Voluntarismo

Como me temía -y les advertí que sucedería- la reunión del ministro Soria y los presidentes de las CCAA más afectadas por la crisis de las ayudas públicas ilegales al Naval se ha saldado con una gran desilusión de los requirientes. Las "muy sólidas razones jurídicas" del ministro Soria han demostrado ser un mero ejercicio de voluntarismo; no se tienen de pie ante la realidad del derecho comunitario, que no existe por casualidad.

Almunia le ha recordado a la delegación compuesta por el ministro Soria y los presidentes autonómicos que se sentaban ante él que Francia marca un precedente, pero no precisamente en el sentido en el que estos pretenden ver: que cuando el régimen galo fue condenado, en 2006, quedaron establecidos elementos de juicio suficientes para considerar que otro tanto sucedería, pronto, o tarde, con el modelo español. Y que si aquel régimen fue condenado en 2006, no ha lugar a que España reclame que le condonen lo mal hecho desde 2006 hasta 2011, cuando le abrieron expediente de infracción. ¿Dónde he oído yo eso de que la ignorancia, real o fingida, no es un eximente?

Y la famosa carta de la comisaria Kroes. Por qué la envió sólo lo sabe ella, pero está bastante claro que una comisaria, aunque lo sea de la Competencia comunitaria, no puede convalidar a través de un escrito propio un régimen de ayudas de Estado no notificado. Cuanto más analizo este asunto más me parece el camarote de los Hermanos Marx.

Sigo sin ver clara la lógica de poner delante de la manifestación (lo han hecho hoy todos los interlocutores de Almunia) la defensa de los puestos de trabajo del Naval. Este es, esencialmente, un problema financiero, que no se resuelve desviando el punto de gravedad del conflicto hacia el aspecto más populista de la problemática. Los puestos de trabajo de los astilleros no están en peligro, no más que los de cualquier país que lucha por sobrevivir en el mercado libre, en la medida en que España debe activar su mecanismo legítimo de ayudas al Naval, conseguir contratos para sus astilleros y dejar a los financieros que se han lucrado largamente de un modelo de financiación ilegal hacer frente a sus responsabilidades. Con la ayuda del Estado, incluso, pero dentro de los márgenes legales. Cuanto antes las autoridades españolas se adapten a las nuevas realidades, más pronto este episodio pasará a la historia de las torpezas (o de las prepotencias, que de todo puede haber debajo de esa alfombra) de un sector que parece no ser capaz de sobrevivir sin un apoyo público masivo. En épocas de vacas gordas como de flacas.