Gráfico: F. Pescador |
Se ha instalado sólidamente
estos días en nuestro horizonte de certidumbres la idea de que el periodo de
restricciones presupuestarias está llegando a su fin. El reciente –inédito e
inesperado- llamamiento de José Manuel Durao Barroso a la reconsideración de la
austeridad, planteando la necesidad de un refrendo “político y social” para
estos sacrificios entre las poblaciones concernidas, se enmarca en un clima de
críticas al modelo, fuertemente alentadas por la constatación de que un
pretendido soporte intelectual de estas políticas, el célebre informe
Reinhard-Rogoff, estaba basado en premisas falsas.
Mucho me temo que la
austeridad va a continuar, pues, contra lo que se está escuchando estos días,
su enunciado original no es científico sino político y enraíza en el núcleo
principal de la Unión Monetaria europea, que no está sometido a revisión o
crítica fundamentada.
Los dos elementos centrales
de la Unión Monetaria, de la que se deriva el euro, son el déficit
presupuestario máximo del 3% del PIB y un nivel de deuda pública que no puede
superar el 60% de esa magnitud. Se ha especulado mucho sobre las razones de
estos porcentajes. El del déficit presupuestario tiene una evidente carga ideológica de orden
monetarista; el de deuda es más difícil de comprender. Su explicación histórica
más plausible es que fue asumido porque Alemania y Francia lo respetaban cuando
fueron definidos los criterios de Maastricht y el resto de los candidatos a la
moneda única, salvo Bélgica e Italia, no estaban lejos de lograrlo, (España, en
1999, la cifraba en el 62,4% del PIB). Tradicionalmente se ha interpretado esta
magnitud con una mayor benevolencia que la del déficit presupuestario. La
obligatoriedad de respetar el 60% fue sustituida informalmente, a finales de
los 90, por una “tendencia a la reducción de la ratio”, a fin de que,
precisamente, Bélgica e Italia, ambos
países fundadores de la CEE, no quedaran fuera de la moneda única
Cuando la Unión Monetaria fue
puesta en marcha, en 1999, la deuda media de la Eurozona (a diecisiete) estaba
situada en el 71,7 por ciento del PIB.
Bélgica, (113,6%) e Italia (113,1%) tiraban del porcentual hacia arriba.
En 2012, tras la crisis financiera, la deuda pública de los 17 socios de la
moneda única se sitúa en el 90,6% del
PIB y no tiene visos de disminuir, sino acaso de aumentar. A España, las
últimas previsiones económicas de la Comisión europea le vaticinan un 101% de
deuda en 2014; será del 95,2% en el conjunto de la Eurozona.
Reinhardt y Rogoff
promovieron un gran debate internacional al establecer en 2010, sobre la base
de una muy larga serie estadística que cubría el periodo 1945-2009, que a
partir del 90% de deuda pública, el crecimiento económico de un país se veía
afectado por una desaceleración que podía oscilar entre el -0,1% en media y el
1,6 en mediana. Esa “asociación” de circunstancias según los autores del
informe, a las que nunca reconocieron como una vinculación de causa y efecto, fue utilizada profusamente por los promotores
de la austeridad presupuestaria, el ministro Schauble y el comisario Rehn entre
otros, para justificar las estrecheces impuestas a las economías excesivamente
recalentadas antes de la crisis. La desautorización del planteamiento estos
días atrás por otros economistas debería llevar a la revisión de las
restricciones en curso, dicen los críticos con la política de austeridad, como
si esta fuera la consecuencia de aquel.
No es así, como hemos visto
más arriba, pero en el orden científico no sólo son Reinhardt y Rogoff los que
advierten de los peligros para el crecimiento de la acumulación de deuda
pública. Cecchetti, Mohanty y Zampolli, por ejemplo, tres economistas del Banco de Pagos de Basilea, concluyeron en septiembre de 2011, utilizando series estadísticas y metodologías diferentes de las de R-R, que a partir de un determinado nivel, la deuda se convierte en un lastre para el crecimiento. En el caso de la deuda gubernamental, el porcentaje definido es el 85% (“The real effects of debt” , BIS Working Papers nº 352, está aquí: http://www.scribd.com/doc/138317976/The-real-effects-of-debt.).
El
hecho, incontestable, de que a partir de determinados niveles de deuda el
crecimiento de un país resulta lastrado, aunque los niveles de gradación sean
cuestionables, y la evolución que los niveles de esa deuda están siguiendo en
España y en la Eurozona, permiten concluir que los esfuerzos para sanear las
finanzas públicas españolas no van a concluir en 2016, nueva fecha definida
para el retorno del déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.
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