Manzanazos

Hoy se ha celebrado en Bruselas un Consejo de Agricultura de la Unión Europea. En la agenda, dos temas centrales: el deseo de Alemania de reducir las dotaciones gratuitas de productos alimentarios a indigentes y colectivos necesitados y, a instancias de España y Francia, un debate sobre la crisis del sector de frutas y hortalizas. Del primero de estos temas se han ocupado profusamente ya los medios informativos clásicos. Yo voy a centrarme el segundo, que tiene un montón de miga.
Puesto así, eso de la "crisis de las frutas y hortalizas" no dice gran cosa. Con la que está cayendo, que peras, manzanas, melones, melocotones y otros productos del campo atraviesen dificultades parece consustancial a los tiempos que corren.
No es así. Tras tan pomposo enunciado, lo que en realidad se esconde es el retorno a la violencia en Francia contra las exportaciones españolas de productos hortofrutícolas, por la vía del asalto a camiones y la destrucción de la mercancía, a mano de agricultores galos airados.
Es verdad que el sector está en crisis y que los precios andan por los suelos, pero de eso a que bandas de incontrolados tomen las carreteras y arremetan contra lo que les venga en gana hay un trecho.
Pues es lo que pasa: varios camiones españoles han sido asaltados este mes de agosto en Francia, con las consecuencias ya mencionadas.
¿Cúal ha sido la reacción del Gobierno español a estas tropelías? Pues aliarse con Francia para que la Comisión europea tome cartas en el asunto. Pero no para que se tomen medidas contra los agresores, sino para venir en auxilio del sector, propiciando una reorganización de la oferta para que los productores tengan más peso, una reducción del precio de la mano de obra y la disposición de fondos europeos cuando haya lugar.
Simultáneamente, el ministro francés de Agricultura se ha comprometido a librar unos cuantos millones de euros a sus agricultores, a pedir condiciones de crédito ventajosas para ellos y a actuar con enegía contra quienes transgredan la legalidad vigente, por transportar productos sin contrato de compraventa que terminan echando los precios por tierra. El ministro asume, en este último sentido, los argumentos de sus agricultores asilvestrados, que acusan a los españoles exactamente de eso: de transportar productos hortofrutícolas sin destinatario definido que, una vez en el mercado europeo, se colocan a cualquier precio.
La ministra Aguilar ha asistido al Consejo. No ha concedido rueda de prensa y las frases que circulan de ella proceden de unas declaraciones de 5 minutos escasos, pronunciadas a su llegada al Consejo.
A mí, que llevo un cuarto de siglo escribiendo de estos temas, el discurrir de los acontecimientos me sugiere varias cosas:
1.- La propuesta pretendidamente franco española para auxiliar al sector de frutas y hortalizas es originalmente francesa y a ella se ha sumado España de manera, por lo que parece, bastante acrítica: soluciona directamente los problemas franceses y los españoles de refilón.
2.- Los productores hortofrutícolas franceses, que son menos competitivos que los españoles, van a ver mejorada su posición relativa en el mercado con ayudas posiblemente ilegales, que nadie parece dispuesto a denunciar.
3.- Los autores de las agresiones a los camiones españoles no serán perseguidos y sus argumentos han sido plenamente por la primera instancia ejecutiva de la República.
Me pregunto yo si el Ejecutivo español no podía presentar, en este lamentable asunto, una posición, digamos, más enérgica. Sobre todo porque lo de las agresiones a los camiones españoles en las carreteras francesas es un asunto viejo. Tanto que en junio de 2000, el 16 de aquel mes, la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas española (Fepex) le ganó un pleito a tres agricultores franceses en el Tribunal de Montpellier, por asuntos de la misma índole acaecidos en mayo de 1997.
En diciembre de ese mismo año, 1997, la Corte europea de Justicia había condenado a Francia por inacción en los constantes ataques contra las exportaciones hortofrutícolas españolas, que habían costado 25.000 millones de las antiguas pesetas (150 millones de euros) al sector.
Frutas y hortalizas fueron uno de los motivos de disputa más encarnizados durante las negociaciones para la adhesión de España a la entonces CEE. Las discusiones se zanjaron con la imposición al sector de un larguísimo periodo transitorio, que Francia reclamó como condición sine qua non para franquear el acceso de España al club.
A pesar de todo, las arremetidas francesas contra las frutas y las hortalizas españolas se han venido sucediendo a todo lo largo de la década pasada. Con especial intensidad entre 1993, año en que cocluyó dicho periodo transitorio y 1997, cuando tuvo lugar la sentencia del Tribunal.
Que a ministra Rosa Aguilar vaya de la mano de Bruno le Maire, su homólogo galo, en este asunto de las nuevas agresiones es extremadamente ventajoso para Francia, porque significa que España no va a demandar a París ante la Justicia europea. Las disposiciones comunitarias en vigor estipulan que una segunda condena en Luxemburgo por cuestiones similares lleva emparejada la imposición de sanciones.