Es posible que a Mariano Rajoy no le gusten las prisas y que Luis de Guindos participe de ese sentimiento porque esta misma semana, el ministro de Economía ha establecido una diferencia no precisamente sutil, sino expresa, entre las necesidades de concreción sobre el segundo rescate español (las compras de bonos españoles por parte del BCE en los mercados secundarios de duda) formuladas el día 17 por el comisario Almunia, y la posición oficial de la Comisión europea al respecto, que no existe. Pero se mire la cosa como se mire, forzado es constatar que los perfiles del método diseñado para frenar los carricoches de montaña rusa sobre los que la financiación de España e Italia circula por los mercados monetarios, están difuminándose bajo la agresión combinada de los operadores de esos mercados y de quienes, dentro de la Eurozona, han cuestionado siempre la presencia de economías débiles en la moneda única, con el Bundesbank, el banco central alemán, al frente.
El
Gobierno español está haciendo grandes esfuerzos para hacer creíble ante los
inversores internacionales su determinación por devolver la estabilidad perdida
a las finanzas públicas nacionales. El muy inconfortable proyecto de
presupuestos para 2013, presentado el jueves, es el paradigma de esa voluntad.
El
problema, para Rajoy, para De Guindos y para todos nosotros, es que Europa
tiene sus propios ritmos y, a todas luces, no coinciden con los nuestros.
El
pasado día 24, Michael Meister, un halcón
de la austeridad presupuestaria y portavoz de Finanzas en la CDU (el
partido de Merkel), dijo que Rajoy debería detallar su posición de una vez por
todas; “pedir la ayuda (la compra de bonos) si la necesita”. Aunque la posición
de Meister no merezca otra consideración que la de un exabrupto más o menos
extemporáneo de una persona sin la responsabilidad política exigible para
realizar este género de manifestaciones, la verdad es que el clima en Europa se
está degradando rápidamente para las conveniencias españolas: Alemania, Holanda
y Finlandia han puesto pegas a la financiación directa de los bancos españoles
por parte del Futuro Mecanismo de Estabilidad Financiera, MEDE. En ella, España fiaba el reflotamiento de los bancos
nacionales con problemas, la mayor parte de ellos resultado de fusiones entre
cajas de ahorros exhaustas por abusos de sus estamentos directivos y por unas
políticas de inversión disparatadas. Que la consultora Oliver Wymann cifrara el
viernes en 54.000 millones esas necesidades de financiación, por debajo del
margen financiero de 100.000 millones aprobado para el caso por la UE, no resta
importancia a la incertidumbre derivada de si esas ayudas terminarán
contabilizándose como deuda pública adicional para España.
La
clarificación reclamada por Meister, también evocada por Almunia, se refería a
la petición expresa que Madrid, o Roma, deben hacer para que el BCE inicie las
compras masivas de deuda a corto plazo (a uno y tres años) en los mercados
secundarios. Duramente criticado por esta iniciativa, el presidente del BCE,
Mario Draghi, ha tenido que dar garantías a diferentes estamentos alemanes
sobre la severidad de las contrapartidas que serán exigidas a los países que
reclamen esa intervención.
Y el
debate sobre la deuda, descarnado y muy desagradable, está comenzando a
contaminar las negociaciones sobre el marco financiero plurianual de la UE
entre 2014 y 2020 (lo que se conocía
como “Perspectivas Financieras”). La capacidad que España tenía para reclamar una
buena participación en el reparto de la futura cohesión intraeuropea se
encuentra muy mermada.
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