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sábado, 21 de septiembre de 2019

Diésel y Sofocón




(Versión larga de mi artículo publicado hoy en El Correo)

A pesar de las altisonantes declaraciones de responsables comunitarios (“Europa lidera la lucha contra el cambio climático”, Federica Mogherini dixit) lo cierto es que la Unión Europea mantiene una deriva caótica, cuando no contradictoria en estas materias, y las consecuencias de este desorden se están dejando sentir muy pesadamente sobre las espaldas de los ciudadanos de la UE. Hablamos del circo ese de las ciudades y el diésel.

Esta semana la señora Colau, alcaldesa de Barcelona, destacada personalidad de una extrema izquierda marginal ahora en el poder por carambolas electorales, ha declarado que va a prohibir el acceso a una amplia zona de la ciudad y de su periferia a los vehículos más contaminantes, es decir, a los que no tienen pegatina de la dirección general de Tráfico.

Las razones evocadas por la alcaldesa para tan drástica medida son de índole sanitaria y medioambiental: la contaminación, la del diésel sobre todo, parece estar en el origen de un espectacular repunte de las enfermedades cardiorrespiratorias. Los mismos argumentos fueron utilizados por la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para su controvertido -y ahora desvitalizado- plan de Madrid-Central. Iniciativas similares proliferan por diversas ciudades europeas de un tiempo a esta parte. Todo sea por salvaguardar la Tierra del cambio climático, dicen aquí y allí, mientras se aplauden unos a otros.

El problema más aparente que emerge en este asunto, después del de los afectados por la contaminación, es el derecho de quienes han adquirido vehículos plenamente conformes con la legalidad vigente en el momento de su adquisición, y que se encuentran en condiciones de rodaje, para utilizarlos sin restricciones entonces inexistentes. El boom del diésel de los años 90 hasta la Europa de nuestros días resulta de decisiones políticas, económicas y medioambientales tomadas al calor de los primeros pasos en la lucha contra el calentamiento de la Tierra, que han dado mucho dinero a los fabricantes de coches europeos, principalmente alemanes y franceses, a los que no se debería facilitar la elusión de responsabilidades por los hechos acontecidos. Sobre todo porque se ha sabido después que, encima, hicieron trampas.

Lo sucedido es, básicamente, lo siguiente: entre 1992 y 2015, fechas, la primera, de la denominada “Cumbre de la Tierra” en Rio de Janeiro y la segunda de los Acuerdos de París, altos funcionarios y políticos de la comunidad internacional se han visto llamados a negociaciones febriles y pretendidamente trascendentales, que tuvieron lugar en entornos a cada cual más exótico (la ya citada Río, pero también Kioto, Cancún, Doha, Copenhague y, finalmente, París). Dichos esfuerzos han servido para bastante poco. Primero se adoptaron compromisos para los países industrializados en su conjunto, después voluntarios para los en vías de desarrollo y, finalmente, para todos, en París. Allí se dijo, aunque con matizaciones muy significativas, que el conjunto de los países signatarios, casi 200, harían lo necesario para lograr que la temperatura global del planeta aumente este siglo menos de 2 grados centígrados con respecto a los valores vigentes en la era preindustrial.

Pero los Estados Unidos, con Donald Trump al frente, se ha retirado del acuerdo de París, en el que China, Rusia e Irán definen reducciones de vertidos dentro de una horquilla que ellos mismos han establecido; que Arabia Saudí compromete en el Tratado “acciones beneficiosas para el medio ambiente equivalentes a 130 millones de toneladas de CO2 en 2030” (lo mismo plantean árboles en el desierto, que valdría); y que las estimaciones definidas para los vertidos rusos, chinos e hindúes son, cuando menos, de verificación problemática.

“Guiadas por las emisiones de CO2 derivadas del consumo de combustibles fósiles, los vertidos globales del sector de la Energía crecieron 12,6 gigatoneladas de CO2 entre 1990 y 2016, y otros procesos (industria, agricultura y otros) aportaron otras 2,7 gigatoneladas”, afirma la Agencia Internacional de la Energía en su último informe sobre la materia (CO2 Emissions From Fuel Combustion, 2018 Ed., International Energy Agency). Los países no desarrollados fueron los responsables de un 70% de dichas emisiones en 2015, casi duplicándolas.

De modo que la UE (3.192 millones de toneladas de gases de efecto invernadero enviados a la atmósfera en 2016) lidera una carrera que está corriendo prácticamente en solitario, de la que los principales agentes del calentamiento global (EE. UU, 5.703 MtCO2 y China, 9.102 MtCO2 en 2016), se mantienen al margen.

¿Qué tiene que ver la lucha contra el calentamiento global con la “almendra” de Madrid y la Barcelona de aire prístino de Colau? Pues que en Europa se orquestó una operación industrial de calado enorme en los 90 del siglo pasado para imponer la automoción por diésel, debido a que este carburante generaba menos contaminación por CO2 que la gasolina. Todo el mundo pasó por alto que el diésel emitía muchos óxidos de nitrógeno y micropartículas; una nueva norma, más severa,entró en vigor en 2006.

¿Fue por desconocimiento? Desde luego, no parece sensato culpar de negligencia criminal a los Gobiernos de los Estados de la Unión Europea, que no cayeron en cuenta de ese peligro. Dicho lo cual, habrá que concluir que el rigor científico de las decisiones europeas deja mucho que desear.

Lo mismo puede decirse de otras decisiones nacionales, como la de Angela Merkel sobre la energía nuclear en 2011, tras el desastre de Fukushima, que ha llevado al país a emplear masivamente carbón en la generación de energía. De las centrales nucleares se podrán decir muchas cosas pero, ciertamente, no producen CO2. Quizás por eso Merkel propone ahora un plan decenal sin soluciones, pero con impuestos.

Una cosa es todo esto de los vertidos mundiales de CO2, que a veces parece las cuentas del Gran Capitán, y otra, bien distinta, la realidad del transporte, el gran damnificado por las salidas de tono de munícipes ideológicamente opuestos al automóvil privado. Y aquí encontramos que en la Europa de los 28, las 551.067 toneladas que el sector emitía en 2008 se habían visto reducidas en 2017 a 524.000, grosso modo. Las cifras para España eran de 56.776 y 48.124, respectivamente, (Eurostat, Air Emissions Accounts by NACE REV 2 activity).

En Europa, en fin, el consumo de gasolina era en 2002 de 2,97 millones de barriles por día (mbd), mientras que en 2017 y a pesar del incremento del parque de vehículos se situaba en 1,89 mbd.
Las cifras para el diésel eran de 5,77 mbd en 2002 y 6,48 mbd en 2017.

Es decir, que el consumo se ha contenido mucho. Al mismo tiempo, las tasas medioambientales, creadas por los Estados de la UE para, entre otras cosas, dar margen financiero a las municipalidades, dado que la tributación directa habitual está agotada, recaudan cada vez menos. Todo ello, en fin, define un marco de ingresos fiscales escasos. En España, y en 2008, la recaudación por tasas medioambientales impuestas al transporte ascendió a 3.490 millones de euros, mientras que en 2017 se situaban en 2.706.

Colau hablaba de peajes para circular por la ciudad, lo mismo que Carmena y en Bruselas están preparando un sistema de tasación por kilómetro recorrido a bordo de un coche.

l final, toda esta movida va a terminar siendo un cínico ejercicio de recaudación, a cuenta del infeliz que guarda su coche de 2004 mientras la élite viaja en primera de Doha a Cancún y de Rio a Kioto, a gastos pagados.

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Beckaert, Bélgica, los independentistas catalanes 'et al'

Yo traté a Paul Beckaert a comienzos de los años 90 del siglo pasado, cuando trabajaba en Bruselas como Corresponsal de los periódicos del Grupo Correo, después Vocento, y estalló la crisis de los miembros de ETA Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz, que pudieron asilo político en aquel país. Les adjunto un artículo que publiqué a finales de esa década, en el que se narran los hechos acontecidos y sus consecuencias en el orden práctico.
De Beckaert guardo el recuerdo de un hombre frio, distante y puntilloso. Me recriminó que me refiriera a él como «abogado de ETA» en una conversación privada que mantuvimos ambos al comienzo de la crisis. Le pedí disculpas, porque tenía razón. A mis ojos e inteligencia, Beckaert se me apareció como un oportunista instalado en la confluencia de los intereses de sus representados y del entramado político y institucional de su país. Jamás, a mi juicio, Beckaert aceptaría una causa si las demandas de sus clientes no «casaran» con las necesidades de lo segundos. Era, por lo tanto y a mi entender, «el hombre de la ocasión», un oblicuo, el alfil de la jugada. Perfecto conocedor de los entresijos de los que les hablo, este abogado prestó entonces servicios inestimables a sus representados y... a los complicados equilibrios políticos de su país. Yo creo que ahora vuelve a lo mismo.
¿Cuáles son esos entresijos en la causa de Puigdemont? Pues, a mi entender, los siguientes: el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, miembro del Partido liberal francófono belga, encabeza una coalición gubernamenal en la que la su partido político es la única fuerza francófona, lo que constituye toda una novedad pues, hasta ahora, los gobiernos de Bélgica guardaban un equilibro entre francófonos y flamencos. Se encuentra en minoría. El poder dominante en el Gobierno, y en Bélgica, es la NV-A, que aglutina a una gran masa de votantes flamencos desengañados de Bélgica como Estado por razones históricas, pero también porque ha sido sometida a una propaganda sistemática desde hace décadas, en la que la razón económica (falsa, pero no tanto como en Cataluña) ha desempeñado un papel fundamental. Se articula en torno a una proposición que hizo fortuna entre la población flamenca a finales de siglo pasado, según la cual, «cada cinco años, una familia flamenca le compra un coche a una familia Valona». Con ella se significaba el abuso de transferencias económicas desde la «productiva» Flandes a la ociosa y subsidiada Valonia, a manos de Gobiernos dominados por francófonos de ideología socialcristiana o socialista.
La NV-A ha recogido la insatisfacción de las clases medias flamencas alimentada sin pudor durante décadas por los socialcristianos y los radicales nacionalistas flamencos de la extinta Volksunie, un partido político que escondía tras él un movimiento popular. Está, sin embargo, de capa caída. Tras desplazar del poder a los socialcristianos flamencos, ha constatado hasta qué punto es difícil romper la realidad política de un Estado y se ha implicado en responsabilidades de gobernación de Bélgica, para disgusto de su electorado.
Pero a los radicales flamencos de todo género, la causa catalana les va. Lo mismo que la vasca.  ¿Se acuerdan ustedes de cuando Arzalluz hablaba de un plan para llevar la independencia al País Vasco a comienzos de los 2000? Coincidía en tiempo con algunas estimaciones de los radicales flamencos para la quiebra de Bélgica. Y con certeza que los nacionalistas catalanes estaban al tanto de todas esas conjeturas y plazos.
En definitiva: lo de Puigdemont en Bélgica podrá parecer una astracanada, pero lo de Bélgica, nos lo demuestra la historia reciente, hay que cogerlo con pinzas.
Aunque en esta ocasión, con diferencia a lo que sucedía en los 90, Puigdemont molesta a todo el poder  europeo estatuido. Es poco probable que los radicales flamencos vayan a ser capaces de sostener el pulsox
El artículo.

UNA DECADA DE DESENCUENTROS
Los encontronazos entre las autoridades políticas españolas y belgas a cuenta del derecho de asilo y las extradiciones de miembros de ETA estallaron el 15 de junio de 1993, cuando la Gendarmería belga, atendiendo a un requerimiento de búsqueda y captura cursado por la Audiencia nacional a través de Interpol, detuvo en Vilvoorde, una localidad del extrarradio bruselense, a Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz.
Los detenidos, acusados de colaborar con el comando Vizcaya, presentaron una solicitud de derecho de asilo al Comisario para los Refugiados de Bélgica, a la sazón Marc Bossuyt, que fue admitida a trámite por éste, desatando la cólera del Gobierno español, quien bloqueó los debates sobre el derecho de asilo en la Europa comunitaria.
En febrero de 1994, Bélgica rehusó conceder el asilo político a Moreno y García, pero estos recurrieron a la Comisión permanente de Apelaciones, mientras el Gobierno de la época se comprometía a responder urgentemente a la demanda de extradición cursada por España contra los dos colaboradores de ETA.
Coincidiendo con estas maniobras gubernamentales, una serie de llamadas telefónicas efectuadas en nombre de ETA, advirtiendo de la colocación de bombas en las principales estaciones ferroviarias del país (las de Bruselas, Lieja y Gante) colapsaron el 25 de febrero de aquel año la actividad cotidiana de Bélgica y sembraron la alarma.
El Comité permanente de Apelaciones denegó nuevamente el asilo político a Moreno y García el 12 de enero de 1996, pero la extradición a España de los dos colaboradores de ETA tampoco pudo consumarse. El ministerio de Justicia la ordenó el 25 de enero de ese año, pero, y ahí intervino la intencionalidad política del anterior Gobierno de Bélgica, que tan criticada fue en España, demoró su ejecución para dar oportunidad al Consejo de Estado de pronunciarse al respecto, que suspendió la orden de extradición hasta tanto esta alta instancia judicial no se pronunciara sobre la cuestión.
Luis Moreno y Raquel García quedaron en libertad, España suspendió la colaboración judicial con Bélgica.
La clase política de Bélgica que posibilitó este tratamiento del caso de los colaboradores de ETA tomó muy en consideración las referencias de que el conocimiento de la intervención de ambos en la ayuda al comando Vizcaya se obtuvo de un etarra bajo presuntas torturas.
Con posterioridad a este caso, aún no resuelto, varios miembros de ETA han reclamado asilo político en Bélgica, como sucedió con Enrique Pagoaga Gallastegi (Peixotín) en mayo de 1996.
Las autoridades belgas rehusaron dar entrada a Peixotín en Bélgica, pero este recurrió al Comisario para los Refugiados y todo el carrusel volvió a ponerse en marcha.
En el Tratado de Amsterdam, Bélgica se reservó el derecho a juzgar cada demanda de asilo por separado, proporcionando un severo revés al Gobierno español, que defendía que entre Estados democráticos, como los de la UE, no hay delitos políticos sino de derecho común.

sábado, 17 de septiembre de 2016

Porque estás que te vas y te vas...


Quizás recuerden ustedes esa canción de José Alfredo Jiménez que dice “porque estás que te vas, y te vas, y te vas… y no te has ido”. Bueno, pues esa es, exactamente, la martingala en la que andamos con el Reino Unido y su Brexit.

Han pasado ya dos meses y medio desde que los británicos sorprendieran al mundo (también a sus propias élites) proclamando que se iban de la Europa institucional de los valores comunes, y aquí nadie ha dado un paso al frente. Si acaso alguno que otro hacia atrás como el de Angela Merkel, quien saltó presta a la tribuna, una vez conocido el resultado el referéndum de junio, para templar el juego.

Estamos en un limbo curioso con estos british: Albión, la pérfida, no da la impresión de estar respirando por la herida. Si acaso parece que seamos los demás quienes estamos haciéndolo: Merkel y Hollande andan peleados a cuenta de la aspereza de la lija que hay que pasarle a Theresa May por sus pétreas mejillas; algunos recién adheridos del Este europeo, como Hungría y Polonia, ven en el Brexit una ocasión para redefinir la dialéctica política europea; la premier británica se reúne con la canciller alemana en un mano a mano oscuro para todos los demás miembros del club y esta hace lo propio con el presidente francés y el presidente del Consejo italiano de ministros (¡viva la Política Exterior y de Seguridad Común!); franceses y alemanes se plantean relanzar los proyectos de defensa europea; el americano no dice nada (en público) pero advierte (en privado) que de menoscabar a la OTAN, nada de nada. Y en medio del follón, Trump trompetea que va llegando la hora de que los europeos comiencen a pagarse su defensa.

Los británicos se han asomado con cautela a este comienzo de curso para echarle una mirada a las cuentas y constatan, con una cierta sorpresa, que la cosa no parece ser para tanto: la libra se recupera y las bolsas se estabilizan. Es verdad que los importadores de vino anuncian subidas importantes para los cotizados caldos europeos este próximo octubre, pero también es cierto que al Gobierno local, la fiscalidad le deja margen para impedir que el Château Lafite Rothschild alcance definitivamente la cota de las nieves perpetuas. Aunque sólo sea porque el frío arruina el bouquet.

Sin embargo, el baile para el que los británicos nos han firmado en el carnet es une valse à mille temps, que diría Brel. Londres no ha pedido oficialmente el inicio de la negociación para su salida de la UE  porque todavía no sabe por dónde le da el aire. Habrán notado que Theresa May usa laca. La británica quiere marcar los tiempos, llevar el paso, dirigir el compás y de este lado del Canal no es que se escuche a la orquesta con oído fino, pero tampoco es que estemos en la inopia: Jean Claude Juncker, el presidente de la Comisión, se ha permitido la maldad de nombrar a Michel Barnier, francés y muy poco anglo, como su jefe negociador. El del Parlamento es Guy Verhofstadt, otro hueso para Londres y el del Consejo Didier Seeuws, un diplomático belga que fue portavoz de Verhofstadt en el pasado. Un trío incómodo para el poder londinense pero es que Lady May nos ha puesto a Boris (Johnson) de su lado de la mesa.

Hace cosa de un año y medio, el Bertelsmann Stiftung hizo público un estudio que le había encargado al Ifo Institut de Munich, sobre los “Costos y Beneficios de una salida del Reino Unido de la Unión Europea”. Lo que allí se dice (como en tantas otras visiones de los riesgos que el Reino Unido encaraba en su referéndum) está tan claro que resulta aún más incomprensible que los británicos se hayan dejado adormecer por los cantos de sirena (¿quizás mejor hablar de bramidos de morsas antárticas?) de Boris (Johnson) y Nigel (Farage). En sus comentarios finales, el informe recuerda cómo Tony Blair, en su campaña del 97, barajó tres futuros para el Reino Unido en la UE: irse, quedarse haciendo lo de siempre y reformar a la Europa comunitaria desde dentro. Apostó por esta última, pero se quedó en la segunda y esa  era la opción privilegiada por la Fundación Bertelsmann en su informe, antes de que los británicos decidieran romper la baraja.

Por el desarrollo de los acontecimientos, parecería que Theresa May apuesta por una versión optimizada de la segunda opción de Tony Blair, la que resultaría de hacer el Reino Unido en la UE lo de siempre, pero sin estar. Es un espejismo, un aturdimiento causado, sin duda, por los bramidos hipnóticos de las morsas antárticas. Lo que el Reino Unido pueda ofrecer a Europa desde su proverbial pragmatismo va a ser tasado a la baja, mientras que el continente valorará al alza sus triunfos. Londres tiene que rehacer sus posiciones comerciales con el resto del mundo, la UE incluida, porque pierde los acuerdos de arancel común de la UE. Sólo esa tarea es de una complejidad estremecedora. Por eso, nadie, y menos la premier británica, está por la labor de recordar que el título de la canción de José Alfredo es “No me amenaces”.

domingo, 15 de mayo de 2016

AI...¡AY!


Hay un debate en curso, por ahora esencialmente académico, sobre el porcentaje de puestos de trabajo que los nuevos robots van a hurtarle al ser humano en el horizonte de los próximos diez o quince años. He leído y oído cifras de todos los pelajes: desde el 80% de algunas publicaciones norteamericanas de divulgación científica hasta el 15% de ciertos especialistas del medio, pasando por el 47% de una investigación realizada en Oxford este año pasado. Son números, estos, que suscitan todo tipo de reacciones, en su mayoría de incredulidad. En lo que hay consenso es en que nos encontramos a las puertas de una nueva revolución industrial: la de Inteligencia Artificial.

Por lo visto, 2015 ha sido un año de avances espectaculares en el mundo de la AI (Artificial Intelligence). A través de lo que se conoce como Deep Learning, desarrollado por Google y que podríamos traducir como “Aprendizaje Profundo”, los ordenadores están adquiriendo vastos conocimientos sin programación específica previa: aprenden a distinguir seres humanos de animales entre miles de fotografías, en base a patrones que extraen ellos mismos de las imágenes. Otras aplicaciones facilitan a la agencia Associated Press la difusión, sin periodistas que los redacten, de miles de boletines informativos sobre resultados empresariales, utilizando hojas de cálculo con los estados contables que estas mismas publican. Y el robot Watson, de IBM, sugiere estrategias farmacológicas o quirúrgicas para tratamientos de cáncer individualizados en algunos hospitales norteamericanos, basándose en los análisis genéticos de cada paciente y en la literatura científica existente al respecto.

Son, esos últimos, ejemplos de aplicaciones de AI relativamente esotéricas, que no entrañan pérdidas directas de puestos de trabajo pues el ser humano se encuentra, de una u otra manera, al final de la cadena de decisiones. Hasta en el caso de las noticias financieras de la Associated Press, ya que las más relevantes son objeto de supervisión humana y las automatizadas no serían ni escritas, ni publicadas por periodistas, debido al costo.

Otra cosa bien distinta son los usos avanzados de IA actualmente en fase de experimentación. Los vehículos autodirigidos podrían dejar en la calle a cinco millones de camioneros cuando la tecnología entre en servicio y Uber pretende acabar con las críticas que cosechan sus servicios invirtiendo masivamente en coches sin conductor. El sector financiero, que ha prescindido de miles de puestos de trabajo a medida que se reducía el margen en nichos habituales de su negocio, encara una nueva tanda de ajustes que podría comprometer esta vez hasta un 30% del empleo del sector en Estados Unidos y Europa, según un informe de Citygroup. Son datos barajados hace un par de semanas en una Conferencia del Milken Institute habida lugar en Beverly Hills, California. Y los principales bancos del mundo están profundizando en aplicaciones como “Blockchain”, que podrían generar ahorros multimillonarios en la operativa bancaria y liberar recursos financieros ingentes para la inversión.

Las consecuencias de estas nuevas tecnologías en la ocupación final, no ya en los puestos de trabajo actualmente existentes, se ven matizadas por la experiencia: frente al catastrofismo de los luditas británicos de comienzos del XIX en su lucha contra el maquinismo, hoy sabemos que este tipo de avances generan puestos de trabajo de nuevo cuño. Andrew Ng, quien fuera principal responsable del proyecto Google Brain, además de profesor de ciencia computacional en Stanford, y que ahora es el primer responsable científico del buscador chino Baidu, expresaba gráficamente el año pasado que la agricultura, en Estados Unidos, ha necesitado casi 200 años para representar el 2% de la mano de obra del país, desde el 98% de comienzos del XVIII. Ng reconocía que los cambios, ahora, son más rápidos, (es el autor del cálculo de los millones de camioneros), pero se apunta a la tesis de las nuevas oportunidades, lo mismo que amigos míos especialistas en mercados laborales, que una vez tuvieron responsabilidades de Gobierno en la materia.

Pero lo que está meridianamente claro, sea el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo el que sea, es que la nueva revolución industrial va a requerir de sociedades mucho más dinámicas que las actuales. El statu quo y el privilegio están de capa caída y la formación permanente y el riesgo individual van al alza.


Harían bien gobiernos, empresas, sindicatos y trabajadores en aplicarse el cuento, antes de que la nueva ola se lleve todo por delante.

sábado, 23 de abril de 2016

Prosperidad y dinero

Hace meses supe de un jubilado que murió leyendo las cotizaciones de Bolsa. El suceso fue noticia no tanto por la defunción del hombre, cuanto porque los allegados del difunto dijeron desconocer las razones de la curiosidad de su familiar por la evolución de los mercados de capitales, dado que carecía de patrimonio mobiliario alguno. A mí, según leía la información, se me ocurrió que aquel hombre buscaba en las gráficas bolsistas la tranquilidad que necesitaba en el otoño de su vida. Si la Bolsa va bien, debía decirse, todo me irá bien a mí también y no padeceré sobresaltos de última hora.

Pues igual el hombre aquel que cayó por el precipicio de la PER no tenía razón. Prosperidad y dinero ya no corren parejos. Los mercados bolsistas de nuestros días han dejado de ser el espejo económico de nuestras sociedades, en las que, como se estudiaba hace no tanto tiempo, la inexorable ley del mercado sacaba a la luz verdad y mentira, por lo que la economía podía expurgarse de todo vicio y engaño. Lo que, al fin y a la postre, constituía toda una afirmación darwiniana de que, también en economía, el futuro es del que aguanta, que no es sinónimo de mejor, al menos desde un punto de vista moral.

Tomemos el ejemplo de la energía. Desde el primero de los “choques” del petróleo, en 1973, la evolución al alza del precio del petróleo ha provocado cambios económicos, políticos y fiscales de enorme profundidad. Sumas ingentes de dinero han cambiado de manos, entre   consumidores y productores del oro negro. Ahora, el petróleo está barato, pero las Bolsas bajan y sólo parecen repuntar cuando se intuyen restricciones artificiales a la oferta. La economía que dicen “real”, la que se nutre del ahorro privado para financiar proyectos enriquecedores de su entorno, aunque se entienda este en un sentido amplio, apenas se beneficia de esta tan singular situación en casi medio siglo de historia económica: que la energía, en origen, esté barata.

Buscando entre papeles no es difícil encontrar explicaciones a tan aparente contradicción: que si los americanos soportan las cargas financieras del desarrollo del fracking; que si a los japoneses les subieron mucho los impuestos al consumo en 2014 y que el consecuente drenaje de recursos ha sido muy superior a los beneficios que a la renta de las familias les ha reportado la gasolina barata; que si a los europeos, la política de tipos bajos del BCE les angosta cualquier alegría en el gasto, porque deja al ahorro sin remuneración y no sirve más que para financiar los déficits públicos que resultan de desmanes y arbitrariedades presupuestarias, etcétera, etcétera, etcétera.

Hay más razones en circulación que estas que les doy que intentan explicar lo que, a mi modo de ver, es inexplicable: que las bolsas bajen cuando la riqueza en circulación se reparte un poco más entre la ciudadanía de aquellas sociedades que están facultadas para sacar provecho de ella, pero voy a pasar, ahora, a otra escala de argumentos.

Hace años que se viene diciendo que los mercados de valores no sirven para lo que fueron creados: para que las empresas que la necesitan encuentren financiación para sus proyectos. Aquel mundo pintoresco de los síndicos de la Bolsa de Bilbao que celebraban los logros de la jornada con ostras y champagne “donde Matías”, (en La Concordia, ahora es un Bingo) se ha visto sustituido por una corriente de dinero que fluye en chorro, a la velocidad de la luz, de un lado al otro del planeta, en busca de oportunidades de inversión que no se aguantan no ya un día, sino siquiera unos segundos. Son los “traders de alta frecuencia”, (HFT por High Frequency traders), que utilizan aplicaciones informáticas de inteligencia artificial para tomar millones de posiciones simultáneas en los mercados de todo el mundo, aprovechando las incoherencias resultantes de las diferencias horarias entre ellos. Rascan céntimos aquí y allá. Millones de céntimos. Al segundo. Se relamen de gusto, los HFT, cuando entran en funcionamiento conexiones de fibra óptica entre Nueva York y Londres como “Hibernia”, que reduce el tiempo de respuesta entre estas dos plazas financieras principales en… ¡cinco milisegundos!

Y esto si hablamos de los mercados “aparentes”, porque hay otros que no lo son, como la “banca en la sombra” que practican algunas instituciones bancarias en lo que se denomina “operaciones fuera de balance”, y que se apoyan en procedimientos y garantías opacas. ¿Arrastraría la “banca en la sombra” a la banca regulada, es decir a los Estados, es decir, a los contribuyentes, a nuevas operaciones de reflotamiento? Las garantías al impositor han sido recortadas en Europa, ¿pero qué garantías se le ofrecen a este de que la tenedora de sus ahorros no va a llevarle a la indigencia por prácticas temerarias desreguladas?

El año pasado, el Fondo Monetario Internacional emitió un informe en el que se denunciaba la hipertrofia del sistema financiero en las sociedades desarrolladas. “Crecientes evidencias apuntan que, a ciertos niveles, los bancos y las instituciones financieras asumen una posición demasiado importante y que terminan provocando más inestabilidad financiera que el apoyo que prestan al crecimiento económico”, decía el FMI.

Los economistas del FMI tienen razón. Señalan, a su manera, que el dinero está globalizado, pero no así el poder político que debería entender en él. El G-20, al que se denomina “gobierno económico del mundo”, ha fracasado y el sistema está fuera de control. Se sustenta en la ley de un beneficio cada vez más concentrado, que ya no revierte en su entorno a la escala multiplicadora tradicional.


El jubilado fallecido fiaba mal su tranquilidad en la evolución alcista de la Bolsa. Son prosperidades que poco o nada tienen ya en común

sábado, 9 de abril de 2016

Peajes

En Bélgica se solapan, día con día, las manifestaciones de los que quieren pagar menos impuestos con las de los que exigen más subvenciones. A veces son los mismos. Estos días atrás les ha tocado a los camioneros en Valonia. La causa: una nueva tasa al kilómetro (un peaje sofisticado) que ha entrado en aplicación en todo el país, pero que ha paralizado sólo su mitad sur, Valonia. En el norte, en Flandes, los camioneros, a pesar de estar también en contra de la nueva gabela, no han secundado los bloqueos de carreteras de los del sur por considerarlos improductivos. Al final, la situación se ha restablecido bajo la amenaza de multas de 5.000 euros por camión y hora de bloqueo, dictada por la autoridad federal.

Dejando de lado la impresión de desorden total que esta huelga ha dejado, (con el aeropuerto de Zaventem inoperativo por los atentados, los de Chareleroi y Lieja han sido inaccesibles varios días por la acción de los piquetes), la situación ha venido a replantear un problema viejo y no resuelto de la Europa del mercado interior: el costo del transporte por carretera para los países de tránsito. Los del centro de Europa (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda) soportan el paso de centenares de miles de camiones cada año que encaminan mercancías hacia la periferia, que degradan sus carreteras y que no reportan beneficio alguno a la economía del país que las han construido. 

El debate es casi tan viejo como el mundo. Se suscitó abiertamente a comienzos de los años 90 entre los entonces Doce y dio lugar a planteamientos de dos órdenes: uno primero, de armonización de la fiscalidad directa sobre los carburantes, a fin de equiparar los costos para los transportistas en toda Europa y otro, el segundo, que apuntaba a la instauración de “euroviñetas” que los transportistas debían comprar para circular por aquellos países cuyas autopistas están libres de peajes. La armonización tributaria se efectuó parcialmente por vía de la tributación especial de los carburantes (los “impuestos especiales” que los gravan, de acuerdo con una horquilla definida por la Comisión y aprobada por los socios europeos y que ha sido objeto de varias revisiones al alza), pero las euroviñetas sufrieron vicisitudes diversas. Alemania, por ejemplo, fue sancionada por el Tribunal de la UE, ya que por un lado imponía la viñeta a todos los transportistas que cruzaban el país, mientras que, por otro, subvencionaba a sus transportistas locales, que, ya de por sí, soportaban una fiscalidad muy importante por la vía de las licencias de transporte y de las tasas para reparación de infraestructuras.

Se decía entonces (y yo guardo los registros de aquellas discusiones), que la armonización de la fiscalidad sería suficiente para hacer frente a la degradación de las carreteras, haciendo irrelevantes las tasas para infraestructuras y otras del género, pero no ha sido así y los impuestos han continuado amontonándose sobre las espaldas del contribuyente, viñeta sobre viñeta y tasa sobre tasa. En agosto de 1992, con todo el personal en la playa, el consejo de ministros de Transportes llegó incluso a debatir la posibilidad de imponer la euroviñeta a los automovilistas. Ya se sabe: una vez aprobado el principio impositivo, la ampliación de su ámbito de aplicación y de su tarifa es solo cosa de tiempo.

Ahora es la cosa esta del peaje por kilómetro efectivamente recorrido. Lo promueve la Comisión europea, que quiere, además, que se aplique también a los vehículos privados. La tienen actualmente en vigor (para camiones) Polonia, Eslovaquia, Austria, la República Checa, Alemania, Francia y Portugal, además de Bélgica. En este último país, su implantación ha provocado gran escándalo porque se sabe que, con ella, Valonia quiere financiar al menos la mitad de su plan de renovación de carreteras (¿en qué se ha ido el dinero a estos fines supuestamente destinado con la armonización tributaria de los carburantes?) y porque para gestionarla se aplican procedimientos técnicos (GPS, telemetría) únicos en Europa, a cargo de una sociedad de nuevo cuño que ha requerido cuantiosas inversiones y que, encima, no funciona bien. La nueva tasa al kilómetro va a costar unos 8.000 euros por año y camión, cuando la Euroviñeta, hasta ahora en vigor, resolvía el tema por entre 1.000 y 1.500 euros. Es decir que, con la disculpa del nuevo modelo, la recaudación se multiplica ad libitum.

El problema de Bélgica, que también se hace extensible a otros países como España, aunque no apliquen peaje al kilómetro en las autovías (pueden hacerlo, Borrell lo quería en su época de ministro), es que esta operación se inscribe en una remodelación general de la fiscalidad, una de las más depredadoras de Europa. El gobierno federal quiere abaratar el costo fiscal del trabajo, para lo que se ha embarcado en una redistribución de los ingresos. Y lo ha hecho tras declararse convencido que no puede recortar más gasto público. Algo que no deja de sorprender, si se tiene en cuenta que este representa, en este país, nada menos que el 55,1 del PIB (Eurostat, datos de 2014, España el 44,5%)

Lo que en realidad sucede es que Bélgica es un país redistribuidor de riqueza a una escala que ya no puede financiar. Pero a ver quién quita los subsidios de integración, los de ayuda familiar, los sindicales, los de asistencia social, las infinitas ayudas a actividades improductivas… y reordena enormes sumideros de gasto público que existen en el país. Entre el prestatario de servicios sanitarios y el que los recibe, en Bélgica y por ejemplo, hay una serie de estructuras administrativas, las mutuas, con su personal específico, que fueron en su día “encargadas” a los partidos políticos, principales, socialcristianos, socialistas y liberales.


Quizás lo que no haya que hacer es convertirse en un Estado redistribuidor de riqueza a la escala belga. Demasiados peajes.

sábado, 12 de marzo de 2016

Un cerrojo políglota



Un día cualquiera de esta semana, el gran portal de ofertas de empleo que mantiene la Comisión europea bajo el nombre de "Eures", (https://ec.europa.eu/eures/public/homepage), y al que se encuentran adheridos Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, además de los 28 Estados miembros de la Europa comunitaria, presentaba una oferta laboral cercana a los dos millones de puestos de trabajo (1.902.452, por ser más precisos). La aportación española a esa cifra era muy modesta, 773 ofertas, frente al más de medio millón de Alemania, las casi 200.000 del Reino Unido o las no menos apabullantes 115.000 de un pequeño país de diez millones de habitantes como Bélgica.

Utilizando los filtros disponibles en el portal, era posible restringir la búsqueda a determinados segmentos de la oferta, de modo que si lo que nos interesaba eran puestos de trabajo de duración indeterminada, a tiempo completo y que requirieran de formación de alto nivel (universitaria o equivalente), veíamos cómo esas cifras menguaban hasta las 3.700 de Francia, las 2.400 de la República checa, las 1.573 de Austria o las 872 del Reino Unido. Pero es que las de España bajaban a... ¡2!: un director de recursos humanos para Dupont en Asturias, y un agente de contratación para el Sopra Group en Barcelona. A mediados de semana eran tres, pero una de las ofertas se cayó de la lista y no fue reemplazada. Francia necesita ingenieros especializados en cálculo de estructuras, jefes de proyecto, expertos contables, auditores...; el Reino Unido gerentes para empresas de microbiología, gestores de satélites de observación terráquea, ingenieros senior para autopistas, especialistas en investigación de mercados...; Italia, abogados, expertos en backoffice, investigadores en microorganismos para usos agrícolas o especialistas en marketing...; Luxemburgo e Irlanda son paraísos para los altos perfiles en finanzas o informática...; y Polonia da muestras, por el género de trabajo que oferta, de ser una economía en expansión acelerada (directores ejecutivos, logística de transporte, supervisores para contratación, asistentes de diseño...)

Pero España, como les cuento, sólo publicitaba dos ofertas de trabajo para gente con formación terciaria, una cifra que, ciertamente, no es sólo irrisoria, sino que, además, está en flagrante contradicción con la potencia universitaria del país, el quinto de Europa por número de estudiantes de formación terciaria, con 1,96 millones de alumnos en 2012 según cifras de Eurostat, tras Alemania, (2,9 millones), Reino Unido (2,4), Francia (2,3) y Polonia (2). Bien cierto es que la Universidad, en España, actúa, en cierta manera, como un ocultador de paro juvenil encubierto y que, con tanto desempleo en casa, salir a buscar trabajadores fuera no parece la política más sensata. Sin embargo, las instituciones públicas nacionales de empleo están obligadas a colaborar con Eures y, tras los acuerdos de 2014, el requerimiento se está haciendo extensivo a las privadas. Aún y todo, caramba, ¿sólo dos?.

La movilidad en el empleo es uno de los privilegios de esta Europa común, tan injustamente denostada estos días. El mercado laboral se amplía y las empresas pueden encontrar al personal que más les interesa entre una oferta muy amplia y variada. Es, también, una ventaja para los trabajadores. De hecho, ayer, viernes, Eures cifraba en 38.723 los españoles que buscaban empleo a través de su portal. Era la segunda cifra más alta, tras los 47.438 de Italia.

Aunque verdad es que para contratar a un trabajador extranjero, una de dos: o el trabajador conoce tu idioma, o se trabaja en una lingua franca, como el inglés. Esta última es la fórmula habitual en países que yo conozco bien, como Bélgica, Holanda o Luxemburgo. También en Francia y en Italia, en ocupaciones de determinadas características (con fuerte proyección exterior). Pero en 2011, última estadística consolidada, casi la mitad de los españoles declaraba no conocer otra lengua que la suya y un 12,6 por ciento se arreglaba con dos.

En fin, que parece que nuestra competitividad depende más del valor de la moneda que de lo que nuestras empresas son capaces de producir, por el valor añadido que generan a través de su mano de obra cualificada.

Porque la no cualificada no parece europea y se esconde bajo el mar de plástico.

Y acabamos de cumplir 30 años, como se dice, "en Europa".

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