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domingo, 19 de octubre de 2014

GPS


Un caza de la OTAN intercepta a un bombardero estratégico ruso


Cuando compré mi último coche, en 2001, le estuve dando vueltas un rato a si
le ponía GPS o no. Al final decidí no hacerlo porque nadie podía
garantizarme que la antena del cacharro sería en su día compatible con el estándar 

de Galileo, que había sido anunciado en 1999 y que estaba llamado a sustituir al GPS 
americano. Se trata, evidentemente, de la perspicacia más estúpida de toda mi vida   
porque a estas alturas de 2014, el susodicho Galileo todavía no funciona y la
humanidad continúa orientándose por el planeta al ritmo del Charleston que
nos sirve el Pentágono norteamericano. El GPS es un invento militar, para
usos militares, que se abre a los civiles del planeta por la extraordinaria
magnanimidad -y la no menos interesada voluntad de hegemonismo- del Imperio
de nuestros días.

Viene este asunto de 2001 al caso porque el 22 de agosto pasado, dos
satélites que debían haberle abierto los ojos,  ¡por fin!, a este Galileo
del siglo XX que el XXI sigue dando tumbos a ciegas por el espacio, se
quedaron en una órbita baja después de haber sido lanzados desde la base
francesa de la Guayana, a bordo de un cohete ruso. Esa es la causa de que la
cúpula europea de geoposicionamiento esté, todavía,  incompleta y siga sin
valer para nada. La explicación que le han dado al fiasco es que el
carburante del módulo superior, de nombre "Fregat", del cohete Soyuz que
transportaba ambos satélites al espacio, estaba a temperatura demasiado
baja. Por lo visto, las tuberías de hidracina (el carburante), estaban
demasiado próximas a otras de helio y se produjo un fatídico intercambio de
temperatura que restó empuje al módulo cuando tuvo que entrar en
funcionamiento. Los investigadores han exonerado de responsabilidad al
fabricante del misil, cuya tecnología, dicho sea de paso, data casi de la
época del Charlestón y está probada hasta la saciedad en miles de
lanzamientos exitosos. Aparentemente, no despierta sospechas el hecho de
que, con esos dos satélites, Europa se independizaba el GPS americano.
Tampoco son motivo de recelo (oficial) las penosas relaciones de la UE con la
Rusia de Putin a cuenta de la guerra de Ucrania.

Esto de los misiles que fallan es extremadamente enojoso. Vean, por ejemplo,
lo que le pasó al misil intercontinental francés capaz de portar cabezas
nucleares M51, el más moderno del arsenal galo. Fue lanzado en pruebas desde
el submarino atómico Le Vigilant  el 5 de mayo de 2013 y se perdió,
descontrolado, en aguas atlánticas al oeste de Bretaña. Por lo que ha
trascendido, el problema se suscitó porque partes fundamentales del misil
habían sido subcontratadas para abaratar costos, y la calidad del producto
resultante dejaba que desear. La capacidad de disuasión nuclear francesa
está en entredicho.

El otro día, Alemania se avino a enviar material a quienes combaten al
Estado Islámico, pero tuvo que alquilar el transporte porque carecía de
medios aéreos para hacerlo. Las ametralladoras, la munición, los
lanzagranadas etc. viajaron a bordo de un Antonov, que, como todo el mundo
sabe, es un gigantesco avión militar de la época de los soviets, algunas de
cuyas unidades fueron expoliadas por espabilados con enchufes tras la caída
del muro de Berlín y que ahora surcan los cielos bajo identificativos ruso o
ucranio, llenando el bolsillo de los amigos de Putin. El avión era
identificable en los informativos de las televisiones que dieron la noticia.
Informes citados por Der Spiegel a mediados de este mes dan cuenta de que
sistemas completos de armas fundamentales para Alemania se encuentran en un
estado calamitoso.

El zar ruso de nuestros días anda cabalgando el tigre y sus barcos y aviones
de guerra juegan a la provocación como si hubiéramos vuelto a la Guerra
Fría. Putin manda a sus aviones y buques de guerra a testar la capacidad de
respuesta de los países de la OTAN y está comprobando que es muy débil. El 8
de mayo pasado el único portaaeronaves ruso, el Almirante Kuznetsov, embocó
el Canal de la Mancha por aguas internacionales, acompañado por el buque de
apoyo de desembarco Minsk , un remolcador oceánico y tres petroleros de
apoyo. La ruta no es la que usualmente utiliza esta formación para retornar
a su base. Al inicio de su periplo, la formación fue escoltada por un
moderno destructor británico, el HMS Dragon, pero al adentrarse en aguas del
Mar del Norte, la responsabilidad de vigilar a los rusos pasó a Holanda,
pues estos surcaban su Zona Económica Exclusiva y los holandeses no tenían
buque de guerra para perseguirles. Ni buque, ni aviones de rastreo P3C
Orion, ni patrullas marítimas de helicópteros Lynx... La Haya, al final,
envió un Dornier 228, que no es un avión adecuado para estos cometidos.

Más: a mediados de septiembre, seis bombarderos estratégicos rusos Tu-95
Bear H, de capacidad nuclear,  acompañados por dos MiG-31 y otros dos
aviones de reavituallamiento IL-78 tuvieron que ser interceptados al
noroeste de Alaska. Otro tanto sucedió al día siguiente cerca del Mar de
Beaufort, en la zona canadiense de identificación para la defensa. Y el
martes 16 de septiembre, otros dos Bear H fueron interceptados por cazas
británicos, noruegos, daneses y holandeses cuando efectuaban simulaciones de
bombardeo estratégico mientras se aproximaban al espacio aéreo de la Alianza
Atlántica, por Holanda. Me detengo aquí, pero los episodios documentados de
este género son abundantísimos estos últimos meses.

Cuando el Muro de Berlín se vino abajo en 1989, hablamos en Europa del
"Dividendo de la Paz", de los ahorros que la reducción del apresto militar
ante la eventualidad de una confrontación mayor habría de reportar a las
economías occidentales necesariamente. Ese dividendo se ha cobrado: en 2013,
España gastó en Defensa 234 dólares por persona, cuando en 1990 andaba por
los 326. Las cifras correspondientes a los socios europeos de la Alianza
Atlántica eran 715 dólares (1990) y 401 (2013), en valores constantes de
2005, según cifras oficiales de la OTAN.

Lo que yo no sé es adónde ha ido a parar ese dividendo, pues, se mire donde
se mire, todo el mundo está cabreado. Y, lo que es peor, como haya que
reforzar el gasto militar, a ver adónde se van la deuda y el déficit
europeos. Y con ellos, las perspectivas de recuperación.

domingo, 28 de septiembre de 2014

El euro de la desunión





Al euro se le ha conocido hasta ahora como el principal factor de integración europea pero una unión monetaria como la de la UE, sin una unión política que consagre aquella como instrumento, y no como fin en sí misma, puede terminar convertida  en motivo de grave desafección con el proyecto común.

Estamos asistiendo estos días a una situación no inesperada, pero sí temida: el estancamiento de las principales economías de la UE y el deslizamiento del aparato económico europeo hacia la deflación. Tres causas pueden explicar el fenómeno: la larga crisis financiera que arrastra la UE, la negativa de varios socios comunitarios relevantes (Francia, Italia) a acometer reformas estructurales de calado y factores externos, inoportunos e inesperados, como el conflicto ucranio-ruso. De la primera de esas razones poco nuevo se puede decir: llevamos siete años zarandeados por una sucesión de fenómenos adversos, cuya paliación ha requerido recursos públicos ingentes con una traducción inevitable en niveles de deuda próximos de lo insorportable. La última estadística consolidada de Eurostat, la de 2013, arrojaba una deuda pública de la Eurozona del 92,6% del PIB, con picos en Grecia (175%), Italia (132,6) Portugal (129), Irlanda (123,7) Chipre (111,7), Bélgica (101,5) España (93,9, actualmente ronda el 100%) y Francia (93,5). A título de recordatorio, el Tratado de Maastricht exige un máximo de deuda del 60%. La satisfacción de los  intereses de esas deudas agota la capacidad de inversión de los Estados, que se ven forzados a desaconsejar la remuneración de los pasivos bancarios para garantizarse, ellos mismos, la recompra de sus emisiones de deuda. El dinero entra en los Bancos, pero no sale. Y todo ello, aún con los intereses en mínimos históricos; si cambiara la tendencia, el riesgo de quiebra del Estado aumentaría exponencialmente.

La negativa de socios principales del euro, como Italia y Francia, a acometer  ajustes complementarios para reforzar la solvencia de sus respectivos sistemas económicos era previsible. En los inicios de la actual crisis, Alemania imponía la austeridad a Grecia no porque le inquietara el default  de la economía helena, sino por el impacto que una política relajada al respecto pudiera tener en los estrategas económicos y políticos de París, Roma y Madrid. El gobierno de Rajoy ha despejado las incógnitas que pesaban sobre la tercera de estas piezas sobre el tablero por vía de una devaluación salarial competitiva como la practicada por Alemania la década pasada, ante la imposibilidad de acometer un proceso de realineamiento de la divisa nacional, pero las dos restantes renquean aún y sus perspectivas de crecimiento se resienten por ello. Ni Italia, ni Francia, han alcanzado el equilibrio presupuestario en la historia del euro, a pesar de que se habían comprometido a ello ¡para el 2000! Y París advierte ahora que no  reducirá su déficit por debajo del 3% hasta 2017

Ucrania y las sanciones económicas a Moscú, en fin, introducen una variable sumamente inoportuna en el momento económico de gran fragilidad que vivimos, pues reducen las perspectivas de recuperación en las que los socios del euro más renuentes a la austeridad confiaban para no hacer frente a los sacrificios que se les demandan.

En este incómodo panorama, las iniciativas para el relanzamiento las protagoniza el  Banco Central Europeo, en acciones que rondan los límites de su mandato, como sucedió con las monstruosas barras libres de liquidez ofrecidas a los bancos, (del orden del billón de euros) que estos han utilizado para sanearse y para comprar deuda pública de sus respectivos países. Anuncia ahora su disponibilidad para adoptar medidas que relancen la inversión.  

Draghi, el presidente del BCE, quiere quebrar el círculo vicioso que provoca que el dinero se quede en los bancos y no llegue a la calle. La inversión pública lleva años constreñida por las exigencias de austeridad y la privada es víctima de la atonía económica y de la desconfianza del empresariado en el futuro. De modo que el presidente del BCE se propone estimular la demanda, pero reclama reformas (fiscales, laborales, de sectores protegidos, en educación) que permitan que el nuevo tirón genere riqueza a largo plazo, y que los créditos que quiere liberar en el mercado no terminen reconvertidos en deuda pública, como ha venido sucediendo. No es nada menospreciable tener un aliado de estas características en la lucha contra las vicisitudes económicas del momento.

Y es aquí donde va a entrar en juego el encaje político de bolillos: si Alemania persiste en sus exigencias de austeridad, las expectativas de relanzamiento económico que facilite el BCE se extinguirán como la llama de una vela en plena tormenta. Se habrá producido entonces un divorcio mayor entre la unión monetaria y la política de los socios de la UE, inexistente en tanto en cuanto que común, que dejará el proyecto de integración comunitaria al albur de las conveniencias nacionales de los más fuertes. El euro será, entonces, no un factor de convergencia, sino de desunión y el proyecto europeo perderá toda su credibilidad.


sábado, 12 de julio de 2014

Abusos


Dos fotografías de la época (principios de los años 90 del siglo pasado), en la que la Comisión europea le decía al mundo cosas interesantes. En la primera fila de la primera, el actual Editor jefe del Financial Times, Lionel Barber. En la segunda, el rubio de pié, a la izquierda, es Boris Johnson, actual alcalde de Londres. (Fotos: Comisión Europea) 
No estoy de acuerdo con buena parte de las críticas que han sido formuladas estas últimas semanas y meses contra la Unión Europea. Me parecen abusivas, demagógicas e interesadas.

De hacer caso a todo cuanto se ha dicho sobre la UE estos últimos tiempos, nos veríamos forzados a convenir que Europa es la causa de casi todos nuestros males, una especie de institutriz severa que nos impone obligaciones malhadadas  que importunan nuestra tranquilidad y bienestar. Otro tanto parecen pensar importantes estratos poblacionales de otros socios de la UE (Italia, Francia, Portugal o Grecia) en los que, ¡vaya casualidad!, años de ombliguismo y de mal gobierno ha llevado a las estructuras nacionales a la indigencia y el descrédito.

En otros territorios de la Unión, más al norte, el descontento está relacionado con la pérdida de la identidad cultural, aparentemente acosada por signos muy visibles de otras importadas recientemente, la musulmana en especial por su empeño en imponer a Occidente usos y costumbres que les son extraños.

Irrita también la proliferación de la inseguridad y de una delincuencia de amplio espectro, que va desde la falta y el delito menor hasta la gran criminalidad, ejecutada por personas con entrenamiento y equipo militares, procedentes de países del Este. Otro tanto pasa con la inmigración irregular. Frente a todos estos  fenómenos, las autoridades legislativas, judiciales y policiales de la mayor parte de los Estados miembros, aunque en grados muy diferentes, dan muestras de una pasividad irritante.

Todas esas críticas tienen una estructura idéntica: parten del desasosiego creado por las carencias observadas en el propio país y trascienden inmediatamente a la esfera "de lo europeo", buscando explicaciones y responsabilidades para lo que ostensiblemente son incapacidades propias. No parece merecer consideración de los críticos el hecho de que a las autoridades nacionales se les haya ido la mano con el gasto público; por ejemplo. Tampoco suele entrar en el análisis la falta de competitividad del país, provocada frecuentemente por el acaparamiento de los recursos disponibles por sectores públicos inflados hasta la frontera de la mitad del PIB, si no más . No; el elemento primariamente identificable para la crítica es la política de austeridad que nos exigen los Tratados que hemos firmado libremente, y el ritmo que se nos impone para recuperar el equilibrio de nuestras cuentas públicas, que tan alegremente nuestras autoridades han puesto seriamente en peligro.  Nada se dice, dicho sea de paso, de una realidad internacional que trasciende a Europa,  en la que los mercados de capitales han dejado de formular actos de fe sobre la capacidad de los países del euro, de todos ellos por igual, para devolver el dinero que se les presta.

Parece que Europa, además de sumidero para las torpezas nacionales, sea objeto de un grave error de apreciación. Esa que se denomina la "construcción europea" no es un fin en sí misma, a pesar de que algunos parezcan creerlo, sino una herramienta para evolucionar en un entorno internacional hostil. Pretender contrastar esa realidad  con el ideal democrático puede ser un ejercicio intelectualmente enriquecedor, pero perfectamente estéril en la práctica, pues la mayor parte de las instituciones europeas no son democráticas, tal y como entendemos esta. Incluso el famoso párrafo del Tratado de Lisboa, por el que se regula (malamente) la participación del Consejo y de la Eurocámara en la designación del presidente de la Comisión, es ambiguo, pues la misma realidad de Europa lo es: hay países que querrían evolucionar hacia un modelo de unión política con una expresión institucional acorde y otros que no.  

El marco europeo es, en fin, aquel en el que los gobernantes nacionales, elegidos -ellos sí- democráticamente, desarrollan su labor. Ofrece sus integrantes la posibilidad de participar en el gran tablero político y económico mundial, del que, de otro modo, estaríamos todos, los 28, ausentes. Se trata de un entorno competitivo, si bien comprensivo, en el que una serie de países con grados de desarrollo diferentes encuentran -o deberían hacerlo- el incentivo necesario para mejorar y poder mirarle al mundo de tú a tú.

Hay una crítica que yo no he percibido en todos estos debates, y que se me antoja, sin embargo, pertinente. Y es que, fruto del celo de las capitales en el control del hecho europeo desde la salida de Delors de la Comisión, Bruselas se ha convertido en un agente mudo, incapaz de publicitar convenientemente su acción. Que la realiza. Y a conciencia. La Comisión europea dispone de una de las estructuras de comunicación más poderosas del mundo, con varios centenares de empleados de muy alto nivel y remuneración pareja.  Sin embargo, su principal acto diario, el briefing del medio día, suele estar casi desierto. Los periodistas han perdido el interés por él, cuando antes este acto informativo constituía la clave de la actividad de la jornada para un millar de profesionales entonces acreditados ante las instituciones de Bruselas. Los periodistas de colmillo retorcido iban a esa reunión porque sabían que podían llegar al tuétano de la materia discutida. Hoy, lo que se ofrece apenas da para dientes de leche. De esta Europa de nuestros días se habla, esencialmente, desde las capitales; falta, en las discusiones, la visión global que ofrecía Bruselas antaño. Es un terreno, este, perfectamente abonado para demagogos y populistas.

sábado, 28 de junio de 2014

El egoísmo de los subsidiados

Placa conmemorativa de la primera Casa del Pueblo erigida en Bélgica. Está en La Louvière, una de las zonas más deprimidas del país. Foto: F. Pescador

Los países pequeños suelen ser laboratorio para la experimentación política, social o económica, a veces contra sus propias voluntades y Bélgica, un país pequeño aunque resabiado, parecía condenado a vivir permanentemente encerrado en la probeta. Acontecimientos recientes inducen a pensar, sin embargo, que en este tan fatigado reino, las cosas van a cambiar radicalmente.

Cuando ganó las últimas elecciones legislativas el pasado mayo Bart de Wever, el líder incontestado de Flandes, manifestó que Bruselas y Valonia por un lado, y Flandes por otro, habían votado, otra vez, dos modelos radicalmente diferentes y que había que sacar las conclusiones correspondientes. Se refería, naturalmente, a los contenidos económicos de los programas en liza. El norte, donde se asienta desde hace décadas la prosperidad del país, había votado masivamente por formaciones de derecha o de centro derecha, mientras que el sur y Bruselas se decantaban, fruto de una retorcida matemática electoral, por el centro izquierda, con mayor énfasis en los extremos que en los medios. La reiteración de este mapa electoral pone en peligro más que nunca la supervivencia del Estado belga como tal.

Las diferencias entre Flandes y Valonia no hacen más que acrecentarse con el paso de los años. Las últimas estadísticas de empleo, hechas públicas esta misma semana por el ministerio belga de Economía, revelan que el primer trimestre del ejercicio en curso Flandes registraba una tasa de paro del 5,5%, contra una del 11,6% en Valonia y otra del 18,5% en Bruselas. Entre el personal con niveles de formación altos, Flandes observa un paro del 3,5%, contra el 5,7% en Valonia y el 10,1% en Bruselas (cifras de 2013).


(Seleccionar para abrir) 


Estas cifras, sin embargo, pueden inducir a engaño, porque la economía valona está fuertemente subsidiada. El Partido Socialista, hegemónico en la comunidad, no ha sido capaz de sustraerse al abrazo de los sindicatos y estos, anclados en un pasado industrial basado en las minas y el acero que no volverá, hacen imposible, desde hace décadas, cualquier apuesta económica renovadora que sustraiga recursos de los nichos en los que ellos se sienten fuertes. Un reciente informe de la Unión de Empresas Valonas, UWE, ponía el acento en el hecho de que la región registra una de las tasas de empleo más bajas de Europa (el 62,5% en 2012), mientras que el empleo subsidiado crece exponencialmente. "Es verdad - dice el informe- que con ello se ha podido atenuar estadísticamente el impacto de la crisis, que ha afectado inicialmente a los empleos industriales, pero son estos últimos los que alimentan las cajas de las que salen los recursos para pagar los empleos públicos".

En el sur del país, la exhausta Valonia, las cosas no parecen querer cambiar. El secretario general de la FGTB, el sindicato socialista, Thierry Bodson, manifestaba hace ahora un año que en 2014 vencía el segundo "Plan Marshall" de acción pública en Valonia. Se trata de un programa de inversión masiva, que se ha caracterizado por el apoyo a las energías alternativas y que ha cosechado un rotundo fracaso por su desmesurado costo para las arcas públicas. Había que pensar ya en "un tercer 'Plan Marshall' este nuevo rojo para darme gusto" (por contraposición a la filosofía "verde" del todavía en vigor), decía el sindicalista. Y recordaba que la última reforma del Estado iba a poner a disposición de las autoridades valonas 1.500 millones, lo que ofrecía "una buena oportunidad para relanzar el empleo en nuestra región".

Hace 10 años, Rudy Aernoudt, jefe de gabinete del ministro de Economía, manifestaba que "Valonia alcanzaría a Flandes (en desarrollo económico) en 2010", lo que, manifiestamente, no ha tenido lugar ni se anuncie en el horizonte. Valonia, y su política de economía anclada en el pasado y subvencionada a mansalva, es la historia de un fracaso.

Ajenos a esta realidad, y merced a la retorcida matemática electoral más arriba mencionada, los políticos valones y bruselenses de centro izquierda han maniobrado para echar por la borda un proyecto de gobierno federal de centro derecha, capitaneado por De Wever. Pero un gobierno federal que repitiera las mayorías los últimos años en el poder, con los socialistas en primera línea de mando, contrariaría al norte, que es el que paga y que no quiere repetir fórmula tan costosa como ineficaz.

Así es como el egoísmo de los subsidiados va camino de provocar que, definitivamente, Flandes abandone la probeta.  

sábado, 14 de junio de 2014

Borroso Barroso


Pretender, a estas alturas de la película, que el presidente de la Comisión europea es una figura determinante en la definición o el cambio de las políticas que más rechazo despiertan en la UE, como las denominadas "de austeridad", es defender  un postulado que está muy alejado de la realidad. El devenir reciente de los acontecimientos en la Europa comunitaria, sin embargo, podría inducir a pensar lo contrario, sobre todo en países como España, donde la opinión pública lleva años zarandeada por mensajes que confunden deliberadamente lo deseable y lo posible.

Concluidas las elecciones europeas con el claro triunfo de los conservadores del PPE en la Eurocámara, la designación del candidato del PPE, Jean Claude Juncker, ex primer ministro luxemburgués, ex presidente del  Eurogrupo para este controvertido cargo, que quien lo ocupa actualmente, José Manuel Durao Barroso, califica de "el más difícil del mundo", se ha convertido en un motivo de confrontación entre varios socios comunitarios y de la Eurocámara con el Consejo Europeo .

La creciente impopularidad del ideal europeo entre las opiniones públicas de los Estados miembros tiene raíces muy diferentes, según la localización geográfica de los encuestados. En el capítulo económico, en concreto, mientras en los países del Sur comunitario se atribuye a la Comisión (erróneamente) y a Ángela Merkel  (habría que matizarlo) la responsabilidad última de una política de austeridad cuyo objetivo primario es devolver las cuentas nacionales al equilibrio que no deberían haber abandonado jamás, entre otros socios comunitarios prima la idea de que Europa está siendo demasiado blanda con gente que gasta lo que no tiene y pide a crédito lo que no espera devolver. Entre esas tensiones cuya gestión excede largamente a sus competencias, y la determinación del Consejo Europeo por limitar el margen de maniobra de la Comisión, como quedara establecido al abandonar Delors el cargo, a mediados de los 90,  la personalidad política de José Manuel Durao Barroso, actual presidente de la Comisión, se ha visto completamente diluida.

El compromiso del Consejo Europeo reflejado en el Tratado de Lisboa, de "tener el cuenta" el resultado de las elecciones europeas a la hora de plantear (a la Eurocámara) el nombre del nuevo presidente de la Comisión, ha dado pie a esta para exigir que sea el candidato del PPE, y no otro, quien salga nominado para el cargo en la cumbre de este mes de junio. Se trata, naturalmente, de una nueva extralimitación del Parlamento, que amenaza al Consejo con una confrontación mayor en el caso de que su criterio no sea no ya tomado en consideración por éste, como prevé el Tratado, sino refrendado, lo cual no está previsto en ninguna parte. Lo recordaba ayer David Cameron en un artículo publicado en Le Monde y es el razonamiento básico de Angela Merkel quien, sin embargo, se ha visto arrastrada por un clima de opinión pública cuyo mejor reflejo es un titular de Der Spiegel de días atrás, según el cual "los europeos votan, Merkel decide".

Juncker es, por lo tanto, y aunque el desenlace no se encuentre plenamente garantizado, el candidato mejor situado para ser el nuevo presidente de la políticamente despersonalizada Comisión. A pesar de todos los pesares, incluso de su propia voluntad pues se dice que su deseo último era suceder a Herman Van Rompuy en la Presidencia del Consejo Europeo.

Lo cual, y si no se producen cambios de última hora, dejan en posición  muy difícil a David Cameron, cuya oposición al luxemburgués se ha hecho pública y en términos inaceptables: o él o nosotros (el Reino unido en la UE) habría dicho el premier británico, elevando a la condición de chantaje su disconformidad con el candidato.

Cameron no da una. Se busca problemas de difícil solución, como abandonar el grupo popular en la Eurocámara para formar uno propio que, ahora, engrosado con euroescépticos de diferentes socios comunitarios, pacta con el partido anti-euro de Alemania, poniéndole en muy mal lugar ante Merkel, su principal valedora en el continente. O envida con un referéndum sobre la adhesión británica a la UE en 2017, convencido de que ganará la partida al forzar a los europeos bajo esa amenaza a renegociar las condiciones de la UE en el Reino Unido y salta repentinamente al órdago con el veto a Juncker, como si Europa viviera en los 90 de Major, cuando  Londres se opuso al nombramiento de Dehaene (1994), o en los 2000, cuando Blair logró otro tanto con Verhofstadt (2004)

Máxime si se tiene en cuenta, además, que la designación del presidente de la Comisión se realizaría ahora, caso de votación, a la mayoría cualificada del Consejo, en el que Londres no cuenta  con minoría de bloqueo para este tema. La máxima esperanza de Cameron es que Alemania no someta a votación el nombramiento de Juncker, que Merkel promueva el consenso en torno a otro nombre. Su amenaza de veto (imposible además) desestabiliza a la canciller, pues la mostraría como débil si optara por un candidato distinto que el luxemburgués.


Otra torpeza, en fin, del británico, quien parece no guardar de su paso por Oxford otra cosa que ese acento tan british.

sábado, 17 de mayo de 2014

Mineolas



Mullaney (izquierda) y García Bercero, en rueda de prensa, al término de la cuarta ronda de negociaciones del TTIP, en Bruselas, el pasado marzo. (Foto: Comisión Europea)

A veces parecemos olvidar que la Comisión Europea tiene autoridad, además de en aquellas cuestiones relacionadas con la Competencia, la Agricultura o la Pesca, sobre lo que se denomina la "Política Comercial Común" también. Es un olvido imperdonable porque mientras la voluntad y el ingenio de los españoles se desangra en debates de utilidad manifiestamente mejorable sobre cuestiones como la corrupción, la inflación de políticos que nos trajo la Transición, la lucha de sexos, la inmigración, la austeridad o el modelo neoliberal de la economía, Europa va camino de sufrir cambios mayúsculos de la mano de un asunto de Política Comercial Común de primera magnitud, que actualmente negocia la Comisión en nombre de todos los europeos: el Tratado de Libre Cambio con los Estados Unidos de Norteamérica, TTIP en su acrónimo anglosajón por "Transatlantic Trade and Investment Partnership", que es el que vamos a utilizar en este artículo.

Del TTIP se sabe poco, salvo sus magnitudes más aparentes: que pretende crear un mercado abierto de ochocientos y pico millones de personas, compuesto por casi todos los países más ricos del mundo, en los que se genera algo así como el 40 por ciento del PIB del planeta. Se lleva negociando hace casi un año ya, desde el verano de 2013, tras una década de preparaciones, lejos del escrutinio público. Concierne a una veintena de áreas, como productos industriales y agrícolas, mercados públicos, inversiones, energía y materias primas, cuestiones regulatorias, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios, derechos de protección intelectual, desarrollo sostenible, pymes, arbitrajes, competencia, barreras aduaneras y comerciales y empresas de propiedad estatal.

El comisario de Comercio Exterior, Karel de Gucht, manifestó, al recibir el mandato negociador de los 27, en junio de 2013, que un buen acuerdo con los EEUU podría reportar entre un 0,5 y un 1 por ciento adicional al PIB de la UE, unos 86.000 millones de euros anuales o 545 euros por familia europea y año. El Center for Economic Policy Research, un think tank basado en Londres, eleva esas cifras a 119.000 millones anuales y cuantifica el incremento potencial de las exportaciones europeas a los EE.UU. en un 28%. Un español con gran experiencia en estas materias, Ignacio García Bercero, es el jefe negociador de los europeos, mientras que Daniel Mullaney lo es de los norteamericanos. Son sólo un centenar las personas que negocian por ambas partes, en reuniones que se celebran alternativamente en Bruselas y Washington. Ha habido, hasta ahora, cuatro. El Tratado debería estar listo para refrendo por parte de los Estados miembros en 2015.

La discreción (hay quienes hablan de secreto) de estos encuentros y lo etéreo de las declaraciones sobre sus progresos están comenzando a preocupar. Desde luego, no en España, donde el debate político discurre por derroteros bien diferentes (lo que hablábamos antes sobre los sexos, o las concertinas, o los recortes a un Estado del bienestar que manifiestamente no nos podemos pagar). No debería ser así. Cuando hay tanto en juego, tendrían que detectarse en el debate público muestras de mayor interés por lo que podríamos ganar o perder como país en el envite. Pienso yo. Todavía recuerdo a aquel alto diplomático español que, en la segunda parte de los 80, cuando se discutía un acuerdo preferencial con un país tercero, tuvo que acercarse a un supermercado belga para ver qué eran las "mineolas" de las que tanto se hablaba en la negociación. Descubrió que eran muy similares a las mandarinas (se trata de un híbrido de mandarina y otro fruto, y es originario de Florida) y cuando volvió a la mesa de negociaciones, lo hizo con cara de perro.

El ejemplo precedente pretende evidenciar que en ese género de situaciones, hay trampas por todas partes: por la materia en negociación, por el modo de calcular los beneficios del acuerdo y por cómo se distribuyen estos entre las partes interesadas y por el grado de preparación de tu propia Administración pública. Hay que cuidar, por ejemplo, que una desaparición de aranceles para vehículos de lujo no se vea compensada por una invasión de cítricos californianos a precio de ganga, etc.

Y hay que procurar también que los mecanismos de control y verificación estén a la altura de las necesidades. De poco vale, por ejemplo, pactar unos estándares fitosanitarios muy elevados, como la UE hace habitualmente en todos sus acuerdos comerciales con terceros, y no aprestar un mecanismo de control exhaustivo como a veces tus interlocutores te exigen, porque esa es la manera de que el mercado europeo se vea inundado de, por ejemplo, marisco procedente de aguas sanitariamente comprometidas.

Cuando una negociación de este tipo está cerrada, a un país solo le resulta muy difícil vetar el acuerdo.

La Comisión, preocupada por las acusaciones de secretismo, ha publicado esta semana los mandatos recibidos de los Estados miembros para cinco capítulos del TTIP por los que dice guiarse en sus negociaciones. Tampoco es que sea una gran operación de transparencia, esta. Ni muy útil porque Bruselas es objeto habitualmente de acusaciones de extralimitación en este género de mandatos. Pero el malestar, sobre todo entre las formaciones de izquierda con representación en la Eurocámara, excepción hecha del PSE que todavía no aventura posición clara, está comenzando a aflorar. El asunto va a convertirse en materia de preocupación prioritaria en unas pocas semanas.

sábado, 5 de abril de 2014

Olio



Pocas veces he sentido en Bruselas la agitación telúrica del "¡Que nos lo llevan!" como cuando se ha discutido aquí del aceite de oliva. Desde la adhesión de España a la Europa comunitaria, en 1986, los avatares vividos por este sector ha sido cantados en este peculiar Corral de la Pacheca que es la capital comunitaria tan estentóreamente , si no más, que el alarido del Blas Molina ante la inminente partida forzada de Francisco de Paula, camino de París. Cierto es que los amargos episodios de estos últimos treinta años -otros no lo fueron tanto y algunos incluso cubrieron de oro a sus protagonistas, pero se los callaron o les pusieron sordina- no nos han enzarzado en ninguna guerra con los epígonos de Napoleón pero tampoco lo es menos que, en este caso que nos ocupa, el enemigo es otro, Italia, y que Roma, la Roma fullera y tramposa  que denunciaba la Liga Norte de Umberto Bossi, parece estar a punto de ganar la batalla, la guerra y la posteridad. Todo junto y de una tacada.

España es el principal productor mundial de aceite de oliva. Llegó a la Europa comunitaria con unos campos de olivares que parecían rastrojeras y hoy en día te paseas por ellos como por un jardín. Entre entonces y ahora lo que ha habido no es otra cosa que inversiones masivas de los fondos europeos en un sector que ha conseguido consolidar una posición preeminente en Europa. Uno de los pocos que nos quedan.

Al campo español, los entonces Diez y Francia muy en particular, le impusieron un larguísimo periodo transitorio de 10 años (al final fueron 7) para asimilarse en derechos a los demás socios comunitarios. El aceite de oliva lo aprovechó para dar un salto de gigante en la modernización de producciones y calidades.

Cuando España entró en Europa, se encontró con un modelo de tomas y dacas que había sido diseñado tiempo atrás, y esencialmente para los países fundadores. "Tú me das esto y yo de doy esto otro, y de esta manera", se habían dicho los "pata negra" del club, y la cosa funcionaba estupendamente. A Italia, por ejemplo, uno de sus retornos económicos le venía de la mano del aceite de oliva y mediante un procedimiento de cálculo ciertamente singular: por en número de árboles censados. España, que tenía -y tiene- extensiones prodigiosas de terreno dedicadas al cultivo del olivar, (413.000 explotaciones de un tamaño promedio de 5,3 ha, lo que arroja una superficie total de 2 millones y medio de hectáreas, más que Italia y Grecia juntas) topaba con un techo a sus remuneraciones (subvenciones) al sector que le venía impuesto por el modo de hacer las cosas "a la italiana".

¡Qué follón montó Loyola de Palacio para cambiar aquello! No sé si lo recuerdan: segunda mitad de los 90, el PSOE recién  desalojado del poder y una ministra que resultaba blanco fácil para la oposición. El Comisario de Agricultura, Franz Fischler, no quería desmontar el modelo de ayudas al aceite de oliva para primar la producción, como quería España, entre otras cosas porque no le salían las cuentas (grandes capitalistas habían comenzado a invertir en olivos en España). Las acusaciones de fraude levantaban olas por todo el Mediterráneo. De este lado se decía que allí ponían árboles falsos para engañar a los satélites artificiales en sus conteos de olivos (y Fischler decía que no, que el satélite tenía no sé qué algoritmo que le ayudaba a distinguir lo auténtico de lo falso); y de aquel, que las almazaras españolas  computaban como aceite lo que no merecía siquiera la denominación de grasa... Pero el hecho cierto es que, año tras año, los italianos venían a España, se llevaban ciento y pico mil toneladas de aceite español y luego lo vendían por el mundo como propio.

Al final, la ministra se llevó el gato al agua y se firmó una Cantidad Máxima Garantizada para España de 760.027 toneladas, con una ayuda unitaria por kilo de 222,18 pesetas. Ahora, las cuentas no se hacen así: casi todo va por la vía de la ayuda unitaria al agricultor.

El caso es que en los 90, España dio la batalla por su aceite y en los 80 había hecho otro tanto el ministro Carlos Romero, en el primer gobierno de Felipe González, cuando Lesieur quería hacerse con Koipe, que terminó en manos de la italiana Ferruzzi. Pidió Romero que se declarara al aceite de oliva "sector estratégico nacional". Como el del acero, que ahora está en manos de un multimillonario indio.

Ahora son nuevamente los italianos los que cargan y vienen a por todas. Aprovechándose de la fragilidad extrema en la que los abusos políticos y la mala gestión empresarial han sumido a las Cajas, propietarias de una parte significativa del capital, un grupo público italiano se apresta a lanzar una OPA sobre la totalidad de Deoleo, que es la marca española que lidera las ventas de aceite de oliva a escala planetaria.


Si lo consiguen, treinta años de esfuerzos políticos y diplomáticos se habrán ido por la borda. Y con ellos, las perspectivas de futuro de un sector privado muy prometedor para el país, que quedará en manos del interés público italiano. Igualito que Endesa.
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