El Estado derrochón

Jacques Chirac solía decir, cuando le preguntaban por el excesivo costo del Estado francés y la (ya durante su doble mandato presidencial) generalizada huida de millonarios galos a territorios fiscalmente más benévolos que el de esa República, un “que se vayan de Francia, que dejen de ser franceses”. Y lo decía con desprecio, como si para él, ser francés fuera la suma de todos los desiderata de este mundo en el que vivimos, y quienes escapaban de sus cargas no resultaran merecedores de la condición.

Me venía esta anécdota a la memoria el otro día, al leer el comentario que un conocido jurista había realizado del trabajo que publiqué días atrás, sobre las cargas fiscales que soportan los individuos en nuestras sociedades desarrolladas. El susodicho comentario era una reacción “visible” a mi trabajo; otras me habían sido hechas constar por correo electrónico. De entre estas últimas, destacaría las que hacían notar la necesidad de “construir” el Estado del bienestar, sobre bases, presumo, de índole igualitaria. Las crecientes cargas fiscales serían imprescindibles en esta aventura, llamada, por lo visto, a consumir los mejores esfuerzos de nuestros dirigentes.

Soy de los que pienso que la función que le corresponde desempeñar al Estado en nuestras sociedades es la de crear las condiciones para que los ciudadanos puedan procurarse su bienestar; no que los interlocutores –por desgracia casi únicos- del Estado con la sociedad, los políticos, definan y establezcan directamente las condiciones de ese bienestar. Demasiadas veces he podido constatar cómo el amplio universo de lo que se denomina, en general, el dinero público, y de las pretendidas “socialmente orientadoras” subvenciones que se nutren de él, conducen demasiado frecuentemente a la perversión de los fundamentos democráticos de la sociedad, a través de la corrupción y de la generalización de las redes políticas clientelares, si no al derroche arbitrario de costosos recursos económicos. Y no sólo en España. Chirac era corrupto y fue condenado por ello, lo que no le impedía menospreciar a quienes huían de la voracidad fiscal de un Estado cuyo costo se había vuelto exorbitante, entre otras cosas, y por ejemplo, porque el propio presidente de la República, en su mandato previo como alcalde de París, se había dedicado a colocar “a dedo” a los amigos en la institución que presidía.

Lo que me lleva a las reflexiones del jurista sobre el costo del Estado y su manera de medirlo. Molesta a ese ensayista la utilización que para ello hago de la figura de los “días trabajados para el Estado”, que considera "falaz en su planteamiento". Argumenta que, en realidad, es para nosotros mismos para quienes trabajamos cuando pagamos nuestros impuestos, pues adquirimos derechos sobre prestaciones del Estado en presente (enseñanza, sanidad, seguridad) y a futuro (pensiones, tratamiento y asistencia en caso de necesidad urgente) etc. Las sociedades, además, crean las condiciones necesarias para que los individuos se desarrollen, en lo económico como en lo intelectual.

Nada que objetar al razonamiento, aunque me suene mucho a aquello de “Hacienda somos todos”, que los malévolos apostillaban con lo de “pero unos más que otros”. Las ideas suelen ser maravillosas, pero la constatación empírica de a lo que conducen suele ofrecer el contraste del que sale la síntesis orientadora para la acción futura. Porque lo que mi crítico no pondera es el costo de las prestaciones del Estado, que es donde está la clave de la cuestión. Cuando el gasto público se dispara, como ha sucedido en España estos últimos 30 años, convendría medir la relación inherente entre costos y beneficios, pero ninguno de nuestros dirigentes está dispuesto a someter los resultados de su acción política a las mismas técnicas de “benchmarking” que se le exigen a la iniciativa privada para evolucionar en nuestro difícil entorno globalizado. Es decir, que no sabemos si lo que se nos ofrece podría lograrse a un menor costo. Que seguro que sí.

Además, nuestra aportación a las necesidades del Estado no nos garantiza unos derechos cuantificados. Quienes acaban de llegar al mercado laboral desconocen si lo que hoy se les descuenta, a fin de subvenir a las necesidades del Estado, servirá para ofrecerles una cobertura de pensiones públicas al término de su vida profesional. Y los que estamos a punto de dejarla no tenemos nada claro lo que vamos a encontrar. ¡Si parece que estuviéramos ante un esquema Ponzi!

Existen maneras para medir la presión fiscal. La más común de ellas es la del porcentaje sobre el PIB. Pero yo he utilizado en dos ocasiones el modelo de “días trabajados para el Estado” buscando un índice comprensible.

Naturalmente, este género de equilibrios serían innecesarios si quienes tienen la información real sobre el conjunto de las cargas fiscales existentes, es decir, los políticos, la divulgaran. Pero no lo hacen, como tampoco dicen, exactamente, a qué responde la monstruosa deuda pública que soportamos. Por ejemplo, el 10 de septiembre de 1997, el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, reconoció públicamente (¿un desliz?) que los compromisos asumidos por la extinta Agencia Industrial del Estado con los 40.000 trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo en los diferentes procesos de reestructuración (siderurgia, carbón, defensa, naval) ascendían a 1,25 billones de las extintas pesetas, o 31,2 millones de pesetas por trabajador. El pasivo resultante no se enjuagaría de todo, dijo, hasta 2065.

Lo dicho: datos y el benchmarking en la Administración, y después filosofamos.

Una burrada de impuestos

Las naciones europeas están saliendo demasiado caras a quienes las pueblan. La voracidad recaudatoria de sus gobiernos parece no tener límites y hasta el propio servicio estadístico de la UE, Eurostat, se ha visto en la tesitura de reconocer, esta semana, que los niveles de tributación existentes en la Europa comunitaria por el trabajo (la suma de impuestos y contribuciones sociales soportados por el trabajador y por quien le contrata), exceden en un 40 por ciento a los que rigen en otras economías desarrolladas, como las de Estados Unidos o Japón. Con un 38,8% del PIB de los 27 Estados miembros, la recaudación total por trabajo de patrones y contratados “no sólo es alta con respecto a esos dos países (Estados Unidos y Japón), sino también si se la compara con otras economías desarrolladas de la OCDE. Sólo Canadá y Nueva Zelanda tienen ratios fiscales que rebasan el 30% del PIB”, dice, contundente, Eurostat (Annual Tax Trends, 2013)

Las ponderaciones del servicio comunitario de estadística han coincidido en el tiempo con un informe bastante curioso de un think tank relativamente nuevo en Bruselas, New Direction, vinculado al Grupo de los Conservadores y Reformistas europeos, de ideología conservadora y euroescéptica británica. Se constituyó tras decidir el premier británico, David Cameron, abandonar el PPE. Cuenta actualmente 55 eurodiputados. Se le considera un outsider en los ámbitos comunitarios de poder.

Pero el susodicho informe está bien hecho. Explora una interpretación de los niveles tributarios que yo mismo utilicé en mayo de 2001, empleando para ello, como soporte documental, los informes periódicos de la OCDE sobre la fiscalidad del trabajo (“Una familia española con dos sueldos y dos hijos trabaja casi hasta agosto para el Estado”, El Correo, 3 de mayo de 2001, está aquí: http://www.scribd.com/doc/138853686/Dias-trabajados-para-pagar-los-impuestos

“New Direction” recorre mi camino de 2001, pero escoge sujetos imponibles diferentes y figuras tributarias ampliadas, para llegar a conclusiones equivalentes. Asegura que en España, un costo salarial bruto de 32.764 reporta al trabajador, en neto, 19.535 euros, los cuales, a su vez, se ven mermados en 1.333 euros por el IVA de los bienes y servicios que adquiere a lo largo del año. Por todo ello, lo que al final le queda en el bolsillo a ese trabajador son 18.201euros. Del bruto total al neto se descuelgan 7.541 euros que paga el patrón por costos sociales, 4.086 en retenciones de IRPF y 1.602 por contribución del trabajador a la Seguridad Social. La presión fiscal real soportada es del 44,45%, lo que significa que esa persona trabaja para el Estado hasta el 12 de junio. El informe no contempla otras figuras tributarias como los impuestos especiales sobre carburantes, tabaco o bebidas alcohólicas, el céntimo sanitario, o la retahíla de tasas que están multiplicando las administraciones locales, con enorme fruición y tenacidad. Les adjunto una tabla y un gráfico con los datos correspondientes al conjunto de los países de la UE, tal y como aparece en el informe que les cito. Esta es la tabla que resulta de sus cálculos

No sin sorpresas, la mayor presión fiscal sobre el trabajo se encuentra en Bélgica (el 60,25%, lo que quiere decir que para que el empleado se embolse 1 euro neto, el patrón tiene que generar 2,5 euros), seguida de Francia, (56,61%) y Austria (55,57%). España se sitúa en el puesto 17 de 27. Gran parte de los costos laborales son desconocidos por los trabajadores, pues se corresponden con las cargas patronales. Y, en fin, el 54,5% de de la población (jubilados, discapacitados, jóvenes) no son productivos.

Los datos barajados por New Direction muestran que la presión fiscal continúa creciendo en Europa, en buena medida por el encarecimiento del IVA.

Esta aproximación a los costos fiscales reales que soportan los trabajadores explica, en el fondo, las razones de que Europa se planteara hace años ya aflojar la presión sobre las rentas del trabajo, y derivar las necesidades recaudatorias hacia la tributación indirecta. Desafortunadamente, la crisis ha entorpecido esos planes que, sin embargo, no explican por qué este continente sale tan caro.

Áspera austeridad

Gráfico: F. Pescador

Se ha instalado sólidamente estos días en nuestro horizonte de certidumbres la idea de que el periodo de restricciones presupuestarias está llegando a su fin. El reciente –inédito e inesperado- llamamiento de José Manuel Durao Barroso a la reconsideración de la austeridad, planteando la necesidad de un refrendo “político y social” para estos sacrificios entre las poblaciones concernidas, se enmarca en un clima de críticas al modelo, fuertemente alentadas por la constatación de que un pretendido soporte intelectual de estas políticas, el célebre informe Reinhard-Rogoff, estaba basado en premisas falsas.

Mucho me temo que la austeridad va a continuar, pues, contra lo que se está escuchando estos días, su enunciado original no es científico sino político y enraíza en el núcleo principal de la Unión Monetaria europea, que no está sometido a revisión o crítica fundamentada.

Los dos elementos centrales de la Unión Monetaria, de la que se deriva el euro, son el déficit presupuestario máximo del 3% del PIB y un nivel de deuda pública que no puede superar el 60% de esa magnitud. Se ha especulado mucho sobre las razones de estos porcentajes. El del déficit presupuestario  tiene una evidente carga ideológica de orden monetarista; el de deuda es más difícil de comprender. Su explicación histórica más plausible es que fue asumido porque Alemania y Francia lo respetaban cuando fueron definidos los criterios de Maastricht y el resto de los candidatos a la moneda única, salvo Bélgica e Italia, no estaban lejos de lograrlo, (España, en 1999, la cifraba en el 62,4% del PIB). Tradicionalmente se ha interpretado esta magnitud con una mayor benevolencia que la del déficit presupuestario. La obligatoriedad de respetar el 60% fue sustituida informalmente, a finales de los 90, por una “tendencia a la reducción de la ratio”, a fin de que, precisamente,  Bélgica e Italia, ambos países fundadores de la CEE, no quedaran fuera de la moneda única

Cuando la Unión Monetaria fue puesta en marcha, en 1999, la deuda media de la Eurozona (a diecisiete) estaba situada en el 71,7 por ciento del PIB.  Bélgica, (113,6%) e Italia (113,1%) tiraban del porcentual hacia arriba. En 2012, tras la crisis financiera, la deuda pública de los 17 socios de la moneda única se sitúa en el  90,6% del PIB y no tiene visos de disminuir, sino acaso de aumentar. A España, las últimas previsiones económicas de la Comisión europea le vaticinan un 101% de deuda en 2014; será del 95,2% en el conjunto de la Eurozona.

Reinhardt y Rogoff promovieron un gran debate internacional al establecer en 2010, sobre la base de una muy larga serie estadística que cubría el periodo 1945-2009, que a partir del 90% de deuda pública, el crecimiento económico de un país se veía afectado por una desaceleración que podía oscilar entre el -0,1% en media y el 1,6 en mediana. Esa “asociación” de circunstancias según los autores del informe, a las que nunca reconocieron como una vinculación de causa y efecto,  fue utilizada profusamente por los promotores de la austeridad presupuestaria, el ministro Schauble y el comisario Rehn entre otros, para justificar las estrecheces impuestas a las economías excesivamente recalentadas antes de la crisis. La desautorización del planteamiento estos días atrás por otros economistas debería llevar a la revisión de las restricciones en curso, dicen los críticos con la política de austeridad, como si esta fuera la consecuencia de aquel.

No es así, como hemos visto más arriba, pero en el orden científico no sólo son Reinhardt y Rogoff los que advierten de los peligros para el crecimiento de la acumulación de deuda pública. Cecchetti, Mohanty y Zampolli, por ejemplo, tres economistas del Banco de Pagos de Basilea, concluyeron en septiembre de 2011, utilizando series estadísticas y metodologías diferentes de las de R-R, que a partir de un determinado nivel, la deuda se convierte en un lastre para el crecimiento. En el caso de la deuda gubernamental, el porcentaje definido es el 85% (“The real effects of debt” , BIS Working Papers nº 352, está aquí: http://www.scribd.com/doc/138317976/The-real-effects-of-debt.).

El hecho, incontestable, de que a partir de determinados niveles de deuda el crecimiento de un país resulta lastrado, aunque los niveles de gradación sean cuestionables, y la evolución que los niveles de esa deuda están siguiendo en España y en la Eurozona, permiten concluir que los esfuerzos para sanear las finanzas públicas españolas no van a concluir en 2016, nueva fecha definida para el retorno del déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.

'Smog' y palmeras

Los acontecimientos de estos últimos días están extendiendo entre la opinión pública la desasosegante sensación de que en nuestras modernas y sofisticadas sociedades la virtud fiscal está reservada a los pobres, pues los ricos cuentan con medios sobrados para escapar al impuesto. Habríamos avanzado poco desde la época feudal, cuando los siervos de la gleba estaban en el mundo para aprovisionar graneros y ejércitos de los poderosos, a los primeros con cosechas y a los segundos con hijos. La profesionalización de los ejércitos nos ha librado de la segunda gabela; la primera sigue plenamente en  vigor.

Me refiero, por supuesto, a esa gigantesca filtración de datos que ha difundido parcialmente un grupo de periódicos, el “Offshore Leaks”, según la cual un buen mazo de supermillonarios, originarios de 170 países, tendría regados por los distintos “paraísos fiscales” del planeta, ocultos al recaudador, entre 21 y 32 billones de dólares (el “trillion” anglosajón). Los activos gestionados por los 50 bancos privados más importantes de esos paraísos fiscales habrían pasado de 5,4 a 12 billones en el corto lapso de cinco años, de 2005 a 2010, es decir, en plena crisis. La Tax Justice Network cifra en 860.000 millones de dólares el beneficio reportado por esos activos, sobre una estimación de 11,5 billones, es decir un retorno del 7,5%.

El “Offshore Leaks” tiene, a falta de concreciones sobre esa masa de defraudadores, el mérito de dar un  contorno actualizado a un problema mayor, que los gobiernos del planeta no han querido resolver: el de los paraísos fiscales. En la Unión Europea se viene hablando del asunto desde comienzos de los años 90, cuando la liberalización de los movimientos de capitales a corto plazo cobró carta de naturaleza, pero los miles de horas dedicados a explorar vías por las que atajar el fenómeno se han estrellado sistemáticamente con la broca oposición del Reino Unido, vinculado a buena parte de esos negocios financieros “offshore”. Luxemburgo y Austria, territorios también parcialmente opacos al flujo de informaciones fiscales, han participado activamente en el boicot (Bélgica hasta 2010) pero su protagonismo en el tinglado descubierto estos días es relativamente menor. Y Suiza y, más encubiertamente Estados Unidos, también.

Lo que se ha podido vislumbrar a través de estas filtraciones es que la City londinense, lugar de graves escándalos y abusos financieros, ha establecido una red tentacular para captar el dinero negro del planeta y gestionarlo a espaldas de las administraciones tributarias concernidas. Las Islas Caimán, por ejemplo, territorio bajo administración británica, administran 1,4 billones de dólares, frente a los 5.670 millones de la City. Lo hace, sin embargo, con 3.650 personas, frente a los 360.000 de la City, según datos del Banco de Pagos de Basilea citados por prensa francesa semanas atrás, lo que lleva a pensar que la verdadera gestión de ese dinero la realiza el núcleo británico de las finanzas londinenses.

Pero en los paraísos fiscales, a la caza del dinero negro del planeta, están todos los que pueden: bancos franceses, alemanes, españoles… Nadie quiere perderse su parte del festín.

Y, puesto que la estructura financiera está ya allí, con toda su disimulación desplegada, de ella no sólo se aprovechan los muy ricos; también lo hacen las empresas, que crean sociedades a través de entidades interpuestas desde las que facturan, por ejemplo, gastos de márquetin y otros, desmesurados, a sus centrales fiscalmente reconocidas, con lo que reducen fraudulentamente el margen de beneficio y el impuesto devengado.

Cualquier aproximación seria al reparto equitativo de las cargas fiscales en nuestras sociedades pasa, necesariamente, por un saneamiento del cáncer financiero internacional que suponen los paraísos fiscales. Europa lleva 20 años diciendo que va a hacerlo y ahora el G20 también, pero los avances son ridículos: atañen sólo a los particulares que perciben intereses de una serie corta de productos financieros.

Como a los siervos de la gleba, los gobiernos europeos podrán continuar exigiendo que les llenen los graneros, pero su autoridad moral no será mucho mayor que la que esgrimía el señor feudal sobre sus súbditos. No, mientras desde el “smog” londinense, del de París o del de Berlín, se salte con tanta despreocupación y alegría a los palmerales caribeños, o las torvas islas anglonormandas del Canal.

Turquía se sale

En diciembre de 2004, una cumbre de la Unión Europea acordó ofrecer a Turquía la apertura de negociaciones de adhesión a partir de octubre de 2005, con la vista puesta en una entrada del problemático candidato en la estructura de la UE no antes de 2015.

Recuerdo las justificaciones que alguno de los que habían urdido aquel extraño acuerdo (una “patada hacia adelante” de más de una década no es cualquier cosa) daba para explicarlo. Quién sabe cómo será la Unión Europea en 2015, decía con aire enigmático, fuera de micrófonos, aquella gente.

Había suficiencia en aquellas previsiones. La suficiencia propia de quien se siente tocado por la gracia de los dioses. Cuando se le dijo a Turquía aquel “sí, pero más tarde”,  el euro llevaba un par de años en la calle y era ya percibido como un éxito, la Eurozona crecía al 2,2% (España al 3,3), su deuda conjunta andaba por el 69%, los déficits presupuestarios se situaban en un cómodo 2,9 del PIB y el desempleo rozaba el 9% (el 10,6 en España). Había motivos para pensar que el tiempo, y los esfuerzos combinados de unos y otros, permitirían a Turquía allanar las distancias que aún la separaban de la UE y a esta misma a diluir desconfianzas y otras prevenciones.

No podemos menos que sorprendernos por los resultados de esta mirada atrás. Las cosas han evolucionado, ciertamente, pero a peor. Europa no se reconoce a sí misma en el duro proceso de ajuste presupuestario acometido para reconducir los déficits públicos y sus consecuencias más aparentes ofuscan la capacidad de percepción de políticos y ciudadanía: el PIB de la UE27 cayó en 2012 un 0,6%, el paro rondaba ese año el 12% -el 26% en España- y la deuda pública en la Eurozona se situaba en el 90% del PIB. 

Mientras, Turquía sigue ahí, esperando que suene la campana prometida, pero el tañido sigue sin dejarse oír. Alemania y Francia, los dos socios comunitarios que, junto con Austria, más se oponían a la entrada del país euro-asiático en la UE, ha hecho gestos estos últimos días hacia Ankara. Angela Merkel, que actúa, de facto, como presidenta de la UE, viajó a finales de febrero a la capital turca y se declaró partidaria de reanudar las negociaciones, interrumpidas en ocho capítulos fundamentales desde diciembre de 2006, aunque dejara claro de que la perspectiva de una adhesión plena del país a la UE no está garantizada; que ella prefiere el acuerdo preferencial.

Francia por su parte, había declarado a mediados estar dispuesta a retomar las negociaciones en uno de los capítulos bloqueados, el de las ayudas a las regiones menos favorecidas. Hollande se distanciaba así de la política obstruccionista de su predecesor, Nicolas Sarkozy.

Es muy probable que esos esfuerzos, nimios, resulten insuficientes para satisfacer a las autoridades turcas. En el país, según sondeos recientes, las actitudes pro europeas han caído significativamente. Encuestas llevadas a cabo a finales de enero mostraban que sólo el 33% de la población es actualmente partidaria de continuar las negociaciones de adhesión, mientras que casi el 60% prefería olvidar la perspectiva europea. Y el gobierno islamista de Erdogán, por su parte, da señales de estar mirando ya a otro lado, a la Organización de Cooperación de Shanghái, creada en 2011  y de la que forman parte  Rusia, China, Kazajstán, Kirguizistán, Uzbekistán y Tayikistán. Turquía forma parte de ella desde 2012 como “asociado para el diálogo”.

Erdogán ha dicho que el grupo de Shanghái le conviene a Turquía y que si se adhiere formalmente a él, su país dirá formalmente adiós a la UE. En Europa no se concede gran crédito a esas balandronadas pero si Turquía continúa con su desenganche, ese candidato problemático a la adhesión se irá por su propio pie y voluntad. Un desprestigio adicional para la renqueante Unión Europea del esplendor perdido.

Más chanchullos

El prestigio de España en la Unión Europea está por los suelos. En momentos duros como los que vivimos, la gente tiende a pensar que son injustos con nosotros quienes someten a tan duros trances a una población de por sí castigada por procesos, como el cambio de modelo económico, cuya resolución exigiría el apoyo y la comprensión de nuestros socios comunitarios y no su desafecto. Pero la realidad es que tenemos, en estos tiempos, escasa autoridad moral para presentarnos en Europa y reclamar un trato diferencial.

Hace pocos días, la Justicia europea pronunció una sentencia demoledora para España, en un ámbito, el de las ayudas por cohesión, en el que la UE mostró en su día una amplia comprensión que, por lo visto, hemos defraudado.

La sentencia ratifica tres decisiones de la Comisión Europea de 1999 por las que se exigió a las autoridades españolas la devolución de 363 millones de euros invertidos por la Unión Europea en las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y el País Vasco, durante el periodo de programación de gasto que fue de 1994 hasta 1999. Esos 363 millones corresponden a un modesto 7,3% de los casi 5.000 asignados por los fondos estructurales a esas regiones españolas durante el citado periodo, pero no es la cuantía de lo reclamado el aspecto relevante de la cuestión, sino sus porqués. Y estos son que las autoridades regionales hicieron caso omiso de las normas europeas que se aplican al caso, como las condiciones para las licitaciones públicas, la inalterabilidad de los proyectos originales, la adjudicación directa de obras complementarias sin licitación previa, o su atribución en base a criterios cuestionables, como los del precio medio, la implantación local o la experiencia de la empresa adjudicataria.

Además la Comisión, siguiendo un criterio humillante para España que el Tribunal ha respetado, no verificó todos los proyectos contemplados en los Programas Operativos correspondientes, sino sólo unos pocos. Una vez constatada la recurrencia de esos fallos, aplicó un baremo reductor al conjunto de las actuaciones acometidas, lo que significa, lisa y llanamente, la abrogación de la garantía jurídica de la presunción de inocencia.

Creo haberles dicho alguna vez que el excepcional desarrollo español de finales del XX y los primeros años del XXI estuvo directamente vinculado con nuestra adhesión a la UE y a su moneda única. La liquidez extraordinaria facilitada por los mercados internacionales al país se vio complementada por otro chorro de dinero, este europeo, que llegó a través de los fondos estructurales y el de cohesión, así como por la PAC. 

Yo soy de los que piensan que ese dinero fácil actuó sobre nuestro ordenamiento político y administrativo igual que el oro de las Indias: multiplicándolo hasta la náusea y generalizando la ineficacia y la corrupción. Relean las causas de las devoluciones reclamadas. ¿No tienen todas ellas un cierto tufillo a chanchullo?

Europa nos ve como un país de políticos acomodaticios, que no aprovecharon los momentos de prosperidad para sembrar un porvenir económicamente consolidado y estable y prefirieron seguir tirando de la construcción, como si no pudiera fallar; que abusó de estructuras bancarias concebidas para fines modestos, convirtiéndolas en remedos de bancas públicas regionales, a las que se sometió después a todo género de arbitrariedades y rapiñas sin que el Banco de España, independiente según los acuerdos de Maastricht sobre la Unión Monetaria, hiciera nada para impedirlo; que desoyó los consejos europeos sobre la excesiva dependencia de la banca que tenía la población a través del crédito privado; y que, en fin, malversó parte de las ayudas europeas para el desarrollo y la reestructuración del país. A santo de qué esos majestuosos palacios de la cultura en poblaciones que no los justificarán nunca.

Es verdad que otros países (Italia, Francia) no están mucho mejor, pero disfrutan de más credibilidad. Tienen más peso en Europa. Nosotros hemos perdido el que teníamos.

Comprendo bien a Javier Solana cuando, a mediados del mes pasado, pidió a sus correligionarios que no se dejaran llevar por una retórica antieuropea a todas luces injusta. Los problemas de España son, primero, españoles, y es a nosotros a quien nos incumbe resolverlos.

Confusión de espíritus

En la Comisión europea, quienes defienden a ultranza la confusión en los espíritus que conlleva la publicación de las "Previsiones Económicas", un fenómeno que ahora acontece cuatro veces al año, suelen incidir en la referencia al «escenario en caso de políticas inalteradas» que suele acompañar a sus cifras. Dice esta gente (me lo han dicho a mí, después de haber demostrado en estas columnas que estas previsiones no han acertado nunca con España, supongo que con los demás tampoco) que las desviaciones entre lo anunciado y la realidad se explican, en parte, porque los gobiernos nacionales «se ven incentivados» a tomar medidas para no llegar a la situación que desde Bruselas se les anticipa.

No hace ese argumento un gran favor a la solvencia del análisis econométrico comunitario. Reduce los esfuerzos de anticipación que realiza la Comisión europea en sus "Previsiones" a la condición de mero instrumento político para la consecución de objetivos político-económicos, lo que le desposeería, llevado el razonamiento a sus extremos, de fundamento científico y de credibilidad.

Verdad es, entre otras cosas porque así lo reconocen ellos abiertamente, que los países del Norte europeo están apretando a los del Sur, Francia incluida, a proceder con reformas estructurales profundas, en el convencimiento de que sin presión, esas reformas, entre las que merece consideración primordial el cambio de mentalidad sobre los déficits públicos, no serían nunca acometidas. Las apreturas de Grecia responderían no tanto a la escala del problema (pequeño en su momento) planteado por la minúscula economía helena, o la portuguesa, o la irlandesa, o las tres juntas, sino por el riesgo de contagio de esa laxitud a otros socios mucho más problemáticos, léase España, Italia o, en fin, Francia. Las "Previsiones Económicas", y los sobresaltos que ocasionan, serían un instrumento más de esta estrategia, que la vicepresidenta española del Gobierno parecía ayer asumir, cuando apuntaba en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Gobierno hará lo necesario para que los malos números anunciados en Bruselas no se cumplan.

De modo que todo parece apuntar a una efectiva instrumentalización política de las "Previsiones Económicas" europeas. Dan, a los gobiernos que las necesitan, razones para profundizar aún más en sus políticas de austeridad, ante sus opiniones públicas respectivas.

Pero el temor a la presunta evolución negativa de las cuentas nacionales no debería distraer la atención de otros problemas mucho más reales que las posiblemente fantasiosas cifras comunitarias. Como la apreciación del euro en los mercados cambiarios. Ahí está la verdadera amenaza para la recuperación de la economía española, y Alemania no quiere arrimar el hombro.

En 1999, poco después de lanzado el euro, la moneda única sufrió una devaluación del 14% con respecto a sus tipos de salida. La quimera 1€=1$=100¥ se desvanecía ya entonces y hoy asistimos a maniobras japonesas, estadounidenses y chinas para mejorar la competitividad de sus economías mediante la devaluación, más o menos artificial, de sus divisas respectivas. Y el euro sube; ayer rondaba los 1,32 dólares.

A las autoridades españolas, un euro fuerte les ayuda a vender la idea de que la recuperación económica está en marcha. Evidencia que los capitales internacionales vuelven a confiar en la moneda única. No deja de ser cierto, sin embargo, que un euro a 1,4 dólares borraría del balance las mejoras de competitividad logradas por su economía con tantos esfuerzos.

No hay que dejarse confundir: es ahí, al tipo de cambio del euro, a donde hay que mirar; no a unos números aireados por la Comisión que nunca terminan correspondiéndose con la realidad.

Ante la cantidad de mensajes recibidos, quiero aclarar que el Post en el que comento los fallos enlas Previsiones Económicas de la Comisión europea está aquí: http://bruselas10.blogspot.be/2012/11/pronosticos-que-se-lleva-el-viento.html

Un euro a 1,4 dólares borraría la mejora de la competitividad española lograda con tantos esfuerzos