. Ese mes, el costo medio de aprovisionamiento de España estuvo casi tres dólares por debajo de la referencia de Platt’s (122,76 dólares, ver gráfico), pero la cifra utilizada por el sector para fijar los precios al consumo, los que nos cobran a usted y a mí, es la de Platt’s, no la otra. Y ahí sí que está el margen de beneficio. El gordo.

El precio de aprovisionamiento de España es normalmente inferior al que ofrece el mercado 'spot' de Rotterdam

Platt’s está en el ojo del huracán porque si bien su metodología de fijación de precios es conocida, no sucede lo mismo con el procedimiento en sí, que es calificado de no transparente por los reguladores. Tanto la composición como las deliberaciones del comité que se ocupa de fijar los precios son secretos. Igual que el sistema de verificaciones.

A Platt’s no le han podido probar ninguna manipulación de precios, pero sobre todos estos grandes chiringuitos desde los que se definen los precios finales para productos de consumo masivo, a escala planetaria, pesan grandes interrogantes desde el escándalo del Libor. Los bancos implicados han pagado multas, en general nimias para la materia comprometida en la manipulación del Libor, porque han robado a todo el que pedía una hipoteca o usaba una tarjeta de crédito. Pero a mí nadie me ha venido a devolver un euro por lo que he pagado de más. ¿Y a usted?

Menos arrogancia y más ayuda

La Puerta de Brandeburgo, corazón de la Alemania unificada

En los primeros momentos de la unificación alemana, cuando Mitterrand no se callaba su “no”, y Felipe González acertaba al decir que “sí”, la mayor parte de los políticos y los empresarios alemanes tenía muy claro que el restablecimiento de una hegemonía germana de corte intransigente sobre  Europa terminaría siendo contraproducente, a plazo, para los propios intereses alemanes. La talla del sistema financiero, de sus compañías de seguros, de su industria, comenzarían generando desconfianza entre sus socios. Y de ella, de la desconfianza, vendrían después las renuencias y las suspicacias, exactamente el limus en el que no puede prosperar un proyecto de integración como el definido por el Tratado de Lisboa.

Cuando comenzamos el quinto año de crisis desde el hundimiento de Lehman Brothers, viene al caso preguntarse si las élites alemanas guardan todavía aquella percepción. El desarrollo de acontecimientos recientes lleva a pensar que no.

Empecemos por España. El 16, miércoles, nos desayunábamos con una entrevista del Financial Times a Mariano Rajoy. Por lo visto, también el mensaje nacional, no ya los pasivos de nuestro sistema financiero, tiene que ser auditado en el exterior para resultar creíble. En fin. El presidente español decía lo que le es propio. Sucintamente, que lo está haciendo bien y que quien tiene que tirar del carro ahora es Alemania, que es la que puede, porque la economía necesita una inyección de optimismo. Le contestaron inmediatamente desde Berlín con la martingala de siempre: no es momento para incentivar la economía porque eso entrañaría un incremento del déficit público y de lo que se trata, precisamente, es de lo contrario, de reducirlo.

Simultáneamente a las demandas de Rajoy, que yo creo justificadas, saltaba al primer plano la noticia de que Alemania ha decidido repatriar una parte significativa de las reservas de oro que tiene depositadas en París y Nueva York. Se trata de 674 toneladas métricas en total, 374 de las cuales están protegidas por las cámaras acorazadas del Banco de Francia, a las que se suman otras 300 (un 20%), de las que reposan en los sótanos de la Reserva Federal de Nueva York, con un valor en su conjunto de 27.000 millones de euros. La migración durará hasta 2020. La decisión no concierne al oro que el Bundesbank tiene guardado en el Banco de Inglaterra (500 Tm) ni a la parte restante, 1.200 Tm, del que se encuentra en los EE.UU. La medida responde, según el Banco Central alemán, a la “necesidad de reforzar la credibilidad de las reservas alemanas”. Curiosa razón cuando ese mismo día, el Süddeutsche Zeitung revelaba, basándose en el último informe de la Oficina Federal de Estadísticas germana, que el Estado federal, sus länder y los ayuntamientos de todo el país cerraron 2012 con superávit presupuestario. Alemania se está financiando a costo cero desde hace meses pero repatría parte de su oro. Y el que deja fuera, lo confía a países que nada tienen que ver con la zona euro. Curioso, ¿no?

Un cambio de escenario nos sitúa en el Londres de David Cameron, que conserva el oro alemán pero a quien se le ha recomendado desde Berlín, a lo que se ve muy vivamente, que no pronuncie su muy esperado discurso sobre la visión británica de la integración europea el 22 de enero, como estaba previsto. En Berlín incomodaba, y mucho, que Cameron dejara entrever la posibilidad de un descuelgue británico parcial de Europa precisamente el día en el que se conmemora el 50 aniversario del Tratado del Eliseo, con el que Alemania y Francia dieron por zanjados dos siglos de disputas sangrientas. Al final, Cameron optó por el 18 para lanzar su speech pero la crisis argelina le dio la oportunidad de posponer una vez más su tan esperada comparecencia.

Un tercer apunte: las discusiones para la fijación del marco financiero plurianual, tras el fracaso de la cumbre de noviembre, no muestran grandes avances, a pesar de que las diferencias de competitividad de la Eurozona apuntan la necesidad de transferir 250.000 millones de euros a los países del sur (tesis de Jacques Sapir, Patrick Artus, el economista jefe de Natixis, habla de 320.000) cada año y durante toda una década, para acabar con los desequilibrios de competitividad. Esos que Berlín quiere que se corrijan sólo con austeridad. Lo que se discute actualmente en  el MFP no llega al 1 por ciento de la Renta Nacional Bruta ¡de toda la UE!

No puede pretenderse con ecuanimidad que Alemania destine un 8 por ciento de su PIB a las economías más débiles de la Eurozona, y durante toda una década, cuando a la absorción de los 18 millones de habitantes de la República Democrática Alemana asignó, en los momentos de mayor costo, un 4,5 por ciento de su PIB. Pero Berlín tampoco debería ignorar que, aún sin haberlo pretendido, la corrección de los desequilibrios financieros básicos de la Eurozona le está reportando pingües beneficios, muchos más que los que objetivamente está dedicando a auxiliar a sus socios en caída libre.

Alemania no puede seguir pretendiendo que los "holgazanes"  del sur soporten plenamente el costo de sus redenciones. Primero, porque el esfuerzo que han (hemos) realizado en este afán es muy importante y, segundo, porque Berlín está extrayendo un cuantioso rendimiento económico de la operación. Podría pensarse que Alemania está aprovechando la situación para captar recursos con los que financiar el presupuestariamente muy peligroso envejecimiento de su población, y eso, inevitablemente, generaría desconfianza, y recelos, y suspicacias. ¿Verdad?

Ha llegado el momento de dejar atrás la arrogancia y arrimar el hombro. Por eso Rajoy tiene razón.

Iberia otra vez

Iberia atraviesa por dificultades graves una vez más. Por enésima vez desde la liberalización del sector, en los 90, la dirección de la empresa y los sindicatos andan enfrentados a cuenta del futuro de la sociedad y las consecuencias de la confrontación las van a pagar los clientes. Como siempre. Porque los derrapes de Iberia los pagan siempre los clientes... o los contribuyentes, que vienen a ser los mismos. No conviene olvidar que esta prodigiosa empresa, hoy privada, alcanzó la independencia del papá Estado después de varias inyecciones cuantiosísimas de capital y de negociaciones muy difíciles con las autoridades europeas, a fin de situarla en condiciones de competitividad que le permitieran desenvolverse en el mercado libre con holgura. Antes, ese papá Estado y su régimen de privilegios y monopolios le había permitido a Iberia, y a sus empleados, vivir muy largos años cómodamente  instalados muy por encima del arco iris, donde los cielos son azules como bien cantaba Judy Garland.

Hoy, lo mismo que en los 90, la supervivencia de Iberia es invocada por la Dirección para justificar recortes de envergadura en la empresa que, sólo en lo que a personal se refiere, implican 4.500 despidos. “Si no lo hacemos, Iberia desaparecerá”, dice estos días la Dirección, al tiempo que deja entrever su empeño en “corregir deficiencias estructurales” que la empresa viene arrastrando desde tiempos pretéritos.

A mí, que Iberia arrastre, a estas alturas, “deficiencias estructurales”, me suena a broma mala, además de cara. Porque se supone que las tales deficiencias habían quedado detrás, muy detrás, allá a comienzos de la última década del siglo XX, cuando esta compañía recibió del Estado unos coquetos 120.000 millones (de pesetas) para poner sus cuentas en orden y comprar aviones con los que lanzarse a la jungla salvaje de la libre competencia. En 1992, viene al caso recordarlo, Iberia se comprometió, para hacerse merecedora de aquel dinero, a recortar una plantilla considerada entonces como “largamente sobredimensionada”.Contaba con 120 aviones y 24.000 trabajadores y la Comisión europea, que era la que tenía que autorizar la inyección de capital, le reprochaba a la empresa una muy baja productividad por empleado. 

Por ello, Iberia tuvo que comprometerse a licenciar a 3.300 trabajadores y a recolocar a otros 8.000, con un objetivo confesado en los papeles que circularon por aquel entonces: mejorar la productividad un 50 por ciento. Manuel Rodrigo Jimeno, presidente de Viva Air por aquel entonces y objeto frecuentes de las iras del Sepla, el sindicato de pilotos, denunciaba que la ratio de personal de Iberia por cada avión de la compañía era de 91,88 personas, 31,88 más de las necesarias si se excluía para el cómputo al personal de handling y al de mantenimiento pesado.

Aquel chorro de dinero no fue suficiente y en 1994 la Dirección, igual que ahora, advertía del riesgo de extinción de la sociedad si no mediaba un acuerdo con los sindicatos para ejecutar las reformas comprometidas con Bruselas. A finales de año, las pérdidas acumuladas por la Iberia ascendían a 214.000 millones y la deuda se le había duplicado. Por ello se hizo imperativo  negociar otra recapitalización de la compañía aérea con Bruselas, y se hizo en medio de un clima muy hostil pues la Comisión había advertido que la del 92 sería la última ayuda de Estado que toleraría en Iberia.

La advertencia quedó en papel mojado y en 1996 Bruselas autorizó dos nuevos tramos de ayudas de Estado para la empresa, el primero de 87.000 millones y el segundo de 20.000.

La reestructuración de la sociedad iba a facilitar la corrección de aquellas “deficiencias estructurales” pero a día de hoy las cosas siguen igual. La plantilla de Iberia, según los datos ofrecidos ahora por su Dirección, ronda aún los 20.000 trabajadores de los que le sobran 4.500. Y es que a pesar de las ayudas de Estado de los 80 y los 90, de las promesas de mejora de la productividad por empleado y de todo el esfuerzo desplegado para que esa compañía funcione, Iberia sigue siendo un problema. Y una ruina, lo que, dada su historia, debe preocupar a alguien más que a sus accionistas. 

Si la inmensa tarea de recomponer los equilibrios financieros básicos del país no nublara nuestra percepción, nos sería fácil convenir en nuestra sociedad que lo de Iberia no es admisible. Un país de 46 millones de personas instalado en la élite internacional no se puede permitir –no puede consentir- que una empresa de la talla de Iberia plantee problemas de supervivencia una década tras otra. En medio del debate internacional sobre la desindustrialización de las economías desarrolladas, estas fragilidades no son tolerables. Ni España puede prescindir de un activo de la importancia de Iberia,ni los españoles nos merecemos el permanente chantaje de una empresa que ha demostrado ser tan arrogante como incapaz de subsistir por sus propios medios, después de haber dilapidado los nuestros. Alguien tendría que rendir cuentas.

  En Bélgica, en 2001, quebró la iberia local, que se llamaba Sabena. Un análisis desapasionado de aquel desastre industrial demostró que las responsabilidades del fracaso fueron imputables lo mismo al accionista de referencia (Swissair, que también quebró) que a los directivos de la propia compañía, promotores de una expansión de servicios sin bases financieras suficientes y a los sindicatos, que no habían cedido un ápice en sus reivindicaciones a todo lo largo de la vida de una compañía que sólo había sido capaz de generar beneficios en 2 de sus últimos 40 años de existencia.

¿Veremos en España una sabena-bis?