(El letrado Sáenz-Cortabarría defendiendo las tesis vascas durante una vista celebrada en 2008)
La
historiada polémica de las vacaciones
fiscales vascas llega a su fin. Esta semana, el lehendakari Patxi López ha visitado al Comisario de la Competencia,
Joaquín Almunia, para hablar, entre otras cosas, de este penoso asunto que se
arrastra desde los inicios, en 1986, de la andadura de España en la UE. Alfonso
Basagoiti, entonces Consejero de Hacienda, vino ya a Bruselas en 1988 a “explicar”
la pretendida “singularidad fiscal vasca”, en base a la cual, José Antonio
Ardanza, a la sazón lehendakari, declaraba a la Actualidad Económica en abril
de 1993 que las instituciones vascas iban a impulsar todo tipo de medidas,
tanto de carácter fiscal como financiero, para terminar haciendo de Euskadi “un
paraíso empresarial”.
De
aquellas intenciones no queda más que las
ruinas y la desolación que han dejado tras de ellas las múltiples escaramuzas
entabladas por la Administración vasca contra la central y contra las
instituciones europeas, en defensa de los intereses empresariales vascos pero,
también, de una interpretación sobre capacidades fiscales en clave de soberanía
que el tiempo, y la Justicia europea, se han encargado de desmontar.
A fecha
de hoy, lo que queda por dilucidar -y va a ser el Tribunal de Justicia de la UE
quien lo determine-, es si la Administración vasca está procediendo correctamente
a la recuperación de las ayudas tantas veces declaradas ilegales por la
Comisión y la Corte europea de Justicia. De una lista oficiosa inicial de 300
empresas que llegaron a beneficiarse de los créditos fiscales y las reducciones
de cuotas en el Impuesto de Sociedades, arbitrados por las Diputaciones forales
a todo lo largo de los años 90, quedan 6 casos por resolver, a razón de dos por
cada territorio histórico. El monto
de ayudas a revertir ronda los 500 millones, según mis informaciones. Se trata del grueso del paquete, que nunca llegó a contabilizar 600 millones. A ese medio millar habría que sumar las sanciones pecuniarias que definiría el Tribunal, si
concluye este que la Administración autonómica ha incumplido sus obligaciones. Los
dos casos pendientes de resolver en Álava son los más costosos.
López
no se ha llevado de Bruselas otra certidumbre que la necesidad de que las leyes
europeas se cumplan. Las ayudas declaradas ilegales tienen que ser devueltas. Y
cuanto antes mejor, para diluir el impacto del que, con certeza, será un nuevo pronunciamiento
negativo del Tribunal contra la ejecutoria de las administraciones autonómicas en
defensa del modelo vasco de
incentivación fiscal. No existen mecanismos en el ordenamiento español para trasladar
automáticamente a las autonomías el costo para el Estado de decisiones
adoptadas contra el ordenamiento jurídico internacional exigible (el europeo,
en este caso). Mis fuentes informativas señalan, sin ambages, que la Hacienda
del Estado no asumirá el costo de la eventual multa que se le imponga a España
por las vacaciones fiscales vascas y que el Cupo (el Concierto Económico) será
la vía para fijar las compensaciones a que haya lugar.
Me aseguran fuentes no oficiales que la
Comunidad Autónoma vasca sigue teniendo abiertas las puertas de la Dirección
General de la Competencia, para explorar vías lo menos dolorosas posibles para la ejecución de las
restituciones exigidas, lo que hace pensar, al menos a mí, sobre lo que
realmente negociaron los diferentes enviados de los sucesivos gobiernos vascos
que viajaron a Bruselas para tratar este asunto, con la vice-lehendakari Idoia
Zenarruzabeitia al frente. ¿Hablaron de su fuero (la pretendida independencia
fiscal de la Comunidad Atonónoma vasca), o del huevo (de las empresas que se
habían embarcado en inversiones de talla al amparo de aquellas normativas
forales)?
Este
asunto de la independencia normativa vasca en materia fiscal, interpretada por
los nacionalistas vascos como un camino para constituir en País Vasco el “paraíso
empresarial” al que se refería Ardanza en 1993, no ha prosperado. Quienes la
formularon se equivocaron. Por completo.
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