La hijuela. En dinero, en credibilidad, en prestigio.
En febrero de 1993, "The Economist" se preguntaba si la entonces inminente reunión de los ministros de Finanzas y de los gobernadores centrales de los países miembros del G-7 no iba a registrar la petición de entrada de España en el exclusivo club de las economías más poderosas del planeta. Citaba, para justificar su suposición, que el PIB canadiense señalado para 1992 por la OCDE ascendía a 567.000 millones de dólares, por detrás de los 585.000 del español y se permitía recordar cómo, en 1987, Italia había superado el PIB británico contabilizando un 18% de su economía sumergida (qué cosas se pueden llegar a hacer, ¿eh?), y que el entonces G-5 pasó a convertirse en G-7 para ahorrarle a Londres la humillación de verse arrojado a la cuneta.
El diferencial de PIB entre España y Canadá sigue manteniéndose, 1,47 billones de dólares para España en 2010 y 1,33 para Canadá, a falta de la estadística canadiense de 2011, pero nadie habla ya de que nuestro país reivindique un "sorpasso" a la italiana sobre esa economía norteamericana. ¿Por qué? Pues porque éramos un país con muchas dificultades económicas, y ahora tenemos a una parte de nuestro sistema financiero enchufada a un catéter por el que nos suministran auxilio económico desde el exterior. Es decir, que no hemos sido capaces de resolver nuestros propios problemas y que los demás han tenido que venir a ayudarnos.
La parte de nuestra banca que ha necesitado ser rescatada con el dinero de los impuestos de otros ciudadanos europeos es la que ha estado más expuesta a las decisiones de representantes políticos con una visión estrecha de la realidad (sus respectivos ámbitos de responsabilidad geográfica) y del corto plazo (el de la reelección) estas últimas décadas: una parte del sistema de cajas de ahorro, en cuyos consejos de administración han tenido silla, y muy bien remunerada, representantes de las formaciones políticas con mando en plaza y aún sin él.
Contrariamente a otros comentaristas, yo no considero que las sucesivas generaciones de políticos autonómicos y locales, en cuyos territorios se fraguaron los socavones financieros ahora aflorados, sean culpables de otra cosa que de estupidez y cortedad de miras. Es verdad que ha habido fraudes, corruptelas sin cuento y otras vergüenzas dolorosas, pero el negocio de la construcción era el lubricante que las administraciones locales necesitaban para funcionar, y lo han utilizado profusamente; mejor o peor, pero a manos llenas.
El problema viene de otro lado: de la total ausencia de corrección de derivas perniciosas por parte de quienes tenían que señalarlas, es decir, la Administración central del Estado y el Banco de España. El Gobierno del Estado -los sucesivos gobiernos que el Estado ha tenido en estos años de democracia y aún antes- han sufrido de la misma cortedad de miras que las corporaciones regionales y locales. Porque la construcción y el crédito que la hacía posible era una de las principales fuentes de riqueza del Estado. Y matar a la gallina de los huevos de oro era, cuando menos, arriesgado y siempre problemático.
¿Pero el Banco de España? El comunicado del Fondo Monetario Internacional emitido en la madrugada del sábado asegura que los organismos supervisores nacionales, el BdE entre ellos, «cuentan con un personal sumamente experimentado y respetado, respaldado por buenos sistemas de información». Pero, continúa, «en los últimos años, el enfoque gradual aplicado a la adopción de medidas correctivas les permitió a los bancos débiles continuar operando en detrimento de la estabilidad financiera».
En otras palabras, que el BdE ha dejado hacer.
Una de las condiciones básicas de la Unión Monetaria Europea es la independencia de los bancos centrales de los países que la integran. España asumió este requisito cuando se adhirió al euro. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nombrado para el cargo en 2006 por José Luis Rodríguez Zapatero, no tenía ni el perfil ni el prestigio que la institución demandaba. A estas alturas de la película, está bastante claro que las labores de supervisión que el BdE debía haber llevado a cabo no han sido diligenciadas con el rigor exigible. De ahí que vayan a ser entidades extranjeras las que emitan un veredicto final sobre la situación de nuestro sector financiero, pues ni nuestros socios comunitarios, ni los mercados, se creen las que les proporcionamos.
Triste corolario para el país que propuso al Consejo Europeo la realización de los primeros test de resistencia bancaria, al considerar a su sistema como el más sólido del continente.
En el G-7 no se está para figurar. Mis amigos me cuentan que cuando los fotógrafos terminan su labor y se cierran las puertas, empiezan a pedirte dinero: que si 400 millones para Sudán, que si 700 para un fondo de apoyo a Latinoamérica, y así. ¿Y cómo un país que no es capaz de taponar los agujeros de una parte de su sistema financiero podría sentarse para hacer otras cosas que la foto de sus dirigentes?
Europa, dando una vez más muestras de solidaridad, nos vuelve a sacar las castañas del fuego, pero que nuestros dirigentes tengan claro que la próxima negociación de las Perspectivas Financieras acusará estas debilidades y que pasarán muchos años antes de que se nos vuelva a tomar en serio en los círculos internacionales de poder.
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