Más chanchullos

El prestigio de España en la Unión Europea está por los suelos. En momentos duros como los que vivimos, la gente tiende a pensar que son injustos con nosotros quienes someten a tan duros trances a una población de por sí castigada por procesos, como el cambio de modelo económico, cuya resolución exigiría el apoyo y la comprensión de nuestros socios comunitarios y no su desafecto. Pero la realidad es que tenemos, en estos tiempos, escasa autoridad moral para presentarnos en Europa y reclamar un trato diferencial.

Hace pocos días, la Justicia europea pronunció una sentencia demoledora para España, en un ámbito, el de las ayudas por cohesión, en el que la UE mostró en su día una amplia comprensión que, por lo visto, hemos defraudado.

La sentencia ratifica tres decisiones de la Comisión Europea de 1999 por las que se exigió a las autoridades españolas la devolución de 363 millones de euros invertidos por la Unión Europea en las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y el País Vasco, durante el periodo de programación de gasto que fue de 1994 hasta 1999. Esos 363 millones corresponden a un modesto 7,3% de los casi 5.000 asignados por los fondos estructurales a esas regiones españolas durante el citado periodo, pero no es la cuantía de lo reclamado el aspecto relevante de la cuestión, sino sus porqués. Y estos son que las autoridades regionales hicieron caso omiso de las normas europeas que se aplican al caso, como las condiciones para las licitaciones públicas, la inalterabilidad de los proyectos originales, la adjudicación directa de obras complementarias sin licitación previa, o su atribución en base a criterios cuestionables, como los del precio medio, la implantación local o la experiencia de la empresa adjudicataria.

Además la Comisión, siguiendo un criterio humillante para España que el Tribunal ha respetado, no verificó todos los proyectos contemplados en los Programas Operativos correspondientes, sino sólo unos pocos. Una vez constatada la recurrencia de esos fallos, aplicó un baremo reductor al conjunto de las actuaciones acometidas, lo que significa, lisa y llanamente, la abrogación de la garantía jurídica de la presunción de inocencia.

Creo haberles dicho alguna vez que el excepcional desarrollo español de finales del XX y los primeros años del XXI estuvo directamente vinculado con nuestra adhesión a la UE y a su moneda única. La liquidez extraordinaria facilitada por los mercados internacionales al país se vio complementada por otro chorro de dinero, este europeo, que llegó a través de los fondos estructurales y el de cohesión, así como por la PAC. 

Yo soy de los que piensan que ese dinero fácil actuó sobre nuestro ordenamiento político y administrativo igual que el oro de las Indias: multiplicándolo hasta la náusea y generalizando la ineficacia y la corrupción. Relean las causas de las devoluciones reclamadas. ¿No tienen todas ellas un cierto tufillo a chanchullo?

Europa nos ve como un país de políticos acomodaticios, que no aprovecharon los momentos de prosperidad para sembrar un porvenir económicamente consolidado y estable y prefirieron seguir tirando de la construcción, como si no pudiera fallar; que abusó de estructuras bancarias concebidas para fines modestos, convirtiéndolas en remedos de bancas públicas regionales, a las que se sometió después a todo género de arbitrariedades y rapiñas sin que el Banco de España, independiente según los acuerdos de Maastricht sobre la Unión Monetaria, hiciera nada para impedirlo; que desoyó los consejos europeos sobre la excesiva dependencia de la banca que tenía la población a través del crédito privado; y que, en fin, malversó parte de las ayudas europeas para el desarrollo y la reestructuración del país. A santo de qué esos majestuosos palacios de la cultura en poblaciones que no los justificarán nunca.

Es verdad que otros países (Italia, Francia) no están mucho mejor, pero disfrutan de más credibilidad. Tienen más peso en Europa. Nosotros hemos perdido el que teníamos.

Comprendo bien a Javier Solana cuando, a mediados del mes pasado, pidió a sus correligionarios que no se dejaran llevar por una retórica antieuropea a todas luces injusta. Los problemas de España son, primero, españoles, y es a nosotros a quien nos incumbe resolverlos.