Bélgicas

(Mapa del paro en Bélgica, publicado por Le Soir en base a datos del Instituto Federal de Empleo, el Forem)

Una parte de la clase política, no toda pero sí la suficiente para dar curso a sus proyectos con la mayoría necesaria en las Cámaras, ha pactado una nueva reforma del Estado belga, la sexta desde que, en los años 70, las estructuras del Reino comenzaran a adaptarse a las exigencias flamencas y abriera la vía a la federalización del Estado. Ocho partidos políticos del norte y del sur (las familias socialcristiana, socialista, ecologista y liberal, en sus afecciones flamencas y francófonas) se han puesto de acuerdo sobre el final de la singularidad del distrito electoral y judicial bilingüe constituido por Bruselas más los cantones de Hal y Vilvorde. Su pervivencia no era tolerada ya por los flamencos y ningún acuerdo para la reforma del Estado podía soslayar el problema. Otros aspectos del acuerdo comprenden una mayor regionalización del gasto y competencias acrecentadas de Flandes y Valonia en instrumentos básicos del Estado unitario, como la Seguridad Social, además de un cúmulo de cuestiones inextrincables como las competencias sobre seguridad civil y el tráfico rodado, o el reparto de cargos entre los firmantes del acuerdo. Sus detalles últimos no son aún conocidos. Parece ser tan complicado que sus firmantes procederán mañana a releerlo, antes de hacerlo público el martes.
Lo de la relectura tiene su bemol porque si los negociadores necesitan volver sobre un texto para revisarlo es porque la prolijidad del documento ha batido récord estratosféricos en un país donde casi todo está sellado y compartimentado por repartos de competencias precedentes. Les voy a contar un par de ejemplos: la posesión de reptiles e insectos potencialmente peligrosos está prohibida en Bruselas, pero es tolerada en Valonia y en Flandes se hace generalmente la vista gorda en estos temas. Y a los delincuentes juveniles se les encierra en un centro de detención, cuya seguridad la garantiza el Gobierno federal. El seguimiento pedagógico de los detenidos es, sin embargo, competencia de las regiones.
Algún día me extenderé sobre estos asuntos pero no hoy, que esto me está quedando un poco largo.
El elemento más significativo de la nueva horma jurídica belga -me parece- no es que exista y que, con ella, el país vaya a salir, por fin, del largo impasse político (casi 500 días) en el que vivía sumido. Lo más notable es que no la ha firmado la NV-A, los independentistas radícales flamencos que ganaron las últimas elecciones en Flandes y que parecen haberse consolidado como la principal fuerza política del norte del país, con una intención de voto que roza el 35%. Sus otrora mentores y tradicional anclaje político de Flandes desde la inmediata postguerra, los socialcristianos del CD&V, no llegan al 20% y la amenazadora extrema derecha casi desaparece por el foro, en las nuevas encuestas de intención de voto.
¿Qué me sugiere este escenario? Pues que las viejas querellas de flamencos y valones no han encontrado satisfacción en este acuerdo, (que tampoco han aceptado los radicales francófonos, estos minoritarios) Sólo han quedado anestesiadas. Volverán a primera línea de la política en pocos años, seguro.
El principal factor desestabilizador de Bélgica es una masa de población en Flandes que ronda el 40%, que no quiere saber nada con los valones. No es que esos dos millones y pico de personas sea independentistas, no. Salvo una minoría muy ideologizada, de la que el líder de la NV-A, Bart de Weber, forma parte, el resto de los flamencos que apoyan a partidos independentistas lo hacen porque están hartos de la ineficacia del sur del país. No les falta razón. Les diré, por ejemplo, que hasta hace pocos años, cualquier inversión de infraestructura contemplada para Flandes tenía que contar con un reflejo en el Valonia. Si en Amberes se construía un nuevo muelle, en el alguna parte de Valonia había que gastar otro tanto en puentes, autopistas o lo que terciara. En los años 80, un periodista de la RTBF (la televisión pública francófona) se hizo célebre mostrando el resultado de esa política: obras costosísimas que no servían para nada porque no había presupuesto para completarlas debido a desviaciones desmesuradas del gasto o, simplemente, porque en el reparto de prebendas por la inversión flamenca, el gobierno federal, en cuyas filas siempre hay una nutrida representación valona, premiaba a otro proyecto que el ya iniciado por razones no funcionales, sino de mero clientelismo político.
En el Sur, en fin, parece que la corrupción sea endémica y que casi siempre la protagonicen los miembros de una formación política, los socialistas, que en el norte tienen una representación escasa.
Entre los flamencos de la calle ha arraigado el mensaje de que con los del sur no se puede ir a ningún sitio. La culpa de que esto sea así la tienen, por supuesto, los del sur, pero también la gente de orden del norte, no los radicales independentistas sino los socialcristianos, que abandonaron en los 90 las posiciones de moderación para desatar la dialéctica de la insolidaridad. Exactamente la misma que parece haber abrazado Durán i Lleida estos días.
Recuerden ustedes: en los 90, el Partido Nacionalista Vasco, que mantiene relaciones estrechas desde tiempo atrás con los socialcristianos flamencos, inició un proceso de radicalización que le llevó al Pacto de Lizarra, con la mira puesta, según dijo Arzalluz, en un calendario para la independencia del País Vasco.
La independencia de Flandes, que De Weber y Paul Vanden Brande, ex líder socialcristiano flamenco, anticipaban para la primera década de este siglo, vuelve a retrasarse. Pero los réditos electorales de la hosca argumentación puesta en marcha por los que se dicen "moderados" para construir una base social que apoyara sus pretensiones, estructuradas, todo hay que decirlo, desde la "gradualidad" y la "prudencia", los han capitalizado los radicales, que son imprudentes por naturaleza y nada graduales.
Toda una experiencia que no convendría menospreciar.