Monetarismo de Izquierdas

El debate actual sobre la Europa a dos o más velocidades es conceptualmente abusivo. No se trata ya de que fuentes informativas de muy alto nivel nieguen taxativamente que Francia y Alemania estén preparando un “núcleo duro” de miembros del euro, (que me lo niegan y yo las creo), sino que constituye una contradicción básica pretender a estas alturas una concepción “técnica” de la Unión Monetaria” (los que cumplen los criterios, dentro, los que no, fuera, e inmediatamente), cuando esta es una construcción política, y va a continuar siéndolo.

Si la Unión Monetaria (UEM) se constituía con las monedas de la cuenca del Rin y sus aledaños inmediatos, o no, fue un debate de los años 90. Su momento de máxima relevancia tuvo lugar en torno a 1997, cuando los halcones alemanes del Bundesbank y otros teóricos de la jaez exigían a voz en cuello una concepción ortodoxa de la UEM, para evitar derivas inflacionarias de la futura moneda única que comprometieran la clave estatutaria del Bundesbank: la estabilidad monetaria. En Davos, en 1997, varios banqueros, en su mayoría alemanes, cargaron contra la admisión de los socios mediterráneos en la “primera línea” del euro y se supo que existía un informe que dejaba a España, Portugal e Italia en un “stand by” de la Unión Monetaria, cuando esta comenzara su andadura, en 1999. El propio Kohl tuvo que salir al quite y garantizar que el calendario del euro se cumpliría a rajatabla, rachazando apremios del Bundesbank y de Kenneth Clarke, el canciller del Exchequer británico, que pedían retrasar el lanzamiento de la moneda única.

Antes, a comienzos de década, la idea de que la Unión Monetaria se iba a construir a “dos velocidades” había sido moneda de cambio corriente. Delors no lo recomendaba pero reconocía la necesidad de que las economías “débiles” de la UE aceptaran periodos transitorios antes de asumir plenamente la moneda única y la presidencia holandesa de la UE llegó  a articular el proyecto, durante su mandato de la segunda mitad de 1991. Al final, la idea fue abandonada porque en las múltiples deliberaciones previas a la cumbre de mayo de 1998, en la que se estableció la lista de miembros del euro y el cambio de sus monedas con respecto a la divisa común, quedó claro que el costo político (y posiblemente económico) que soportarían los países que se quedaban fuera sería excesivo. De modo que se alivió ligeramente el criterio de deuda (el 60% del PIB permaneció, pero se decidió dar por bueno que quienes lo superaran mostraran una tendencia de aproximación a él, como claramente había precisado Kohl a Romano Prodi previamente), y la Unión Monetaria comenzó “a 11”, con pie político.

Lo que ha pasado estos últimos meses y años, además de la golfada de los bancos norteamericanos de inversión y sus “subprimes”, es la constatación de que las salvaguardias establecidas en el Pacto de Estabilidad para garantizar la austeridad presupuestaria fueron insuficientes.

Están pasando también otras cosas, como el alto costo que la mayoría de los socios de la Eurozona están soportando para refinanciar sus deudas, pero es lo que cabía esperar después de la suspensión parcial de pagos griega. Los que prestan el dinero tienen razones para desconfiar de los débiles.

Volviendo a las salvaguardias: después de la trapacería de Grecia, está claro que la Unión Monetaria necesita garantías más rigurosas sobre la satisfacción de los criterios de austeridad subyacentes en su filosofía. Nadie debería escandalizarse: la Unión Monetaria es un proyecto monetarista, no colectivista y fue aprobado por todas las izquierdas moderadas del continente. Empezando por los italianos del Partido Democrático de Izquierda (PDS), herederos del PCI e integrados en la coalición de centro izquierda conocida como El Olivo, que tomaron el poder en 1996 con la aquiescencia de las derechas ilustradas del país, católicas como laicas. La otra facción del extinto PCI, los de la Refundación Comunista de Bertinotti, quedó al margen.

El dato (podríamos haber utilizado el de la España de Felipe González, pero es más conocido) sirve para constatar que Maastricht, y su monetarismo ideológico, no sólo fue un resultado de las derechas europeas, sino también de las izquierdas con opciones de gobierno.

El Olivo fracasó en la reforma del Estado italiano que perseguía, como le ha pasado a Berlusconi y el país paga ahora la desconfianza de los mercados.

La reforma del Tratado de Lisboa que se está preparando no busca consagrar una Europa a dos (o más) velocidades. Pretende poner negro sobre blanco lo ya aceptado: que habrá una supervisión presupuestaria de los presupuestos nacionales por parte de las instancias comunitarias antes de que las grandes cuentas sean presentadas a los Parlamentos respectivos; que habrá una amenaza real y efectiva de sanciones pecuniarias para los países que incumplan las limitaciones de gasto público; que se multiplicarán las ocasiones de supervisión macroeconómica entre los socios del euro, etc. Todo ha sido ya aprobado por sucesivas cumbres; ahora hay que ponerlo en aplicación, como está previsto en 2012.

Y es imaginable que los socios del euro pongan en marcha lo que decidieron en la trascendental cumbre del pasado octubre: “a la vez que reforzamos nuestros instrumentos para luchar contra la crisis en la zona del euro, decía la Declaración entonces adoptada, seguiremos avanzando en la integración de las políticas económicas y presupuestarias mediante el refuerzo de la coordinación, la supervisión y la disciplina. Desarrollaremos las políticas necesarias para apoyar el funcionamiento de la zona de la moneda única”.

También cabe prever que los candidatos al euro tendrán que cumplir a rajatabla las condiciones de Maastricht y que, por ello, habrá retrasos en la entrada de nuevos socios.

No son imaginables cambios mayores en el derecho básico de la UE porque estos demandarían revisiones importantes de los Tratados, algo que ha sido expresamente descartado por los principales actores europeos.

Queda abierta, naturalmente, la posibilidad de que grupos pequeños de países avancen más en el proceso de integración, merced al mecanismo de “cooperaciones reforzadas” que prevén los últimos Tratados y que el de Lisboa facilita considerablemente.

Hablaremos de ellas cuando se planteen.

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