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lunes, 20 de julio de 2015

Miscalculating



Jamás he tenido responsabilidades de gobierno pero me he pasado la vida junto a quienes sí las tenían y sé que un momento difícil en esas circunstancias es cuando alguien que sabe te dice que te estás equivocando en tus cálculos, miscalculating, que dicen los anglosajones. Si el político es honesto, si le preocupa el presente de las personas y no el futuro que querría hacer posible, pero que quizás no esté a su alcance facilitar, cuando te demuestran que has miscalculated haces lo que ha hecho Tsipras: aceptar el mal menor, aunque te repugne. Si el que actúa como político en el fondo no lo es, y se empeña en defender postulados académicos en el mundo de la política actual, que si por algo se caracteriza es por el pragmatismo, termina despeñado en el averno de la irrelevancia o encaramado al circo mediático que es irrelevante también, aunque vistoso. Es lo que le ha pasado a Varoufakis.

La crisis griega ha entrado en una fase nueva. Cara, como todo lo griego lo es desde hace un montón de años, pero distinta. Europa se va a rascar los bolsillos (ochenta y pico mil millones más, qué barbaridad) para comprar más tiempo en el que los griegos pongan en marcha un Estado capaz de subsistir por sí mismo. Un Estado que funcione: con los empleados públicos necesarios para el mantenimiento de las necesidades reales del país y no con el tropel de mirones inoperantes en el que el clientelismo político había convertido al hipertrofiado sector público de aquella República. Y con una ciudadanía que sea consciente de sus responsabilidades consigo misma y que pague el precio fiscal requerido para levantar la sociedad en la que se vean reflejados, ella y su descendencia. Hasta ahora no ha querido hacerlo. Por eso vamos a un tercer rescate.

Ayer, en el Bundestag alemán, era el momento de las recapitulaciones. Angela Merkel era concluyente: se ha confirmado, venía a decir, que la Europa de la  moneda única se guía por normas comúnmente admitidas y no por lo que dicte el ocurrente de turno o la algarada. Esas normas son conocidas; se enuncian en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de finales de los años 90 y en la legislación derivada. Les expongo una de sus piezas aquí, hoy. Se trata de una Comunicación de la Comisión europea al Parlamento, el Consejo, el BCE, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y el BEI, y que se titula "Mejores usos de la flexibilidad en el marco de las reglas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", del 13 de enero de este año (COM(2015) 12 Final provisional). Su primer apéndice recuerda que las contribuciones nacionales líquidas al fondo para inversiones estratégicas actualmente en fase de constitución (el denominado "Plan Juncker"), si se efectúan emitiendo deuda, contarán a efectos de déficit público. Es esta una expresión actualizada de que el euro se sustenta sobre roca, no sobre humo. La matriz establecida para el cálculo del ajuste fiscal anual exigible por el PEC para la deuda pública que exceda el 60% del PIB o presente riesgo de sostenibilidad, en el proceso hacia los objetivos de déficit a medio plazo (MTO), es del 0,5% del PIB en tiempos de normalidad económica. Pero si esas circunstancias son calificadas de "buenas", el ajuste anual será igual o superior al 0,75% del PIB si el crecimiento se sitúa por debajo del potencial, y el 1% o más si lo rebasa. Hagan ustedes las cuentas de lo que eso puede suponer en la amortización de la deuda pública española, que ayer se situaba en el 97,4% del PIB.   Las economías rondan los 10.000 millones anuales. Por El Ecofin lo que le pide a España en estos momentos es el inicio de la corrección de la tendencia desfavorable entre PIB y deuda a partir de 2016, lo cual implica un superávit primario (antes del pago de impuestos) del 1,2% ese año. El "escenario institucional", es decir, el  dibujado de acuerdo con las exigencias del Pacto de Estabilidad, establece para nuestro país una consolidación del ajuste estructural de 0,6 puntos de PIB por año, hasta que la deuda se sitúen por debajo del 60% del PIB en 2030. (Spain - Post Programme Surveillance Spring 2014 Report. Ocassional Papers 193 / May 2014)


La Europa del euro no ha renunciado a lo que los adalides del gasto público sin freno (como Tsipras hasta hace un par de días, Iglesias en España, entre otros) llaman despectivamente "austeridad", y que no es otra cosa que ceñirte, como gobernante, a las realidades de gasto que te permite la realidad de tu entorno. A ti te queda definir las prioridades. El marco jurídico es el que es y no hay perspectivas de cambio en el medio plazo. Desde luego que no va a cambiar porque Pedro Sánchez desconstitucionalice el 3%. Si acaso lo que pasará es que nuestros acreedores nos mirarán con más desconfianza y después de lo de las trampas en la contabilidad de los déficits, lo último de Valencia, lo de Andalucía, la Púnica, Gurtel y demás, no es que presentemos una imagen inmaculada en el exterior.

P.S.: Llevo viajando a Grecia por razones profesionales desde 1988. En tres de esas ocasiones quise visitar el Partenón, pero no pude. La primera porque era lunes y los guardianes del reciento descansaban, ya que la víspera había sido día de elecciones; la segunda porque estaban de huelga; y la tercera porque me atrapó un atasco de tráfico monumental y se me acabó el tiempo. La cuarta ya no fui y no lo he vuelto a intentar.

sábado, 4 de julio de 2015

¿Matrona o enfermera?



Llevamos tanto tiempo moviéndonos de la mano de administradores de la cosa pública grises y previsibles que nos hemos olvidado de lo peligroso que es que  a uno de esos hombres -o mujeres- les dé por sentirse líderes, nos suelten la mano y se vayan ellos solos por ahí, creando remolinos que terminan arrastrando a todo el mundo adonde no quiere ir. Ha sucedido muchas veces en la historia y vuelve a pasar estos días en Grecia, donde Alexis Tsipras se precipita inexorablemente hacia la sima del fracaso, llevándose detrás a todo el pueblo griego.

Sigo sin comprender del todo la enorme diatriba mundial que el disparate griego ha suscitado. La izquierda nunca ha estado contenta con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, (y cuando más a la izquierda, peor) precisamente por las limitaciones en el gasto público que impone. Pero, a estas alturas de la película, todo el mundo tendría que tener claro que el PEC es conditio sine qua non para la moneda única, por un lado y que, por otro, lo de Grecia es, lisa y llanamente, un desastre. Sin paliativos. Lo que les está pasando a los griegos es culpa única y exclusivamente de ellos.

El gobierno griego y cierta parte de su clase política están empeñados en presentar a la UE como una especie de matrona desconsiderada, cuando, en realidad, es una enfermera abnegada de una Unidad de Cuidados Intensivos. Los pro-Grecia suelen emitir sus juicios tomando como ventana temporal de referencia el descubrimiento, en 2009, del agujero presupuestario del país, que había permanecido oculto. Construyen, a continuación, un duro alegato contra la deuda asumida por Grecia a cambio de los dos rescates de los que el país ha disfrutado hasta ahora, y que identifican con la necesidad de los principales socios europeos de salvar a sus bancos privados, demasiado comprometidos con el riesgo griego.

Pero la historia no se cuenta así. La trayectoria financiera de Grecia desde Maastricht a nuestros días muestra a un país con una inmoderada vocación de endeudamiento. Entre 1990 y 2010, (los acuerdos de la moneda única datan de 1989) Atenas se endeudó por un importe total de 258.500 millones, según un informe de Natixis. De ellos, 225.000 se emplearon en pagar intereses de la deuda y 33.000 a cubrir los sucesivos déficits presupuestarios que el país acumulaba porque gastaba más de lo que se podía permitir. Sus desequilibrios económicos le costaron verse marginada en las decisiones de mayo de 1998, cuando quedó establecida la primera lista de miembros del euro. A continuación, Atenas hizo trampa: contrató a Goldman Sachs para que maquillara sus cifras, entró en el euro y siguió viviendo muy por encima de sus posibilidades, endeudándose al mismo costo de Alemania porque el euro se lo permitía. Una bicoca. Hasta que la crisis, que en España sacó a la superficie las miserias de las cajas de ahorros y pinchó la burbuja inmobiliaria, mostró también la profundidad del agujero griego. Papandreou tuvo que aflorar un déficit muy superior al declarado oficialmente por el país y los socios de Atenas en el euro se vieron arrastrados a una negociación dura con un país mentiroso e incumplidor. Su economía se ha hundido. Pero no sólo por la austeridad sino también porque en Grecia, la economía es mentira.

No es cierto que Europa condene a Grecia a vivir encadenada por los siglos de los siglos a una deuda insoportable. Esa deuda está, a su vez, subsumida en las de los Estados miembros de UE que han prestado dinero a Atenas. No se devolverá nunca. Las negociaciones con Atenas no han buscado eliminar esa deuda, sino hacerla sostenible, es decir, que Grecia pueda refinanciarla sin recurrir a sus socios. Nadie, ni siquiera Angela Merkel, ha negado la posibilidad de reestructurarla. Lo que se le ha dicho a Tsipras es que eso no toca ahora; que, primero, su país tiene que dar muestras de querer corregir una tendencia endémica en la vida del país, que es incompatible con el euro.

Este último lustro, Atenas ha arrastrado los pies cuanto ha podido en el cumplimiento de sus obligaciones. Un informe de la Troika de 2012, publicado el semanario griego To Vima y recogido por Le Monde, citaba que Papandreou no había cumplido el compromiso de contratar a sólo una persona por cada cinco jubiladas en el sector público, proporción esta que en 2011 pasó a ser de uno por diez.  Tenían que haber sido 8.000 los funcionarios contratados, cuando, al final, la cifra subió a 16.711. Y Tsipras ha seguido contratando funcionarios a dos manos, mientras exigía de sus socios ayuda económica para arreglar el desbarajuste que él mismo estaba creando.

Por desconocimiento, soberbia o intención aviesa oculta, Tsipras se ha equivocado completamente. A ver en qué termina todo esto. Pero tiene que acabar.

miércoles, 1 de julio de 2015

El costo de la quiebra griega

El IFO de Munich acaba de hacer público un cálculo de las pérdidas máximas que sufrirían los socios europeos con la quiebra total de Grecia. A España le señalan  39.600 millones de euros. Mucho más que lo que el Gobierno ha reconocido y los 32.000 millones que aventuró Margallo.  Para darle un par de vueltas a la cosa.

sábado, 27 de junio de 2015

Ultimo estribo

Me siento perdido en el laberinto griego, así que voy a empezar por el principio, a ver si me aclaro (y los que defienden a Alexis Tsipras, el primer ministro del país,  sin causa ideológica común, también, si es que no comprenden aún del todo lo que está pasando).

El imposible mosaico de extremas izquierdas, algunas de ellas internacionalistas, que gobierna Grecia en extravagante coalición con un grupúsculo de extrema derecha nacionalista, ha llevado conscientemente las negociaciones con sus aliados europeos sobre la financiación de su país, en quiebra, a una situación límite, como cabía prever. Alexis Tsipras, el muy popular gobernante que llegó al poder prometiendo a la gente el final de la austeridad, (por eso, entre otras cosas, es tan popular), ha buscado conscientemente un agotamiento de los plazos en los que se desenvuelve el estrecho horizonte financiero de Grecia, con el único propósito -a mí se me antoja evidente- de situar el problema griego en la órbita de las decisiones políticas, donde cree -habría que decir "creía", dados los magros resultados cosechados con su estrategia- tener más fácil una salida airosa para sus pretensiones. En los estamentos más técnicos, lo que se conocía antes como troika, la satisfacción de sus demandas es imposible.  

Sólo al final, apenas hace una semana, el mandatario griego ha venido a Bruselas con propuestas concretas, del tipo de las que sus interlocutores le reclamaban. Pero a estos no parecen bastarles la oferta, lo que es normal en estos casos. Y ahí estamos, en los estertores finales de una negociación montada sobre supuestos tramposos,  pues una parte buscaba un acuerdo político para un problema que ya no admite paños calientes. El último acto está programado para este fin de semana, porque el Fondo Monetario Internacional tiene que recibir de Grecia 1.600 millones el martes.  Si no los reembolsa, el país estará técnicamente en suspensión de pagos. Además, Atenas afronta el pago de otros 6.700 millones al Banco Central Europeo en julio y agosto.

Para satisfacer estos requerimientos, así como otros gastos corrientes, Grecia necesita el último tramo del segundo rescate acordado por Europa y el FMI en 2012, que ascendió a 130.000 millones. Son 7.200 millones. Pero hace cuatro años, cuando se acordó este paquete de ayudas (que comprendía una quita  del 50 por ciento de los 206.000 millones de deuda griega entonces en manos privadas), se hablaba ya de que a Grecia no le bastaría ese dinero, que necesitaría unos 35.000 millones más. Ahora, algunos entornos barajan una cifra de 50.000 para ese todavía hipotético tercer rescate de Grecia, del que cada día se habla más. Es decir, que  si nos vamos a la parte alta de la horquilla, nos encontramos  con que la ayuda financiera a Grecia, desde 2010, habrá ascendido a 290.000 millones de euros, a los que habría  que sumar los 103.000 perdidos por el sector privado con motivo de la quita de 2012. Dos veces y media el PIB griego en 2014, que ascendió a 170.000 millones. La última oferta Europea de ayer, una extensión del rescate de cinco meses y 12.000 millones, es el último estribo al que Tsipras puede subirse para no despeñarse por el talud y ver al resto del convoy europeo perderse en el horizonte.

¿Por qué no sirve un acuerdo político sobre Grecia? Pues porque la Unión Europea le ha concedido muchos en su historia reciente y no han servido para sacar a este país de una condición ligeramente más favorable que la de Estado potencialmente fallido. Grecia necesita modernizarse, orientar sus esfuerzos a crear y consolidar una economía sostenible. Ha tenido mucho tiempo para lograrlo (entró en la UE en 1981) y no le han faltado las ayudas europeas, que han representado, durante años, más de un 4% del PIB. Pero la clase política ha hecho allí caso omiso de sus obligaciones, perpetuando un  modelo económico obsoleto y clientelista, basado en el consumo a ultranza, en el privilegio de estratos poblacionales completos, el fraude, la evasión fiscal y la corrupción. Las noticias que estos meses nos llegan desde Grecia dan cuenta de las consecuencias en la población del proyectado incremento de los ingresos, por vía fiscal, lo que tiene dolorosas consecuencias sobre las personas más desfavorecidas. La que tiene recursos llevan años sacándolos del país. Poco o nada se dice de los recortes griegos en el gasto público, que en Grecia es elevadísimo: el 59,2 del PNB en 2013, sólo superado por el 59,7% de Eslovenia y por delante del 57,8% de Finlandia. El gasto público de España representó, ese año, el 44,3% del PNB.


Es decir, que el Estado griego, a pesar de todo, mantiene intactas las estructuras de poder económico. Es comprensible que un comunista como Tsipras no quiera desmantelarlas. Tampoco lo hicieron las derechas y las izquierdas moderadas que le precedieron. Pero el primer ministro griego no debería quejarse porque sus socios europeos, que son los únicos a los que puede apelar para seguir pagando su generoso sistema de pensiones, o a la pléyade de funcionarios innecesarios que supuran por las juntas de los edificios del Estado, no le crean.

P.S.: En la noche del viernes al sábado, Alexis Tsipras ha decidido lavarse las manos en el ejercicio de sus responsabilidades de gobierno. Convoca al pueblo a un referéndum para que se pronuncie sobre la austeridad. Será el 5 de julio. Es una mala decisión, porque transfiere a la ciudadanía la responsabilidad de la reforma de un Estado de cuya deriva el pueblo no es responsable, sino sus sucesivos gobiernos que lo han corrompido y que no preguntaron al pueblo si debían hacerlo cuando lo hicieron.

domingo, 7 de junio de 2015

Dinero en la Nube

Porcentaje del total de la población nacional que efectuó compras por Internet. Fuente: Eurostat

Nuestras sofisticadas sociedades postmodernas aceleran el paso hacia el final del dinero físico y yo no tengo nada claro que esa evolución vaya a terminar siendo positiva para la gente. Me explico.

El otro día compré un billete de avión por Internet. No es, ni mucho menos, la primera vez que lo hago pero en esta ocasión, al escoger mi sistema de pago tradicional, la pantalla me presentó un Q-code (ya saben, esos jeroglíficos cuadrados que sustituyen a los códigos de barras y que han ganado una omnipresente carta de naturaleza estos últimos años) y me pidió que orientara una aplicación específica de mi móvil hacia ella. Lo hice y el teléfono primero, y la pantalla después, me dijeron que el pago se había realizado correctamente; todo se desconectó y un instante después me llegaba el correo electrónico con la reserva. Pues mira tú, me dije.

Hace unos, la prensa británica daba cuenta de que en 2014, la mayor parte de las transacciones financieras efectuadas en el Reino Unido no utilizó dinero líquido. El Payments Council, que representa en ese país a la industria de pagos, reveló que la moneda y los billetes estándar habían estado presentes en sólo un 48 por ciento de esas operaciones, cuando en 2013 había representado en 52 por ciento.

Otras informaciones, circuladas estas últimas semanas desde París por ser más específicos, daban cuenta de que el ministerio de Finanzas que dirige Michel Sapin se ha propuesto fomentar el uso de la tarjeta de crédito "y otros medios modernos de pago", para la realización de desembolsos de menor cuantía. La inevitable encuesta que avalaba la posición de Bercy, sede del ministerio, indicaba esta vez que siete franceses de cada diez se decantan por la tarjeta de crédito frente al dinero líquido, que sólo es favorecido por un 15 por ciento de los encuestados, o el cheque, que es el medio de pago que utiliza habitualmente un 9 por ciento de estos. Y Dinamarca discute si se debería permitir a los comercios rechazar el dinero contante y sonante.

Mientras tanto, en esas clouds tecnológicas desde las que cae sin cesar el nuevo maná de nuestros días en formas y aromas múltiples, todos sumamente atrayentes, los gigantes de la informática libran una guerra sin cuartel por imponer sus particulares "medios modernos de pago". Google anunciaba hace unos días en su Conferencia I/O de Los Angeles que la nueva versión portátil de Android, la todavía denominada crípticamente "M" y que aparecerá a finales de año, vendrá con el sistema "Google Pay" embebido. Apple gana día a día nuevos proveedores de bienes y servicios a su "Apple Pay", una sociedad de San Francisco, Snapchat, ha puesto en marcha un servicio denominado Snapcash, que permite pagos mediante un simple correo electrónico y la ubicua plataforma Paypal fabrica ya sus propios dispositivos para pagar sin dinero.

Y los bancos -el belga de mi Q-code de hace unos días, aunque no sea grande y esté medio en quiebra- se han lanzado también al desarrollo de nuevos sistemas de pago, conscientes, como lo son, de que los espabilados mencionados más arriba han venido a robarles el negocio.

En todo este follón, el que menos cuenta parece ser el dueño del dinero, el que paga. Digan las encuestas lo que digan. Porque las tarjetas de crédito, Apple Pay, Google Pay, Paypal y todo lo que pueda venir, son intermediarios privados, han venido para quedarse y esperan hacer negocio no sólo por vía de la compensación. En este tinglado todo el mundo cobra comisiones: las tarjetas de crédito y débito, Google, Apple, Paypal (por vía del establecimiento del tipo de cambio), etc. Y esas  nuevas comisiones se sumarán a las viejas, cuya desaparición nadie parece reclamar. Los nuevos servicios se solaparán con los existentes, engordando los bolsillos de los intermediarios antiguos y modernos. ¿Se acuerdan de cuando la Comisión europea impuso la gratuidad de las transferencias bancarias transfronterizas? Era porque, con el euro, desaparecían los costos de compensación de divisas. Pues volvieron. Por la puerta de atrás, pero volvieron. Dice Michel Sapin que abaratará el costo de las tarjetas, para propulsar su plan de potenciación del pago electrónico. Pero lo que baja, sube con gran facilidad y cuando ha subido de nuevo no baja nunca más. Miren ustedes el billete de avión del que les hablaba antes: el billete en sí tenía un precio modesto, pero resultaba al final el doble de caro porque se le adicionaban unos "Costos de Compañía" que lo duplicaban y que no eran otra cosa que un sobrecosto por el carburante que se estableció cuando el barril andaba por los 100 dólares. Ahora está en la mitad, pero nadie parece darse por enterado.


Pues eso: que se está preparando una gran operación de privatización masiva de los pagos, a costa del que paga.  Están ustedes avisados.

sábado, 23 de mayo de 2015

Asilo para Desolados





La primera vez -que yo recuerde- que comenzó a hablarse en serio del Derecho de Asilo comunitario en la Unión Europea de nuestros días fue poco después de la definición de la Unión Económica y Monetaria. En octubre de 1990, Helmut Kohl y François Mitterrand dirigieron una carta al entonces presidente del Consejo italiano de Ministros, Giulio Andreotti, reclamándole pasos que produjeran, a plazo, la comunitarización de las políticas de visa, asilo e inmigración en la UE.

De la cosa no volvió a hablarse mayormente hasta cuatro años después. En julio de 1994, pasado el atragantamiento inicial que a la República Federal de Alemania le había supuesto el abrazo sin condiciones ofrecido a la ex-RDA,  era momento de pensar en el futuro de los demás países del centro y el Este de Europa, (PECOS se les llamaba), que habían permanecido desde la postguerra en la órbita de Moscú, y que entonces evolucionaban hacia Occidente, hartos del desastre soviético. Que perdura, aunque bajo otra denominación. Fue cuando los entonces 17 comisarios europeos y el gobierno alemán se reunieron en Bonn, el 5 de julio, para preparar la agenda de la presidencia alemana. Delors hablaba entonces de la necesidad de acometer "una reflexión global sobre los países de Europa central y oriental, a fin de integrarlos progresivamente en la Unión Europea". Y Kohl precisaba, después de haber inscrito en la dicha agenda el refuerzo de la cooperación entre los entonces Doce para evolucionar hacia una política común de inmigración y asilo, ser consciente de que "las competencias nacionales no son suficientes" para afrontar el reto.

No le faltaban razones a los gobernantes alemanes para promover una aproximación europea común al problema de la inmigración y el asilo. Las guerras en los Balcanes de los años 90, directamente propiciadas por la determinación alemana de reconocer, si acaso hasta unilateralmente, a Croacia y Eslovenia, habían ocasionado movimientos masivos de población en las repúblicas de la ex Yugoslavia. Sólo entre 1990 y 1992, Alemania acogió en su territorio un número de inmigrantes ocho veces superior al del resto de los socios europeos: un millón de personas. Así lo señalaba el primer informe sobre la situación demográfica de la UE, realizado a instancias del entonces comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Pradaig Flynn.

Desde entonces hasta ahora, todos los esfuerzos acometidos por la UE para racionalizar el problema del asilo y de la inmigración ilegal, que son dos cosas distintas aunque cada día que pasa la frontera conceptual que las separa se vaya haciendo más permeable, se han saldado con el fracaso. Y la crisis actual no parece que vaya a producir nada verdaderamente digno de consideración.

Hay dos vertientes de este problema que suelen presentarse confundidas, cuando, en realidad, tienen orígenes distintos: las demandas de asilo que los socios de la UE tratan, procedentes de personas que reúnen las circunstancias para beneficiarse de ese derecho, y las migraciones masivas que resultan de situaciones económicas o políticas objetivamente malas, merezcan estas, o no, la consideración de generadoras del derecho de asilo. En 2014, según datos de Eurostat, los socios comunitarios concedieron protección a 185.000 personas. El 37% de ellos procedía de Siria, sendos ochos por cientos adicionales de Eritrea y Afganistán y un 5 por ciento de Irak. España acogió a 1.160 sirios, 90 somalíes y 85 palestinos. La Comisión europea pretende que, de cara al futuro, se establezcan cuotas obligatorias de acogida para nuevos solicitantes. Ha dibujado un escenario para 20.000 aspirantes, de los que a España le corresponderían 1.549 personas.

Aunque la cifra no es exagerada, España (y Francia) han dicho que no. No preocupa tanto en Madrid y París el número, como la asunción de principio de reparto de demandantes de asilo por cuotas. Y todo esto sin tomar en consideración al Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, que pueden ejercer un descuelgue de disposiciones europeas de este género.

Una cosa, sin embargo, son los demandantes de asilo que obtienen satisfacción a sus demandas  y otra bien distinta las masas de seres humanos que después de jugarse la vida (la hacienda ya se la han robado), para llegar a Europa, huyendo de las guerras o del hambre que asolan los territorios de donde proceden, ven sus demandas rechazadas. En 2008, las peticiones de asilo registradas (nuevas o no resueltas todavía) en la UE fueron 226.330, pero en 2014 habían pasado a 626.710, la más alta desde 1992. Y nótese que estos números corresponden a personas que hacen pública su presencia. Muchos no lo hacen. Optan por buscarse la vida ellos mismos, y peregrinan por Europa malviviendo y sufriendo todo género de abusos. De los no admitidos, una parte es repatriada pero otra, de magnitud desconocida, se adentra en Europa a su albur. Francia, por ejemplo, reprocha a Italia que no identifique correctamente a quienes llegan a sus costas, y que, tras unas semanas de retención los dejen sueltos en territorio europeo, donde la ausencia de fronteras les permite buscar los lugares más benévolos. Generalmente, en el norte.

Este próximos mes, la Unión Europea va a poner en marcha una operación naval para frenar el aflujo de inmigrantes por mar. Sobre todo desde Libia, por donde se precipita hacia el Mediterráneo la mayor parte de esta gente. Proceden, actualmente, en su mayor parte, de Siria y Eritrea, aunque también de la propia Libia, adonde habían llegado importantes columnas de subsaharianos durante la época de Gadafi, buscando trabajo y comida, y a los que ahora, las milicias locales persiguen con saña. Se trata de una nueva oleada masiva de emigrantes, después del desastre de 2011, que afectó mayoritariamente a los tunecinos.

Se mire como se mire, lo que la UE va a poner en marcha es una "operación tapón": impedir que lleguen los barcos con inmigrantes a bordo, visto que los países norafricanos no son capaces de detectarlos y detenerlos. Pero la lucha por el poder en el norte de Africa prosigue y las opciones que avanzan son incompatibles con Europa y sus ideales.


Al final, a los europeos no les va a quedar otra alternativa que implicarse en la lucha por la estabilización del norte africano. Por la fuerza, si hace falta

sábado, 9 de mayo de 2015

Desorden Disperso





Existe, desde hace muchos años, un consenso amplio en torno a la idea de que Alemania es demasiado pequeña para evolucionar en el entorno globalizado mundial y demasiado grande, sobre todo tras la unificación, para afirmar su identidad en Europa sin la garantía que representa, para el resto de los países occidentales del continente, la adscripción sin ambages de Berlín al proyecto europeo, a la Unión. ¿Pero sigue siendo esto así? ¿Percibe Angela Merkel que necesita a Europa para acometer sus designios o se considera capacitada para andar por libre, sin el báculo de sus socios europeos?

Una serie de indicadores harían pensar lo último: Alemania se ha involucrado directamente en la crisis ucrania y Merkel ha buscado ante Putin el final de las hostilidades. Verdad es que Sarkozy protagonizó una iniciativa similar con Georgia durante su presidencia de la UE, en 2008. Algunos analistas sostienen, incluso, que Angela Merkel ha pretendido un entendimiento con China para debilitar los vínculos de Pekín con Moscú. Todas estas iniciativas hubieran sido impensables hace pocos años, cuando Francia detentaba aún la hegemonía política en la UE. El repliegue que Paris lleva practicando de sus posiciones avanzadas en la construcción europea, que se traducen en el ascenso de opciones políticas antieuropeas como el FN de Marine Le Pen puertas adentro de Francia, ha dejado un vacío que Berlín está colmando a pasos agigantados, ya sea por gusto o a la fuerza.

Por lo demás, es Alemania la que lidera la lucha contra los desequilibrios presupuestarios en la Eurozona, que tiene en Grecia a su principal exponente. Sin embargo, después de 7 años de crisis financiera, la UE no ha conseguido remontar el vuelo y el debate político y económico europeo se encuentra  viciado en su raíz por las dificultades derivadas de las exigencias de austeridad que Berlín aplica sin vacilación alguna y que le están llevando a recolectar reproches en algunos socios europeos y en amplios sectores de la izquierda continental.

Exceptuando la batalla contra los déficits, la acción exterior de Angela Merkel, al menos la protagonizada con Rusia como objetivo directo o indirecto, parece haberse saldado con fracasos. Alemania no ha sido capaz  (tampoco Francia) de contener a Putin y el líder ruso no ha dicho todo lo que tiene que decir respecto a otros territorios calientes de Europa, como los Balcanes (¿la hermana eslava Serbia?) o los ribereños del Báltico. Por otra parte, el Kremlin ganó su causa en la disputa con la UE sobre la independencia de Kaliningrado, cuando Polonia y Lituania se adhirieron a la Europa comunitaria. Conocida la historia, parecía poco probable que Putin renunciara a Sebastopol, en Crimea.

Se diría, por lo tanto, que Alemania actúa en la escena internacional sin el viejo complejo de enano político al que el tradicional reparto de papeles en la UE la había relegado. Pero los resultados de esa acción están muy lejos de las ambiciones que la animaban. Berlín tiene motivos para sentirse frustrada, tanto en política exterior como, ya dentro de la UE, por la deriva de los países más reticentes a combatir los déficits públicos, Francia incluida.

En enconamiento del debate sobre la crisis financiera deja escaso margen para otras ambiciones. A finales de abril, el Consejo Europeo se mostró incapaz de definir una política común de Inmigración con la que ordenar un problema, el de las llegadas masivas de ilegales a territorio de la UE por medios precarios y peligrosos, que no pocos consideran su principal reto para toda una década. Son 24 los socios europeos que se oponen a la iniciativa pero no es ese, con ser importante, el indicador más relevante en el debate, sino el que no existiera, en esa reunión, ninguna manifestación de voluntad política de resolver el problema mediante la instauración de un marco legal común, con su correspondiente reparto de cargas.

La frustrada actividad internacional de la canciller alemana revela, por lo demás, que la Política Exterior, de Seguridad y de Defensa de la UE es poco más que una entelequia. En determinados círculos europeos comienza a hablarse de la necesidad de una nueva estrategia de Defensa para Europa, que vaya algo más allá que la enunciada por Javier Solana a comienzos de la década pasada, pero no hay apetito político para reformularla.

En el entretanto, el gobierno de Alexis Tsipras continúa mareando la perdiz en sus negociaciones con el Eurogrupo sobre la austeridad y sigue actuando contra toda lógica económica: acaba de readmitir a varios miles de funcionarios despedidos de una Administración sobredimensionada por el Gobierno anterior. El objetivo estratégico de este primer ministro griego de extrema izquierda no es sólo transferir a otros -a nosotros- el peso económico de los errores políticos de su país durante décadas, sino demostrar la inutilidad de la política de austeridad. Y el Reino Unido vuelve a convertirse en una incógnita mayor, al haber conseguido Cameron mayoría absoluta. El referéndum británico sobre la permanencia británica en la Unión Europea está, una vez más, sobre la mesa. Lo mismo que el griego, con el que ya amenazó Yorgos Papandreou en 2011.

En los años 90 del siglo pasado, la apelación al "orden disperso" como justificación para una actuación internacional y económica más coordinada de la UE, era frecuente. En nuestros días, es muy difícil encontrar un mero atisbo de orden en los quehaceres comunitarios. Hemos derivado hacia un desorden disperso. Precedente posible de una dispersión.











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